EL DEBATE MÁS DURO.- Hay bastante coincidencia entre los analistas políticos, y los políticos mismos, en que nos hallamos en vísperas del que, con toda probabilidad, será el debate del estado de la nación más duro y difícil para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de esta y la anterior legislatura. También son ésas las las previsiones "realistas" que hacen su entorno y en el Grupo Socialista para el debate que empieza este miércoles y que se prolongará hasta el jueves, y tendrá continuidad la próxima semana con la discusión y votación de resoluciones. El propio Zapatero, como Rajoy, parece que ya dedicaron buena parte del pasado din de semana a preparar sus correspondientes intervenciones. Los contenidos fundamentales del discurso del presidente parecen ya preparados, aunque hasta el último momento se mantienen abiertos. Ayer no hubo reunión de la Ejecutiva del PSOE para ocuparse del debate y de la recepción en La Moncloa de la selección española de fútbol.
MENSAJE DE UNIDAD.- Se ha sabido que el jefe del Ejecutivo, en su primera intervención, lanzará un mensaje de unidad, posiblemente influido por el ambiente que ha dejado el triunfo de la Selección nacional de Fútbol. Pero sin obviar los considerables problemas del momento y los que se avecinan, a las que se han añadido en los últimos días la protesta de los partidos catalanes por causa de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pese a lo cual, asegura un análisis de El País que Zapatero pretende que el debate gire sobre el proceso de reformas que quiere impulsar hasta el final de la legislatura, con la crisis como fondo y el cambio de modelo productivo. Aunque el presidente no puede determinar la actuación de los demás, sí tiene la potestad de hacer el discurso inicial en el que lanzará su oferta de unidad y responsabilidad compartida. La innovación, la energía y las pensiones serán ejes centrales en la propuesta de pacto de Zapatero. La política de innovación y desarrollo la propondrá como base esencial del modelo productivo que debería empezar a cuajar en España como alternativa a la construcción, un sector que llegó a suponer el 18% del PIB y que se pretende estabilizarse en un 8%. Asimismo, propondrá un acuerdo en materia energética para reducir el consumo y ajustar las tarifas. El acuerdo ha empezado ya a fraguarse con el PP, en las conversaciones que mantienen el ministro Sebastián y el portavoz Montoro.
REFORMA DE LAS PENSIONES.- En cuanto a la reforma de las pensiones será otro de los proyectos al que Zapatero otorgará la máxima prioridad. El pasado lunes el presidente aseguró que "el Gobierno volcará sus esfuerzos" en sumar a los grupos parlamentarios en torno a la reforma laboral, del sistema financiero y de las pensiones. Las dos primeras reformas están ya en marcha, en tanto que los cambios en el sistema de pensiones están en discusión en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Zapatero respetará el fin de este trabajo, que derivará en recomendaciones, para tratar después de acordar con los grupos una reforma de gran calado, y que "tiene que servir para varias generaciones", según ha dicho. La reforma de las pensiones, enviada por el Gobierno a la comisión, descansa sobre la subida de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La media actual en España es de 63 años. El debate es el mismo en toda Europa. Hoy, el número de cotizantes activos de la Seguridad Social es de 10 frente a cinco pensionistas y, en 2050, al ritmo que marcha la pirámide demográfica, será de 10 frente a nueve.
PACTO EDUCATIVO.- Más cuestiones: Zapatero expondrá la necesidad de que la educación sea un tema de pacto, aunque es consciente de su dificultad, después de meses de negociaciones del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, con el PP, que acabaron en ruptura. No incluirá en su primera intervención cambios en política fiscal. El presidente del Gobierno sitúa el debate de los impuestos en la negociación presupuestaria de 2011. No quiere que este debate se convierta en el de los impuestos, según señalan en su entorno. No obstante, los grupos minoritarios de la izquierda se lo demandarán.
En cuanto a Rajoy, ya en sus más recientes intervenciones públicas ha mostrado su disposición a hacer una “censura total” de lo que hace y promete Zapatero, y se sospecha que su discurso será de “enmienda total” y de puesta a disposición para sucederle al frente de otro gobierno. No se descarta que Rajoy haga públicos sus principales propósitos de actuación para la siguiente legislatura, cuyo comienzo querría anticipar sin esperar más tiempo...
EL DEBATE DE LA NACIÓN PUEDE SER UNA MOCIÓN DE CONFIANZA.- Son ya muchas las semanas en las que algún analista político ha anticipado que José Luis Rodríguez Zapatero tiene ante sí unos días clave para su futuro político. De esta semana central de julio también se ha dicho ya, y que el recibimiento a La Roja pudiera ser el único momento distendido en Moncloa, donde se trabaja contra reloj para rectificar los presagios de una derrota parlamentaria anunciada. El presidente del Gobierno afronta sin aliados su quinto debate sobre el estado de la nación, que amenaza con convertirse en una auténtica moción de confianza. Según las crónicas, Mariano Rajoy nunca ha vencido en estos cara a cara, pero la situación de Zapatero esta vez es más delicada que nunca, según explica El Confidencial, porque acude al Congreso sin socios, con Cataluña en pie guerra, y con un negro panorama económico, huelga general incluida. Como es habitual en el líder socialista podría anunciar alguna medida inesperada con la que tomar la iniciativa en el debate. Aunque, a diferencia de años anteriores, ya no queda margen presupuestario para sacar grandes conejos de la chistera: el cheque bebé de 2007 acaba de ser suprimido; la Ley de Economía Sostenible anunciada en 2009 agoniza en el Congreso, y las promesas de más gasto público, como los fondos de inversión local, se han convertido en congelación de las pensiones y recortes al sueldo de los funcionarios. Es `probable que la explicación de este cambio en política económica centre la mayor parte del discurso de Zapatero, obligado a convencer a los ciudadanos de que ha actuado con responsabilidad y de acuerdo con las circunstancias. Otro de los objetivos del presidente es recabar apoyos para completar su agenda de reformas estructurales.
PUNTOS BÁSICOS.- La modificación del mercado laboral afronta este mes su tramitación en el Congreso, donde también debe ser convalidada la nueva norma para las cajas de ahorro. Además, el jefe del Ejecutivo aprovechará su intervención para impulsar la reforma de las pensiones, que incluye el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. No obstante, no se prevé que lance compromisos concretos, ya que este debate debe enmarcarse en la comisión del Pacto de Toledo. Pero el principal problema de Zapatero no es la confección de su discurso inicial, sino el combate dialéctico con Mariano Rajoy y con el resto de portavoces parlamentarios. El presidente sólo contará con el respaldo de los 169 escaños socialistas, y volverá a ofrecer una imagen de soledad que debilita su autoridad para continuar gobernando. No se tratará de una moción de censura, algo en que sí podría convertirse la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sino de una cuestión de confianza. Como ha sucedido en los últimos plenos, Zapatero estará solo frente a once portavoces hostiles, que le reprocharán su mala gestión y que, en algunos casos, le exigirán que se marche.
LA IZQUIERDA, ENFADADA.- Repasemos los frentes de combate: La izquierda, desde IU al BNG, escenificará su ruptura total con el Gobierno a causa del tijeretazo del gasto, la reforma laboral y la proximidad de la huelga general. Los partidos catalanes (CiU, ERC e ICV) endurecerán su discurso tras la multitudinaria manifestación del sábado en Barcelona contra la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. No sorprendería volver a escuchar a Josep Antoni Durán Lleida decir a Zapatero que está "acabado", y reclamar elecciones anticipadas. Y aunque los socialistas tratarán de culpar al PP, el guiño de Zapatero a Cataluña para reformar el Estatut puede volverse en su contra justo cuando atraviesa por el momento de mayor debilidad política de su carrera.
EL EXAMEN DE RAJOY.- Por su parte, Rajoy también se enfrenta a un complicado examen. Derrotar con claridad a Zapatero en un debate sobre el estado de la nación es una de sus asignaturas pendientes: nunca lo ha conseguido. Sin embargo, los populares creen que esta vez Zapatero no tendrá escapatoria ante la deprimida situación económica, social e institucional de España. Rajoy llega al debate tras haber tendido puentes con los nacionalistas y haber templado su mensaje para configurase como alternativa de Gobierno. Prueba de ello es su reciente reunión con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y las diversas conferencias y foros con empresarios y economistas en las que ha participado recientemente, para superar el mal momento que le han deparado la sentencia y manifestación contra el Estatuto catalán recortado por el TC, y la corrupción que salpica al PP, sobre todo en Valencia, Castellón y Alicante. Sin embargo, es previsible que en su intervención haya espacio para duros reproches a la gestión de Zapatero, así como el habitual recordatorio de lo que, a su juicio, el Gobierno ha hecho mal, pese a las constantes advertencias del PP. Será entonces cuando el cara a cara se envenene, ya que las respuestas de Zapatero al líder de la oposición tampoco suelen ser amables ni condescendientes... El presidente se crece ante los ataques y críticas de su oponente, de quien ya conoce sobradamente sus puntos flacos.
CRISIS SIN PRECEDENTES EN EL PP VALENCIANO.- La Gurtel, -que sitúa a Camps contra las cuerdas- Carlos Fabra, sa dos pasos del banquillo, y las acusaciones contra Ripoll, todo hace que el PP de la comunidad valenciana se sitúen, como lo describe el diario El País, “en una crisis sin precendentes”. Explica este diario que la reciente imputación del presidente del PP de Alicante y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a los funcionarios, ha terminado por convertir los problemas con la justicia en el elemento que unifica al PP de la Comunidad Valenciana. Todo un quebradero de cabeza para el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que tiene a los principales dirigentes del partido en esta autonomía implicados en distintos sumarios judiciales por corrupción. Algunos de ellos tan adelantados, que es muy probable que el próximo otoño varios altos cargos del PP valenciano se sienten en el banquillo de los acusados en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.
NOTABLES CON PROBLEMAS.- Y tras esta presentación del problema, El País enumera cada caso: La lista de notables con problemas judiciales la encabeza el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho pasivo impropio, por haber recibido trajes regalados, y valorados en varios miles de euros, de la trama corrupta Gürtel. Camps está imputado en la misma causa junto al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Todos ellos por haber recibido ropa regalada por Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market y representante de la trama corrupta en Valencia. Una lista a la que, presumiblemente, se añadirán otros nombres de cargos aforados del entorno de Camps tras la decisión del magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de inhibirse en la mayor parte de las cuestiones del caso Gürtel que afectan a la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de hasta siete delitos, incluida la financiación irregular y el delito electoral, en el auto de inhibición a favor del TSJ de Valencia, donde menciona los nombres del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; del vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra, y de la tesorera del partido, Yolanda García, entre otros.
FABRA, EN SITUACIÓN DELICADA.- Recuerda seguidamente el trabajo periodístico que la lista de imputados la completa el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, que lleva en situación “delicada” desde diciembre de 2003 y que está a punto de sentarse en el banquillo como autor de varios supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Un Carlos Fabra que tiene entre su gente de confianza a otro imputado, el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, pendiente de que se fije la fecha para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación medioambiental por el que la fiscalía solicita siete años de prisión.
MUCHOS IMPUTADOS.- Según las conclusiones de El País, este elevado número de altos cargos imputados en casos de corrupción, en un partido que gobierna con amplias mayorías absolutas las principales instituciones valencianas desde hace 15 años, es lo que ha llevado a Camps a convencerse de que existe "una causa general" contra el PP en la Comunidad Valenciana orquestada por el Gobierno socialista. Sin embargo, las causas judiciales que han derivado en las distintas imputaciones a políticos del PP tienen su origen en hechos y momentos diferentes. La imputación de Fabra parte de una denuncia en 2003 del empresario Vicente Vilar, que era amigo personal del presidente del PP de Castellón. La detención de Ripoll tiene su origen en las grabaciones incautadas, tras las elecciones de 2007, a Ángel Fenoll, un empresario vinculado al PP y dedicado a la recogida y tratamiento de las basuras en la comarca de la Vega Baja. Mientras que la imputación a Camps y a su círculo de confianza en el Gobierno valenciano y en la dirección regional parte de la abundante documentación incautada durante las pesquisas del caso Gürtel, que se inician a partir de la denuncia de un concejal popular de Madrid y que ponen al descubierto los numerosos negocios que realizó Orange Market y otras empresas de la trama, a partir de 2005, con la Generalitat y el PP valenciano.
Pro los tres líderes coinciden en las acusaciones a las que se enfrentan, cada uno por su concreta razón...
METRO MADRID: SE ACEPTA EL RECORTE O VUELTA A LOS PAROS.-Se han sentado cuatro veces en la misma mesa, pero sindicatos y dirección de Metro de Madrid se han ido igual que han venido: sin firmar un acuerdo. Tras un fin de semana sin acercamiento, los empleados son quienes están hoy convocados a una asamblea para decidir qué camino seguir. El Comité de Huelga les presentará dos opciones: o aceptar la propuesta de Metro (reducir el 1,5% de sus retribuciones individualizadas) o negarse. Si rechazan la oferta de la compañía, hoy mismo se votará si habrá huelga entre mañana y el viernes, y entre el 20 y 23 de julio, y qué tipo de paros se convocarán. “Ya ha quedado claro que los trabajadores estamos todos a una, y si hemos hecho un paro total una vez podemos volver a repetirlo”, advierte Antonio Asensio, portavoz del Comité de Huelga de Metro de Madrid. “Y el que avisa no es el traidor”. Las dos partes, representantes sindicales y dirección del Metro de Madrid se reunieron por última vez el sábado por la mañana. Pero todas las buenas intenciones quedaron en papel mojado.
CORDIALES, PERO INTRANSIGENTES.- Cuenta Asensio a El Confidencial que fue una reunión cordial pero intransigente. El Comité de Huelga presentó su propia propuesta para rebajar los 7,9 millones de la controversia, aunque Asensio prefiere no detallar sus propuestas para no "echar más leña al fuego". Según Metro de Madrid, "nuestra oferta no llega a la reducción deseada. Lo que falta es una cantidad irrisoria, pero nada, dicen que no les vale”, se queja Asensio. Ante la posibilidad de que Madrid se quede este martes sumida otra vez en el más absoluto caos, Asensio recuerda que los trabajadores de Metro son los únicos preocupados por la situación de los madrileños si no sale ningún metro. “Nosotros avisamos de que haríamos paro total. Lo que pasa es que no nos veían capaz de llegar tan lejos… ¿Por qué la Comunidad de Madrid no dotó a la ciudad de autobuses que cubrieran las líneas de metro? No, la culpa no fue nuestra, señores”, insiste.
LOS TRABAJADORES, ENFADADOS.- El comité sindical, que quiere zanjar cuanto antes el conflicto, ha mantenido durante todo el fin de semana las líneas telefónicas abiertas para que la empresa les llamase y volviesen a negociar. “A mí no todavía no me ha llamado nadie”, afirma Asensio, quien dice de los trabajadores que “están muy enfadados porque nosotros hemos hecho el esfuerzo de presentarles una oferta en la que reducimos gastos de personal. Pero ellos están erre que erre en que no, que hay que tocar el sueldo para conseguir el objetivo final”. Asensio ve “muy posible” que los trabajadores no saquen ni un solo tren mañana. "Quizá esta vez la Comunidad de Madrid sí tenga previsto un plan B para que no paguen el pato los madrileños".
Ya es sabido, que en un conflicto hay varios modos de presionar: el usuario y su enfado ya se ha comprobado que pueden llegar a ser decisivos en una empresa de servicios públicos.
METRO MADRID DISPARÓ SU GASTO EN PUBLICIDAD.- Metro de Madrid, que vive desde hace semanas un feroz conflicto interno por la exigencia del Gobierno de Esperanza Aguirre de ahorrar 7,9 millones de euros en salarios de sus trabajadores, ha disparado en los últimos años el gasto en campañas de publicidad. La empresa pública gasta un mínimo de siete millones al año sólo para su central de medios inserciones publicitarias externas, una cifra diez veces superior al gasto anual de su equivalente en Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, según datos que hoy proporciona el diario Público en un reportaje detallado. El gasto por este concepto de Metro de Madrid se ha triplicado desde principios de la década de 2000, explican fuentes del sector. Entonces, la entidad ya tenía una de las cuentas más generosas en publicidad de todas las administraciones públicas en España. Pero desde 2006, las adjudicaciones publicitarias de este organismo público no tienen parangón en ninguna otra Administración de ámbito regional, con la única excepción del Canal de Isabel II, también bajo el control de Esperanza Aguirre. Según el relato del diario, desde 2006, Metro de Madrid ha adjudicado dos megacontratos publicitarios: el primero, el 21 de abril de 2006, por valor de 23,6 millones de euros, a la agencia de comunicación Carat, que hasta enero de ese año presidió Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno de José María Aznar. Y el segundo, el 5 de mayo de 2008, a Red de Medios por 28 millones. En total, pues, las adjudicaciones publicitarias de Metro de Madrid suman 51,6 millones en cuatro años.
CUANTÍA DE AMBOS CONTRATOS.- Las cuentas de medios para campañas publicitarias destinadas a una comunidad autónoma como Madrid sólo muy raramente superan los cuatro millones de euros. La gran cuantía de ambos contratos no significa necesariamente que éste haya sido el gasto real desembolsado por la Comunidad de Madrid. Al tratarse de contratos de un organismo autónomo y no directamente de la Comunidad, el control político sobre las adjudicaciones se hace más difícil y ambos se han mantenido en una situación de semi-oscuridad: los pliegos no han sido fiscalizados por los diputados de la Asamblea madrileña encargados de supervisar las contrataciones públicas. En la convocatoria de 2008, publicada en febrero, se especificaba que el contrato tendría un año de vigencia con la posibilidad de prorrogarse hasta alcanzar los cuatro años. Cuando el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la adjudicación, el 1 de octubre, ya no se especificaban plazos, sino únicamente el monto total: 28 millones.
EL MONTO FINAL DESEMBOLSADO.- Ni la Comunidad de Madrid, ni Metro de Madrid, ni la agencia ganadora del concurso, Red de Medios, han querido concretar al diario Público el plazo de la adjudicación y el monto final desembolsado. Pero incluso si fuera a repartir entre cuatro años, la cantidad anual ascendería a siete millones de euros sólo en pago a medios de comunicación, sin incluir el proceso de creatividad y producción: un precio muy por encima del de mercado, según los expertos consultados por este periódico. La comparación con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), su equivalente en la ciudad de Barcelona, lo demuestra. La audiencia potencial de ambos organismos la Comunidad de Madrid y Catalunya es parecida, pero la diferencia del gasto en las campañas publicitarias resulta abismal. En 2008, la cuenta para la inserción de publicidad en medios de Metro de Madrid ascendió a un mínimo de siete millones de euros, mientras que la de TMB fue de 768.314 euros. En 2009, la proporción siguió siendo de 10 a 1: siete millones en Metro de Madrid; 771.625 euros en Transports Metropolitans de Barcelona. A principios de la década de 2000, la del Metro de Madrid era ya una de las cuentas más codiciadas por las agencias de comunicación por su alto dispendio, que entonces se situaba alrededor de los 2,5 millones anuales. Las diferencias con TMB no eran tan grandes como ahora: la cuenta del organismo barcelonés llegó a superar los dos millones de euros antes de la crisis. Pero el gasto publicitario de Metro de Madrid se disparó a partir de 2006, ya con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional y, por tanto, con el organismo bajo el control de su Gobierno conservador. El punto de inflexión fue el megacontrato adjudicado el 21 de abril de ese año a la agencia Carat. En aquel momento se encontraba al frente de la consejería de Transportes e Infraestructuras María Dolores de Cospedal, actual secretaria general del Partido Popular (PP). Cospedal renunció a su puesto en el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre tras ser elegida líder regional del partido en Castilla-La Mancha muy poco después de la adjudicación, en junio de ese mismo año.
LLUVIA DE DINERO PÚBLICO.- La elección de Carat para el megacontrato de la publicidad de Metro de Madrid coincidió con una lluvia de dinero público de la comunidad hacia esta agencia, que por entonces se situaba en la órbita de Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Estado de Comunicación del Ejecutivo de José María Aznar. Oficialmente, Miguel Ángel Rodríguez dejó de ser presidente de Carat España el 1 de enero de 2006, aunque siguió muy vinculado a la empresa como asesor. A partir de ese movimiento, Carat empezó a recibir adjudicaciones de cuentas de medios de la comunidad a unos precios que los expertos consideran por encima de los de mercado. De todas ellas, la más importante fue la de Metro de Madrid: 23,6 millones. Pero entre febrero de 2006 y febrero de 2007, la Comunidad de Madrid firmó adjudicaciones publicitarias a la agencia Carat valoradas en un total de 66 millones de euros. El 15 de febrero de 2006 se le adjudicaron 9,8 millones del Canal de Isabel II; el 21 de abril, los 23, 6 millones de Metro de Madrid; el 26 de mayo, 4,95 millones del Servicio Regional de Empleo, el 22 de noviembre, otros 4,95 millones del Servicio Regional de Empleo; el 24 de noviembre, 3 millones de la Dirección General de la Mujer. Y el 22 de febrero de 2007, justo un año después de la primera adjudicación, otros 19,7 millones para dos ejercicios más en el Canal de Isabel II. En la segunda legislatura de Esperanza Aguirre, que se inició con su triunfo en las elecciones de mayo de 2007, Carat España ya no obtuvo más adjudicaciones significativas. A finales de 2009, únicamente conservaba la cuenta del Canal de Isabel II. En mayo de 2008 incluso perdió la de Metro de Madrid, que pasó a manos de Red de Medios por un importe licitado de 28 millones de euros.
LA XUNTA PAGA 330 LIBERADOS SINDICALES.-La sustitución de los liberados sindicales le cuesta cada año al Gobierno gallego 7,3 millones de euros en contratación de interinos que reemplazan a estos trabajadores. Según datos que hoy aporta La Voz de Galicia, en la Administración autonómica hay ahora 330 personas que cobran su sueldo de la Xunta pero que desempeñan un trabajo sindical en el sector donde fueron elegidos por sus compañeros. La sanidad y la enseñanza absorben el 80% de los liberados existentes, mientras que el 20% restante se ubican en los servicios administrativos. Los datos, recabados por este diario en las propias centrales sindicales, revelan que de esas 330 personas, 90 pertenecen a la CIG, 70 a Comisiones Obreras, 65 a UGT y 20 a CSIF; los 85 restantes se reparten entre STGE y ANPE, en la enseñanza, y CEMSATSE y USAE, en la sanidad. El número de liberados reconocidos a tiempo completo es de 171. Tal y como marca la normativa vigente, el resto de personas va con cargo a un número de horas al mes cuyo reparto establecen los sindicatos y que tienen obligación de notificar a la Dirección Xeral de Función Pública.
El debate relativo al sobrepeso de los liberados sindicales, tanto en el ámbito público como en el privado, surge alentado por sectores patronales en un contexto de profunda recesión económica.
AUSENCIA DEL LUGAR DE TRABAJO.- Entre las críticas efectuadas a este modelo está el hecho de que algunos liberados llevan más de diez años en sus puestos, sin pisar el centro de trabajo, y en algunos casos, más ocupados en organización interna y política sindical que en el sector o ámbito de representación para el que fue elegido. Por ahora se desconoce si en un momento de crisis, marcado por la reducción salarial y por la contención del gasto en personal, la Xunta se plantearía una posible bajada del número de liberados o si serán las propias centrales las que lo propondrían como gesto sindical de compromiso con el resto de las medidas anticrisis. La segunda hipótesis, a día de hoy, parece altamente improbable. Los sindicatos con representación recuerdan que la existencia de liberados no es una prebenda de nadie sino un derecho que marca la legislación vigente. Y que se ejerce en base a un proceso democrático. Las centrales insisten en que el tiempo de ejercicio de funciones como personal con una liberación no es ilimitado, como erróneamente se difunde, sino que se acota por las elecciones en que los funcionarios y trabajadores designan a sus representantes.
REGULADOS EN CUATRO NORMAS.- La regulación de los liberados sindicales en la comunidad autónoma gallega se encuentra fijada en cuatro normas: el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por la Ley 7/2007 del 12 de abril (normativa básica del Estado); en la Lei Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de libertad sindical; en el Acuerdo de Derechos Sindicales de 1988 y en el quinto convenio colectivo único de la Xunta, del 4 de noviembre
Por otra parte, se da la circunstancia de que cada vez que se produce un conflicto laboral, surge el problema de los liberados sindicales, a menudo empleados para usos tan discutidos como los piquetes informativos.
MIÑON ESTUDIA LOS ANUNCIOS DE CONTACTOS,. Miguel Herrero de Miñón, uno de los siete padres de la Constitución y actualmente consejero permanente del Consejo de Estado, ultima el informe que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, solicitó a la alta institución el pasado mes de mayo sobre los anuncios de contactos sexuales en prensa. Lo cuenta El Confidencial, que indica también que el Gobierno busca fórmulas legales para su eliminación, ante la oposición de la mayor parte de editores, que mantienen en estos clasificados una importante vía de ingresos frente un negocio publicitario que no levanta el vuelo y que podría incluso empeorar en la segunda parte del año.
Fuentes próximas al Ministerio que menciona el documento periodístico confirman que es Herrero de Miñón, ex diputado de UCD y AP, quien está elaborando el informe. Toda una prueba de fuego para él después de las críticas recibidas desde los sectores que tradicionalmente le son afines por la ponencia que elaboró y aprobó por unanimidad el Consejo de Estado sobre la ley del aborto. El informe entendió que la norma planteada por el Gobierno era constitucional y reconoció la capacidad de decisión de las jóvenes de 16 años para abortar, si bien recomendó al Gobierno que introdujera fórmulas para que los padres fueran informados.
UN DICTAMEN DURO.- Desde Igualdad se espera un dictamen duro sobre los anuncios de sexo, una de las cruzadas de Bibiana Aído desde la creación del Ministerio.“Nuestra primera apuesta era la autorregulación, porque así es como se ha hecho en el resto de países europeos, donde la prensa seria no tiene anuncios de contactos”, dijo la ministra en el pleno del Congreso en que anunció la solicitud al Consejo de Estado. “Hay que ver con qué alternativas legales podemos contar por si tenemos que dar un paso más”, remachó en su comparecencia ante la Cámara baja. De hecho, no es Aído el único miembro del Gobierno que se ha posicionado claramente en contra de los anuncios de sexo en la prensa española. También el pasado mes de mayo la cúpula de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) se reunía con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, para recordarle los apuros publicitarios que sufría la prensa española, la falta de ayudas por parte del Ejecutivo y presionar para lograr una tasa Google. En aquella ocasión, la ministra Sinde no dudó en recordar a Manuel de Polanco, José Manuel Vargas y Antonio Fernández Galiano, que los anuncios de contactos se habían disparado para compensar los menores ingresos en publicidad. Los diarios no facilitan cifras oficiales sobre la cantidad que facturan por estos anuncios, pero no es difícil echar cuentas. “El 7,5% de la facturación publicitaria viene por clasificados. De entre ellos, un 58% son de relax y un 20% inmobiliarios”, se revela desde el departamento comercial de una de las principales cabeceras nacionales.
A MODO DE EJEMPLO.- Un periódico como El País ingresó por publicidad en 2009, en lo más duro de la crisis, un total de 128,3 millones. Por el momento, pocos diarios han optado por retirar los reclamos sexuales. Lo ha hecho, por ejemplo, La Razón, renunciando a una jugosa renta. Los editores también tienen sus razones para hacerse fuertes. Y es que no sería el primer rejón del Gobierno a sus cuentas de resultados. La Ley de Economía Sostenible (LES) establece que las empresas no tengan la obligación de dar publicidad en los periódicos a sus acuerdos societarios, cuando hasta ahora pasaban por caja. Aunque el daño de esta disposición es, sobre todo, para los diarios económicos, para los que estos anuncios pueden suponer de media un 11% de la inversión publicitaria total, las cabeceras nacionales facturan por este concepto no menos de medio millón de euros anuales, según admitía a este diario un ejecutivo de uno de los cinco diarios con mayor difusión.
POSIBLES ACTUACIONES.- Según El Confidencial, las medidas que podría tener sobre la mesa el Ministerio de Igualdad pasan por la mera sanción a quien incluya en sus páginas los anuncios de contactos, o por condicionar la publicidad institucional en la prensa a su eliminación. "No parece lógico que se denuncie en unas páginas la trata de mujeres con fines de explotación sexual y que se pueda anunciar en otras", ha advertido Aído. El Consejo de Estado, presidido por Francisco Rubio, cuenta con ocho consejeros permanentes y con una pléyade de consejeros natos y electivos. Su informe marcará las pautas al Ministerio de Igualdad, que no contempla otra opción que no pase por su desaparición.
Podría sugerirse alguna ayuda estatal a la prensa para compensar esa pérdida de ingresos.
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