LAS26 LEYES DEL GOBIERNO, MONTILLAY SU EVENTUAL SUCESIÓN EN EL PSC. EL JUEZ DEL SUPREMO CONTRA GARZÓN Y PEDREIRA

LAS 26 LEYES QUE SE ANUNCIAN.- La oposición ya se adelantó el viernes a opinar que no hay tiempo suficiente para que Zapatero pueda aprobar las leyes que se propone, en el plazo de quince meses que restan de legislatura. Y a cualquier se le ocurre que tramitar 26 leyes entre este diciembre y antes de las elecciones de mayo de 2016, resultaría un esfuerzo espectacular. Pero recuerda este sábado El País que nada más reformar su Gobierno, el pasado 22 de octubre, Rodríguez Zapatero encargó a Pérez Rubalcaba, la puesta en marcha de una nueva agenda social, entendida como respuesta progresista a la salida a la crisis, que pusiera de manifiesto la recuperación del impulso social del nuevo Gabinete para el tramo final de la legislatura. Este es el encargo que se materializó con la aprobación por el Consejo de Ministros de un calendario de 26 leyes con las que el Gobierno busca recuperar la iniciativa tras el bloqueo de mayo. La agenda es sumamente variada; desde la ley Concursal (para recortar coste y plazos en los concursos de acreedores), pasando por la ley Integral de Igualdad de Trato (contra la discriminación por sexo, raza...), la ley de Nuevas Tecnologías en Justicia (que agilizará trámites con la Administración), ley General de Telecomunicaciones (que afectará al teléfono fijo, móvil e Internet), hasta la ley de Reforma de la Seguridad Social en Materia de Pensiones (sin fecha, y a la espera del dictamen del Pacto de Toledo), ley de Reforma de las Políticas Activas de Empleo (para ayudar a parados con dificultades para encontrar un empleo), ley de Modificación del Código Civil en materia de patria potestad, tutela y sucesiones en relación con la violencia de género y la violencia doméstica, ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (agilizará trámites complejos), ley de Regulación del Juego, ley de Residuos y Suelos Contaminados (delimitará competencias dispersas), ley de Servicios Profesionales (afectará fundamentalmente a las ingenierías), ley Reguladora de la Jurisdicción Social (traspasará a este orden competencias del Civil o del Contencioso Administrativo), ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano (sobre rehabilitaciones), ley de Negociación Colectiva (clave para aplicar la nueva reforma laboral), ley del Gobierno Local (adaptará a la situación actual una norma de 1995), ley sobre Cuidados Paliativos y Muerte Digna (para el derecho a morir sin dolor), ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación, ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias (protege a las mujeres que trabajan en el campo), ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables (esencial para reducir las emisiones y asegurar el abastecimiento), ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Consejos Territoriales (otorga a estos competencias del CGPJ), ley de Universalización de la Cobertura Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (beneficiará a unos 200.000 ciudadanos), ley por la que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general (afectará a empresas de todo tipo, como aseguradoras o de telefonía), ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (una norma singular como la que tiene el Museo del Prado), ley de Mecenazgo, ley sobre Utilización de las Lenguas Cooficiales ante los Órganos del Estado (afectará a instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo de Estado), o ley Reguladora del Fondo de Capitalización para los Trabajadores (el conocido como modelo austriaco, permitirá al trabajador llevar consigo los derechos acumulados toda su vida)… A cada uno de estos propósitos, el Gobierno les pone fecha de tramitación, de manera que será fácil, en cualquier momento, saber si se cumple o no la previsión. Una cosa es relevante: La mayoría de estas normas quieren contribuir a la creación de empleo, y ya estamos viendo que unas merecen más atenciones que otras. Por ejemplo, una de las más novedosas es la Ley sobre Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que reforzará la regulación existente. Su objetivo es reconocer el derecho a fallecer sin dolor y con respeto a la intimidad del enfermo; validar su voluntad, expresada a través de instrumentos como el testamento vital; y regular el papel de la familia en caso de que no esté en condiciones de expresarse. La ley, prevista para marzo, determinará asimismo la extensión del sistema de cuidados paliativos, y de este modo dará seguridad al personal sanitario mediante la indicación de los derechos y obligaciones que les corresponden. No es una ley de eutanasia ni de inducción al suicidio, como aclaró Rubalcaba tras el Consejo de Ministros. La norma, defendid en el Consejo por la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, forma parte del paquete social con el que el Gobierno intenta retomar la iniciativa tras el bloqueo político que sufrió en mayo al aprobar el decreto de ajuste del déficit. La nueva agenda acompañará al proceso de reformas con las que el Gobierno tratará de impulsar la recuperación, motivado por el respaldo del PNV y CC, que le garantiza agotar la legislatura. Además, se quiere consensuar políticamente al máximo, incluso con el PP. Otras leyes, como la de negociación colectiva, vienen a completar la reforma del mercado laboral. Y muchas de ellas están recogidas ya en la Ley de Economía Sostenible, tantas veces anunciada, y que, finalmente, según Rubalcaba, aprobará el Consejo de Ministros en diciembre y será ratificada definitivamente en febrero. El objetivo último del Gobierno es aumentar la eficiencia del conjunto de prestaciones sociales, proteger a los colectivos más afectados por la crisis y abrir nuevos espacios a los derechos y libertades ciudadanas. De entre las leyes más novedosas, además de la mencionada sobre cuidados paliativos, destacan la Ley Integral de Igualdad de Trato; la modificación de artículos del Código Civil referentes a la violencia de género y doméstica; la Ley de Universalización de la Cobertura Sanitaria del Sistema Nacional de Salud; y la reguladora de los servicios de atención al cliente. La de igualdad de trato será aprobada el mes que viene por el Consejo de Ministros; y ya estaba prevista en el programa electoral del PSOE, que llevaba tiempo trabajando en ella. Trata de garantizar la equidad para erradicar cualquier forma de discriminación que tenga su origen en el nacimiento, origen social, sexo, religión, edad o discapacidad del individuo durante el conjunto de la vida personal, laboral, educativa o sanitaria. En enero deberá llegar una ley de Modificación del Código Civil que incluirá medidas para proteger a los menores víctimas de violencia doméstica, tales como la retirada de la patria potestad al padre maltratador o la inclusión de los hijos en la valoración forense de los maltratos. La Universalización de la Cobertura Sanitaria del Sistema Nacional de Salud incorpora a todos los ciudadanos sin excepción al derecho de protección de salud, y deberá afectará a unas 200.000 personas ahora excluidas del mismo desde la aprobación en 1986 la Ley General de Sanidad. Y la Ley de Calidad de los Servicios de Atención al Cliente de Empresas que prestan Servicios Económicos de Interés General pretende una regulación más amplia de los servicios de atención al cliente en las grandes corporaciones prestadoras de servicios universalizados.
No faltará quien diga que el Gobierno se dispone a afrontar la campaña electoral, y a terminar de cumplir sus compromisos de campaña, con muchas de estas leyes.
EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA.- De toda la larga relación de leyes, hasta 26, que anuncia el gobierno para su tramitación en lo que queda de legislatura, una ya ha merecido atenciones preferentes desde el primer momento, la que se refiere al derecho a morir dignamente y sin dolor. Deberá quedar aprobada en cuatro meses, y algunos medios ya la han estigmatizado antes de nacer: La Razón la llama la nueva prioridad del gobierno, y para La Gaceta es un “nuevo invento de Zapatero y otra artimaña progre”. Añade que el Gobierno amenaza con esta ley para disimular su caos. Hay, sin embargo, un precedente que frenará muchas críticas: una ley de esa naturaleza ya está en vigor en Andalucía, y mereció, en su momento, el apoyo de todos los partidos de la cámara andaluza. Arranca de algunas afirmaciones de difícil discusión: Primera, que todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. Y segunda, que la muerte también forma parte de la vida., y que una vida digna requiere una muerte digna. Son reflexiones que recogió, precisamente, el preámbulo de la ley de muerte digna andaluza, y que resumen el espíritu de la norma que aprobó el pasado mes de marzo el Parlamento autónomo con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, que, como ha recordado ahora el diario El País, “jugó al despiste durante toda la tramitación pero acabó decantándose a favor. Con todo, los populares forzaron que se votaran por separado los tres artículos del texto que le generaban más dudas morales y a los que se opuso”. Pero, en todo caso, resulta evidente que el mero anuncio de esta ley suscita desconfianzas. ¿A qué viene, en este momento, por qué ahora precisamente, qué ocultarán sus artículos? En El Mundo se recuerda que, sin ir más lejos., en Francia, se aprobó, también por unanimidad, hace cinco años, una ley que trata de cumplir los deseos del paciente terminal que tiene derecho a limitar o detener todo tratamiento, aunque le acorte su vida o le suponga la muerte. La norma francesa, en síntesis rechaza lo que se llama “encarnizamiento terapéutico o mantenimiento artificial de la vida. En cuanto a la ley andaluza, se recuerda en El País que no nació tanto para generar nuevos derechos a los enfermos terminales como para ordenar los existentes y fijar las obligaciones de los médicos. El caso de una granadina llamada Inmaculada Echevarría, mujer que pidió públicamente que le desconectaran del respirador que la mantenía con vida, marcó para el Gobierno andaluz un antes y un después. Las trabas que tuvo que superar Echevarría, y que le obligaron a exponer en público su agonía durante cuatro meses, hizo ver a la Junta que era necesario aclarar en un único texto legal conceptos y procedimientos que a menudo se confunden. Los fundamentales: muerte digna, eutanasia y suicidio asistido. La norma andaluza solo regula el primero y, dentro de él, apura al máximo los límites que fija el Código Penal. Pero se subraya que, aunque la mayoría de los derechos y deberes que recoge el texto andaluz ya estaban contemplados en la ley estatal de autonomía del paciente, la norma incluyó también algunas novedades, como el derecho a recibir sedaciones paliativas, aunque puedan acortar la vida, una práctica recomendada en textos europeos y estatales pero que se elevó por primera vez en España a la categoría de derecho en esta norma, que establece el derecho a recibir estos cuidados incluso a domicilio. También se garantiza la cobertura jurídica a los profesionales que atienden a los enfermos terminales, lo que supuestamente debe evitar que se repitan situaciones como las vividas en el hospital de Leganés (Madrid) por la actuación del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Ese es el aspecto, precisamente, que ha destacado en su portada el diario El País: “La ley para la muerte digna blindará la acción de los médicos”…Otro recuerdo de ese precedente andaluz: Para redactar el texto, la Junta creó un comité de expertos, que incluía a un sacerdote. En las semanas previas a su aprobación, los obispos andaluces emitieron un comunicado en el que respaldaban la ley al considerarla un paso adelante "en favor de la humanización del proceso de la muerte". Con todo, consideraron que algunos aspectos de la norma eran "ambiguos", y mostraron su preocupación por cuanto pudiera llevar a una "eutanasia encubierta".
Ahí, precisamente, está la razón y raíz de todos los recelos y desconfianzas.

LA SUCESIÓN DE JOSÉ MONTILLA.- Cuenta este sábado el diario barcelonés La Vanguardia que la consellera de Justicia y número 2 del PSC a las elecciones, Montserrat Tura, medita presentarse como posible candidata socialista a las próximas elecciones autonómicas, después de que el actual candidato, José Montilla, anunciara este viernes que no volverá a optar a la presidencia de la Generalitat. "Quizá me presente, pero quién sabe lo que pasará de aquí a 2014", ha declarado Tura en una entrevista en la una emisora de radio, horas después de que Montilla hiciera pública su decisión de no repetir como candidato del PSC. No es la primera vez que Montserrat Tura ha barajado dar el paso, aunque en esta ocasión ha sido en medio de una campaña electoral y con el anuncio de Montilla encima de la mesa.
En efecto, Montilla daba este viernes uno de los campanazos de una campaña electoral que no está pasando, precisamente, inadvertida, por los sucesivos golpes de efecto que buscan los candidatos: los ataques de Puigcercós a la deficiente aportación de madrileños y andaluces al Tesoro Público, los renovados ataques del PP a la política de inmigración, el vídeo eróticos del PSOE invitando a votar a Montilla, el vídeo semierótico de Nebreda amenazando con quitarse una toalla… Montilla utilizaba un desayuno informativo para anunciar que aspira a gobernar una segunda y última legislatura "para hacer lo que queda pendiente y lo que conviene a Cataluña", esta vez en solitario, "sin muletas", reafirmando así su compromiso de no volver a reeditar un gobierno tripartito. "Mi oferta es clara. Quiero una segunda legislatura, una más, para mantener el rumbo del Estatut y la cohesión social, para hacer, con un gobierno compacto, reducido y sólido lo que queda por hacer, concentrado en la lucha frontal y obsesiva contra la crisis, para abrir caminos de futuro para los catalanes que no quieren inventos ni falsos atajos", afirmó. Todo un programa de actuación en modos y maneras más que en propósitos y proyectos. ¿Convencerá Montilla con sus buenas palabras para que se le otorgue la última voluntad a la que, suele decirse, tienen derecho, incluso, los condenados? Como señala en su gran titular el diario La Vanguardia, una cosa es clara: “Montilla ha abierto el debate sucesorio” en plena campaña. Y Montserrat Tura, actual número 2 del PSC por Barcelona, ha dejado abierta la puerta a encabezar en el futuro la candidatura socialista a las autonómicas, aunque ha subrayado que aún queda mucho tiempo hasta entonces y que pueden pasar muchas cosas. Observan los analistas que José Montilla (nacido en Iznájar, Córdoba, en 1955) afronta la última semana de campaña electoral en Cataluña como la última oportunidad para despertar al electorado, aún bastante desmovilizado, del PSC. Esas bases del partido, se explica, siguen profundamente desmovilizadas por la crisis económica y por asuntos más internos, como el recorte del Estatuto o los equilibrios que han tenido que hacer los socialistas dentro del Gobierno tripartito catalán. El propio Montilla lo constata: “Nuestro electorado está especialmente tocado por la crisis y parte de la ciudadanía ve con particular desencanto que desde las Administraciones no se acaba de dar soluciones a la crisis. Los partidos de gobierno, especialmente los de izquierdas, notan mucho esta situación. Además, en Cataluña también hay desencanto en lo referente al autogobierno por la sentencia del Estatuto. Hay una cierta constatación de que no es nada fácil entenderse con España”. Montilla, por cierto, hace alguna observación curiosa en unas declaraciones que efectúa este sábado a El País, como que –dice- “Zapatero deberá tomar nota del 28-N”. “Todos tendremos que tomar nota de lo que ocurra, aunque lo que yo estoy haciendo ahora es trabajar para que los resultados sean buenos. El PSC tomará nota y el PSOE también deberá tomar nota. Y si no hubiera habido crisis o se hubieran tomado medidas espectaculares la situación también sería otra... Pero la realidad es que los márgenes de actuación son limitados…”,explica Montilla después de denunciar “un contexto en la política española poco propicio a plantar cara a la derecha cavernícola, porque era prioritario hacer frente a la crisis”. Parece referirse a los 14 escaños sobre 135 de que dispone el PP, y con los que no puede tirar cohetes, especialmente si con resultados así quiere aspirar a gobernar España. El suelo y el techo electoral del PP catalán son siempre muy similares. Por cierto, que en esta entrevista, Montilla lanza elogios sorprendentes a Zapatero: Llevo muchos años trabajando con Zapatero y lo conozco bien. No hay otro dirigente mejor para salir de la crisis que él. La mayoría de sus compromisos conmigo y con Cataluña se han cumplido. Cataluña ha logrado su máximo nivel de autogobierno con Zapatero en La Moncloa y yo en la Generalitat”. En todo caso Montilla tiene claro su deseo de estar, la próxima legislatura, como President de la Generalitat. “Este es mi objetivo. Soy un hombre que cumple sus compromisos. Y en cuanto al PSC, tiene muchas personas válidas. Cada cosa a su debido tiempo. De aquí al 2014 faltan cuatro años”.
LA REFORMA DE LAS PENSIONES NO SERÁ POR DECRETO.- No hay duda de que, tras el debate y aprobación de la reforma del de mercado del trabajo el Gobierno tiene ahora pendiente otra ley “estrella”, la reforma de las pensiones. Como sucedió con el mercado laboral, primero no tuvo prisa, luego la encomendó a la mesa de diálogo social, y finalmente, tuvo que recurrir a sus propias fuerzas y a la negociación en el Congreso. Ahora, con la reforma de pensiones, se teme que pueda suceder algo parecido: Se intentará el consenso mediante el diálogo, pero si éste fracasa, el Gobierno deberá recurrir a un procedimiento parecido al de la reforma laboral: Un proyecto de ley de rápida negociación en el Congreso para que entre en vigor lo antes posible, en la primavera próxima... De momento, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha descartado que la reforma del sistema de pensiones se vaya a hacer por decreto, en el caso de que no se alcance un acuerdo antes de abril de 2011. Así lo manifestó en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), en la que dijo que una reforma de la importancia que tiene cambiar el sistema de pensiones, no se puede hacer por decreto, sino por consenso. El titular de Trabajo enfatizó que el Gobierno no descartará "nunca" la posibilidad de un acuerdo y señaló que diciembre va a ser un mes con mucha actividad, ya que hay que culminar en sede parlamentaria los trabajos del Pacto de Toledo y después iniciar un proceso de diálogo con los interlocutores sociales. En cambio, contrariamente a lo que sucedió con la reforma laboral, el Gobierno se propone enviar al Parlamento un proyecto de Ley, "no un Decreto Ley".
Sobre la posibilidad de endurecer las normas para quienes rechazan un empleo, dijo el ministro que ya hay normas que penalizan esas situaciones y que el problema más acuciante es que hay poca oferta de trabajo, y en solucionar eso es donde hay que incidir y "no en penalizar al desempleado". En cuanto a la recuperación de empleo, señaló que de forma más estable y continuada se producirá a partir de 2012 cuando la economía estará muy cerca de "ese 2%" en el que se ha creado empleo tradicionalmente en España. Precisó que ya desde el segundo semestre de 2011 se creará de forma estable, "aunque poco", en torno a los 40.000 ó 50.000 puestos de trabajo.
Cabe recordar que la reforma laboral ya vigente se aprobó en el Congreso de los Diputados en 9 de septiembre, sólo con los votos del PSOE y la abstención del PNV. Valeriano Gómez opina que esta reforma no generará empleo por sí misma, pero tiene que crear las condiciones y ayudar a que en el futuro haya menos dualidad laboral, con menos contratos temporales y más empleo fijo, aunque éste sea más flexible, "que es lo que necesitamos".
MONTILLA NO VOLVERÁ A PRESENTARSE.- Este fin de semana, la campaña electoral catalana llega a su máximo esplendor, tras los episodios “erótico-festivos” de la semana anterior, con vídeos “regocijantes o escandalosos”, según las distintas consideraciones, en la que aparecieron orgasmos y escenas porto... A punto de iniciarse los mítines de este fin de semana, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, José Montilla, proporcionaba un gran titular, al anunciar que ésta es la última vez que se presenta como cabeza de lista del PSC en las elecciones autonómicas. Montilla, lo anunciaba en el foro Primera Plana que , y ha pedido a los catalanes que le den su "confianza para un nuevo y último mandato". Montilla no ha aclarado si se quedará al frente del partido "pase lo que pase". También ha anunciado que "antes de que concluya la campaña" hará público su patrimonio, respondiendo así al emplazamiento que ha hecho El Periódico de Cataluña. "El primer candidato en hacerlo fue el candidato socialista a la Generalitat, Raimon Obiols" hace dos décadas, ha resaltado Montilla, quien ha indicado que, ante este tipo de propuestas a favor de la transparencia Artur Mas se muestra incómodo y ha rechazado, por ahora secundar estas iniciativas. Ayer fue Joan Herrera, el candidato de ICV-EUiA, quien abrió el fuego, anunciando precisamente en su conferencia también en el Foro Primera Plana su patrimonio. A lo largo de la jornada de ayer se le sumaron Albert Rivera, candidato de Ciutadans, Joan Puigcercós, candidato de ERC y Alicia Sánchez-Camacho, candidata del PP. Montilla ha criticado a Artur Mas por decir que la medida es "electoralista".
Sobre la cuestión de la duración de los mandatos, el candidato socialista ha criticado a Mas por afirmar que "quiere estar 12 años, cuando aún no ha ganado ni el primer mandato. ¿Qué espera, jubilarse en el cargo?", ha bromeado. El día que se ha conocido la adjudicación de bonos de la Generalitat, el president ha calculado que le han correspondido 12.000 euros en el prorrateo de los bonos de la Generalitat. Montilla, ha echado en cara al líder de CiU, Artur Mas, la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música, y ha hecho bandera de la transparencia. En el desayuno informativo, Montilla ha contrapuesto este compromiso con los 12 años que a lo sumo quiere estar en la presidencia de la Generalitat el candidato de CiU, Artur Mas: "No sé si Mas pretende jubilarse en el cargo, a mi no me pasará", ha certificado Montilla, quien también ha advertido al resto de España que o bien se avanza hacia un modelo de Estado federal, o por el contrario se disparará el número de independentismo en Catalunya. Montilla ha asegurado que aspira a gobernar una segunda legislatura "para hacer lo que queda pendiente y lo que conviene a Catalunya". "Y ahora solo, sin muletas", ha subrayado el dirigente catalán, reafirmando así su compromiso de no volver a reeditar un gobierno tripartito.
PLAN DE ACCIÓN PARA EL FINAL DE LA LEGISLATURA.- El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes un plan de acción para los próximos quince meses. El documento, que anunció ayer el presidente Zapatero, y cuyas líneas principales avanza El Periódico de Cataluña, fijará un calendario para una veintena de compromisos concretos de aquí a final de la legislatura con los que el Gobierno se juega dar el impulso definitivo a la recuperación económica y el empleo antes de las próximas elecciones generales. Rodríguez Zapatero, por ejemplo, anunció una medida de rebaja fiscal para las empresas que inviertan. «Se va a generalizar, hasta 2015, la libertad de amortización, hasta ahora prevista sin condiciones para las empresas de pequeña dimensión», dijo también Zapatero. Eso significa que todas las empresas que inviertan en activos inmobiliarios o productivos (naves, oficinas, ordenadores, maquinaria, etcétera) podrán descontárselo como gasto en el impuesto sobre sociedades (o en el de la renta, si tributan en módulos) de una sola vez, en lugar de repartir la deducción a lo largo de un número amplio de años. Ello permitirá a las empresas pagar menos impuestos en los que deberían ser los últimos años de la crisis. Hasta ahora, la libertad de amortización era para las empresas de reducida dimensión y hasta el 2012. Las empresas mayores solo podían beneficiarse de este incentivo fiscal si cumplían ciertos requisitos de mantenimiento de empleo. A partir de ahora, la medida se generaliza sin condiciones a todas las empresas y el horizonte se amplía hasta el 2015. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, subrayó la «potencia» de esta medida para generar inversión y empleo. El presidente también anunció la exención fiscal de las ampliaciones de capital o de las aportaciones que hagan los socios para cubrir pérdidas.
Zapatero fijó esta agenda económica en el contexto de una recuperación «lenta» pero «cierta y sostenida», donde la mejora del empleo «es aún tan débil que no asegura un cambio irreversible de tendencia». Con todo, Zapatero dejó caer que es «altamente probable» que la caída del PIB se limite este año al 0,2% (en lugar del 0,3% previsto), en línea con lo estimado por la OCDE. La reforma de las pensiones (antes del primer trimestre del 2011) y la de las políticas activas de empleo (antes de acabar enero) con el objeto de favorecer la colocación de los parados son dos de las grandes medidas en la agenda del Gobierno, junto con el desarrollo del decreto laboral ya aprobado y la nueva negociación colectiva. Según Zapatero, la reforma laboral aprobada en junio por el Gobierno (en septiembre, por el Parlamento) empieza a dar ya algunos resultados «incipientes». El contrato indefinido de fomento (el que conlleva una indemnización por despido menor, de 33 días) ya representa el 30% del total de nuevos fijos (antes, el 17%). Además, los contratos en prácticas crecen el 28% y los de formación, el 6% Dentro de la llamada Nueva Agenda Social para el 2011 también se incluye la reforma de la formación profesional. Además, antes de finalizar el 2010 se presentará un anteproyecto de ley de igualdad que dará preferencia a las empresas con mujeres directivas en los contratos públicos. Otra de las reformas de gran calado previstas es la del sistema energético. El presidente dio ayer «unos días o semanas» para hacer un «último intento» de pacto con el PP. Si no se logra, el Gobierno legislará «con carácter inmediato». Esta determinación es una de las claves del nuevo discurso económico del Gobierno, que contrasta con la actitud dilatoria de la primera mitad del mandato. Además, se quiere poner el turbo en las reformas ya en marcha. Zapatero emplazó a las cajas de ahorros a culminar sus fusiones antes de fin de año, «como ha requerido el Banco de España». Los mensajes de firmeza tienen por destinatarios los organismos internacionales y los mercados financieros que vigilan el grado de compromiso del Gobierno español con las reformas y la reducción del déficit público. «En estos momentos de incertidumbre es necesario insistir en el compromiso de todos los Estados Miembros con la solvencia de sus finanzas públicas», dijo Zapatero en una clara alusión al nuevo zarpazo de la crisis de Irlanda. En noviembre, el Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar un mayor compromiso de las autonomías con el recorte del déficit y la transparencia presupuestaria tras haber detectado que las cuentas de estas administraciones se perciben como un punto negro por los mercados y los organismos internacionales.
EL JUEZ DEL SUPREMO, CONTRA GAZÓN Y CONTRA PEDREIRA.- El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa abierta al juez Baltasar Garzón por presunto delito de prevaricación por haber al ordenado las escuchas en prisión a los cabecillas de la trama Gürtel, ha rechazado las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón, entre ellas la declaración como testigo del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira. En la misma resolución, el juez Barreiro suspende la tramitación del recurso de Garzón contra el auto de transformación del procedimiento, hasta que las partes puedan disponer de las diligencias declaradas secretas, según ha relatado este vienes el diario El país, periódico que sigue, desde el primer momento, todo el asunto Gurtel en sus distintas variaciones. De acuerdo con esta crónica, el juez Barreiro rechaza todas las pruebas pedidas por Garzón por entender que, en la causa, existen ya "indicios claros" contra el juez de la Audiencia Nacional. Según el magistrado del Supremo, la investigación de los hechos "se halla concluida en esta fase procesal", por lo que "no resulta razonable ampliar la investigación con las nuevas diligencias" que postula Garzón. Barreiro rechaza asimismo el testimonio del juez Pedreira Andrade porque "se trata de diligencias que no resultan imprescindibles ni determinantes" en esta fase del proceso y pueden tramitarse en el juicio. Frente a la alegación de Garzón de que el testimonio de Pedreira tiene especial trascendencia, Barreiro no cree que "ese testigo" pueda aportar nada que excluya la antijuricidad de la conducta de Garzón.
La posición del juez Pedreira es conocida: desde el primer momento, apoyó la petición de Garzón de pedir el seguimiento telefónico de los cabecillas de la Trama Gurtel para hacer el seguimiento, entre otras cosas, de sus inversiones en el extranjero, que ahora se esfuerza en recuperar. Este otro juez instructor contra Garzón, el juez Barreiro, rechaza por "curiosa y extravagante" la petición de que la Sala Penal certifique cuántas sentencias sobre escuchas se han dictado en las que se acordara perseguir al juez que las ordenó. A su entender, lo que la defensa busca es que sea la Sala la que seleccione la jurisprudencia que la defensa de Garzón necesita para el caso, "que obra en cualquier base de datos jurisprudenciales". El instructor del Supremo rechaza también los testimonios de los funcionarios policiales responsables de la investigación así como la petición del propio Garzón de volver a declarar. Barreiro dice que ya escuchó a Garzón durante "más de tres horas" y llegó a la conclusión de que las discrepancias entre el instructor y el juez querellado no se refieren a los hechos, sino a las resoluciones jurídicas dictadas por Garzón. Por tanto, una nueva declaración "no supondría una innovación relevante". A lo único que accede Barreiro es a esperar a que el juez del Tribunal Superior de Madrid levante el secreto de algunas diligencias solicitadas por Garzón. En concreto, las grabaciones de conversaciones obtenidas en el centro penitenciario de los cabecillas de la trama Gürtel, y el auto dictado por Pedreira el 20 de abril de 2009 en las que este juez prorroga las escuchas decretas por Garzón. El instructor del Supremo dice que no ha escatimado ningún esfuerzo para que Garzón tuviera a su disposición esas conversaciones, y culpa a Pedreira de no haber atendido sus peticiones. También critica al instructor del caso Gürtel por mantener el secreto del sumario desde hace un año y siete meses para todas las partes, excepto para los tres principales imputados, "dándose la paradójica circunstancia de que éstos sí conocen las actuaciones secretas y las ignoran las demás partes del proceso". Según Barreiro, esto genera una "situación contradictoria", pues los acusadores conocen las conversaciones y no las conoce el juez querellado, y si alguien puede obstaculizar la instrucción del caso Gürtel son los principales imputados y no Garzón. El juez del Supremo menosprecia las objeciones del Ministerio Fiscal en el sentido de que se podría estar generando "indefensión" a Garzón por no disponer de esas conversaciones. Según Barreiro, esas conversaciones son la consecuencia de la conducta presuntamente prevaricadora de Garzón, por lo que su aportación, en principio, "más que beneficiarle, le perjudicaría". Y dado que fue Garzón el que conoció y controló las conversaciones, "esa circunstancia, en cierto modo, atenúa su situación de "ignorancia e indefensión".
Termina contando al crónica primicia de El País que, pese a cargar contra Garzón, contra Pedreira y el contra el fiscal, y aunque el propio Barreiro considera que no hay motivos de indefensión, acuerda suspender la tramitación del recurso contra la transformación del procedimiento hasta que pueda facilitarse a las partes una copia de las conversaciones intervenidas, lo que según Pedreira se producirá este mes. En caso de que no fuera así, "se acordará lo que proceda" .
DICE COSPEDAL QUE ATACAN SU SUELDAZO POR SER MUJER.- María Dolores de Cospedal intentó este jueves, con un argumento inédito en su discurso, neutralizar la polémica sobre su doble sueldo como senadora y secretaria general del PP, que en total asciende a 240.000 euros. Y ese argumento es que la atacan "por ser mujer". "Si fuera un señor, dijo en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, no se estaría hablando de esto, porque nunca se habló de mis predecesores ni se habla de Pepe Blanco". Durante la entrevista, que resume el diario Público, Cospedal negó "tajantemente" haberse aplicado durante 2009, en plena crisis, una subida del 30% en su sueldo del partido. "Es mentira", afirmó. Y lo repitió cuatro veces. Pero siguió sin explicar por qué, entonces, sus remuneraciones en el PP se dispararon desde los 64.473 euros correspondientes al segundo semestre de 2008 hasta los 167.865 que cobró en 2009 por desempeñar su cargo el año completo. Tras la emisión del programa, el diario Público preguntó por escrito al equipo de Cospedal si no son correctos los datos que ella misma aportó en su declaración de bienes de Castilla-La Mancha, donde ocupa un escaño desde 2007. No hubo respuesta. La líder del PP manchego abundó en la idea de que el PSOE la ha colocado en la diana y "miente" sobre su sueldo por su condición femenina: "Soy la secretaria general del PP y eso al PSOE de Castilla-La Mancha siempre le ha molestado mucho, y siempre ha entendido que o por ser la candidata o no sé si por ser mujer, no tengo derecho a ser tratada como el resto de los secretarios generales de mi partido". Cuando la conductora del programa recordó que se ha hablado de ella como la política mejor pagada de España, Cospedal volvió a lanzar un mentís: "También es mentira, como se lo puede usted imaginar". El diario Público también preguntó al portavoz de Cospedal quiénes son los políticos que, según la dirigente conservadora, la superan en sueldo. Tampoco hubo respuesta. Además de los 167.473 euros pagados por el PP, Cospedal también percibió 69.310 euros en 2009 por su escaño de senadora, y 3.560 por los trienios acumulados como abogada del Estado, puesto que mantiene en excedencia. En total, declaró 240.736 euros procedentes del erario público, dado que la principal fuente de financiación de los partidos es el Estado. En su opinión, es "demagógico" cuestionar la elevada cuantía de sus ingresos en un momento de crisis galopante. "Esto -alegó como justificación- es hacer demagogia". "Cuando un socialista tiene un sueldo que no se publica, está muy bien y puede hablar de todo -agregó-, y cuando una persona del PP tiene un sueldo que se conoce porque se publica, no podemos hablar de nada porque tenemos la tacha de ser los que defendemos a los millonarios".
Dos semanas después de haber definido su declaración de bienes como "la más transparente de la vida política española", la número dos del PP se vanaglorió este jueves de que sus ingresos sean públicamente conocidos. Como diputada castellano-manchega, Cospedal está obligada, al igual que los demás parlamentarios de esa Cámara, a presentar una declaración anual de bienes. Es la legislación de Castilla-La Mancha, y no la voluntad personal de cada diputado, la que estipula la publicación forzosa de esas declaraciones en el Boletín de la región. Aun así, Cospedal presentó el carácter público de esa declaración como un acto voluntario y excepcional: "¿Qué pasa con mi declaración, en contra de lo que pasa con el resto de, por ejemplo, senadores y diputados de este país? Pues que está publicada en un Boletín Oficial. Ninguna más. Ninguna más. La única". Cuando uno de los periodistas que participaban en la entrevista subrayó que también a José Bono se le cuestionaron sus ingresos, Cospedal saltó como un resorte: "No, no, no, se le ha puesto en duda que no se sabe de dónde viene su patrimonio, el mío está claro". La dirigente declaró en 2009 el 50% de un piso de 265 metros en Madrid, comprado en 2006 y sobre el que no pesa hipoteca. Y cifró en 508.822 euros el saldo medio de sus cuentas. A fecha de 29 de julio de 2010, cuando se presentó la declaración correspondiente a 2009, Cospedal no debía un solo euro a los bancos. En esa última declaración de bienes ante las Cortes manchega, Cospedal ocultó un local de su propiedad, según desveló Público el pasado lunes. Primero dijo que no lo consideraba suyo porque lo tienen en usufructo sus padres. Pero poco después cambió de opinión y optó por rectificar su primera declaración.
PROHIBIRAN LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE COLEGIOS QUE DISCRIMEN ALUMNOS/AS.- El Ministerio de Educación quiere prohibir a las comunidades autónomas que financien con dinero público colegios que separen a los alumnos por su sexo. El Gobierno, según cuenta el diario Público, negocia con los sindicatos, partidos, asociaciones y colegios un nuevo decreto que regule la escuela concertada para evitar, entre otros asuntos, que se discriminen a los alumnos por razones de sexo. "Tenemos que poner herramientas para que estas prácticas no se lleven a cabo", señaló el recién nombrado secretario de Estado de Educación, Mario Bedera. El Gobierno es consciente de que con el decreto actual, aprobado en 1985, las comunidades autónomas tienen libertad absoluta para conceder dinero público a estos colegios. "No olvidemos que la autoridad educativa y las competencias las tienen las comunidades autónomas pero es un asunto que va a estar encima de la mesa en la negociación y que tenemos que tratar", afirmó Bedera. Según los cálculos de los sindicatos de enseñanza existen más de 50 colegios concertados que separan a niños y niñas. Junto a los privados, suman dos centenares de centros que imparten educación diferenciada. La gran mayoría de estos colegios están en el entorno ideológico del Opus Dei, la Asociación Católica de Propagandistas y los Legionarios de Cristo, según los idearios de sus propietarios. Un ejemplo: en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro (Madrid), propiedad de la Compañía de María, estudian 350 alumnas y se presentaron 350 objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Los gobiernos regionales que han impulsado esta educación son los de Madrid, País Valencià y Galicia. Todos con el PP en el poder. En Cataluña también existen estos centros pero la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) impide que se creen nuevos centros discriminadores. La Ley Orgánica de Educación (LOE) deja clara cuál debe ser el marco común de escolarización: "En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social". Los portavoces de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal de los colegios privados, creen que ese criterio marcado por la LOE es de prioridad, no de exclusión. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar reconoció el pasado octubre en la Asamblea que su Gobierno financia ocho colegios de este tipo de entre los 500 concertados que existen en la región. "Yo llevo a mis hijos a un colegio mixto, pero respeto la libertad de los padres que quieren esa educación para sus hijos", señaló. La consejera defiende que "en EEUU, con [Barack] Obama hay 600 colegios públicos de este tipo. Si los padres lo solicitan hay que ofrecérselo". Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha señalado en más de una ocasión que es partidario de la educación mixta. "En mi opinión, no hay opciones que justifiquen ese modelo. Creo en la educación multicultural, diversa, en una convivencia en un espacio de diferencia. Esa educación es la que mejor prepara para una sociedad que es así. Esos son mis valores", insistió en una entrevista a este periódico.
La negociación para el nuevo decreto tendrá que contar con el apoyo de la comunidades autónomas. El próximo lunes se reúne, por primera vez, una mesa de la escuela concertada en la que participarán los sindicatos para negociar la refinanciación del módulo de conciertos. El Ministerio de Educación negociará el dinero a entregar a los colegios concertados junto con el nuevo decreto que regule sus derechos y obligaciones. "Hay un margen para ponerse de acuerdo con la escuela concertada, pero estos colegios tienen que entender que reciben fondos públicos y que hay determinadas obligaciones que tienen que cumplir", advierte Bedera. El Gobierno ha denunciado que el 90% de los alumnos con dificultades en el aprendizaje entre los que se encuentran los alumnos inmigrantes no están siendo asumidos por los colegios concertados pese a que es su obligación. En un borrador previo titulado Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos educativos filtrado a los medios de comunicación el pasado año, el Gobierno enfatizó su estrategia en dotar de más recursos económicos a los centros privados sostenidos con fondos públicos para que escolaricen a los alumnos con mayor necesidad de apoyo. "Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los centros (...) que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo, con ubicación en zonas desfavorecidas con alto porcentaje de abandono escolar, (...) con desarrollo de programas lingüísticos destinados a la integración...", enumera el Artículo 11 titulado: Centros que escolarizan alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Este borrador ya ha sido expuesto a debate público. IU lo rechazó totalmente "porque no introduce el carácter subsidiario [de la escuela concertada]" y "no asegura la distribución equilibrada" de los alumnos con necesidades. La portavoz de educación de IU, Dolores Dolz, explica: "Quién quiera una educación que no sea la que ofrece la escuela pública laica que se la pague". A falta de la aprobación definitiva de un decreto consensuado que equipare la legislación en todas las comunidades autónomas, las consejerías de Educación han regulado el conflicto a base de sentencias judiciales. El Tribunal Supremo determinó en 2008 que las comunidades pueden negar la financiación pública a este tipo de centros. Sin embargo, el mismo tribunal había determinado en 2006 que "no hay norma expresa que prohiba el sostenimiento público de centros" que practiquen la educación diferenciada.
GALICIA. EL MEJOR MEDICAMENTO AL MEJOR PRECIO.- La farmacia gallega engulle uno de cada diez euros que se gasta la Xunta, y la Consellería de Sanidade quiere meterle la tijera a estos gastos, según relata este viernes La Voz de Galicia. El Parlamento le ha pedido que cree un catálogo de medicamentos y que financie sólo aquéllos que estén inscritos en él. Sacarlo adelante será difícil, ya que el Ministerio de Sanidad y Política Social ve en ese listado una injerencia en sus competencias y amenaza con recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Por eso, el Gobierno gallego se ha adelantado. Sanidade ya trabaja con un borrador del catálogo y esta misma semana se lo ha remitido a todos los médicos de cabecera de Galicia y les ha pedido que lo apliquen. En una circular difundida entre los más de 2.200 doctores gallegos de atención primaria, a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) les pide a los facultativos su «colaboración para adiantar o impacto do mellor uso dos nosos recursos sanitarios». La directora de Asistencia Sanitaria, Nieves Domínguez, que firma la carta, pide a los médicos que elijan «o mellor medicamento ao menor prezo» para favorecer la «sostenibilidade do sistema sanitario público». Les adjunta un documento de 96 páginas con todas las presentaciones de 35 grupos de fármacos (principios activos) que está analizando la Comisión Central de Farmacia y Terapéutica del Sergas. Es decir, dentro de cada grupo de medicamentos, compara el precio teniendo siempre en cuenta que se trate del mismo envase. Por ejemplo, en el caso del paracetamol (nombre del principio activo), lista todas las marcas y tipos de envases en los que se vende: Paracetamol, Efferalgan, Gelocatil, Dafalgan, Termalgin, Efetamol, Xumadol, Acetat, Cofumol, Parafludeten, etcétera; en envases de comprimidos, en sobres, en comprimidos efervescentes, supositorios... Junto a todos ellos, el documento refleja en color verde aquellas marcas con los precios más bajos y en rojo las que superan el coste mínimo fijado por el Ministerio de Sanidad. El caso más llamativo, siguiendo con el ejemplo del paracetamol, está en las cajas de 40 comprimidos efervescente de un gramo. La marca Efferalgan vendió entre enero y julio 198.393 envases a 5,79 euros. Al mismo precio, la marca Dafalgan vendió 38.215 envases. Del mismo medicamento, el fármaco genérico (cuesta 3,12 euros) sólo facturó 23.531 cajas. Pues bien, haciendo una sencilla cuenta, se llega a la conclusión de que, entre los meses de enero y julio, la sanidad gallega se habría ahorrado 630.000 euros si en lugar de vender las dos marcas comerciales ya citadas, se colocaran en el mercado solo los medicamentos genéricos. Eso sólo en una presentación de un principio activo. Hay otros ejemplos igualmente llamativos. Con el clopidogrel (antiagregante plaquetario, para cardiovasculares) de 75 miligramos, se podrían ahorrar hasta 5,5 millones sustituyendo los envases más caros por los más baratos. Con la atorvastatina (para prevenir y controlar el colesterol), otros cinco millones. Este caso es curioso: del envase más caro se han prescrito 144.000 recetas, y del más barato, 102. El primero casi triplica en precio al segundo (53,97 euros). Por eso, los cálculos que maneja la Consellería de Sanidade son contundentes, según explica La Voz de Galicia. Si el catálogo que está preparando llega a ponerse en marcha, sólo en los primeros seis meses del año la Xunta habría ahorrado ya 56 millones de euros. Salen a 112 millones menos de gasto en tratamientos cada año. Es un 10% del gasto de la farmacia gallega. Y sin reducir el número de envases que se recetan.
EL 44 POR 100 DE LOS ESPAÑOLES NO AHORRA NADA.- El 44% de los españoles llegan a fin de mes sin conseguir ahorrar prácticamente nada, algunos, incluso, tienen que tirar de dinero que tengan reservado, de ayudas de familiares o préstamos. Así se desprende de una encuesta realizada por Eroski, en la que el 40% de los consultados reconocen que consiguen ahorrar algo todos los meses, y el 5%, bastante. La crisis ha afectado también a la cesta de la compra. Hay una mayor apuesta por las marcas blancas, ya que un 42% de los hogares consideran que su situación económica ha empeorado en el último año. El estudio, elaborado a través de una encuesta a más de 5.000 personas responsables de las compras cotidianas en sus hogares de toda España, revela que aunque más de la mitad de los consumidores (52%) estima que su situación se mantiene estable respecto al año anterior, cuatro de cada diez juzgan que están peor. Tras esta percepción de la situación económica, la compra de todos los días ha registrado cambios. Ante la necesidad de ajustar el gasto, los hogares españoles modifican la composición de su compra. El 77% de los hogares encuestados afirman que el peso de la marca de la distribución en su compra habitual es considerable o muy mayoritario, y otro 44% han percibido cómo desde el comienzo de la crisis el peso de las marcas blancas en su despensa se ha incrementado. La confianza en el distribuidor que pone su marca en los productos que comercializa es la principal razón declarada por el 61% de los encuestados para apostar por estas enseñas, solo el 5% declaran no confiar en las marcas blancas y tan solo el 3% de los encuestados afirman no comprarlas.
NO PROSPERA LA LEGALIZACIÓN DE MILES DE CONSTRUCCIONES EN LA PLAYA.- El grupo del PP se quedó solo, este jueves, en el Parlamento gallego, en su intento de promover una reforma de la Ley de Costas que permita abrir la mano con miles de construcciones ilegales que salpican la franja litoral gallega, a las que únicamente se les reclamaría el «amparo de actos administrativos públicos», como una licencia municipal, un registro notarial, el pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o de la tasa de saneamiento, para que puedan regular su situación. Tanto el PSdeG como el Bloque rechazaron frontalmente la propuesta por entender que lo que intenta en realidad es «demoler» la principal normativa del Estado para proteger el litoral e implantar en Galicia el modelo del «Benidorm dos anos sesenta». Según cuenta este viernes la edición de La Voz de Galicia, la iniciativa del PP llegó a la casona de O Hórreo, sede del Parlamento gallego, hace dos meses, como una proposición de ley que se pretende remitir al Congreso de los Diputados, con el fin de debatir en Madrid una reforma de la Ley de Costas de 1988 que facilite resolver algunas «especificidades» urbanísticas gallegas”. El BNG apoyó entonces al PP para tomar en consideración este texto, pensando en resolver la situación de núcleos tradicionales afectados por Costas, como Aguete y Mogor, en el municipio de Marín, cuya legalización respalda también el PSdeG. No obstante, los nacionalistas hicieron ayer piña con los socialistas para rechazar el dictamen que será elevado ahora a pleno.
Uno de los aspectos más controvertidos de recoge el texto que promueve la mayoría que sustenta al Gobierno de Feijoo está contenido en su artículo 1. Si la Ley de Costas planteaba reconocer las propiedades o derechos de ocupación situados en la zona de deslinde marítimo-terrestre cuando hubieran sido reconocidos por sentencia firme antes de 1988, la reforma del PP gallego plantea reconocer, también, los bienes que estuvieran registrados como tales o que contaran con el «amparo de actos administrativos públicos» antes o después de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Otro artículo que se añadiría a la normativa estatal establece que si la Administración del Estado decidiera ejercer «la facultad de recuperación posesoria» a través de la expropiación, estaría obligada a indemnizar a los afectados con las «cargas hipotecarias y financieras». En caso de que los propietarios no optasen por esta fórmula, el Estado debería otorgarles un bien «de las mismas características que el anterior y en el mismo municipio» o darles una compensación por el valor del inmueble a precios de mercado. Otro de los aspectos que propugna la iniciativa del PP es que en los terrenos clasificados como urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas se puedan autorizar «novos usos e construcións» conformes a los planes de ordenación en vigor. Los cambios normativos recogidos en el texto del PP permitirían en la práctica regular miles de las construcciones ilegales de uso residencial o industrial que salpican la costa gallega. Sólo en el concello de Cangas, la Xunta está tramitando en estos momentos 230 expedientes de infracción urbanística. En muchos casos, y con la reforma de Costas en la mano, bastaría con que dichas construcciones contaran con un acto administrativo público para regular su situación.
GALLARDÓN NO VENDE EDIFICIOS Y PAGA ALQUILERES.- Está dando que hablar la recomendación que Esperanza Aguirre dio a su compañero de partido, y rival permanente, Ruiz Gallardón, para reducir la deuda del ayuntamiento madrileño: que venda edificios, de los que el municipios tiene abundancia... Muy al contrario, según nos cuenta este viernes El Confidencial, Alberto Ruiz Gallardón podría reducir considerablemente la deuda municipal del Ayuntamiento de Madrid con solo recortar la partida económica que destina año a año al alquiler de sedes y oficinas. Un concepto en el que el alcalde empeña, según la oposición socialista, 52 millones de euros cada ejercicio. Y todo, a pesar de que dispone de un importante patrimonio inmobiliario infrautilizado o, en algunos casos, vacío. La propia Esperanza Aguirre, como decíamos, aconsejó este jueves al alcalde que emprenda una gran desamortización inmobiliaria al estilo de la que, hace dos siglos, llevaron a cabo los ministros Juan Álvarez de Mendizábal y Pascual Madoz. Sería su fórmula para resolver el problema de la deuda municipal que asfixia al Consistorio. “El Ayuntamiento es propietario de muchísimos edificios que habría que sacar a subasta y vender, especialmente en momentos de crisis como los actuales”, explicó Aguirre en Radio Nacional: “No veo por qué las Concejalías tienen que estar situadas en los sitios más caros de Madrid”, añadió para meter un poco más el dedo en la llaga de una de las grandes polémicas que ha envuelto la gestión del alcalde de Madrid. Porque Ruiz Gallardón puso de moda, con su llegada al Consistorio en 2003, el cambio de sedes municipales, mudanzas que en su día alcanzaron cifras millonarias. La más llamativa, el propio traslado del Ayuntamiento y del despacho del alcalde al nuevo Palacio de cristal de Cibeles, lo que ha dejado hasta la fecha una factura de más de 500 millones de euros. El portavoz de la oposición, David Lucas, ha criticado también que los cambios de edificios de algunas concejalías se hayan llevado a cabo "a pesar de que las instalaciones de la Plaza de la Villa (sede histórica del Consistorio) están infrautilizadas”. Para los socialistas, algunos casos, han supuesto un auténtico despilfarro. Como el traslado de la sede de Servicios Sociales a la calle de Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca, cuyo alquiler cuesta 3,3 millones de euros. La mudanza de la concejalía de Hacienda a la calle Alcalá costó otros 10 millones de euros, mientras que habilitar la nueva sede de Economía en la calle Gran Vía supuso otros 3´2 millones.
El “gran plan de desamortización” de la 'lideresa', en cambio, sacaría a la venta muchas de esos edificios vacíos o no suficientemente aprovechados que tiene en su propiedad el Ayuntamiento y que, según explicó Aguirre, “es un patrimonio inmenso”. La presidenta habla desde le experiencia que le da el hecho de haber pasado 13 años de su vida como concejal de la institución. Algunos de esos inmuebles ya salieron a la luz con el cambio de cromos que Gallardón tuvo que llevar a cabo para adquirir el Palacio de las Telecomunicaciones, antigua sede de Correos. El Ayuntamiento tuvo que deshacerse para ello de 360 millones en patrimonio y permutarlos con la Administración central para conseguir el ansiado edificio. En esa permuta, Gallardón intercambió una parcela en el PAU de Sanchinarro de 51.743 metros cuadrados valorada en 93 millones de euros. Incluyó también en el lote un local en la calle Hermanos Álvarez Quintero valorado en 1.160.000 euros y otro en el paseo de los Olmos que costaba 469.583 euros. El Ayuntamiento tuvo que comprar también, por 132 millones, un edificio que tenía alquilado en la calle Capitán Haya para entregárselo después al Ministerio de Ciencia y Tecnología y ceder a Cultura el edificio Cariátides, antigua sede del Banco Central hoy reconvertido en flamante sede del Instituto Cervantes. Solo este último inmueble fue tasado en unos 140 millones de euros. “Ya se lo dije a Juan Bravo (concejal de Hacienda)”, añadió el jueves Aguirre. “Le recomiendo que se convierta en Juan Mendizábal. No se lo dije a Gallardón pero se lo digo ahora también y no veo por qué puede recibir estas cuestiones mal. Estoy segura de que se puede reagrupar la Administración municipal. Todas las empresas lo han hecho”.