ZAPATERO ARREMETE CONTRA RAJOY. UNO QUIERE ANTICIPAR LA RECUPERACIÓN, EL OTRO ANTICIPAR LAS ELECCIONES. LA RESOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS CATALANES

ZAPATERO ARREMETE CONTRA EL PP.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha resaltado hoy que mientras el objetivo del Ejecutivo y de los socialistas es adelantar la recuperación y la creación de empleo, el objetivo del Partido Popular sólo es uno: adelantar las elecciones. Zapatero ha lanzado esta crítica al PP al inicio de su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, en la que ha destacado que el Gobierno ha adoptado "muchas decisiones en poco tiempo" con la meta de superar la crisis económica. "Nuestro objetivo es adelantar la confianza en la economía de España, y el objetivo del PP es adelantar las elecciones", ha insistido antes de asegurar que los socialistas no buscan el interés de su partido, sino el de España. Algo que ha dicho que sería deseable que fuera compartido por todas las fuerzas políticas responsables que pretenden ser alternativa de gobierno. El PSOE someterá hoy a la aprobación de su Comité Federal una resolución política en la que se ratifica en su "espíritu reformista" y en la que los socialistas aseguran que la realidad nacional catalana, "tal y como se expresa en el preámbulo del Estatut", tiene "perfecta cabida" en la Constitución. En el borrador de resolución, los socialistas expresan su comprensión hacia el malestar creado en Cataluña por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y se reafirman en la necesidad de desarrollar "una fuerte acción política" que preserve y garantice plenamente "el anhelo de autogobierno" de los catalanes en el marco de la España plural. Prometen también "total lealtad" y "la máxima serenidad" a fin de desplegar, a través de todos los mecanismos jurídicos, legislativos, políticos y de cooperación institucional, el potencial de autogobierno contenido en el Estatut. A este respecto, subrayan que tanto el autogobierno como la realidad nacional catalana recogidos en el texto estatutario "tienen perfecta cabida" en el marco jurídico y político definido por la Carta Magna de 1978.

MEDIDAS DIFÍCILES.- En el ámbito económico, el borrador de resolución defiende el duro plan de ajuste aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para acelerar la reducción del déficit, cree que se basan en criterios de equidad y justicia y defiende la congelación de las pensiones en 2011 como medida necesaria para no recortarlas. "Hay que tomar medidas difíciles para garantizar el modelo social en el que creemos", asegura el documento, en el que se garantiza que, aunque los retos pueden cambiar, los socialistas mantienen sus principios y sus valores. Convencidos de la necesidad de corregir los desequilibrios estructurales, el PSOE apela a reformas que aumenten la productividad y que generen empleo estable y de calidad para poder mantener e incrementar los niveles de bienestar social, todo ello bajo un estricto control del déficit público. Entre ellas, cita la reforma del sistema financiero, la laboral, la de las pensiones y la futura ley de economía sostenible, los "cuatro ejes fundamentales de ese proceso reformista". Se pregunta también "¿qué habría pasado si esta crisis la hubiera gestionado el Partido Popular?" para constatar, a la luz de lo que, según el PSOE, el PP hizo cuando gobernó, que hubiera adelgazado en lo posible el Estado de bienestar y dejado "en caída libre" las políticas sociales. Frente a ello, el PSOE se compromete a no perder su "impulso reformista", partiendo de la idea de que "la mejor forma de ganar la batalla del futuro es acelerar en este momento el ritmo de las reformas que se están desarrollando". "Nos encontramos ante un reto difícil y un desafío colectivo. Ante él, los socialistas debemos seguir dando pasos al frente y asumir la responsabilidad que tenemos como partido en el Gobierno. Responsabilidad en superar la crisis pero también en el desarrollo y modernización del Estado de las Autonomías", agrega. Con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas y municipales, el PSOE señala que la victoria dependerá de su capacidad para transmitir confianza y convencer a los electores de que las políticas que han aplicado "son los mejores instrumentos para afrontar la crisis, crear empleo y volver a crecer sobre unas bases más sólidas".

MUCHAS DECISIONES EN POCO TIEMPO.- Dos días después de intervenir en el Congreso en el debate sobre el estado de la nación , el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero interviene esta mañana ante el Comité Federal del PSOE para buscar el respaldo de su partido a las medidas aprobadas por su Gobierno para superar la crisis y a las reformas estructurales pendientes. Zapatero ha resaltado al comienzo de su discurso que mientras el objetivo del Ejecutivo y de los socialistas es adelantar la recuperación y la creación de empleo, el objetivo del Partido Popular sólo es uno: adelantar las elecciones. El presidente del Gobierno ha lanzado esta crítica al PP al inicio de su intervención en la reunión del Comité Federal del PSOE, en la que ha destacado que el Gobierno ha adoptado "muchas decisiones en poco tiempo" con la meta de superar la crisis económica. "Nuestro objetivo es adelantar la confianza en la economía de España, y el objetivo del PP es adelantar las elecciones", ha insistido antes de asegurar que los socialistas no buscan el interés de su partido, sino el de España. Algo que ha dicho que sería deseable que fuera compartido por todas las fuerzas políticas responsables que pretenden ser alternativa de gobierno. Zapatero también ha vuelto a defender las reformas emprendidas por el Gobierno porque son esenciales para "sanear el endeudamiento y hacer la economía española más competitiva", dos claves para salir de la crisis y "fortalecer las fuentes de la economía". El presidente ha explicado que es necesario fomentar las exportaciones e invertir en los sectores que generen riqueza y dejar atrás la política de "financiación y endeudamiento" de años anteriores. Sobre la reforma de las pensiones, el presidente de Gobierno ha subrayado que hay que asumir "cuanto antes" la reforma del sistema para hacer un buen servicio al país y ha asegurado que "cerrar los ojos hoy es enfrentarnos a una situación muy preocupante dentro de unos años". Zapatero ha recordado que España es el segundo país del mundo en expectativa de vida, lo que supone que progresivamente el gasto en pensiones se va a ir incrementando.
Esta reunión del Comité Federal se produce también se reúne al día siguiente de que el tripartito catalán y CiU sellaran un pacto de mínimos para rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en una resolución que recuerda la definición de Cataluña como nación. Por eso, el Estatut también está en el "orden del día" del encuentro de la plana mayor del PSOE, por lo que se espera que Zapatero no eluda el asunto y, además, algunos de los miembros del Comité lo sacarán a colación en sus intervenciones. La dirección federal del PSOE no prevé una reunión tensa ni especialmente complicada, convencida de que los socialistas saben que éste no es el momento de mostrarse desunidos, sino de escenificar un cierre de filas en torno a su líder y a los valores del partido. Desde la corriente interna Izquierda Socialista (IS), José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio de Penagos harán hincapié en la necesidad de paliar algunos de los efectos de la reforma laboral, advertirán sobre la "bancarización" de las cajas de ahorro y pedirán avanzar hacia una propuesta federalista para un Estado plurinacional. Con la salida que hoy da el Comité Federal se prevé que el 25 de septiembre se proceda a proclamar a los candidatos socialistas en las once comunidades autónomas que celebran elecciones en mayo de 2011, así como los de las capitales de provincia y los municipios de más de 50.000 habitantes.

RESOLUCIÒN CATALANA.- Más tarde e improvisadamente de lo previsto, la resolución conjunta de tripartito y CiU para mostrar su rechazo a la sentencia del TC sobre el Estatut ha salido adelante con 115 votos a favor de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y 18 en contra del PPC y Ciutadans. El texto de la misma no es otro que el preámbulo del Estatut que aprobó el pueblo catalán en referendo y que se refiere a Cataluña con el término nación, algo que el TC dejó sin validez jurídica. Tras un pleno extraordinario en el Parlament en la que todas las formaciones expusieron su posición al respecto, PSC, ERC, ICV-EUiA y CiU suscribieron el contenido, aunque la debilidad del acuerdo se ha visualizado en el hecho de que sólo socialistas y ecosocialistas han firmado la resolución. La propuesta ha sido presentada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, en el pleno extraordinario celebrado para orquestar una respuesta a la sentencia del Alto Tribunal, que será trasladada al Congreso. En su segunda intervención en el pleno monográfico, ha justificado que presenta esta resolución porque "nada representa mejor el sentimiento del pueblo" catalán. El preámbulo establece que: "El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido Cataluña como nación de manera ampliamente mayoritaria". En la sentencia, el TC negó que Cataluña sea una nación en sentido jurídico porque la "única" que existe es la española. CiU y ERC han dejado claro que sus aspiraciones nacionales van más allá del texto que se presentará como resolución, pero respaldan la propuesta del presidente de la Generalitat. Así, cumpliendo con el compromiso adquirido y destacando que es el momento de que el Parlament esté a la altura de las circunstancias, Mas ha dejado claro que el proyecto convergente va "mucho más allá" del preámbulo. Mientras tanto, Joan Puigcercós, ha advertido que pese a "aprobar la resolución, no solucionaremos el problema, porque el problema trascenderá".

RESOLUCIONES RECHAZADAS.- El Parlament ha rechazado las resoluciones propuestas tanto por el PPC como por Ciutadans, en las que ambas formaciones coinciden en exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, así como que se revisen las leyes que quedan afectadas por ésta. Las resoluciones de ambas formaciones han sido rechazadas con los votos en contra de los grupos parlamentarios del PSC-CpC, ICV, CiU, y ERC. El PPC pide no sólo que la Cámara catalana acate la decisión del alto tribunal sobre el Estatut, sino que se comprometa asimismo a "acatar en un futuro las sentencias que se pronuncien sobre los recursos pendientes de resolución". El grupo parlamentario popular exige también que la cámara catalana inste al Govern a adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia, así como que vele porque el resto de poderes públicos de Cataluña actúen conforme a lo dictado por el TC. Por su parte, Ciutadans ha precisado en su propuesta de resolución las leyes que, a su juicio, deberían revisarse al quedar afectadas por el contenido de la sentencia.

MONTILLA: PODRÍAMOS PLANTEARNOS SI ESPAÑA NOS INTERESA.- De nuevo se vuelve a la vieja cuestión: Si el Estatuto no cabe en la Constitución, debe reformarse la Constitución para que el Estatuto catalán quepa en ella. Es lo que vino a defender el president Montilla, en el parlamento de Cataluña, en un pleno dedicado a la sentencia del Tribunal Constitucional. El president de la Generalitat, José Montilla, en este pleno monográfico del Parlament sobre la sentencia del Estatut, pidió este viernes la reforma de la Constitución para que Catalunya recupere la confianza en su relación con España. Montilla, reclama una reforma de la Constitución que reconozca la realidad nacional de Cataluña. Pese a admitir que "ahora no es el momento", el socialista ha planteado esta solución futura a la situación política catalana resultante de la sentencia del TC sobre el Estatut. El president lanzó este toque de atención a España en su intervención que ha durado alrededor de una hora, y en la que ha insistió en que "cuando se den las condiciones favorables", habrá que "recuperar las garantías jurídicas" del Estatut anterior, "muy probablemente por medio de una reforma de la Constitución que reconozca explícitamente nuestra realidad nacional". El president aseguró que Cataluña se encuentra en un momento "grave y exigente" por lo que ha llamado al acuerdo entre las fuerzas catalanas para poder "recuperar los aspectos del Estatut enmendados" por el TC.Montilla, ha llamado a CiU, ERC e ICV-EUiA a pactar "una hoja de ruta compartida" donde se defina la estrategia catalana para "aplicar" el texto, y ha emplazado a alcanzar "un acuerdo de mínimos".

EL ESTATUT NO ES UNA CONCESIÓN.- "Es lo mínimo que merece la ciudadanía" después de la manifestación del domingo, ha abundado el socialista. El líder del PSC ha recordado que el Estatut no fue una "concesión de España", por lo que las instituciones estatales deberían dar una "respuesta adecuada" ante una sentencia que ha prometido "acatar", aunque sin compartirla. El jefe del Govern ha subrayado "la lealtad" con la que Catalunya ha abordado el tema de su relación con el Estado, aunque con el desgaste originado "ha llegado el punto en que Catalunya muestra síntomas de fatiga". Montilla subrayó la importancia del "respeto" en la relación entre España y Catalunya, ya que sin esa condición "la relación no podrá basarse en el compromiso y el acuerdo", como hasta ahora. El riesgo que se recorre rompiendo esa regla, apuntó Montilla, es que Catalunya se plantee su pertenencia al Estado no como un pacto, sino como un contrato en lo que se valore es si "España nos interesa por motivos económicos, políticos y estratégicos" o por cuestiones "emocionales". "Nos hemos de entender fijando nuestras condiciones", apuntó un Montilla que se mostró partidario de una relación "de pacto, no de contrato". Para el president, la "desafección social y política" que ha generado la sentencia del Estatut "debería preocupar seriamente a los responsables institucionales de España". Montilla mostró su sorpresa tanto por la "hostilidad y animadversión de una minoría estrepitosa" como por la "indiferencia de una mayoría", reacciones ambas que considera "las peores" en el marco actual. "Habrá quien crea que el problema no existe –añadió- que es metafísico".
El jefe del Govern lamentó que los catalanes estén condenados por la sentencia del Estatut a vivir "en un malestar crónico, y viviendo en el marco del Estado en una situación de inferioridad". En su opinión, la situación no es más que una manera "de asumir que el problema no es de España" Por ello, Montilla convocó a sus socios de Gobierno en el tripartito y a CiU a establece "una hoja de ruta compartida" donde se defina la estrategia catalana para "aplicar el Estatut" y "cómo recuperar los aspectos enmendados" por el Tribunal Constitucional. El president ha invitado a estos partidos a "encontrar un terreno compartido" respecto al Estatut "en un tiempo no demasiado largo". El líder del PSC consideró que existe "margen suficiente" para hallar un denominador de intereses común, ya que "tiempo habrá" de que cada partido contraste su horizonte de futuro en las elecciones catalanas. "No podemos rebajar nuestras aspiraciones a ser reconocidos como nación", añadió. Como se comprueba, el rebote suscitado por la sentencia del TC entre los políticos catalanes se prolonga, y amenaza con ir a más.

MONTILLA VUELVE A ARREMETER CONTRA EL TC.- Ciertamente, el Tribunal Constitucional tiene en Montilla un enemigo público declarado. Ya antes de que se conocieran el fallo y la sentencia sobre el Estatut, el presidente de la Generaltat había arremetido severa y repetidamente contra la falta de renovación y la caducidad e incompetencia de los magistrados. Ahora, conocidos el fallo y la sentencia, Montilla no suaviza su opinión, sino que intensifica sus aspectos más críticos, sin ahorrar descalificaciones. Montilla y “este” TC parecen haberse convertido en enemigos irreconciliables, y es probable que no haya reconciliación posible hasta que no se proceda a la renovación del Tribunal..., y a la revisión de la sentencia, dos propósitos que no oculta el president de la Generalitat. Como ejemplo, las críticas que expresó en la sesión del Parlament de Cataluña en la mañana del viernes, donde dirigió una potente carga de fondo contra el Tribunal Constitucional para dejar claro que, pese a acatar la sentencia que recorta el Estatuto catalán, se opone radicalmente a ella. Montilla, seguidamente, acusaba al Alto Tribunal de quererse poner por encima del poder Ejecutivo y de la voluntad popular. "Nunca hasta hora el TC había tenido la intención de definir el modelo de Estado", algo que, ha dicho Montilla, "no le correspondía ni le corresponde". Montilla también ha hecho un llamamiento a la unidad catalana de las fuerzas catalanas para rehacer, no solo el Estatuto, sino para reforzar el pacto constitucional que ve "lesionado". Montilla abría de ese modo el debate monográfico en el Parlamento catalán convocado para analizar el alcance de los recortes impuestos por el constitucional y que busca un acuerdo del tripartito (PSC, ERC e ICV) con Convergència i Unió para defender en las Cortes un Estatuto sin recortes. El objetivo inicial era que, si había pacto en el Parlamento autónomo, después éste se trasladaría al Congreso. Las discrepancias de fondo entre los cuatro partidos manifestadas los últimos días ponen en claro riesgo esta intención. Montilla mantenía un discurso en línea con su declaración institucional del día 29, tras conocer el fallo del Alto Tribunal. Hacía una defensa de una interpretación abierta del pacto constitucional de 1978, pero también dejaba claro que considera de difícil arreglo la situación creada por el recorte del Estatuto. De ahí que haya pedido que en el futuro -"ahora no es el momento"- dice, se tendrá que reformar la Constitución para dejar clara la definición de Cataluña como nación que el Alto Tribunal ha amputado parcialmente. El PSC había pedido ya en otras ocasiones una reforma de la Carta Magna.

SITUACIONES GRAVES.- Para Montilla la situación actual de Cataluña "es grave", pero también lo es en España. "Ha quedado tocado el Estatuto, pero también ha quedado lesionada la confianza mutua entre Cataluña y España", ha dicho. El discurso de Montilla estaba repleto de referencias al encaje entre Cataluña y el resto de España . Frente a la deriva soberanista de la manifestación del sábado, y la advertencia de Montilla de que el fallo acrecentaba el independentismo, el presidente ha querido dejar claro que no es independentista. Se ha distanciado con reiteradas apelaciones a la realidad plurinacional de España y la identificación de Cataluña como "la gran locomotora" del Estado. Eso sí, con una advertencia: la sentencia, ha dicho Montilla, ha minado "la confianza" entre la Generalitat y el Estado y "será difícil" recuperarla. "Con la sentencia perdemos todos, pero quién más pierde es España. Ponemos en riesgo la convivencia que se ha construido a lo largo de generaciones", ha subrayado. Recuperar la confianza pasa por recuperar el Estatuto. Y Montilla, con un informe de los juristas contratados por la Generalitat bajo el brazo, ha concretado una hoja de ruta en la que será necesario abordar el cambio de una docena de leyes y del artículo 150.2 de la Constitución. Todo con el objetivo de "recuperar el pacto político" en el que se basa el Estatuto para que su intención "no sea ni ignorada ni rebajada". Montilla no se resigna a perder esta batalla del Estatut. O recupera lo “censurado” por otras vías, o forzará la reforma de la Constituciòn para dé cabida al Estatuto y su idea de “pacto de entendimiento de Cataluña con España”.

EN UN PUNTO CRÍTICO.- La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña nos sitúa en un punto crítico para la política española y la política catalana, que exige una respuesta responsable y valiente. Ha provocado, como es bien patente, una profunda indignación y ha suscitado el enérgico rechazo de una gran mayoría de la ciudadanía catalana, que la considera una falta de respeto por el resultado del proceso democrático e impecablemente constitucional de tramitación del Estatuto. Y además ve en dicha decisión una desconsideración por el pacto político sobre el autogobierno alcanzado por las instituciones democráticas y ratificado en referéndum popular. Indignación y rechazo mayores, si cabe, provocan algunas interpretaciones del tribunal que resultan ofensivas para el sentimiento de identidad nacional, cultural y lingüística de Catalunya. La sentencia llega tras un cúmulo de circunstancias que han alimentado sospechas sobre la parcialidad del tribunal erosionando la confianza ciudadana en la institución y su legitimidad moral. Con este estado de ánimo, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona, expresando un hondo malestar y algunos, un desapego creciente hacia una forma de entender España, que parece incapaz de dar cabida a una nación con un fuerte sentimiento identitario y a una aspiración de mayor autogobierno. La situación abre una serie de interrogantes sobre los caminos a seguir. Unos ya han dicho -algunos más abiertamente y otros de manera menos clara- que el proyecto de continuar en una España común ya no les interesa. Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.

EL TC SE HA EXTRALIMITADO._ Asimismo, se pone de manifiesto una confrontación de legitimidades entre las instituciones legislativas y el TC. A nuestro juicio el tribunal se ha extralimitado intentando imponer una visión del Estado autonómico, una función que no le corresponde y que le es impropia. Deberemos abordar este grave problema estructural de nuestra democracia, impulsando las reformas que sean oportunas, empezando por la del propio TC. Pero volviendo al problema de la aplicación del Estatuto, creo que podemos afirmar que no se ha conseguido el objetivo de invalidarlo, tal y como pretendían quienes lo impugnaron. A pesar de la sentencia, sigue siendo un instrumento útil de nuestro autogobierno y vamos a aprovechar todo su potencial al servicio del progreso, el bienestar y la cohesión de la ciudadanía catalana. Pero, ¿qué haremos con aquellos apartados del Estatut enmendados por el TC? Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas. Pero más allá de la voluntad de recuperar el Estatuto, tenemos ante nosotros la cuestión de fondo, el problema secular de la relación entre Catalunya y el resto de España, que atraviesa nuestra historia contemporánea y que, a mi juicio, se trata más de un problema español que de un problema catalán.

HEMOS RETROCEDIDO.- Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional. Un reconocimiento que requiere coraje político y altura de miras para seguir avanzando en una cultura democrática que permita buscar soluciones más justas para la convivencia de los distintos pueblos de España. Esta sentencia muestra una evolución decepcionante de nuestro intérprete constitucional en términos de calidad democrática. La Constitución expresa un consenso que exige el compromiso permanente en la regulación de la convivencia y el Estatut era el instrumento para encontrarnos de nuevo, desarrollando el pacto constitucional. No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido. Reivindicando la propuesta federal como la vía más apropiada para desarrollar nuestro futuro común con generosidad y voluntad de acuerdo. Si España quiere dar solución a su problema secular debe estar dispuesta a cambiar. Tenemos la oportunidad y el reto de construir un futuro compartido. Catalunya y España entera se hallan en una encrucijada.

APLAZADA A SEPTIEMBRE LA RENOVACIÓN DEL TC.-La Comisión de Nombramientos del Senado ha decidido aplazar hasta el próximo 7 de septiembre la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), plazo que se han dado el PSOE y el PP para consensuar la lista de entre los 22 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos. Es necesaria la mayoría de tres quintos del pleno para ratificar los candidatos propuestos. Ese día se reunirá la Junta de Portavoces de la Cámara Alta para comprobar, según explicó el jefe de las filas populares en el Senado, Pío García Escudero al término de la reunión de la Comisión de Nombramientos, si se ha alcanzado una lista de cuatro nombres, "si la hay", o si se inicia una nueva fase del procedimiento en la que los grupos parlamentarios propondrán los cuatro nombres. Dicha posibilidad, que refleja el Reglamento del Senado para el caso de que no se produzca la mayoría de tres quintos del pleno que precisa para ratificar los candidatos propuestos por la Comisión de Nombramientos, supondrá para el portavoz del PP "volver a negociar" a partir de cero, y requerirá "el resultado de todo un proceso de madurez y reflexión". Preguntado por si su partido mantendrá como candidato al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, rechazado por la Mesa del Senado al no cumplir los 15 años de ejercicio en su cargo, aseguró que no descarta "nada". Los cuatro candidatos del Senado podrán ser distintos a los propuestos por los parlamentos autonómicos. Así, ha considerado que los cuatro candidatos que nombre el Senado podrán "perfectamente" y siempre que "cumplan los requisitos", ser distintos a los 22 que han propuesto los parlamentos autonómicos.

VEINTE ASPiRANTES.- De ellos, veinte comparecieron este jueves durante más de cinco horas ante la Comisión de Nombramientos, que los evaluó para ocupar las cuatro vacantes en el TC que debe designar la Cámara Alta, entre ellos el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando, única propuesta del PP después del rechazo de la candidatura de López. Según la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, todos ellos son de un "altísimo nivel" y ha proporcionado una lista "más que suficiente" para elegir cuatro magistrados. Lo contrario, recalcó, sería dar a entender que "la lista ya venía hecha", algo que su grupo "no va a avalar" y mostró su deseo de que los grupos "sean capaces" de consensuar los cuatro nombres de entre los candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos. La renovación del TC lleva pendiente en el Senado desde hace más de dos años y medio, aunque el proceso se reactivó a raíz de la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ante la Cámara, en la que pidió agilizarlo para desbloquear la sentencia del Estatut. Se comprueba la voluntad de los parlamentarios de ir dejando los asuntos “para septiembre”, por razones del verano. Muchos “padres de la patria”, versión Congreso o versión Senado, han dado por cerrado el curso político con el Debate del Estado de la Nación, y algunos ya han emprendido su marcha. No había más que ver la escasísima asistencia de la segunda jornada del referido Debate...

COSPEDAL Y SANTAMARÍA SE PELEAN POR ESTAR AL LADO DE RAJOY.- Según ha relatado el diario ABC, “ha sido la comidilla en los corrillos del Congreso durante el Debate sobre el estado de la Nación”. Una vez más, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que es senadora, acudió a la Carrera de San Jerónimo para seguir el rifirrafe de su jefe de filas, Mariano Rajoy, con el presidente del Gobierno. Hasta ahí no habría ningún problema, si no fuera porque ocupó, de nuevo, el escaño de la portavoz del Grupo parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que está pegado a la derecha de Rajoy. La portavoz popular, que había preparado concienzudamente el debate, se vio obligada a desplazarse un asiento más allá, mientras los socialistas, justo enfrente, no se perdían detalle del gesto, para luego comentar entre ellos, con regocijo político, que Cospedal le había «levantado» el sitio a Sáenz de Santamaría y que ésta había quedado desplazada un día más. Según cuenta ABC, la historia se repite cada vez que hay un debate de relieve en el Congreso, pero sus protagonistas siempre han llevado su particular «pique» en silencio. Uno de los momentos más tensos se produjo en la sesión solemne de homenaje a las víctimas del terrorismo, el pasado 27 de junio. Cospedal anunció que acudiría al Congreso , y desde su entorno comunicaron al Grupo Popular que ocuparía el escaño de siempre, el de Sáenz de Santamaría, junto a Rajoy. Pero en esta ocasión estaba más complicado, porque el protocolo exigía que cada portavoz se sentara en el escaño que tiene asignado. Esa vez, Santamaría ganó la batalla. Pero ahora, el pasado miércoles, en el Debate sobre el estado de la Nación, ha vuelto a repetirse la misma situación violenta, con la secretaria general del PP sentada en el escaño de la portavoz parlamentaria. La gota que colmó el vaso, sin embargo, llegó cuando ABC publicaba en portada, el jueves, una foto donde Santamaría aparecía claramente desplazada detrás de Cospedal, en plena ovación de los diputados del PP a Mariano Rajoy, lo que fue otro motivo de cotilleo y comentarios jocosos entre los diputados del PSOE. El «pique», dicen, puede acabar a codazo limpio.Probablemente es demostración del deseo de algunos populares de estar lo más cerca posible de un Rajoy a quien algunos analistas ya ven próximo al poder...

EL IMPUESTO PARA RICOS, EN LOS PRESUPUESTOS 2011.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que la medida prevista por el Gobierno para gravar los ingresos de aquellas personas que tienen mayores recursos "se hará en los próximos Presupuestos". Según ha dicho, esa reforma está "pendiente", pero ha garantizado que se hará, aunque en un plazo que supera al que en principio estaba previsto. El pasado mes de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que se introducir en unas pocas semanas. Durante una entrevista en TVE, De la Vega anunció que en los próximos meses "tendremos que seguir apretándonos el cinturón", y ha asegurado que "el presupuesto de 2012 va a ser austero". Según ha dicho, la situación "exige esfuerzo, y ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos", pero ha añadido que el Gobierno mantendrá los principios de "proporcionalidad" y "equidad" para que paguen más los que más tienen. En cuanto al Debate sobre el estado de la Nación, De la Vega ha afirmado que fue "una oportunidad perdida por parte del líder de la oposición" y ha asegurado que en el PSOE se sienten "razonablemente satisfechos" con el resultado del duelo parlamentario entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Según ha dicho De la Vega, en el debate se demostró que el Gobierno tiene "un proyecto muy importante que está empezando a dar resultados", mientras que Rajoy está "sin programa". "El presidente ha ofrecido acuerdos y el líder de la oposición ha mirado para otro lado", ha destacado la 'número dos' del Ejecutivo. Además, la vicepresidenta ha criticado la "falta de respeto" de Mariano Rajoy por no asistir al segundo día del Debate del estado de la Nación, y ha dicho que fue un "lamentable espectáculo" que "dice mucho de su posición". En su opinión, es "insólito" que el líder de la oposición "falte de tal manera al respeto" a los grupos minoritarios. De la Vega ha expresado su total confianza en el proyecto de Zapatero a pesar de las circunstancias difíciles que se están atravesando y ha afirmado que "no hay mejor presidente y mejor candidato que Zapatero". "No tengo la más mínima duda", ha apostillado. De este modo, parece haber dado por concluida la controversia sobre la necesidad o conveniencia de que Zapatero dejase su lugar de candidato para las elecciones de 2012, que algunos socialistas llegaron a plantear en círculos reducidos. Siempre se sospechó que Zapatero repetiría en la candidatura para dar tiempo a la recuperación económica y del empleo o para no desgastar a otro candidato con “problemas heredados”...

GARZON ABOGA POR LA JUSTICIA UNIVERSAL.-El juez Garzón ha vuelto a defender, una vez más, la aplicación de la Justicia Universal, como modo de defender y reparar a las víctimas de las dictaduras, como la del franquismo, que él mismo pretendió investigar, y que le ha costado sentarse en el banquillo de los acusados. Según Garzón, "la Justicia Universal debe equilibrar, proteger y fortalecer la democracia en cada uno de nuestros países". Lo explicó durante una breve intervención en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de detenciones clandestinas de la dictadura argentina (1976-1983), donde recibió un emotivo homenaje patrocinado por organizaciones de Derechos Humanos de Argentina. Garzón, que evitó referirse explícitamente a su suspensión como magistrado de la Audiencia Nacional tras su intento de investigar los crímenes del franquismo, apuntó que, durante años, España vivió "la ley del silencio, de la impunidad" bajo la dictadura, y la democracia abrió cauces pero "con un olvido permanente de las víctimas". "No puede un país construirse sobre el olvido, la falta de memoria, sobre el reconocimiento de aquello que ha marcado su historia", afirmó. Y siguió diciendo que "las víctimas merecen una respuesta, una protección que se debe dar desde la Justicia". El magistrado lamentó que tras la polémica legal surgida sobre la investigación de delitos cometidos bajo el régimen franquista (1939-1975), España "ha perdido de forma gratuita" la posición que había logrado en materia de defensa de los Derechos Humanos con los juicios contra represores de terceros países. "Es triste que en países como España, en los últimos años, con nocturnidad y alevosía, se haya producido un regreso muy fuerte" en lo referido al concepto de Justicia Universal, agregó. "No se quebranta una sociedad, no se quebranta un pueblo por el hecho de que se aplique la Justicia", continuó Garzón, que dijo sentirse "bien tranquilo" con su actuación como juez. "No podemos volver atrás, no debemos volver atrás" en la aplicación de la Justicia a crímenes de lesa humanidad, porque "las víctimas no merecen una segunda negación", concluyó.

ELOGIOS A GARZON.- Durante el acto, Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de Argentina, agradeció a Garzón la apertura de procesos que terminaron por impulsar la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida que garantizaban impunidad a los represores argentinos. "Ese camino significó para nosotros la constatación de que no todo estaba perdido, que había una justicia aunque sea fuera de nuestro país", explicó Duhalde, que reconoció el trabajo del juez español por el desarrollo de la Justicia Universal y su esfuerzo por investigar los crímenes de la dictadura española. "Jamás nos imaginamos un revés tan grande, juzgar a un juez que se había jugado (comprometido) permanentemente cuando tocara lo que aparentemente no se podía tocar: la Historia de su país", denunció, a su vez, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en alusión a la sanción impuesta a Garzón en España. Previamente, el juez participó en un encuentro contra el terrorismo en el que apostó por utilizar los instrumentos legales del Estado de Derecho para hacer frente a este problema internacional. "Quien no lo entienda así, quien no aborde la legislación necesaria para hacer frente a este fenómeno desde el Estado de Derecho y con las armas del Estado de Derecho, no tiene una visión política medianamente aceptable y, desde luego, es de una insolidaridad muy grave", apuntó. "Es bueno, es necesario que la legislación de nuestros respectivos países para combatir este fenómeno sea posible, de modo que, frente a un hecho internacional a un crimen internacional que en sí deben ser la categoría que tengan el delito del terrorismo, todos unamos nuestros esfuerzos para hacerle frente", insistió. Garzón participa este viernes en el homenaje a las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Judía (AMIA) perpetrado en Buenos Aires 1994, que dejó 85 muertos, y sobre cuya autoría aún se viene especulando sin conclusiones definitivas...

GURTEL, EN DOS FRENTES.- Los tribunales de Valencia y de Madrid siguen proporcionando informaciones sobre la trama Gurtel, que ha afectado a numerosos cargos del PP sobre todo en las referidas comunidades de Valencia y de Madrid. En Valencia, la Abogada General de la Generalitat Valenciana, Isabel Villalonga, envió el pasado 25 de junio un informe al juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira. El magistrado había pedido una lista de los cargos públicos que, siendo miembros del Gobierno de Francisco Camps, o de empresas públicas de la Generalitat, serían responsables de la adjudicación de contratos por valor de 7,2 millones de euros a empresas de la trama corrupta. El listado lo componen 226 personas que han sido cargos públicos con Camps, pero excluye al presidente de la Generalitat dado que, según sostiene el Gobierno valenciano, éste no tenía capacidad para contratar. Esta tesis exculpatoria de la responsabilidad de Camps se sostiene en un informe jurídico que la propia Generalitat solicitó al Consell Jurídic Consultiu -el Consejo de Estado regional-. Ese informe, fechado apenas nueve días antes del informe de la Abogacía de la Generalitat, sostiene que el presidente no tiene capacidad para adjudicar contratos a ninguna empresa. Esta estrategia, diseñada por el entorno más estrecho del presidente, ha levantado en armas a miembros de su actual Gobierno y a ex altos cargos que se consideran utilizados políticamente cuando, en muchos casos, ni siquiera conocieron al famoso Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Por su parte, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, aprovechaba el auto en el que rechaza el recurso del PP contra la remisión al Tribunal Superior de Valencia de los nuevos indicios hallados contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros aforados de dicho partido, para lanzar una advertencia: "La hipótesis de la ruptura de la causa sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal, llena de informes y contrainformes y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros".

EL PP ACUSADOR Y ACUSADO.-El magistrado no dirige la acusación contra nadie, pero el PP, que al menos nominalmente ejerce la acusación en el procedimiento, utilizó como argumento para oponerse a la inhibición que la unidad de la causa se rompería, lo que dificultaría la investigación. El partido olvidaba que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no puede investigar a los aforados de la Comunitat Valenciana, porque la ley prevé que sólo pueda hacerlo el Tribunal Superior de la Comunidad a la que pertenecen o el propio Tribunal Supremo. Por eso, el juez Pedreira se inhibió el pasado 25 de mayo, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar conexidad delictiva, pero primar la regla del aforamiento. Y el PP, pese a ser acusación, recurrió la decisión. Con su advertencia del riesgo de "batalla campal o campo de Agramante", el juez Pedredira se refiere al informe de la Abogacía General de la Generalitat, de más de 700 páginas, que pretende cuestionar los informes de la Unidad de Auxilio Judicial, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Agencia Tributaria. De todos ellos se desprenden indicios de "delitos contra la administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la administración pública valenciana". Con esas supuestas irregularidades es posible que se agrave el cohecho que se atribuye a Camps, a los dirigentes del PP valenciano Víctor Campos y Rafael Betoret y al ex secretario general del PP de dicha comunidad Ricardo Costa. Es posible si se comprueba que los regalos que recibieron de la trama corrupta presuntamente liderada por Francisco Correa sí obedecieron a que sus empresas se vieron beneficiadas con contratos con del Partido Popular o de la Generalitat valenciana. Por si fuera necesario aclararlo, el juez Pedreira señala que con su decisión no pretende establecer una controversia de fondo con el magistrado instructor del TSJCV, José Flors, porque ambos están sometidos al imperio de la ley y son competentes para aplicar el derecho en sus respectivas comunidades. No obstante, no sería la primera vez que el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, del que Camps dijo que era "más que amigo", no acepta la documentación remitida por Pedreira. El año pasado se la devolvió, porque no precedía de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. Ahora el tribunal valenciano ha pospuesto su decisión hasta que la inhibición sea firme, lo que no se producirá hasta que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Madrid resuelva el recurso de apelación interpuesto por el partido, tras rechazarse la reforma. Si el tribunal valenciano no aceptara el caso, sería el Tribunal Supremo el que resolviera el conflicto de competencia surgido. Parece evidente que los tribunales valencianos prefieren no hincar el diente a bocado tan peligroso.

LOS TRABAJADORES DE METRO RESISTEN.- Si por cada día de huelga los trabajadores de Metro van a perder una media de 130 euros, y este viernes se ha cumplido la séptima jornada de paros, quiere decir que, en su próxima nómina, los empleados que se han movilizado se van a encontrar con una reducción media de 910 euros, aunque esta cifra puede variar en función de si en alguna de las jornadas el huelguista ha tenido que realizar servicios mínimos. Pero no se resignan: "Sabíamos que esto iba a ser difícil y que repercutiría en el salario, pero no estamos dispuestos a ceder. Seguiremos con la huelga cueste lo que cueste hasta que la empresa vea que no puede hacer lo que quiera con sus trabajadores", explica un empleado de Metro. Esa es ahora la cuestión:; quién cederá, Esperanza Aguirre o sus trabajadores del Metro. Pero esta disminución de los salarios no se queda aquí. El director gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pradillo, ya advirtió de que si antes del próximo día 20 no se llega a un acuerdo entre sindicatos y empresa, se aplicará una reducción del 5% sobre los salarios de junio y julio. La pregunta se hace obligada y la planteaba la propia Aguirre: ¿no están perdiendo los trabajadores de Metro más dinero haciendo la huelga que si aceptasen la última propuesta de la empresa de recortar el salario en un 1,5%? "Somos conscientes del dinero que estamos perdiendo, pero lo que más importa es que estamos defendiendo un convenio que se firmó y que no se está respetando. Estamos luchando por nuestros derechos, que no es poco", cuenta otro trabajador.

OPCIONESDE LOS TRABAJADORES.- Sin embargo, las alternativas que los sindicatos han puesto sobre la mesa desde que comenzó la huelga a finales de junio no convencen a la dirección. "Hemos planteado miles de opciones para que no se toquen nuestros salarios, pero nada parece convencer a la empresa. Quitarnos un año de antigüedad, reducir horas de trabajo y dietas, incluso hemos planteado incluir los gastos de la huelga en las partidas de personal. Pero nada", se queja un jefe de estación. En el avance de las negociaciones, la empresa aceptó rebajar el recorte inicial del 5% que se iba a aplicar a los salarios de los trabajadores a un 1,5%, lo que tampoco persuadió a la plantilla. "Hay miles de sitios de donde se puede sacar el dinero, no entendemos por qué se tienen que tocar nuestras nóminas. Además, esto es tan fácil como entender que esta medida de recorte del 1,5% que nos ha impuesto la Comunidad de Madrid es ilegal, porque va en contra de nuestro convenio. No vamos a ceder, y esto demuestra que no sólo nos importa el dinero, sino también la defensa de algo que nos pertenece: nuestro convenio", afirma otro trabajador, cuyo testimonio recoge el diario Público. Según el Gobierno regional, Metro de Madrid necesita ahorrar, para finales de año, 7,9 millones de euros. Los empleados rechazaron esta medida porque rompe el convenio firmado entre empresa y empleados, y eso es ilegal. "La huelga es nuestra única medida de fuerza ante lo que sabemos es un abuso por parte de los de arriba", explica una empleada. "Lo que se quiere hacer con los salarios es injusto, y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra postura aunque estamos perdiendo dinero", concluye. Los trabajadores de Metro creen que si ceden ante esta injusticia, estaremos creando un precedente y cualquier empresa podrá saltarse a la torera los convenios que tengan firmados con sus empleados, explica la trabajadora. Ante la advertencia de José Manuel Pradillo de que si no se alcanza un acuerdo para el próximo martes se les aplicará el 5% a las nóminas, los empleados aseguran que acudirán a la vía judicial. De hecho, la Audiencia Nacional acaba de aceptar a trámite los recursos de los sindicatos UGT y CCOO contra los recortes. También han recurrido al Defensor del Pueblo.

LOS CUBANOS REFUGIADOS EN MADRID.- ¿Qué vida hacen, qué planes tienen, los disidentes cubanos aterrizados en los últimos días en Madrid? El Mundo ha dedicado un amplio reportaje a explicar esos pormenores. Empieza recordando que forman parte de un grupo de opositores al régimen que, con matices diferentes, usaban "el mismo fusil", el bolígrafo, para conseguir un objetivo común: "la libertad de Cuba". Hace unos días estaban encerrados en una celda de seis metros de largo, "por poquito de ancho", con 11 personas más. "Presos comunes todos. Que si difícil es estar en una cárcel, convivir con presos comunes es durísimo". Ahora se expresan con libertad, caminan donde pueden por Madrid y abrazan de vez en cuando a sus familias, que no los pierden de vista aún con el miedo en el cuerpo que da la incredulidad de verlos libres. Citan de memoria las fechas de detención, traslados de prisiones, juicios y advertencias públicas como llagas en el cuerpo. Pero también cuándo y a qué hora recibieron la llamada de la libertad, que para algunos la primera en siete años. Fueron detenidos durante la 'Primavera Negra' de 2003 y, en 10 días, sentenciados a 15, 18, 20 y hasta 25 años de cárcel. Sus familias también fueron condenadas ese día, aunque no entraran en prisión. "Ellas estaban presas también y sufriendo". Perdieron trabajos, amigos, "hasta los compañeros de mi hija le decían que su padre estaba en la cárcel porque quería poner una bomba y matar a todos los niños de la escuela".

UN FUTURO MUY INCIERTO.- El primero de los tres testimonios del reportaje es el de Omar Moisés Ruiz Hernández (Villaclara), que llegó con su familia en el primer grupo. Su hijo pequeño, de ojos verde intenso, no lo pierde de vista. "Yo dije que sí por él. Quería que tuviera un futuro porque en Cuba, siendo hijo mío, no lo hubiera tenido". Pero, como el mismo Omar reconoce, "el futuro es muy incierto ahora". Explica que quiere viajar a EEUU donde tiene familia política, pero no hace ascos a la tierra que le ha sacado de "la doble cárcel en la que vivía, la prisión y la isla". "Yo puedo decir que salí del infierno para el paraíso. Sé que algunas personas nos han dicho que este lugar no es el mejor, pero en las condiciones en las que yo estaba... Después de estar en una celda de seis metros de largo para 11 presos más, no puedo quejarme, nos han abierto la puerta y no nos está costando nada". A Omar todavía le tiembla cada hueso de su cuerpo al pensar que está hablando y hablando de lo que quiere, de su revolución, de sus ideas y nadie va a llevarlo preso. Fue un "disidente por cuenta propia", entró y salió de un partido opositor cuando ya había recibido la primera amonestación en 1983, "por enviar una carta a una emisora de Miami". A partir de ahí, su actividad se volvió más organizada: "Por lo menos si iba a la cárcel se supiera quién era". "Participé en la brigada de alfabetización y ahí me di cuenta del rumbo que estaba tomando Cuba. Dejé la escuela después de la secundaria para irme liberando de la influencia comunista, porque no hay un estudiante en Cuba que pueda estudiar si dice que no simpatiza. Es el país donde más se vive con doble moral. Yo me decidí a vivir con el pecho descubierto". Ahora, fuera ya de la cárcel, se está enterando de muchas cosas de su vida que se pudrieron entre rejas. "Mi familia no me contó nada. Hoy me he enterado de que mi hijo estuvo en el hospital durante 21 días y mi mujer dejaba a una persona cuidándolo para hablar conmigo cuando tocaba mi llamada semanal". El lunes Omar viajará a Málaga para ser acogido hasta que decida qué quiere hacer. "Si podemos pasar a EEUU, nos iremos para allá, pero si no, intentaremos hacer nuestra vida en España". Mientras tanto, sólo tiene palabras de agradecimiento: al Gobierno español, a la Iglesia, a Fariñas, a Zapata...

HAY QUE ABRIR LAS REJAS.- Normando Hernández (Camagüey) entró en la cárcel tres días antes de que su hija cumpliera un año. La ha vuelto a abrazar libre con casi nueve. "Hubo años en que sólo la vi ocho horas en total". Es de los más críticos con España. Su madre, una activista de Derechos Humanos en Miami, tomó el primer vuelo que pudo para volver a verlo ocho años después. Ella también reclama más atención: "Si en vez de en España hubieran aterrizado en EEUU, mi hijo estaría ya en un hospital", asegura. Se queja, sobre todo, de la incertidumbre jurídica y del lugar en el que le han acogido: "Estamos en un hostal con personas de otras culturas, africanos y otras nacionalidades, tenemos que compartir un baño colectivo. Mi hija tiene problemas psíquicos y no se siente bien, tiene miedo, muchas personas que no conoce y el alimento no ha sido el más indicado para mi estado de salud". No quiere dar nombres, pero apunta: "No culpo al pueblo español, pero debe haber algún responsable que todos conocemos. Yo no lo quiero decir y ustedes ya lo conocen". Periodista independiente, fue expulsado de la universidad por pensar diferente. "Estuve muchos años con aquel miedo que tienen todos los cubanos enraizado en el tuétano de los huesos. Hacía cosas a escondidas, pero no me abría. Hasta que enfrenté la dictadura castrista a través del periodismo". Detenido en 2002, en 10 días pidieron para él cadena perpetua y en 11, tenía sentencia firme de 25 años de privación de libertad. Sin embargo, para Normando, la mayor crueldad del régimen cubano no ha sido contra él, ha sido contra su familia: "El trabajo sutil de la contrainteligencia cubana llegó a influir en los compañeritos de mi hija, niños de cinco años, que la empujaban, la maltrataban por ser hija de un contrarrevolucionario. Y lo único que he hecho es defender la libertad y los derechos humanos". Por eso cuando el cardenal lo llamó, su corazón dio el 'sí' antes de que su cabeza procesara la información: "Dije un sí diciendo un no, porque hemos dejado muchos compañeros encerrados". Ahora eso es su mayor preocupación: "Hay hermanos que le hicieron la misma propuesta y decidieron no emigrar, decidieron quedarse en prisión. Deben abrirles las rejas y llevarlos para sus casas. Es más fácil, menos trámites, no hay que coger avión, es simplemente abrirles las rejas". Su futuro es menos incierto que el de sus compañeros. Su madre, Blanca, asegura que su hijo puede viajar a Miami y lo hará en cuanto se lo permitan. Tiene pasaporte cubano y con él piensa entrar en el exilio hasta que pueda volver a su isla: "Nuestra familia puede viajar a Cuba. Nosotros no. ¿Cuándo podremos volver? Unos piensan que pasaran muchos años, otros que nunca, que moriremos en el exilio, pero yo pienso que muy pronto, porque nada en la vida es eterno».

AUN NOS FALTA ALGO.- Mijail Bárzaga Lugo (La Habana) aterrizó el jueves en Madrid. La entrevista se realiza cuatro horas después de pisar suelo español. Lleva sin descansar muchas horas, en realidad, lleva años sin descansar y espera "agarrar la cama y dormir bien profundo". Cuando recibió la llamada del cardenal ofreciéndole una puerta al exilio, se lo pensó. Aunque desde este lado del charco parezca mentira, todos los disidentes se lo pensaron. Y todos dijeron que sí con la boca pequeña. "Nunca tuve el objetivo de irme del país porque la lucha la siento adentro pero bueno, esto es como una carrera de relevo y yo ya puse mi granito de arena. Antes que yo lo pusieron otros. No quise seguir sometiendo a mis familiares, porque ellos también están sufriendo mi prisión". Por eso ahora sólo piensa en cuidar a su mamá, "que está viejita", y en que esté tranquila en España. Tiene una hermana en Barcelona y Cataluña podría ser un buen destino para empezar. Pero como buen defensor de la democracia asegura que es la familia al completo la que tiene que tomar la decisión. Eso sí, sentado en la terraza a la puerta del hotel que lo acoge, cualquier ventana, cualquier rayo de luz, cualquier simple conversación 'descontrolada', le parece un lujo: "Quiero agradecer al Gobierno español y a la Iglesia cubana", asegura con calma. Porque Mijail no está eufórico: "A pesar de que llegué hoy a España no puedo disfrutar de la libertad, porque mientras haya un preso político en Cuba, no me siento libre. La sensación en el aeropuerto ha sido bonita pero todavía siento que falta algo". Su experiencia en prisión es de las más duras. Pasó por la cárcel de Agüica, en Matanzas, "en Cuba dicen que si no has estado en esa prisión, no has estado encarcelado. Ahí es donde va gente con condenas elevadas". Todo para acallar su voz. En concreto, para acallar su escritura. Estuvo en celdas "tapiadas" que utilizan "para castigar a los presos" y en "cubículos con otros presos comunes". Pero este hombre rubio, alto y de ojos claros guarda un rincón entre tanto dolor para la esperanza: "Si cumplen lo que ha dicho y excarcelan a los 75, será un ligero paso a la democracia". Tres testimonios de tres cubanos decididos a iniciar una vida nueva.