TRABAJADORES DE LA CULTURA A FAVOR DE LA HUELGA. FUE APROBADA LA REFORMA DEL MERCADO DEL TRABAJO, NO HAYU MÁS AJUSTE QUE EL DE CORBACHO

PULSO Y DEMOSTRACIÓN DE FUERZA POR LA HUELGA DEL 29
De aquí al 29,. con toda probabilidad, vamos a asistir a un pulso entre partidarios y contrarios de la huelga convocada por Toxo y Méndez. Este jueves, en la plaza de Vista Alegre, tuvimos oportunidad de contemplar la primera demostración de fuerza de los convocantes: se calcula que 16.000 delegados sindicales acudieron a la convocatoria de Toxo y Méndez apara “calentar motores”. La exhibición se producía a la misma hora en la que el Congreso daba su aprobación final a la reforma del mercado laboral, que para los convocantes resulta ser una de las razones directas de la protesta. Las otras causas de la huelga son el ajuste del gasto público para funcionarios y pensionistas. Y no se sabe si también el recorte de los presupuestos de obras públicas decidido en Fomento, o algunos otros recortes... Los convocanbtes de la helga insisten en que son causas suficientes, y que el Gobierno no tendrá más remedio que rectificar tanto los recortes como la reforma laboral, y que eso sucederá tras el “huelgón” del 29-S. Las centrales, por si faltaba algo, o alguien, han añadido en las últimas horas a su convocatoria la relación de n grupo de artistas como Joaquín Sabina, Miguel Ríos y Juan Diego, escritores como Almudena Grandes, Eduardo Medicutti y José Manuel Caballero Bonald y algunos periodistas que también se han adherido al manifiesto de la Cultura y la Universidad en apoyo de la huelga general. Dicho.manifiesto, promovido por el mundo de la cultura y la universidad en Andalucía, se presentará en Sevilla el próximo 22 de septiembre y se han adherido, hasta el momento, los poetas Luis García Montero, Benjamín Prados, José Carlos Rosales, Jesús Fernández Palacios y Milena Rodríguez. No hay duda de que la izquierda sigue teniendo influencia en zonas y personajes culturales. A lo que ellos mismos, pretenciosamente, definen como “trabajadores de la cultura”... En el manifiesto sostienen que la huelga general no afecta sólo al movimiento sindical, sino que es una "llamada a todos los ciudadanos dispuestos a manifestar su oposición a una Europa gobernada por mercaderes, sin lugar para la política y los espacios públicos del Estado". Además, consideran que se trata de una "llamada a los que no están dispuestos a que se recorten los valores cívicos, los derechos sociales y la dignidad de la ciudadanía". También es una llamada "a los trabajadores de la cultura porque no podemos dejar de lado los problemas que genera esta crisis al modelo cultural y educativo de nuestra sociedad; porque la inversión en formación y cultura no puede ser residual porque precarizará aún más el empleo de las industrias culturales". Explican los "trabajadores de la cultura" que se unen a este manifiesto no como un sector "distinguido" o más "conocido" que otros grupos de ciudadanos, sino porque "somos unos trabajadores, ni más ni menos que los demás". Consideran que por su dedicación "quizá sean un poco más conscientes que otros sectores de que la cultura es un bien irrenunciable y que tiene efectos multiplicadores beneficiosos en todos los aspectos de la vida". "Se trata de dejar oír nuestra voz contra los especuladores y sus cómplices y de levantar nuestra palabra contra los que quieren servirse del silencio para humillarnos y justificar sus negocios indecentes", apostillan en el manifiesto. Asimismo, en el texto acusan al Gobierno de haber firmado un "pacto con la derecha y los empresarios para imponer medidas de una agresiva orientación neoliberal" y alertan de que "la crisis económica depende de una crisis más amplia, política y cultural, que está negando la autoridad de los gobiernos y sometiendo la vida cotidiana a los códigos de la soledad, la desigualdad y la renuncia a la solidaridad". "Se intenta evidenciar que los Gobiernos no pueden representar a sus votantes, ni defender sus intereses, porque están sometidos a las leyes de los mercados financieros. Pero no es verdad. Los gobiernos pueden y deben defendernos del asalto de los especuladores", concluye el manifiesto de la Cultura y la Universidad.
Frente a esa nueva exhibición de argumentos y de firmas, tenemos otras reacciones contrarias de estamentos profesionales, como los médicos, que rechazan la convocatoria y su seguimiento, por más que también muchos de estos profesionales hayan visto reducidos sus sueldos por causa del recorte del gasto público. Pero estamos viendo que ya hay una clara división de opiniones...
YA HAY NUEVA LEY DE MERCADO LABORAL.- En el pleno del Congreso de este jueves, en su sesión de la mañana, quedó aprobada la reforma del mercado laboral. El todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se enfrentó probablemente a uno de sus últimos actos parlamentarios y seguramente el más importante -la votación de la reforma laboral en el Congreso- acompañado exclusivamente por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Corbacho y el presidente tuvieron que aguantar solos las durísimas críticas que han recibido de los grupos parlamentarios, muy especialmente de los de izquierda. El resto de los miembros del Gobierno estaban a otras cosas: el titular de Fomento, José Blanco, impartía una conferencia con coloquio en el Hotel Ritz; la ministra de Defensa, Carme Chacón, participaba en una videoconferencia con militares destacados en el Exterior; el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la entrega del premio Bartolomé de las Casas... y otros en paradero ignoto. Los que son diputados empezaron a aparecer en el hemiciclo a medida que se acercaba la hora de la votación. La soledad de Celestino Corbacho no ha pasado inadvertida, y varios diputados la han hecho notar públicamente. Incluso alguno, en todo de protesta indignada por el escaso interés que parecía demostrar el Gobierno a pesar de que el asunto entre manos es del máximo interés para los trabajadores y sobre todo para los más de cuatro millones de parados...
Sucede a menudo que las grandes normas, las grades reformas, no terminan de ser explicadas suficientemente. ¿Qué aportaciones principales trae consigo la reforma laboral auspiciada por el gobierno y debatida en Congreso y Senado? Nadie duda de que la nueva ley introduce grandes novedades en el mercado laboral para atajar la alta dualidad del mercado entre trabajadores eventuales y trabajadores indefinidos. Sin embargo, pese al interés del Gobierno por contentar a todas las partes, tras el fracaso de las negociaciones del diálogo social, ni patronal ni sindicatos ven el proyecto con buenos ojos. Para los catedráticos y expertos, la reforma, no llega a suponer una modificación del mercado laboral, aunque recoge elementos positivos en materia de costes de despido, tutela judicial y flexibilidad. Pero ponen en duda que pueda reducir la temporalidad.
Veamos algunos otros aspectos novedosos: Acabar con la excesiva división entre trabajadores indefinidos y eventuales es, como decíamos, el principal objetivo de la reforma. Para desincentivar su uso, el Ejecutivo plantea que los contratos de obra y servicio tengan una duración máxima de dos años, ampliables otros 12 meses si así se recoge en el convenio colectivo del sector. Transcurridos dichos plazos, ya sea en la misma empresa o en una del mismo grupo o a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos. La patronal advierte de que penalizar la contratación temporal podría incidir negativamente en el paro. Los contratos eventuales tendrán una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de 12 meses desde el inicio de la relación laboral. El convenio colectivo debe fijar las actividades para las que se puede realizar estos contratos y su volumen total sobre la plantilla. Las indemnizaciones de los contratos temporales se amplían de los 8 días por año a 12 de forma progresiva. También se aumenta en dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de obra y servicio. El hecho de que se mantenga una amplia diversidad de modelos para contratar permitirá a las empresas seguir con su política de no arriesgarse a integrar en su equipo al personal permanentemente, aunque sus necesidades sean permanentes.
El texto reconoce que concurren causas económicas que justifican una reducción de plantilla "cuando los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales". Pero la empresa tendrá que acreditar objetiva y documentalmente los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva. - Los despidos procedentes o justificados tienen una indemnización de 20 días por año trabajado para todo tipo de contratos. La ampliación de los supuestos para que las empresas puedan acogerse a causas económicas, con el consiguiente recorte del dinero a pagar por despedir, afectará tanto a los indefinidos comunes como a los de fomento del empleo. El contrato de fomento de la contratación indefinida, un tipo de contrato, ya en vigor menos para los hombres de entre 31 a 45 años, pero muy poco utilizado, se extiende a todos los trabajadores que lleven más de tres meses en paro. Solo podrán realizar este tipo de contratos las empresas que no hayan reducido empleo en el año previo a la firma del mismo. El Gobierno creará un fondo, a partir de 2012, para abonar parte de las indemnizaciones por los despidos de quienes firmen un contrato de fomento del empleo desde ese momento. El dinero a aportar en este instrumento, que se prolongará a lo largo de la vida laboral del trabajador, independientemente de la empresa, será igual a un determinado número de días por año trabajado a concretar. El fondo se nutrirá con aportaciones empresariales y se podrá hacer efectivo en caso de despido, reduciendo una parte de lo que deben pagar las empresas, movilidad geográfica o para el desarrollo de actividades de formación. La parte que no se emplee pasará a cobrarse en la jubilación. Hasta la constitución del fondo, las extinciones de los contratos de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado, se dividirá entre la empresa y el Fondo de Garantía Salarial, de carácter público, ya sean justificados o no. La empresa abonará 22 días y el Fogasa, los restantes 8. Los sindicatos critican esta medida, ya que entienden que se sufragarán despidos improcedentes con dinero público. Se autoriza a las empresas a modificar las condiciones laborales -jornada laboral, imposición de turnos o cambios en la remuneración acorde con las nuevas horas de trabajo, en periodos de debilitamiento económico para reducir el nivel de producción con el objetivo de evitar que el ajuste se traduzca únicamente en el empleo. En caso de falta de acuerdo entre empresa y trabajadores sobre las medidas, un árbitro dictará la modificación de las condiciones de trabajo o acordará, en su caso, medidas alternativas. Hay distintos cambios en las bonificaciones por creación de empleo: De 16 a 30 años: Hasta el 31 de diciembre de 2011, si se contratan de forma indefinida, se beneficiarán de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros durante tres años. Solo es aplicable a los jóvenes con un año en paro y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional. En el caso de las mujeres, aumenta a 1.000 euros; Mayores de 45 años: Si llevan en paro un año, tendrán derecho a una bonificación de 1.200 euros durante tres años. Si se contratan a mujeres, sube a 1.400 euros. Esta medida es aplicable hasta antes de 2012. Las empresas que transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación de 500 euros durante tres años. Para las mujeres es de 700 euros. Las empresas que quieran acogerse a estas bonificaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, deberán aumentar su nivel de empleo fijo. También están obligadas a mantenerlo a lo largo del periodo que dure la bonificación. En fin, se liberalizan los servicios de empleo dando entrada a las Empresas de Trabajo Temporal en todos los sectores para orientar, asesorar y colocar a los desempleados. No obstante, para suavizar el rechazo de los sindicatos a esta medida, las ETT deberán garantizar que sus usuarios entran en igualdad de condiciones en las empresas. Es decir, tendrán el mismo sueldo que sus compañeros y disfrutarán de los mismos derechos y condiciones en duración de la jornada, horas extraordinarias, descansos, trabajo nocturno, vacaciones y festivos. También deberán tener los mismos beneficios en cuestiones sociales como lactancia, guardería o permisos de maternidad.

NO HAY MÁS AJUSTE QUE EL DE CORBACHO.- Desde el Gobierno, sus portavoces empiezan a fatigarse de desmentir una y otra vez una presunta “remodelación a la vista”: Ni la marcha de Corbacho a Catalunya, ni la implicación de Jiménez en las primarias del PSM, ni los deseos de Garmendia de dejar Ciencia e Investigación, ni una posible candidatura de Moratinos a la alcaldía de Córdoba. El Gobierno no se siente inestable por los movimientos futuros. Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha querido restar trascendencia a los posibles cambios en el Ejecutivo."No hay inestabilidad, ni debilidad, ni fragilidad", aseguró Fernández de la Vega en una entrevista concedida al programa de Antena 3, Espejo Público. La vicepresidenta considera que la marcha de Corbacho a las listas del PSC "forma parte de la normalidad democrática", y ha afirmado que, cuando su partida se produzca, "habrá sustitución". "Es un cambio, no otra cosa", ha asegurado, queriendo negar un cambio de Gobierno. "No hay planteado ningún cambio", ha reiterado. Tampoco se contempla desde el Ejecutivo ni desde el PSOE la posibilidad de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no sea el candidato a las próximas elecciones generales. "Es un escenario que no está encima de la mesa", ha asegurado también Fernández de la Vega, quien no tiene "ninguna duda" en que "el mejor candidato y el único candidato" es el jefe del Ejecutivo. Aún así, "habrá que esperar a su momento".
En relación a otras elecciones, las autonómicas, la vicepresidenta se ha referido a las primarias que decidirán quién disputará a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid. Fernández de la Vega no ha querido mojarse y ha repartido buenas palabras para ambos candidatos. "Los dos son muy buenos", se ha limitado a decir sobre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez. "Creo que el candidato que los militantes elijan va a ganar las elecciones", ha concluido sobre el asunto.
En fin, en referencia al último comunicado de ETA, en el que la banda anunciaba el cese de su actividad, la vicepresidenta ha vuelto a reiterar el mensaje del Ejecutivo. "Lo único que vale es que ETA abandone de forma total y definitiva la violencia", ha asegurado Fernández de la Vega, que afirma que "no hay atajos ni otro camino" con los terroristas. "La política antiterrorista no se va a mover ni un milímetro", ha afirmado la vicepresidenta que ha negado cualquier tipo de negociación. "No se está negociando nada, absolutamente nada", aseguró, para añadir que "sólo decirlo debilita la lucha contra ETA". Por último, ha querido agradecer "la unidad de las fuerzas políticas en su valoración del comunicado".

EL HUELGON Y LA EDAD DE JUBILACIÒN.- Parece evidente que el PSOE y el Gobierno, en su estrategia de no pisar demasiados callos al mismo tiempo, quiere que pasen la reforma laboral y la huelga del día 29 antes de poner sobre la mesa la otra modificación y reforma inevitable: la edad de jubilación. Este mismo jueves se proporcionan los datos sobre todo ese cocktail: de un lado, lo que Toxo llamó “la gran putada”, la huelga de fin de mes, ha pasado a convertirse en seguro “huelgón” para los sindicalistas convocantes, que a todas luces tratan de cambiar la sensación dominante de que “no hay ambiente de huelga” y que podría ser un gran desastre y un notable fracaso, como sucedió con la huelga de los funcionarios. Para evitar ese pinchazo, las centrales sindicales han comenzado a aplicar su propio “rodillo”, que probablemente resultará sumamente eficaz. Nada menos que dieciséis mil delegados sindicales de toda España han llegado a Madrid, procedentes de toda España, para impulsar la convocatoria de huelga y no permitir que la convocatoria fracase. Las centrales, por si fuera poco, tienen que atender dos frentes al mismo tiempo>: La huelga general española coincide con una jornada europea de protesta que concentrará en Bruselas a muchos miles de delegados sindicales que, también, aspiran a reflejar el descontento social producido por la salida de la crisis que ha elegido la Comisión Europea. Es decir, que además de la cita española, hay también cita en Bruselas, y movilizaciones previstas en unas cuentas capitales europeas más, junto a Maerid y Bruselas. Lisboa, Roma..
Y luego, sí, tras el huelgón y las movilizaciones sindicales, llegará la otra dosis “de castigo” pendiente, la reforma por la que se pretende que la edad de jubilación se prolongue desde los 65 a los 76 años. Este jueves, son varios los periódicos que han destacado los datos de una encuesta elaborada por la aseguradora Axa, según los cuales, nada menos que el 74 por 100 de los españoles rechaza aumentar la edad de jubilación. Sólo Alemania e Italia sufren una oposición sindical similar a la española, contraria a ese propósito de la Unión Europea de reforzar el sistema de pensiones para el futuro. De hecho, y según el mismo estudio sociológico, los españoles quisiéramos jubilarnos a los 59 años, seis años antes del actual tope legal... Estos disconformes con el proyecto del Gobierno preferirían pagar más a la seguridad social para asegurar las pensiones antes que tener una vida laboral más extensa. ¿Qué sucederá con esta reforma? El gobierno corre el riesgo de volverse a quedar en soledad. Los populares de Rajoy no se mojarán, por muy conscientes que sean de la necesidad de “reforzar el sistema”, y ya “predican” que su posición será la de “jubilación a la carta”, cada cual cuando desee, con las correspondientes subvenciones y apoyos a quienes más resistan en el puestos de trabajo.
Pero ésta es materia “para más adelante”, y una vez que se agoten las de ahora mismo: la reforma laboral y la huelga general del 29 de septiembre. Ya llegaremos a las tensiones y choques siguientes...

LOS PARTIDOS CATALANES ELABORAN SUS LISTAS DE CANDIDATOS.- Esta es una fase delicada en cualquier precampaña electoral: Estamos en el momento en el que los aparatos de los partidos pactan con sus correspondientes líderes las listas de candidatos con los que concurrirán a mítines y a urnas. Luego llegarán esos mítines, y la aparición de “extraños” o forasteros: Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy quieren estar muy presentes en la campaña catalana para dar su apoyo a las correspondientes filiales: el PSC de Montilla y el PPC de Alicia Sánchez Camacho, respectivamente. Esta operación suele hacerse muy meditadamente, por razón de las reacciones adversas que se suelen producir en los partidos “del lugar”, particularmente los nacionalistas, CiU y ERC, que ven operaciones “coloniales” en estas apariciones externas. De ello puede deducirse lo que observa Enric Juliana, en su crónica de La Vanguardia: que los dos grandes mastodontes de la política española seguirán la campaña con prismáticos, es decir, a distancia y con gran interés por su desenlace estratégico. Añade Juliana que PSOE y PP comparten tres motivos para afrontar el 28 de noviembre con cierta finura. A saber: deben evitar que crezca la animosidad del electorado catalán respecto a sus siglas (en el caso del PSOE, un mayor desgaste de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que hace seis años estaba en lo más alto del pedestal; en el caso del PP, ser señalado como Barrabás cuando se decida el Gobierno de España); influir en el nuevo mapa político catalán, si la partida no se salda con una mayoría absoluta; y, por encima de todo, estar en condiciones de poder imaginar la próxima legislatura española con el partido vencedor en Catalunya, si se cumple el pronóstico de las encuestas y Convergència i Unió regresa al gobierno.
Luego, revela el cronista que “a principios de año, totalmente atrapado por la crisis económica, Rodríguez Zapatero pidió a José Montilla que las elecciones catalanas se celebrasen antes del verano para despejar incógnitas y poder atravesar el peligroso desfiladero de los presupuestos del 2011 con el concurso de CiU. Montilla le dijo que no. El presidente de la Generalitat se había impuesto como meta agotar la legislatura hasta el último día... Añade el cronista que Zapatero encajó la negativa, constató, una vez más, que el PSC no es la federación catalana del PSOE, y al cabo de unos meses se oyó un susurro en los pasillos de la Moncloa: "Que sea lo que el Tribunal Constitucional quiera". Si las elecciones se hubiesen adelantado, probablemente aún no conoceríamos la sentencia del Estatut. Altos cargos de la Administración socialista maldicen, aún hoy, el día en que Montilla se negó a adelantar las elecciones. El socialismo catalán ha empujado a Zapatero a los brazos del PNV, con la consiguiente reapertura de la carpeta vasca, a la que se suma ahora el alto el fuego de ETA. Patxi López vive sin vivir en sí”.
Opina también Juliana que el PSOE no ama a Montilla, pero trabajará para evitar una debacle socialista en Cataluña. Bajo esta perspectiva hay que interpretar las iniciativas del Gobierno para reparar el Estatut mediante una hipotética descentralización de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Y en cuanto al PP, cobrado el rédito de la sentencia del Estatut, la línea de Rajoy será “analgésica”: Tender puentes, rebajar inflamaciones y rezar para que Artur Mas necesite al PP en la votación de investidura.
En la campaña catalana aún está todo por decir...
EL IMPUESTO PARA LOS MÁS RICOS.- A medida que se aproxima el momento del debate presupuestario, se insiste en la probable modificación de algunos tramos del impuesto sobre la renta como el más probable recurso que empleará el Gobierno para recaudar más de quienes más poseen, al igual que acaba de anunciar el presidente de os Estados Unidos, Barack Obama, con su pretensión de subir impuestos a los más ricos, que vienen a suponer el dos por ciento de los ciudadanos estadounidenses. En nuestro país, y según nos ha relatado El Confidencial, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha descartado la creación de un impuesto especial para los ricos pero, a cambio, pretende crear un nuevo 'supertramo' en el IRPF para las rentas más altas, según fuentes conocedoras de la situación. Este nuevo tramo se aplicará a los contribuyentes con ingresos superiores a 100.000 euros y tributará a un tipo del 45%, dos puntos por encima del marginal actual. Un portavoz de Economía rehusó hacer comentarios. Se trata de la fórmula más sencilla para imponer el gravamen a las rentas más altas que Zapatero anunció el 26 de mayo. Ahora bien, todavía debe contar con el visto bueno del presidente del Gobierno, y no se descarta que tenga que modificarse en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Establecer un nuevo impuesto sería muy complicado, puesto que habría que crear un hecho imponible, es decir, definir el concepto sobre el que recae el impuesto. Y el concepto de ser "rico" o tener "alta capacidad económica" (que es la frase que usó Zapatero en mayo) sólo puede interpretarse como obtener elevados ingresos anuales o contar con un alto patrimonio, ya sea fruto de la actividad del contribuyente o heredado. Si se toma el primer concepto, supondría gravar dos veces los mismos ingresos, que ya están sujetos al IRPF. Adoptar el segundo chocaría con el impuesto sobre el Patrimonio, que no está derogado formalmente aunque ya no exista obligación de declarar. Y resucitarlo tendría el problema añadido de que es un tributo cedido a las comunidades autónomas, lo cual supondría meterse en un enjambre normativo... sin que el Estado recaude un euro. Por tanto, lo más sencillo resulta establecer un nuevo tramo en el IRPF con un tipo de gravamen superior al máximo actual, situado en el 43%. Según las fuentes consultadas, el umbral a partir del que se aplicará serán 100.000 euros, que es la cifra que ya han establecido Baleares, Asturias y Cantabria para un nuevo tramo autonómico. Cataluña lo ha situado en 120.000, Andalucía en 80.000 y Extremadura, en 60.000.
En clave política, esta fórmula para subir los impuestos a los que más tienen se acerca más a las tesis de Salgado, que pretendía modificar lo menos posible la fiscalidad después de las subidas aplicadas en julio para no agravar la crisis, frente a las de José Blanco, partidario de una subida generalizada de impuestos en 2011 para reducir el déficit público. La propuesta de Blanco, aunque mucho más impopular, sostiene El Confidencial que tenía mucho más sentido desde el punto de vista recaudatorio: todos los expertos coinciden en que la única forma de incrementar de forma sustancial los ingresos públicos, aparte de la subida del IVA ya aplicada, es elevar todos los tramos del IRPF. De hecho, según las fuentes citadas, los cálculos del propio Ministerio estiman que el nuevo tramo para los ricos recaudará menos de 500 millones de euros, una cifra insignificante para las arcas del Estado. Por tanto, la única justificación de la medida es política. Según fuentes políticas, Zapatero ha convertido el impuesto a los ricos en una de sus principales armas para aplacar la ira de las bases socialistas por los recortes sociales que ha tenido que emprender para reducir el déficit y por la reforma laboral. Aunque no servirá para solucionar el grave desequilibrio de las cuentas públicas.
En pocas semanas aparecerá en escena la novedad fiscal.

LA CÓMODA VENTAJA DEL PP SOBRE EL PSOE.- Hay encuestas que se publican, y encuestas de uso privado y particular, sólo para uso de los “cuarteles generales” de los partidos. A estas últimas se refiere una reciente crónica de El Confidencial, según la cual, Mariano Rajoy ha comenzado el curso político exultante por el resultado de las encuestas. El líder el PP y su equipo están convencidos de que la diferencia que les separa del PSOE es ya prácticamente insalvable en lo que resta de legislatura, especialmente por el deterioro de la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero y la evolución de la situación económica. De acuerdo con estas encuestas “privadas”, la ventaja del PP sobre el PSOE, según los datos que maneja Génova, se sitúa entre 8 y 10 puntos. Es decir, de 2 a 4 puntos más de lo que calculó el CIS en su último barómetro, publicado en julio, cuando los populares aparecían  6,3 puntos por encima de los socialistas en estimación de voto. Las diferencias estriban en el modelo aplicado para destilar los datos proporcionados por la encuesta. Así, en Génova se considera que el CIS tiene un claro sesgo a la izquierda, por lo que se encargó a dos empresas privadas el análisis de las cifras en bruto recopiladas por el organismo público. Pero los resultados que más euforia desatan entre los populares es la hemorragia de votos que se percibe entre los socialistas. La dirección del PP sostiene que el PSOE ya ha perdido la confianza de 3 de los más de 11 millones de votantes que le apoyaron en 2008. Y, si cabe más importante, 1 millón de estas papeletas acabarían en la urna del PP, si se celebrasen elecciones generales. Precisamente, una de las obsesiones electorales del PP desde 2008 es robar electores al PSOE, por lo que el millón de conversos es una de las principales esperanzas populares. Ciudadanos que apostaron por Zapatero en los últimos comicios, pero que, desencantados por el rumbo político que ha tomado su Gobierno, están dispuestos a respaldar a Rajoy. Según fuentes populares, el resto, hasta dos millones de votos huidos del PSOE, se repartirían entre la abstención, Izquierda Unida, nacionalistas de izquierda y UPyD, formación que, en la actualidad, estaría captando más apoyos procedentes de las filas socialistas que de las conservadoras. En Génova se considera que este comportamiento del electorado socialista, sumado a la alta fidelidad que presentan los votantes del PP, debe traducirse en una clara victoria, que podría recordar incluso a los porcentajes de voto logrados con José María Aznar en el año 2000. Entonces, el PP alcanzó el 44,5% de los votos, y 10,3 millones de votos. La euforia demoscópica de los populares no llega a prever una repetición de aquella mayoría absoluta, sino que aspira a una horquilla de entre el 42 y el 43%. No obstante, los resultados de 2000 ofrecen una de las claves para la victoria que impregna toda la estrategia del PP. Se trata de evitar que una parte del electorado se movilice en contra de los populares, y opte por Zapatero sólo para impedir un triunfo de Rajoy. El equipo del jefe de la oposición recuerda que en 2000 no se produjo ese movimiento para “echar al PP”, sino que una mayoría quiso darle la oportunidad de seguir gobernando. Esto mismo se quiere repetir en 2012 aprovechando la pérdida de confianza en Zapatero y la modulación del mensaje popular. Pero, ante la gloria y el éxito que prometen las encuestas, dirigentes del PP alertan del peligro de “dormirse en los sondeos” y dejar escapar esta posibilidad de recuperar la Moncloa. De hecho, las perspectivas de victoria son una de las razones por las que Rajoy se ha permitido retrasar, una vez más, la designación de candidatos. El líder del PP volvió a dar largas a Francisco Álvarez Cascos y Francisco Camps, que anhelan su nombramiento para encabezar los carteles de Asturias y la Comunidad Valenciana, respectivamente, durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada esta semana en Santiago de Compostela. Asimismo, fuentes populares advirtieron que la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y la actividad política, y no sólo hacia el Gobierno socialista, puede poner en peligro las expectativas de la oposición. Y es que, según el CIS, la clase política se ha convertido en el tercer problema de los españoles.
Euforia y felicidad, por consiguiente, pero “dentro de unos límites de moderación y discreción”.

CIU PUEDE DESBLOQUEAR LA RENOVACIÓN DEL TC.- La irrupción el pasado martes de CiU, cuyo voto no es necesario, en una negociación que, hasta ahora, habían protagonizado PP y PSOE, a los que corresponde proponer al Pleno del Senado cuatro nombres de una lista de 20 (dos a cada formación política), podría desbloquear una renovación, la de los magistrados del Tribunal Constitucional, que está atascada desde hace casi tres años. La sorpresa saltó cuando, como adelantó ABC en su edición del miércoles, en los contactos que tuvieron lugar con motivo de la reunión de la Junta de Portavoces y la comida posterior que mantuvo el presidente del Senado, Javier Rojo, con los responsables parlamentarios, ni el PP ni el PSOE se opusieron a la condición que planteó CiU, en el sentido de que sólo apoyarán a los cuatro candidatos a magistrados del TC si uno de ellos es catalán. Nunca, hasta el martes, se había planteado tal exigencia, y nunca se había hablado de que las dos fuerzas mayoritarias (PP y PSOE) podrían ceder a condición alguna en sus propuestas. El principio de acuerdo alcanzado el martes, «no es firme, pero es lo más probable y, si sucede, el PP podría llegar a aceptarlo», según aseguraron a fuentes populares. Ello supone que en la Comisión de Nombramientos, que se reunirá el próximo miércoles, se podrían consensuar tres nombres para elevar al Pleno: uno del PP (Francisco José Hernando), otro del PSOE y un tercero que deberá salir de los nombres propuestos por el Parlamento de Cataluña (Encarna Roca i Trias y Antoni Rovira i Viñas). De esta forma el PSOE aceptaría la exigencia de CiU, ya que el magistrado catalán tendría que salir de su cupo de dos candidatos, y podría ser un catalán de corte progresista, no necesariamente nacionalista. El cuarto nombre, que el PP quiere que sea Enrique López, vetado por la Mesa del Senado y al que siempre se han opuesto los socialistas, quedaría pendiente de una negociación posterior. Si en el PP ven este principio de acuerdo como una posibilidad que puede ser real, en el PSOE aseguran que es «una vía abierta en la que nos podríamos sentir cómodos». Una manera de decir, según las fuentes socialistas consultadas, que se está en el camino de desbloquear esta situación. Los socialistas van un poco más allá y subrayan que «hay mejor disposición que hace cinco meses. Podemos aprobar tres candidatos y dejar uno vacante. Esta semana será crucial y vamos a hacer un esfuerzo para hablar con el PP en todos los niveles». Igualmente, en CiU aseguran que «estamos de acuerdo en facilitar el desbloqueo de la renovación, siempre y cuando haya un representante propuesto por el Parlamento de Cataluña».
Alcanzado el acuerdo sobre estos tres nombres, el cuarto quedaría pendiente de una negociación posterior que, como adelantó ABC, implica otras instituciones pendientes de renovación, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, así como los cuatro vocales del TC propuestos por el Congreso, que tienen que comenzar a negociarse. En este sentido, después de la carta que le envió la presidenta del TC, María Emilia Casas, al presidente de la Cámara Baja, José Bono, el pasado mes de julio, instándole a poner en marcha el proceso de renovación, el proceso no debería demorarse. Bono pedirá a los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces que presenten sus candidatos. Las fuentes consultadas indican que «la velocidad del acuerdo global se puede disparar cuando empiece la renovación en el Congreso, que Bono no ha activado aún, al contrario que Rojo». Las riendas de esta negociación la llevan directamente el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo.
Se pregunta la crónica de ABC por qué se les presta tanta atención a los votos de los senadores nacionalistas catalanes para sacar adelante la renovación del TC, si no inclinarán la balanza en uno u otro sentido, ya que la mayoría del PP y PSOE permite sacar adelante los nombramientos... La explicación podría estar en una estrategia de ambas formaciones políticas para congraciarse con CiU, fuerza a la que todas las encuestas dan como triunfadora en las próximas elecciones autonómicas. El juego de alianzas y los apoyos necesarios para garantizar una mayoría estable de gobierno, parece que han jugado a favor de esta renovación, que está bloqueada desde 2007. A nadie escapa que ello puede ser así, aunque ninguna de las fuentes consultadas quiere reconocer que, sin ser imprescindible para la renovación del TC, a CiU se le ha dado un papel relevante, que no había tenido a lo largo de todo este largo y tedioso proceso. Nadie se cree a estas alturas que la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato está caducado, se negocia en los pasillos del Senado y el Congreso. Aunque es Carmela Silva, la portavoz socialista en la Cámara Alta, la que pone la voz y, en el caso del PP, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la que da la cara, el acuerdo se negocia al más alto nivel. Los verdaderos muñidores del acuerdo son el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo. Ellos son los que tienen sobre el tablero de la mesa las fichas de una jugada en la que se deciden otras instituciones del Estado, como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Cualquier movimiento no es baladí, todo está medido y tiene su contrapartida en el ring de la política.
En todo caso, es evidente que se han vuelto a `parar los relojes para resolver la renovación pendiente...

EL GALLEGO, LENGUA DE CONTACTO INICIAL DE LA XUNTA.- Los impulsores de las tres lenguas “regionales”, catalán, vasco y gallego, tienen una misma preocupación, a la hora de normalizar su propia lengua: cómo conseguir que predomine sobre el castellano... El plan de normalización del uso del euskera y la doctrina que aplican desde hace años ayuntamientos como el de San Sebastián reflejan que, en las comunicaciones con los ciudadanos, «se garantizará la primera recepción y la atención posterior en euskera», lo que obliga a los funcionarios a pronunciar siempre la primera palabra en vasco y a proseguir la comunicación en la lengua elegida por el administrado. Pues bien, según relata este jueves el diario La Voz de Galicia, este principio inspiró el acuerdo alcanzado el miércoles en el Parlamento gallego por todos los grupos políticos, mediante el cual se estipula que el gallego se convertirá en la lengua «de contacto inicial» de la Xunta. De manera que frases como «bos días, en que podo axudarlle» serían las coletillas que pronunciarían, de oficio, al lado del mostrador o del teléfono, los trabajadores de la Administración autonómica, independientemente de la lengua de su interlocutor. Eso es al menos lo que se desprende del pacto refrendado en la Comisión parlamentaria Institucional a iniciativa del grupo del BNG, que, no obstante, tuvo que rebajar el alcance de sus exigencias para sumar el apoyo del PSdeG y el PP. El acuerdo final, en efecto, emplaza al Gobierno autónomo a tomar las medidas necesarias para que el gallego sea la «lingua xeral de referencia», tanto a nivel escrito como oral, aunque garantizando en todo caso la cooficialidad lingüística establecida en la Constitución y en el Estatuto. Por esta razón, el gallego será el idioma de «contacto inicial» entre el funcionario y el administrado, tanto en las relaciones presenciales como en las telefónicas, pero sin perjuicio del derecho ciudadano a ser atendido en la lengua oficial de su preferencia. El grupo nacionalista pretendía ir un poco más en su iniciativa al proponer que la Xunta tuviese en cuentas los criterios lingüísticos en la asignación de empleados a los servicios de atención al público, de tal forma que tras la ventanilla o al otro lado del hilo telefónico se coloquen personas que conozcan las dos lenguas. En cambio, tanto el PSdeG como el PP presentaron enmiendas al texto del BNG suprimiendo ese punto, que el diputado popular Agustín Baamonde calificó de «inaceptable» por el convencimiento de que su aplicación podría dar lugar a «discriminacións». También el socialista José Manuel Lage se pronunció en el mismo sentido, arguyendo que apostaba por la «oferta positiva, por el uso del gallego de forma preferente en la relación de la Administración autonómica, pero preservando también el derecho constitucional de los cidadáns a ser atendidos en otra lengua oficial». El autor de la iniciativa, el nacionalista Bieito Lobeira, accedió a rebajar su propuesta y aunque en el debate primó el espíritu de consenso entre los grupos, no ahorró críticas al Gobierno de Feijoo y al PP, grupo al que acusó de «confundir el amor con el sexo», que lleva a los conservadores a mantener una relación «claramente sexual, diría más, sádica» con el idioma propio de Galicia, hasta el punto de arriesgarse a matarlo.
Un debate parecido se mantiene sobre el uso del catalán en las relaciones corrientes de los establecimientos comerciales y sus clientes. ¿Qué lengua emplear preferentemente? ¿Por cuál empezar, en la pelea de catalán y castellano?