ALICIA LOS MATA BIEN MUERTOS, OTRO DDESLIZ DEL PP SOBRE LOS INMIGRANTES. IRLANDA Y PORTUGAL, AL BORDE DE LA INTERVENCIÓN POR LA UE-FMI

ALICIA LOS MATA BIEN MUERTOS.- La atención electoral catalana va por barrios,. Si hace unos días reclama atenciones particulares Joan Puigcercós por su denuncia de que ni madrileños ni andaluces pagan al fisco lo que debieran, ahora las atenciones se centran en la campaña de la candidata del PP, Alicia Sánchez Camacho, ya de por sí, y desde los primeros momentos de la campaña, con partiocular atención puesta en los inmigrantes que trabajan en Cataluña. En este caso, lo que ha reclamado atenciones es un juego de ordenador. Un juego interactivo es de lo más sencillo: se trata de sumar puntos destruyendo personajes e iconos. La heroína es, en efecto, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, quien, a lomos de una gaviota llamada Pepe, va disparando a todo lo que se mueve para "sacar" a Cataluña de la crisis. Pero eso que se mueve, los malos a destruir, son inmigrantes "ilegales" (así los califica) que se lanzan desde una avioneta en paracaídas, e independentistas catalanes. Aparecen también imágenes de la cultura catalana y española, como barretinas, monteras, butifarras y paellas. Cuantas más se abaten, más puntos se obtienen. La reacción ha sido fulminante: A primera hora de la tarde del martes, cuando los servicios de prensa del PP anunciaron el lanzamiento del juego en Internet -y una versión para móviles-, la página se colapsó por las miles de entradas registradas. Posteriormente, sobre las diez de la noche, lo retiraron de la web. El partido explicó en un comunicado que la empresa desarrolladora no había seguido sus indicaciones. De esta forma, en el cartel que rezaba "inmigrantes ilegales" debía figurar la frase "mafias ilegales". El PP lamentó el supuesto error. Pero lo cierto es que ya en la noche del martes era imposible acceder al juego, que ofrecía este mensaje: "Aunque parezca mentira, este error no lo ha producido el presidente Montilla".El juego se denomina Rescate y está protagonizado por Alicia Croft, en referencia a la protagonista de la saga de videojuegos Tomb Raider, Lara Croft, que ha interpretado la actriz Angelina Jolie en el cine. Se pueden eliminar todas las imágenes o bien solo aquellas que supuestamente aluden a la simbología catalana o la española. También se lanzan unas bombillas que aparecen en la parte inferior de la pantalla y que representan las "ideas" que defiende el PP en esta campaña para salir de la crisis económica. Además de inmigrantes irregulares e independentistas, se puede destruir un zepelín con la bandera de la estrella independentista, una cola de parados, el despilfarro público, una boca cerrada que simboliza la "falta" de libertad lingüística en Cataluña, y los iconos de las pegatinas del toro y del burro catalán que se enganchan en la parte trasera de los vehículos.
Ya se ha recordado que la idea de destruir inmigrantes irregulares no es nueva, porque, en 2009, el partido italiano Liga Norte, publicó en su página de Facebook un juego en el que se acumulaban puntos hundiendo el mayor número posible de pateras que se acercaban a las costas de Italia. Fue, justamente, el verano en que, en ese país, se vivieron varias tragedias por la llegada de inmigrantes. También cabe recordar que el Partido Popular de Cataluña ya dio la semana pasada un nuevo paso en su campaña electoral basada en la crítica a la inmigración irregular. Alicia Sánchez Camacho presentó en Santa Coloma de Gramanet, localidad barcelonesa con alto índice de inmigración, una propuesta de contrato de convivencia por el que los inmigrantes se comprometerían a abandonar España si se quedan sin trabajo. En el mismo acto, Sánchez Camacho reveló que en su programa pedirá que los consistorios delaten a los sin papeles empadronados a la policía.
No es la primera vez que el PP, en su campaña catalana, muestra su “especial sensibilidad” hacia los inmigrantes, o por mejor decir, una indudable inclinación por esta preocupación de una parte de la sociedad catalana que entiende que “no cabemos todos”...
PORTUGAL, AL BORDE DE LA INTERVENCIÓN.- La proximidad geográfica es un factor que se está teniendo muy en cuenta a la hora de observar la crisis y sus sucesivos escenarios. Ahora mismo, los focos preferentes están puestos sobre Irlanda, en primer lugar, y de manera inmediata o paralela, sobre Portugal. Y como efecto de esa aproximación geográfica, tampoco aparece muy lejana la posición española, por muy distinta que sea a la economía de esos dos países de la zona euro, según se esfuerzan en señalar y explicar las autoridades y los expertos. Y dentro de España, no hay duda de que Galicia mira con curiosidad lo que está sucediendo o puede suceder en Portugal. De ese modo se explica el análisis que La Voz de Galicia ha publicado este martes sobre la situación lusa y la probabilidad de que Portugal termine resultando intervenida. Relata este mencionado diario que la aprobación de los Presupuestos de la República lusa con el beneplácito de la oposición, sirvió para alejar tan solo durante un mes el fantasma de una posible intervención de la economía portuguesa. El efecto de arrastre que ahora mismo está ejerciendo la crisis irlandesa, y la debilidad con la que desde el exterior se percibe al Gobierno de Sócrates, llevaron este lunes a la propia Administración lusa a preparar a su opinión pública ante una posible inminente intervención de sus finanzas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la activación de la ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. El ministro de Finanzas y peso pesado del Gobierno de Sócrates, Fernando Teixeira dos Santos, calificó así de «riesgo elevado» la posibilidad de que la economía portuguesa sea intervenida, aunque apuntó a Irlanda directamente de haber propiciado esa amenaza. «No nos enfrentamos a un problema nacional. Esto tiene que ver con la zona euro y su estabilidad, y por eso el contagio, en ese escenario, es más probable», apuntó en una entrevista concedida al Financial Times, considerada en Portugal como el anuncio de a lo que se enfrentará el país en breve. Y eso que Teixeira rebajó después el tono de sus declaraciones, asegurando que «esta solicitud no es inminente. No hay contactos, ya sea de forma formal o informal. El resto son rumores y especulaciones». El propio ministro había apuntado hace unos días que poco más que aceptar las reglas que marque el FMI podría hacer el Gobierno de Sócrates si los intereses de la deuda lusa a diez años superaban la barrera del 7%, como finalmente ocurrió la semana pasada, aunque ayer bajaron hasta el 6,74%. Pero Teixeira dos Santos avivó, además, otro debate instalado en Portugal, el de la posibilidad de abandonar el euro, como apuntó el fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores, Luis Amado, «dado lo extremo» de la economía lusa. Para Teixeira, podría ahorrar a Portugal el mal trato de los mercados que, asegura,está recibiendo, por equiparación de su economía con la griega y la irlandesa, país al que instó además a aceptar cuanto antes la ayuda que le ofrecen sus socios de la Unión Europea. «Probablemente nos verían de manera diferente si no estuviésemos en la zona euro», dijo el responsable de la economía lusa, que reconoció que «Portugal está en medio de una tempestad peligrosísima».

SE EXIGE MAYOR CONTROL DE LOS GASTOS AUTONÓMICOS.- El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha reclamado a las administraciones locales que comuniquen sus cuentas cada mes, y les advierte que podrían recortar gastos en sanidad y educación. Las Comunidades Autónomas, las diputaciones, las corporaciones locales y los ayuntamientos, deberán realizar ajustes para recortar el gasto público porque también son corresponsables en la credibilidad financiera del Estado. Éste es el mensaje que lanzaba este martes el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, para asegurar que, después de las medidas adoptadas por el Gobierno para acometer ajustes y recortes en el gasto público del Estado, ahora son las autonomías y otras administraciones locales las que deben hacer lo mismo. Según se cuenta en La Vanguardia, Ocaña argumenta que las administraciones territoriales "todavía tienen margen para realizar ajustes y recortes" y uno de esos ajustes podría ser "la aplicación del copago en la factura del gasto sanitario". Ocaña ha pedido a estas administraciones locales y autónomicas que hagan público sus balances y resultados cada mes. Estas palabras se enmarcan en la crisis de confianza de la deuda que viven las economías de la zona euro, después de que los responsables de Economía de la zona euro analicen hoy si Portugal e Irlanda necesitan un rescate financiero con dinero de las arcas comunitarias. "El Ejecutivo ha hecho ya los ajustes para la Administración central, pero el resto de administraciones todavía no ha hecho los recortes del gasto público y existe una asimetría", afirmaba Carlos Ocaña en su intervención en el foro Cinco Dias que se ha celebrado esta martes en Madrid. Según el alto cargo del ministerio de Economía y Hacienda, las comunidades autónomas tienen "margen de maniobra" para realizar ajustes adicionales. Ocaña también ha pedido a las administraciones autonómicas "que realicen un mayor esfuerzo para aumentar su transparencia" y les ha instado a que, "en un primer momento, tienen margen para reducir el gasto en empresas públicas, número de funcionarios, inversiones y consorcios". Ocaña no descarta que, en un futuro y en una segunda fase, las comunidades autónomas deban aprobar recortes en sanidad y educación. En cuanto a la propuesta del candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, de negociar en la próxima legislatura el concierto económico para Cataluña, Ocaña ha asegurado que esta propuesta "es inviable". "El sistema actual es reciente, garantiza los servicios, y es equilibrado y justo. Se aprobó hace un año y la propuesta de concierto económico para Cataluña no es una buena idea", ha afirmado Carlos Ocaña.. 
EL ESTRENO DE TRINIDAD JIMÉNEZ.- Cuando llegó y se hizo cargo de la cartera ministerial de Sanidad Trinidad Jiménez, estalló el gran miedo de la nueva gripe que nunca llegamos a experimentar, felizmente. Pero ocupó mucho tiempo y dedicó gran esfuerzo a prevenir la gripe que habría de salvarnos a todos de la amenaza de aquel mal. Ahora, su nuevo estreno como titular de Exteriores recuerda aquel otro aterrizaje: ha sustituido a Moratinos en los días en que e desencadenaba la gran tormenta sobre el Sahara y los saharauis, y ha proporcionado una impresión que a muchos, propios y extraños, ha parecido de insuficiente dominio y de demasiadas contemplaciones y amabilidades con el vecino del sur. Trinidad Jiménez, que no es nueva en el escenario de la diplomacia y la política exterior, tiene ante sí, según reconocimiento general, a un toro de grandes dimensiones y de gran riesgo, como tiene que estar comprobando. Frente a muchas décadas de olvido de los saharauis y sus pretensiones independentistas o autonomistas, el Rey Mohamed VI hace uso de sus atribuciones casi ilimitadas y ajenas a cualquier cortapisa de sus propios propósitos, hechos realidad forzosa: los saharauis son parte indiscutible de Marruecos y nada ni nadie impedirá ese destino, sostienen en los palacios de Rabat. En esa coyuntura, a la ministra Jiménez corresponde, según propósito marroquí, participar en un juego de bolillos que pudiera resultar entretenido si no hubiera derramamiento de sangre y desprecio brutal de los derechos humanos de miles de ciudadanos. La ministra Jiménez alega que aún le faltan datos para comprometer su condena de los hechos, y los ministros de Marruecos le están ayudando a formar criterio sobre lo sucedido y sus antecedentes: viene a decirnos Marruecos que frente a sus buenos modos y propósitos de buena fe, tuvieron que vérselas con la agresión de unos pocos delincuentes llegados al campamento instalado en las proximidades de El Aaiún, que las fuerzas de seguridad marroquíes destruyeron a sangre y fuego hace diez días. ¿Con qué resultados? También en esta materia del balance último del episodio hay gran desconocimiento y versiones contrarias. Pero estamos muy lejos de saber el número de víctimas de cada parte, en esta batalla, parece que descomunal, que se produjo entre las tiendas del campamento. Tal vez la visita del ministro marroquí del Interior, que conversará con su colega español, el vicepresidente Pérez Rubalcaba, dé algunas pistas más sólidas que las que han llegado a la opinión pública española en las últimas semanas. Una opinión pública que tiene que digerir y asimilar las visiones nada coincidentes de un Polisario en combate, unos activistas también en lucha, una tradición de solidaridad con los más desfavorecidos, un complejo de culpa por haber abandonado a los saharauis que fueron españoles hasta la muerte de Franco, y una instigación permanente de la Oposición contra la incapacidad e incompetencia del gobierno en todos los frentes... Demasiadas vías de comunicación frente a la ignorancia generalizada de lo que efectivamente sucedió y de los propósitos que Marruecos tiene sobre esos desventurados ciudadanos del desierto. Trinidad Jiménez, convencida de que ante todo debe mantener las relaciones de cordialidad con Rabat, parece haberse tomado un tiempo para tener la mejor información posible antes de comprometerse en la búsqueda de alguna clase de solución, pero muy consciente de la problemática situación que deberá afrontar en la cartera ministerial que está estrenando: le consta que estuvimos del lado de los saharauis para obtener la correspondiente autodeterminación, acaso en forma de provincia autonómica de Marruecos que hoy parece meta difícil de conseguir. Posiblemente un estallido como el producido en el campamento cercado a El Aaiún pueda haber sido un elemento feliz y oportuno, paradójicamente, para desencallar un problema encallado y canalla...

BARREDA VUELVE A DISCREPAR DE ZP.- El presidente de la Comunidad Castellano manchega, José María Barreda, se ha venido caracterizando en los últimos tiempos por discrepar o disentir de algunas de las iniciativas de su “jefe natural”, el secretario general del PSOE, y presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Barreda parece que había quedado satisfecho, en las últimas semanas, con dos novedades recientes: primera, que se atendió su deseo de que el gobierno fuera modificado y potenciado en sus figuras políticas, y además, por convertirse en secretario-portavoz del comité territorial del PSOE; que reúne a los barones territoriales con los restantes altos cargos de la administración pública, todos con el mismo carnet. Barreda parecía satisfecho con estas prerrogativas... Pero no ha sido suficiente, y anoche, en la televisión “La Diez” de Vocento, Barreda se explayaba con ideas propias y distintas a las de Zapatero en materia de confesionalidad. Exactamente, sostiene Barreda que el discurso laicista de Zapatero puede tener una rentabilidad electoral en determinadas comunidades autónomas, pero no tienen buen acomodo en regiones como Castilla-La Mancha. «La inmensa mayoría de la población se declara católica y hay que gobernar para la inmensa mayoría, respetando a las minorías», afirmó Barreda cuando se le preguntó por el mitin del pasado domingo en Barcelona, en el que Zapatero aseguró que España ha vivido «décadas y décadas» en las que se han tenido que aceptar «las leyes, los códigos de conducta y una determinada forma de ver la vida y la religión».
Según relata el diario ABC, del mismo grupo editorial que La Diez de Vocento, no fue ésta la única discrepancia que el presidente castellano-manchego expresó con respecto a la política del Gobierno. También se mostró crítico con lo sucedido en el Sahara, aunque consideró que a Zapatero «le ha podido la responsabilidad de Estado de querer llevarse bien con un vecino, Marruecos, que es importantísimo desde un punto de vista geopolítico, entre otras cosas para contener al fundamentalismo en el norte de África».
En relación con la política económica, admitió que los socialistas han tomado medidas, como la reforma laboral o la congelación de las pensiones, que «rompen con la historia de los socialistas», y por eso abogó por «hacer pedagogía y explicar medidas impopulares que no son comprendidas. En cualquier caso, también en este punto quiso alejarse de Moncloa, pues al contrario de lo que ha hecho Zapatero, «en Castilla-La Mancha no hemos subido los impuestos ya que forma parte del pacto entre los agentes sociales». Ya metido en asuntos más domésticos, volvió a rechazar la creación de una comisión de investigación sobre el caso de Caja Castilla-La Mancha, que según él ha sido ampliamente debatido en las Cortes regionales. Y además convocó a un debate a su contrincante, María Dolores de Cospedal, que también estará en Noche 10 para contestar a las preguntas de los contertulios del programa. Será el próximo jueves, dentro del programa que conduce Ángel Expósito.
En el seno del PSOE se explica el nerviosismo de Barreda precisamente por la incertidumbre que le suponen las elecciones de marzo próximo, cuando deberá confrontar su propia candidatura con la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Según las encuestas, la situación está muy empatada, y no resultará fácil inclinarse por uno u otra...

DEBATE INTERNO EN EL PP SOBRE LOS INMIGRANTES.- Los intereses electorales de un partido político no siempre coinciden en las diversas comunidades autónomas, según explica y trata de demostrar con un ejemplo El Confidencial. Cuenta cómo el Partido Popular está sufriendo una de estas contradicciones a raíz de los comicios en Cataluña, donde ha apostado por la inmigración como uno de los ejes de campaña. La dureza de Alicia Sánchez-Camacho, sin embargo, choca frontalmente con la estrategia de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, quienes miman a este colectivo con creciente presencia en las urnas. Mientras, Mariano Rajoy, volcado en la campaña catalana, trata de mantener su propio discurso de cara a las Generales de 2012. Menciona cómo, este domingo, Gallardón recordaba en las páginas de El País que "los datos estadísticos acreditan que el uso, por parte de la población inmigrante, de los servicios sanitarios, no es superior al porcentaje que ellos representan dentro de la población". Un mensaje muy diferente al que sostuvo su colega Alberto Fernández Díaz, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, para quien "sectores de población inmigrada convierten en un verdadero abuso el acceso y derecho a la sanidad".  La buena sintonía entre el PP de Madrid y los colectivos inmigrantes quedó patente a finales de octubre, cuando los "nuevos madrileños" protagonizaron una de las mesas redondas de la Convención Regional de este partido. Bajo el título, "los retos ante 500.000 nuevas voces madrileñas", Ana María Román, presidenta de la asociación rumana Integramas, elogió el mandato de José María Aznar porque "fue diferente, ahora estamos hundidos en la crisis con el actual Gobierno". "Me gustaría que Zapatero mirara a los ojos de mi amiga Mikaela: le quitaron la casa y no tiene empleo", lamentó Román. La formación que lidera Aguirre también ha aprovechado los problemas de los extranjeros para arremeter contra el Ejecutivo nacional. Durante la citada Convención, Washington Tobar, ecuatoriano integrante de la Ejecutiva popular, denunció la "persecución" de Rubalcaba, a quien describió como "el capitán de las redadas". Asimismo, recordó a los inmigrantes que "tenemos que elegir bien al votar para acabar con el desempleo". "Llegué en el 2000, cuando gobernaba el PP, y había trabajo para elegir", relató Tobar.
Otro buen ejemplo del contraste entre el PP madrileño y el catalán fue el rechazo del primero a la última reforma de la Ley de Extranjería, el pasado diciembre. Para los populares que lidera Aguirre, se trató de "un nuevo atentado contra el bienestar de los inmigrantes", porque "las comunidades autónomas tendrán el poder de denegar la renovación de los permisos de residencia, si consideran que no se han integrado suficientemente bien". "En Cataluña supondrá ante todo que hayan aprendido catalán", advertía la formación. Ahora, es el PP de Cataluña quien pone el acento en controlar la integración de los extranjeros con un contrato. Sánchez-Camacho ha recuperado esta propuesta electoral de Rajoy en 2008 para convertirla en la seña de identidad de su programa. El contrato exige respetar los valores y costumbres de España, aprender los idiomas oficiales de Cataluña, trabajar activamente para integrarse y regresar a su país, si no pueden mantenerse por sí mismos al quedarse sin trabajo. Además, SOS Racismo ha denunciado a Javier García Albiol, líder popular en Badalona, por incitación al odio y a la discriminación.
Por su parte, Rajoy aseguró  en el inicio de campaña en Cataluña que no admite lecciones sobre derechos humanos. "Yo soy gallego. Sé lo que es emigrar. Mucha gente de mi tierra se ha ido a ganarse la vida. Estoy a favor de que quien quiera ganarse la vida y no pueda hacerlo en su país, lo haga. Ésa es la historia de la humanidad y de mi tierra", afirmó el viernes en Gerona junto a Sánchez-Camacho. No obstante, añadió: "Estas cosas necesitan orden y control, la capacidad no es ilimitada. Ha habido mucha demagogia. Quiero que venga todo el mundo, pero según la capacidad de acogida". Un discurso con matices para un PP donde habitan dos posturas muy distintas sobre cómo abordar la inmigración.
GALLARDON QUIERE DEJAR A ANA BOTELLA LA ALCALDÍA.- No es la primera vez que surge la especulación. Ahora vuelve de la mano del líder del socialismo madrileño. En efecto, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, cuestionó este lunes, desde un punto de vista político, la operación diseñada por Alberto Ruiz-Gallardón de cara a las listas electorales al Ayuntamiento de Madrid: presentarse como cabeza de lista por el PP para, en el plazo de un año, saltar a la política nacional y dejar a Ana Botella como alcaldesa, según cuenta el Confidencial. “Dudo que el PP vaya a dejar a Gallardón progresar en esa línea, se trataría de un ejercicio de equilibrismo político difícil de explicar a los electores”, considera Gómez. La posibilidad de que Gallardón encumbre a Botella como la primera mujer regidora de la capital de España saltó a los medios a principios de 2009 y el propio Gallardón lo ha reconocido en reuniones privadas. Gallardón, al albur de la polémica por las primarias que celebró el PSM, siempre ha resaltado que a lo largo de su carrera política se ha caracterizado por cumplir sus compromisos. Sin embargo, las últimas semanas, tras algunas encuestas que le sitúan como el candidato del PP mejor posicionado a la presidencia del Gobierno en el 2012, Gallardón ha redoblado su presencia en actos de carácter estatal, al tiempo que desde el PP se difundió la semana pasada que será el número dos de Mariano Rajoy. En ese contexto, El País, diario de referencia de Gallardón, le presentaba en una entrevista difundida el pasado domingo como el “candidato a ministro de Rajoy”. En ella, Gallardón evalúa la gestión de otros presidentes, como los recortes sociales de Cameron y las polémicas manifestaciones de Felipe González. Con respecto a su posible sucesor en la alcaldía, el regidor considera que Ana Botella tiene “todas las condiciones para realizar cualquier tarea que se le encomiende, cualquier responsabilidad que tenga que asumir en el futuro, la hará con eficacia y una enorme cercanía a los ciudadanos”. El rechazo al contacto con los ciudadanos, su aversión a los actos populares ha sido, precisamente, una de las críticas más reiteradas a la gestión de Gallardón. Pues bien, desde las filas del PSM consideran que esa candidatura encubierta de Ana Botella, que iría de “número tres” en las listas, sería, de facto, un engaño a los electores. “Botella es una mala gestora. El área de Medio Ambiente es una de las que más problemas tiene: han puesto la tasa de basuras pero, en materia de limpieza, los distritos están abandonados a su suerte. Además, desde un punto de vista político, no se puede poner de cabeza de lista a una persona porque tenga más tirón para, después, dejar en su puesto a otra que representa el sector más radical del partido. Insisto, sería un ejercicio de equilibrismo político difícilmente justificable”, enfatiza Gómez.
Por cierto, que en las mencionadas declaraciones a El País, Gallardón recupera un discurso propio e independiente y distinto al de Rajoy con respecto a temas que han marcado la agenda política del PP, como el rechazo a las leyes que regulan el matrimonio entre homosexuales o la interrupción voluntaria del embarazo. Frente a ambas normativas, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Rajoy manifestó recientemente que, si llega a la Moncloa, derogará la ley que considera que la unión entre parejas del mismo sexo es un matrimonio. Gallardón, que como alcalde ha oficiado algún matrimonio entre homosexuales, afirma, en cambio, que dejará en vigor esa norma si la avala el TC. Esas manifestaciones del alcalde podrían estar orientadas a recabar los apoyos necesarios para ser elegido presidente del Congreso de los Diputados, como se baraja en su entorno, puesto en el que sucedería a José Bono.

LOS AGENTES DE TRÁFICO DEJARON DE PONER 334.000 MULTAS.- Querían protestar y hacerlo donde más duele: dañando las arcas recaudatorias del Estado. Los agentes de La Dirección General de Tráfico (DGT) pusieron este verano (entre los meses de mayo y septiembre), 344.000 multas menos de tráfico, una bajada del 34% respecto a los mismos meses de 2009, según estimaciones que hoy hace el diario Veinte Minutos. Ellos la han llamado ‘huelga de bolis caídos’, y su protesta ha provocado que el Estado haya recaudado entre 77 y 80 millones menos de euros. Los agentes no ignoran las infracciones; advierten a los conductores, en vez de multarlos... Aunque no se trata de una huelga oficial (ya que los guardias civiles no pueden hacerla), los agentes se coordinaron para empezar a poner menos sanciones desde mayo. Ese mes sólo pusieron 170.000, 49.000 menos (una bajada del 22%). En junio se pasó desde las 188.000 denuncias de 2009 a las 94.500 de este año (una reducción del 50%). En julio se pasó de 177.000 a 98.000 (un 44% menos). En agosto, de 183.700 a 118.000 (un 35% menos), y en septiembre, de 177.000 a 122.000 (un 31% menos), según los datos a los que ha tenido acceso 20 minutos.
La protesta ha sido generalizada y las multas han bajado en 43 de las 44 áreas en las que la DGT divide las carreteras españolas (están excluidas Cataluña y el País Vasco). Los agentes de Sevilla, Valencia, A Coruña y Asturias han liderado la ‘huelga’. Sólo en Granada se han puesto más multas que el año pasado. El modo de actuar de los agentes no ha sido el de inhibirse ante una infracción. Una vez que paraban al conductor infractor, le advertían, en lugar de ponerle la multa. Las estadísticas revelan que esta huelga encubierta ha frenado una tendencia alcista. Entre enero y abril, los agentes pusieron 51.177 multas más que en el mismo periodo del año anterior. Los auxilios en carretera no se han visto afectados. La Benemérita ha realizado hasta septiembre 970.928, un 10% más.
Desde la Asociación Unificada de la Guardia civil, AUGC, explican que la protesta generalizada en la DGT está provocada por una serie de incumplimientos por parte de Interior. "No se trata sólo, explican, de que nos hayan bajado el sueldo un 5%, sino que queremos la misma jornada laboral que un policía nacional". Mientras que éste tiene una jornada mensual de 144 horas, la de los guardias varía entre 160 y 166 horas. "Y encima, por menos sueldo", señalan en la AUGC, que avisan de que la ‘huelga de bolis caídos’ se puede recrudecer en diciembre, cuando los agentes miren que su paga extra se ha reducido entre 300 y 500 a, en función del rango. Las estadísticas también revelan que la protesta de los agentes, aunque generalizada, no ha tenido los mismos resultados en todas las zonas. Madrid se divide en dos, y mientras que en el área norte se han puesto 10.000 sanciones menos, en la sur la reducción sólo ha sido de 596, una cifra simbólica. "Y es que los mandos presionan mucho", aseguran desde la AUGC. "Las penalizaciones salariales por no multar ya se han empezado a aplicar en Madrid", explican en la Unión de Guardias, UGC.

EL POZO SIN FONDO DE LAS TV REGIONALES.- Fue la secretaria general del PP, y candidata a la presidencia Castellano-Manchega, María Dolores de Cospedal, quien abrió el pasado mes de septiembre la caja de los truenos al proponer la porivatización de la TV pública manchega. Dijo entonces: “Ahorraríamos hasta 50.000 millones de las antiguas pesetas”, según recuerda ahora El Confidencial. Pues bien, un informe presentado este lunes por las cadenas privadas (Uteca), cuantifica el pozo sin fondo que suponen las cadenas regionales. Sin ir más lejos, los trece grupos autonómicos de radiotelevisión perdieron 772,3 millones en 2009, una cifra que se eleva a 1.586 millones -un 5,7% más que el año anterior- si se suman los 813,7 millones percibidos en subvenciones. “Es el mejor ejemplo de despilfarro público, y el más grave. Es insostenible”, aseguró el consejero delegado de Antena 3, Silvio González, durante su ponencia en la Jornada Anual Uteca 2010. Y dio cifras inquietantes que demuestran que los gobiernos autonómicos parecen no haber echado el freno pese a la crisis económica. Por ejemplo, aseguró que las cadenas autonómicas acumulan una deuda reconocida de 1.480 millones de euros y que, pese a ello, prevén gastar el año próximo más de 1.860 millones. Un montante que supone de media el 1,1% del dinero de que dispondrán sus comunidades autónomas. “Venden sus espacios publicitarios un 30% más baratos y en la primera mitad del año se han hecho con el 10% de la inversión liberada por TVE en el mercado nacional”, denunció el primer ejecutivo de la cadena de Planeta. También lamentó que pujen con alegría por contenidos premium con dinero público. Y es que las críticas de las televisiones privadas no son inocentes: su siguiente objetivo es absorber también la publicidad de las autonómicas tras lograr el final de la publicidad en TVE. Una meta más que apetecible después de que González admitiera que se han quedado con el 100% del dinero liberado por la televisión pública estatal. ¿Solución para financiar las cadenas regionales? González sugirió que se establezca un canon. “Es hora de que estas otras televisiones, sobre todo las agrupadas en la Forta, salgan de los presupuestos públicos y se financien con una tasa –respaldó Alejandro Echevarría, presidente de Uteca-. No se entiende que se haya establecido un canon digital para subvencionar a las entidades privadas de gestión de derechos de autor y, por el contrario, los políticos no se atrevan a crear el que financie la televisión pública”. El también presidente de Telecinco insistió en que no tiene sentido “una televisión pública nacional sin publicidad y otra pública autonómica y municipal con publicidad y generando déficit de explotación en cada ejercicio”.
En el caso de RTVE, las subvenciones ascendieron a 547,9 millones en 2009, lo que eleva la cifra de subsidios recibidos por el conjunto de la televisión pública a 1.362 millones de euros, un incremento del 26% respecto al año anterior. “Durante el periodo comprendido desde el ejercicio 2006 hasta la fecha, el incremento total del importe de las subvenciones ha sido del 48%”, reza el informe de Deloitte. Mantener estas cadenas no es barato. El coste neto por hogar de la televisión pública se situó en 144 euros por hogar en términos netos, frente a los 130 del año anterior. Las televisiones públicas autonómicas cuestan 110 euros por hogar, frente a los 34 de la estatal. Otro elemento que invita a la reflexión es la falta de contención de las cadenas públicas en gastos de personal: se incrementaron un 6% en 2009 tanto en la televisión estatal como en la autonómica pese a la crisis económica.“Ya veo que las televisiones autonómicas están siendo especialmente queridas por Uteca”, dijo con ironía el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su intervención de clausura de las jornadas.
Las tesis de De Cospedal coinciden con las defendidas desde instancias como CEOE. Según un documento elaborado por la patronal el pasado mes de julio titulado Propuestas de CEOE para recuperar la confianza en la economía española, es necesario reducir las subvenciones destinadas a la prestación de determinados servicios públicos. “Han de abordarse también las pérdidas del sector público empresarial que ha crecido intensamente en las comunidades autónomas en los últimos años y de algunas empresas públicas. Un ejemplo orientativo sería el de las televisiones públicas, fuertemente endeudadas, que generan elevados déficit y que podrían ser privatizadas”, sostiene el texto del empresariado citado ahora por El Confidencial.

LOS ADOLESCENTES ACCEDEN A BEBIDAS CON FACILIDAD.- El catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto (Bilbao) Javier Elzo manifestó este lunes que el Parlamento debe estudiar si hay que bajar el límite legal para consumir alcohol desde los 18 años actuales a 16 o 17, aunque precisó que sí debe mantenerse un mínimo. Tras presentar el libro Hablemos del alcohol: por un nuevo paradigma del beber adolescente, del que es coordinador, Elzo subrayó que hay que acabar con las «actuales disfunciones» que existen entre la edad legal para ingresar en la cárcel, poder tomar la píldora poscoital y consumir alcohol. Cree que esas diferencias de edades «se dan de tortas actualmente».
El libro, promovido por la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) y en el que han participado prestigiosos sociólogos y médicos, entre otros expertos, propone elaborar una «pedagogía del beber» para cambiar el actual modelo prohibicionista por otro basado en la educación y la prevención. «No se trata de decir vamos a prohibir beber, sino vamos a aprender a beber bien, a aprender a hacerlo en casa», precisó el catedrático de Filosofía José Antonio Marina, otro de los autores del volumen. La obra, inspirada en una publicación internacional llamada Drinking in context, aunque centrada en la realidad española, parte de datos como que un 61% de los jóvenes consumen alcohol habitualmente, que el 70% se iniciaron en el consumo entre los 13 y los 16 años o que la mitad de los adolescentes dicen emborracharse como mínimo una vez cada dos meses. La segunda premisa en la que se basa el libro es que, a pesar de que en España está prohibida por ley la venta de alcohol a menores de 18 años, el 94% de ellos aseguran no encontrar trabas para adquirir bebidas de este tipo. Eso significa, según Javier Elzo, que «probablemente no hay una ley más incumplida en España». En opinión de este sociólogo, es necesaria una norma, «pero hay que saber prohibir de forma inteligente». Por su parte, Marina puso de relieve el fracaso del modelo basado únicamente en la prohibición por ley y en las argumentaciones médicas, y defendió otro que se base preferentemente en consideraciones éticas y sociales.