miércoles, 3 de noviembre de 2010

LA DERROTA DE OBAMA TAMBIÉN ALCANZA A ZAPATERO. CRÍTICAS A RAJOY POR SU PROYECTO DE PRIVATIZACIONES Y RESTANTE PROGRAMA DESVELADO

LA DERROTA DE OBAMA... Y ZAPATERO.- No pocos españoles han podido ya celebrar, o se disponen a hacerlo, la derrota cosechada en Estados Unidos por el presidente Obama, en las elecciones legislativas “a mitad de la legislatura” porque entienden que la derrota de Obama es presagio y anticipo de la derrota que, a su vez, cosechará Zapatero en España en la primera ocasión que se le presente, que son varias: las elecciones catalanas de este mismo mes, las municipales y autonómicas del año que viene y finalmente, las legislativas o generales de mayo de 2012. Para muchos españoles, el paralelismo de ambos presidentes es manifiesto..., y lamentable, y de ahí que se hayan apresurado a festejar la derrota de Obama en una de las cámaras legislativas de los Estados Unidos, y el éxito paralelo o complementario de los republicanos y del Tea Party, al mismo tiempo. De manera que es irrebatible que los republicanos norteamericanos se han apuntado una gozosa victoria contra Obama, pero también muchos conservadores se han sumado a las celebraciones por ese paralelismo de Obama y Zapatero, y por las coincidencias de ambos en una serie de cuestiones y planteamientos.
Como en el caso de Obama, las elecciones de este martes dos de noviembre en los Estados Unidos, los resultados del recuento pesarán en la política que hagan en adelante, aunque ambos dirigentes políticos eran conscientes de que la crisis pasa la factura a quienes tienen responsabilidad de gobernar, sean de la ideología que sean. La crisis eleva el número de parados pero también el número de enfadados con “el establecimiento” y quienes lo encarnan o dirigen. Entre otras razones, porque esos gobernantes es probable que hayan cometido errores en su gestión, o porque les ha correspondido administrar tiempos malos, situaciones económicas complicadas y, en todo caso, menos dinero. Mucho menos dinero que antes.
En algunos casos, la derrota de Obama, -parcial, por cuanto no pierde la presidencia de la Nación, sino sólo algunos legisladores y la mayoría en una de las cámaras-, no será otra cosa que un aviso, o una advertencia. Le quedan dos años para rectificar o atraer de nuevo a sus votantes de cada dos años. En otros casos, la derrota ya está ahí, ya ha llegado, y deberán empezar a cambiar muchas cosas y a rectificar otras que ya están en ejecución. Pero queda patente que una legislatura no da garantías de seguridad y de pervivencia para los cuatro años que, en teoría, dura. En el caso español, o del presidente Zapatero, la prueba de fuego van a ser las próximas elecciones catalanas, autonómicas y municipales, muy próximas todas as las generales. Pero las advertencias previas han venido mes tras mes, desde hace un par de años, en las encuestas de opinión, que advierten del cambio de tendencia o del enfado de los ciudadanos

AL PSOE ATACA LAS PRIVATIZACIONES QUE PROYECTA EL PP.- Finalmente, el nuevo secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, reaccionado ante las "propuestas de involución" planteadas por el líder del PP , Mariano Rajoy, y que pretende aplicar si es elegido presidente. En una entrevista en Telecinco, Iglesias ha considerado que es bueno que la gente conozca planes del PP como la privatización de servicios sociales y los recortes en derechos civiles para poder elegir con conocimiento ante unas elecciones autonómicas y municipales y a año y medio de las generales. Iglesias ha subrayado que el PP lleva mucho tiempo ocultando sus intenciones y cuando las ha puesto encima de la mesa dice que le gustan las medidas del Premier británico David Cameron, "que ha planteado echar a la calle a casi 400.000 funcionarios".
Esos días, han coincidido algunos observadores políticos en que, comprobada la probabilidad de la victoria electoral del PP en las elecciones de 2012, el actual partido de la Oposición se ve moralmente forzado a ir revelando sus propósitos de actuación en un eventual Gobierno, hasta ahora apenas esbozados. La entrevista de Rajoy el domingo, o las declaraciones de Montoro de este martes, avanzan en ese sentido. Rajoy adelantó que su modelo a seguir pudiera ser similar a lo que se propone hacer David Cameron en Gran Bretaña. Es decir, a hacer un recorte sustancial en los gastos del Estado. Aunque con matices que se ha encargado de señalar el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, que explica que algunas de las medidas británicas no son exportables a España, como la devaluación de la moneda o el recorte del Ejército, pero sí lo son la reducción del gasto público, el mantenimiento del Estado de bienestar o la eliminación de gasto superfluo. Rajoy ya había avanzado hace ocho días en Santander su propuesta de acometer privatizaciones en sectores como aeropuertos y trenes. Ahora ha ido más allá, y se concreta en la privatización de la gestión de servicios sociales básicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Montoro explica que esa gestión puede ser más eficaz desde la iniciativa privada y recuerda que tales propuestas ya están incluidas en la ponencia aprobada en el congreso nacional del PP celebrado en Valencia en 2008 y en otros textos de congresos regionales del PP posteriores. El PP pone algunos ejemplos en los que ya ha actuado en esa dirección: en Madrid ha impulsado la gestión privada en los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y seguridad, argumentando una mayor productividad del sector público en esas actividades, en comparación con el sector privado. En efecto, la cesión a empresas privadas de servicios sociales ha sido puesta en marcha ya por el PP en Valencia y en Madrid en asuntos como la sanidad. Y es asumida por la dirección nacional del partido. Reducir el gasto público es otra prioridad absoluta del PP, en lo que llama la "reordenación del Estado", para bajar el gasto público simplificando las competencias. Explica el PP que en España hay materias que están a la vez gestionadas por las tres Administraciones: la estatal, la autonómica y la municipal, y cita las ayudas al automóvil, las políticas sobre la juventud y hasta la ayuda al desarrollo y la cooperación. El PP pretende adelgazar la Administración simplificando esas competencias y evitando duplicidades y Montoro insiste en que la situación actual lleva al despilfarro, y su control permitiría la reducción del déficit sin más medidas de recorte social. Montoro entiende que es prioritario que las medidas que tengan que ver con asuntos sociales estén en manos de los Ayuntamientos, que son los que tienen contacto próximo con los ciudadanos. Y su propuesta pasaría porque los Ayuntamientos se hicieran cargo de la mayoría de las políticas sociales. Ya las tienen en la práctica, y necesitarían que se les reconociera y financiara.
¿Están de acuerdo los españoles con esos propósitos del PP? El PSOE, ya vemos que no... Ciertamente, estaríamos ante una serie de reformas de gran calado, y plantear ahora la eventualidad de su ejecución parece una obligación moral, para que nadie se lleve a engaño cuando vea desarrollado el programa del PP y compruebe su aplicación práctica. Algunas de las propuestas de Rajoy, inspiradas en Cameron, como el recorte de empleo público, o la enmiendas a leyes como el aborto y el matrimonio de homosexuales, pudieran disuadir a algún elector del PP.
ETA SE REORGANIZA EN FRANCIA.- Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del que dieron cuenta Radio Nacional ayer lunes, y El Confidencial este martes, asegura que ETA está aprovechando el alto el fuego actual para reorganizarse en Francia y continúa con el robo de coches en el país vecino y con la campaña de extorsión a empresarios vascos para obtener financiación. Según informó Radio Nacional, el Gobierno tiene encima de la mesa dicho informe, según el cual la banda continúa con su actividad normal en el país vecino aunque está robando menos coches que los que sustrajo durante el primer semestre del año pasado. Los documentos indican que ETA sigue haciéndose con vehículos que emplea luego para moverse y entrenarse. Muchos de estos coches han aparecido con impactos de bala y quemados para borrar las pistas de sus entrenamientos. Fuentes de la lucha antiterrorista citadas por Radio Nacional afirman que la denominada izquierda abertzale espera en los próximos días un nuevo comunicado de ETA -el tercero desde que anunció el cese de sus acciones ofensivas-. Aseguran que la banda ya no se puede echar para atrás y que a lo sumo se quedaría como hasta ahora. Batasuna exigió recientemente a ETA el abandono unilateral y sin condiciones de las armas, lo que desató las especulaciones. No obstante, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó este lunes que su partido "sospecha" y "trabaja" con la hipótesis, a su juicio "más que probable", de que ETA no esté dispuesta a cesar en su actividad terrorista. Urkullu dijo que "no es fácil cerrar la persiana después de 51 años de historia, creando sufrimiento, muerte y dolor y no consiguiendo nada, ni siquiera en sus supuestos fines políticos". Asimismo, manifestó que, sin embargo, en la actual situación política él no pone la "pelota" en el "tejado de ETA", a la que "solamente" pide el "cese definitivo de su práctica de la violencia", sino que, en su opinión, "la pelota está en el tejado de la autodenominada izquierda abertzale, que sabe cuáles son los pasos que tiene que dar" si quiere hacer política. El presidente del PNV consideró que la voluntad expresada por el sector político de Batasuna de querer actuar únicamente por vías pacíficas y democráticas, quizás esté basada en la "necesidad", ante la reflexión de que ahora puede pasar su "último tren" para seguir en la actividad política. En todo caso, a juicio del dirigente nacionalista vasco, aun cuando la izquierda abertzale actúe por necesidad, este sector "tiene ante sí el reto de disociarse" de ETA. Urkullu afirmó que en sus entrevistas con el presidente del Gobierno percibió que José Luis Rodríguez Zapatero "es muy consciente de que en Euskadi hay un problema político en lo que es la relación con el Estado español", no sólo un problema derivado de la existencia de una organización terrorista. "También es consciente -señaló- de que hay un tiempo que le corresponde trabajar a la denominada izquierda abertzale, y él estará analizando qué fiabilidad tiene en relación a que se den los pasos oportunos".
Mientras, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, opinó este lunes que no hay que dejar de hablar de ETA, aunque sí hacerlo con "mucha responsabilidad, prudencia, mesura y claridad", como se está haciendo, y ha manifestado que lo que no se debe es "hablar de fechas, generar estados de ánimo o abrir espectativas". En una entrevista en RNE, Gabilondo resumió que hay dos mensajes contundentes: que ETA abandone definitivamente las armas y que el mundo de su entorno, "o el mundo de aquellos que han sido por sentencia judicial determinados próximos" a la banda terrorista, abandonen "absolutamente" a ETA. Que "resuelvan ese problema", ha añadido, que "es bien grave y a partir de ahí los ciudadanos, entre todos, tomaremos las medidas que haya que tomar". "ETA no sólo debe denunciar la violencia sino que debe dejar también sus acciones terroristas y la lucha armada", insistió. Una apuesta por la transparencia que ha vendo a chocar abiertamente con la advertencia contra la verborrea lanzada el pasado viernes por el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, al término del Consejo de Ministros, se quejó de que hay «muchas, demasiadas» declaraciones sobre la banda terrorista. Rubalcaba atribuía el exceso de ruido al PP, pero ahora ha sido su compañero Ángel Gabilondo el que ha opinado que se debe hablar públicamente de ETA, si bien precisó que «lo que no podemos es, quizás, andar hablando de fechas, generando estados de ánimo, abriendo expectativas». Se refería a la proliferación de informaciones en las que se habla de la proximidad de un final de la violencia. Unas esperanzas que no se corresponden con la realidad, según los servicios de información de la policía.

CAMPS REGALÓ TRES MILLONES A URDANGARIN.- Revelación sensacional en El Confidencial: Francisco Camps pagó en 2005 más de tres millones de euros a Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina de Borbón y yerno del rey Don Juan Carlos, para que la entidad de patrocinio deportivo que entonces presidía, el Instituto Nóos, promocionara la candidatura de Valencia como sede de unos Juegos Europeos que jamás llegaron a celebrarse. El ex jugador de balonmano y ex vicepresidente del Comité Olímpico Español, que actualmente vive en Washington con su esposa y sus cuatro hijos como consejero de Telefónica Latinoamérica, se embolsó esa cantidad "a cambio de nada", según han asegurado a El Confidencial fuentes muy cercanas al presidente de la Generalitat.
Recuerda El Confieencial que el 21 de octubre de 2005, Camps y Urdangarín presentaron oficialmente en el Palau de la Generalitat la candidatura de Valencia como sede, en 2010, de los I Juegos Europeos, un proyecto que, según dijo entonces el yerno del Rey, "supondrá la integración de Europa a través del deporte". El duque de Palma añadió: "La celebración de unos Juegos Europeos en Valencia es para mí un reto personal que me voy a tomar con el máximo interés". Camps, según las fuentes consultadas, pagó más de tres millones de euros al Instituto Nóos de Urdangarín para promocionar la candidatura, pero ésta, cuando ahora acaban de cumplirse cinco años de su lanzamiento a bombo y platillo, cayó en el olvido. En junio de 2006, ocho meses después de que Camps y Urdangarín sellasen ese compromiso, el duque de Palma abandonó la presidencia del Instituto Nóos y fue nombrado consejero de Telefónica Internacional, la filial de la multinacional presidida por César Alierta que aglutina a las compañías del grupo dedicadas a la telefonía fija en Iberoamérica. El marido de la infanta Cristina se desentendió de su compromiso con Camps, según las fuentes consultadas, lo que enfureció al presidente de la Generalitat, que expresó su profundo malestar en privado a algunos de sus más estrechos colaboradores. Su entonces jefa de Gabinete, Ana Michavila -hermana del ex ministro y ex diputado del PP José María Michavila-, fue una de las más críticas con Urdangarín por "llevarse el dinero a cambio de nada", añaden las mismas fuentes.
Según la misma publicación, Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también aportaron otros 2,4 millones de euros al Instituto Nóos por la organización, en 2004 y 2005, del Valencia Summit, un congreso internacional para analizar el impacto económico que los grandes acontecimientos deportivos tienen en las ciudades que los albergan.
Cuenta, además, El Confidencial que el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de un velódromo en Palma de Mallorca y el supuesto incremento irregular del patrimonio del ex presidente balear, Jaume Matas, también tiene en el punto de mira a Urdangarín. Castro abrió el pasado mes de julio una pieza separada en el sumario del caso Palma Arena para investigar el destino de los 1,2 millones de euros que el Gobierno de Matas pagó a Urdangarín por la organización de un foro internacional sobre deporte y turismo en la capital de las islas. El juez reclama al Instituto Nóos que acredite documentalmente "haber rendido cuentas de los fondos recibidos".
Desde que abandonó la práctica del balonmano, Urdangarín -que cobraba unos 60.000 euros anuales como jugador del Barcelona- ha incrementado notablemente su patrimonio personal, que incluye una vivienda de 1.200 metros cuadrados en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes valorada en seis millones de euros. El pasado año, el yerno del Rey -licenciado en dirección y administración de empresas por ESADE- se trasladó a Washington con su familia para asumir su nuevo cargo de consejero de Telefónica Latinoamérica.

TELECINCO SE COME A LA CUATRO.- Así describe El Confidencial la operación mercantil que llevan a cabo Telecinco y La Cuatro. Y explica que “las condiciones impuestas por las autoridades de Competencia son una coartada para facilitar la fusión de Telecinco y Cuatro”, tal como aseguran fuentes del sector, bajo condición del anonimato que cita la publicación en la Red.. El pasado viernes, cuando en las empresas se contaban los minutos para arrancar el puente de Todos los Santos, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) colaba unas exigencias de compromiso, pactadas con la Cadena de Mediaset,, para que las huestes de Paolo Vasile puedan integrar la televisión en abierto de Prisa. De paso, se facilita la labor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene la última palabra para aprobar la operación y que se lo encuentra todo hecho. No es sólo la visión del sector, añade El Confidencial. También lo ven así analistas independientes. “Creemos que, más allá de cómo se ejecuten las limitaciones, las condiciones no suponen una amenaza significativa a las potenciales ventajas del acuerdo para Telecinco y, por ahora, no modificamos nuestra hipótesis de sinergias para la fusión”, aseguraba JB Capital Markets apenas horas después de anunciarse la decisión de la CNC. Tanto el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, como Paolo Vasile, cabeza visible de Telecinco, han movido todas sus influencias para que las condiciones fueran asequibles y aceptables, dice también El Confidencial. La exigencia más dolorosa para Vasile es la que le impide vender, en un mismo paquete, la publicidad de Telecinco y Cuatro. De hecho, no podrá lanzar ofertas comerciales de canales cuya audiencia conjunta supere el 22%. “En cualquier caso, Telecinco intentará comercializar la publicidad de Cuatro a precios premium”, explica JB Capital Markets en su informe. “Las condiciones propuestas por la CNC se limitan a pequeñas restricciones a la comercialización publicitaria de los canales de Telecinco, que se compensan con la posibilidad de controlar ocho canales de cobertura estatal”, puntualizan fuentes del sector. Además, critican abiertamente la falta de obligaciones en el acceso a contenidos. Por ejemplo, Competencia establece que Telecinco sólo podrá firmar contratos en exclusiva por un plazo máximo de tres años. “Lo único que se ha hecho es poner como condición lo que ya es una práctica habitual en el mercado”, subrayan estas fuentes, que también hacen hincapié en que las restricciones sólo estarán en vigor tres años.
Añade la publicación que no habrá sorpresas en la decisión del Gobierno Zapatero, generoso hasta el extremo con las televisiones privadas. Los últimos resultados presentados la semana pasada por la dos grandes grupos son la más clara muestra. Por ejemplo, los ingresos publicitarios brutos de los cuatro canales que gestiona Telecinco ascendieron a 572,89 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 29% más respecto al mismo periodo del año anterior. Antena 3 no le va a la zaga. Todo merced a la eliminación de la publicidad en TVE, una medida de gracia del Ejecutivo para unas cadenas en supuestos apuros el pasado ejercicio. El mismo Gobierno permitió las fusiones entre cadenas apenas cuatro años después de conceder dos nuevas licencias a Cuatro y La Sexta. ¿Vencedores? Gana Telecinco, que toma Cuatro sin apenas concesiones. También gana Prisa, que sienta las bases para cerrar una operación que también contempla la venta de sendas participaciones del 22% de Digital+ a Telecinco y Telefónica. El grupo de los Polanco se juega mil millones imprescindibles para calmar a sus bancos acreedores y cerrar la refinanciación de su deuda. ¿Quién pierde? De momento La Sexta, que había denunciado el vuelco que supone toda la transacción en el sector y había pedido condiciones más duras. También tenía claro que era imprescindible que la CNC abordará la operación en su conjunto y no separara los expedientes de Cuatro/Telecinco y Digital Plus. Con la batalla a medias, La Sexta pierde, Prisa gana. Se queda como estaba Antena 3, que ha mantenido un perfil bajo en las conversaciones con la CNC. Lógico, ya que cualquier limitación que se impusiera a Telecinco podía afectarle a medio plazo. No en vano entre ambas cadenas controlan cerca del 80% del mercado publicitario. Es más, en su informe preliminar de julio, la CNC recordaba que el grupo de Silvio Berlusconi podría reforzar con la operación su poder de mercado en España.

MANIFIESTO CATALANISTA PARA RECIBIR AL PAPA.- La reparación de los viejos puentes entre Cataluña y Roma va en serio, explica hoy el diario La Vanguardia para anunciar un manifiesto catalanista de apoyo y bienvenida al papa Benedicto XVI, que saldrá hoy a la luz – cinco días antes del viaje del Pontífice a Santiago de Compostela y Barcelona–, y que ya ha sido publicado en forma de anuncio en las páginas del Corriere della Sera, el diario de mayor difusión en Italia. Suscriben el manifiesto 36 personalidades, civiles y eclesiásticas, que tienen en común la fe católica y la adhesión, con distintas intensidades y matices, al ideario catalanista. “Santidad, llegáis a una tierra con una conciencia de nación que siempre ha sido reconocida por la tradición eclesial, como se explícita en el documento episcopal Arrels cristianes de Catalunya", dice uno de los párrafos más significativos de una iniciativa que a partir de hoy recogerá adhesiones a través del portal de Internet Catalunyareligio.cat. Además de recordar las raíces cristianas de Catalunya, el manifiesto ensalza la Sagrada Família como una de las maravillas de la cultura cristiana, subraya el carácter abierto de la sociedad catalana, y caracteriza la visita de Benedicto XVI a Barcelona –"rezando con nosotros y en nuestra lengua"– como un gran estímulo para la concordia civil y la firmeza de los creyentes.
Encabezan el manifiesto el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, el ex presidente del Parlament Joan Rigol, el magistrado del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, y los alcaldes socialistas de Tarragona y Lleida, Jordi Ballesteros y Àngel Ros. Flanquean estas cinco primeras firmas, los abades de Montserrat y Poblet, Josep Maria Soler y Josep Alegre; Gertrudis Nin, abadesa de Sant Pere de les Puel·les; Montserrat Viñas, abadesa de Sant Benet de Montserrat; Valentí Miserachs, presidente del Pontificio Consejo de Música Sacra; Josep M. Abella, superior general de los Misionarios Claretianos; Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas; Josep M. Balcells, superior general de los Escolapios; Cristina Martínez, presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, y el jesuita e historiador Josep Maria Benítez. Han estampado su firma los tres principales dirigentes de CiU, Artur Mas, Josep A. Duran Lleida y Xavier Trias, junto con los militantes socialistas Josep Maria Carbonell (uno de los impulsores de la declaración) y Jordi López Camps, más el presidente honorario de ERC, Jordi Carbonell. Completan la lista, Núria de Gispert, Josep M. Cullell, Màxim Muñoz, Josep M. Romaguera, Ignasi García Clavel, Joan Viñas, Ramon Pascual, Josep O. Pujol, Pilar Malla, Eduard Ibàñez, Pere Lluís Font, Tica Font, Albert Manent, Ramon Pla y Jordi Bonet.
El documento es, también, según la interpretación de La Vanguardia, un gesto de pública gratitud por el abierto reconocimiento de la lengua catalana por parte de Benedicto XVI. Como adelantó este mismo diario el pasado viernes, el idioma catalán tendrá un papel sustantivo en la ceremonia de dedicación de la Sagrada Família y en las alocuciones del Papa en Barcelona.

MAS RECLAMA UN GOBIERNO “FUERTE.- El líder de CiU, Artur Mas, ha reconocido que un Gobierno liderado por él mismo, pero del que formen parte también otras formaciones, no sería "mucho mejor" que el actual tripartito, ya que esta opción "debilitaría" la capacidad del Ejecutivo para efectuar los cambios que considera necesarios en Cataluña. En su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, Mas expuso este martes las tres posibilidades de Gobierno que pueden surgir tras las elecciones catalanas del próximo 28 de noviembre. La primera de ellas, es que haya una continuidad del tripartito, que ha asegurado que es un escenario que "está abierto" pese a que sus protagonistas lo niegan. "Si suman, estoy convencido de que lo volverán a hacer", ha asegurado el candidato de CiU. La segunda opción, sería la de un Gobierno "débil" presidido por el propio Mas, quien, sin embargo, ha reconocido que tampoco sería la mejor opción. A su juicio, el futuro de Cataluña debe estar liderado por un ejecutivo de CiU "fuerte" --la tercera opción--. "Ese es el cambio real", ha indicado antes de señalar que esto sería posible con una mayoría absoluta de su formación o una mayoría suficiente que supere los diputados del tripartito o los que sumen PSC y PP. También se ha referido Mas a un eventual apoyo de CiU al Gobierno central. El dirigente nacionalista ha advertido de que condicionará cualquier apoyo a la consecución de un pacto fiscal para Cataluña. Mas ha señalado que el actual modelo de financiación no tiene sentido y ha apostado por superar el llamado café para todos e ir hacia un pacto fiscal con España.
Por su parte, y a cinco días de la visita del Papa a Barcelona, el ex ministro de Trabajo y número tres de la lista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Celestino Corbacho, ha arremetido contra las injerencias de la jerarquía eclesiástica en la política. "La cúpula de la Iglesia ha intentado muchas veces imponer sus criterios en contra de la voluntad soberana del pueblo", declaró Corbacho a la cadena SER, en referencia a su oposición al matrimonio gay o a la ley del aborto. Pese a los esfuerzos institucionales, los tres partidos que integran el Gobierno catalán han dado muestras de nerviosismo ante una visita que precede en pocos días al arranque de la campaña para las elecciones autonómicas del día 28. Dos socios del tripartito, Esquerra Republicana e Iniciativa, participarán en las manifestaciones convocadas a lo largo del fin de semana por diversos colectivos (desde feministas a cristianos de base) en contra de la visita del Pontífice, bajo el lema "Yo no te espero". Parte de la polémica deriva del coste de la visita de menos de 24 horas a la capital catalana, estimado en 2,4 millones de euros. Un presupuesto modesto si se compara con los tres millones en que se ha presupuestado la estancia de Joseph Ratzinger en Santiago de Compostela, de sólo ocho horas de duración. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, niega cualquier intencionalidad política a la visita. "Estamos empapándonos de la Sagrada Familia y no me consta que tenga un significado político", bromea el jesuita. Benedicto XVI se reunirá brevemente el domingo con Zapatero en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), poco antes de regresar a Roma, y saludará el sábado al líder del PP, Mariano Rajoy, en Santiago de Compostela. Los Príncipes de Asturias, junto al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, serán los encargados de recibirlo en la capital gallega, a la que el Pontífice acudirá como peregrino para celebrar una misa en la plaza del Obradoiro coincidiendo con el Año Santo Compostelano; mientras que los Reyes, junto al presidente del Congreso, José Bono, y el de la Generalitat, José Montilla, entre otras autoridades, asistirán el domingo a la consagración como basílica del templo barcelonés de la Sagrada Familia. Lombardi niega que la consagración de la obra del arquitecto modernista catalán Antoni Gaudí suponga "una promoción de su causa de canonización", que se encuentra en trámite. Está previsto que Benedicto XVI hable en catalán en Barcelona y en gallego en Santiago, además de en castellano. Esta es la segunda visita a España del actual Pontífice, quien ya estuvo en Valencia en 2006 y volverá en agosto próximo a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.

GALLARDÓN HA SUBIDO EL IBI UN 200 POR 100.- El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es hoy para los madrileños tres veces más caro que cuando Alberto Ruiz Gallardón accedió a la alcaldía de la capital, en 2003. Y eso que la propuesta estrella de su partido, el PP, para hacer frente a la crisis pasa por la reducción de los impuestos, según cuenta, y reprocha, el diario Público de este martes. El Grupo Socialista en el consistorio, con su portavoz David Lucas a la cabeza, ha denunciado que "una familia que pagaba por su vivienda 120,4 euros de IBI en 2003, pagará 378,02 euros en el año 2011", por lo que, en ese período, su tributo se ha incrementado en un 200%. Lo cierto es que tanto en 2009 como en 2010, años que se han caracterizado por una fuerte crisis económica, el IBI de los madrileños ha subido cada año un 7%. El Gobierno municipal había anunciado la congelación de dicho impuesto en el 0,581% para que los ciudadanos pudieran hacer frente a la delicada situación de la economía.
Desde el consistorio insistieron ayer en que, "en dos años, no se ha subido el IBI". Pero los ciudadanos sí han pagado más. Esto se debe a que, si bien el consistorio ha congelado el tipo impositivo, el valor catastral de cada vivienda sobre el que se aplica ese porcentaje ha seguido aumentando. Y lo ha hecho de acuerdo a la actualización establecida por el Ministerio de Hacienda en 2002. David Lucas exige a Gallardón que "no diga más mentiras". "Para que se aplique una auténtica congelación del IBI, el Ayuntamiento de Madrid debería proceder a reducir el tipo impositivo que compensara los aumentos catastrales para que, de esa manera, los ciudadanos no paguen más y, nuevamente, se vuelvan a sentir engañados por su alcalde". Fuentes del ayuntamiento no contemplaron ayer esa posibilidad y aseguraron que la medida propuesta por los socialistas no se ha adoptado en ninguna ciudad similar a Madrid. Pero según datos proporcionados por el Grupo Municipal Socialista, hay más de una decena de capitales españolas que sí han reducido su tipo impositivo para congelar el IBI a sus ciudadanos.
El Ayuntamiento de Almería, también en manos del PP, anunció la semana pasada que disminuiría dicho porcentaje en 2011. Otras ciudades se le adelantaron, y ya impulsaron esa misma reducción. Es el caso de Toledo, Lleida, Zaragoza, Ávila o Segovia. En la propia Comunidad de Madrid, la bajada del impuesto ya se ha dado en Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Coslada, Leganés,Las Rozas o San Sebastián de los Reyes.

SE ANUNCIAN AUMENTOS EN LA CESTA BÁSICA DE COMPRA.- Pese a que las grandes cadenas de súper e híper siguen sumidas en una guerra abierta de precios para robar clientes a la competencia, los cada vez más estrechos márgenes con los que juegan y, sobre todo, el aumento del coste de algunas materias primas, harán que una parte de la cesta básica de la compra suba de precio el próximo año. Así lo consideran algunos de los principales empresarios del sector del gran consumo español, que ya preparan sus estrategias para aplicar la subida de la manera menos traumática posible para el consumidor, según cuenta este martes El Periódico de Cataluña.
En los últimos dos años, la cesta de la compra se ha abaratado alrededor del 2% anual, una caída sin precedentes en un sector que crecía en ventas entre el 5% y el 8% hasta entonces. El descenso de precios fue posible gracias a una renegociación con los proveedores, la mayor eficiencia en ámbitos como la logística y el empuje de la marca propia. Pero como más se ha logrado rebajar los precios ha sido reduciendo beneficio y aplicando, así, descuentos. Pero, «todo tiene un límite, y los márgenes están ya cercanos al 1%. La guerra de precios continuará, pero no como hasta ahora», aseguró la semana pasada el director general de Condis, Enric Ezquerra, durante la 25ª edición del Congreso Aecoc en Madrid. Hace justo dos años, en el mismo foro, el presidente de Eroski, Constan Dacosta, apeló a evitar una guerra de precios que perjudicaría «a todos». Los híper, los que más han entrado a esta guerra, son los que más han sufrido en sus cuentas de resultados en los últimos dos años. Pensando en el futuro cercano, los máximos responsables de las cadenas de súper e híper asumen, a veces sólo en los corrillos, que el descenso de precios en la mayoría de categorías está a punto de terminar, si es que no se ha acabado ya, y que en el año próximo se darán «pequeños repuntes». «Hemos pasado de reducir los precios el 2,4% en un año a hacerlo el 0,1%. El futuro más próximo es repetir precios», comenta el director general de la cadena Consum, Joan Lluís Durich.
Una de las principales causas del fin de la deflación alimenticia será el encarecimiento de materias primas como los cereales, el cacao o el café que, debido a la reducción de márgenes, las cadenas no podrán asumir, según apuntan fuentes del mercado que cita El Periódico de Cataluña. «Ya hemos comunicado a la distribución que incrementaremos el precio de la pasta entre el 16% y el 17%, debido al encarecimiento de las materias primas», anunció el presidente de Ebro Puleva, Antonio Hernández Callejas, en el encuentro. Según el directivo, el trigo duro se ha encarecido alrededor del 60% en los últimos meses, lo que, «obligatoriamente», conlleva esa subida a los súper e híper que después pueden o no aplicar al usuario. «En un principio el arroz mantendrá su precio», agregó Hernández Callejas.
Otro de los motivos que provocará el incremento es el nuevo IVA, vigente desde el 1 de julio del 2010 pero que, hasta la fecha, algunas cadenas no han aplicado precisamente para no dar mala imagen al consumidor subiendo precios. «Las cadenas nos hemos resistido hasta ahora a aplicar del todo la subida del IVA, pero tarde o temprano lo tendremos que hacer», señala Durich. «El modelo actual de precios bajos no es sostenible porque ninguna cadena de súper sobreviviría así durante muchos años», afirman fuentes de otra importante cadena de supermercados.
FUERTES RECORTES DEL GASTO EN LOS HOSPITALES CATALANES.- El fulminante recorte presupuestario que la Generalitat decretó el pasado mayo para la red sanitaria pública es palpable ya en los hospitales, tanto en las grandes decisiones de renovar ecógrafos, colonoscopios y escáneres, como en el humilde botellín de agua mineral que recibe el enfermo en su bandeja de comida. Es un recorte de doble efecto, que describe este martes El Periódico de Cataluña: el inmediato, que desde junio merma en un 5% el salario de médicos y enfermeras, y otro, de igual o superior perjuicio, que se concretó en el 3,21% de la actividad médica y sanitaria que dejó de ser financiada por el Servei Català de la Salut (Catsalut). Para evitar que esto último afecte a la atención médica que reciben los enfermos, los centros han empezado a idear sistemas de ahorro. Algún hospital incluso ha lanzado un llamamiento interno para que el personal dé ideas sobre cómo evitar que se malgaste en su servicio. Ese ajuste se está comunicando estos días en multitudinarias asambleas convocadas por la dirección de cada hospital. Jaume Raventós, consejero delegado del Parc Salut Mar, lo expuso así hace una semana en el Hospital del Mar de Barcelona. El 8 de noviembre le tocará el turno al del Vall d'Hebrón. En paralelo, las direcciones han empezado a negociar a la baja con la industria farmacéutica el precio de los medicamentos que compran. Y también con las empresas de material diagnóstico y quirúrgico. Una sonda hemodinámica (que mide la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta) no cuesta menos de mil euros la unidad, y su uso es cotidiano. Es solo un ejemplo. De momento, ha quedado suspendida la práctica habitual de renovar la tecnología diagnóstica y quirúrgica cada dos o tres años. El capítulo de tecnología y fármacos absorbe el 30% del presupuesto de los hospitales, lo que, en un centro de la envergadura del Clínic o el Vall d'Hebron, supera los 100 millones de euros de gasto anual. Desde ahora, los ecógrafos, los sistemas para operar por laparoscopia o los escáneres solo se cambiarán si el aparato se estropea. No antes. La amplia capacidad de compra de la sanidad pública catalana deja así de ser un balón de oxígeno para la industria de tecnología médica, uno de los sectores menos afectados por la crisis. Los centros privados nunca renovaron sus sistemas con tanta asiduidad como los financiados por la Generalitat.
Pero es que, además, la restricción alcanzará este mes a los enfermos, según avanza la crónica de El Periódico de Cataluña.. El botellín de agua que se da con la comida a los hospitalizados pasará a ser de pago -serán cerca de 200.000 euros de ahorro anual por hospital-, y el servicio de lavandería se reducirá: las sábanas de las camas de ingreso no se cambiarán a diario, sino cada 48 horas. Salvo las lógicas excepciones. Otro cambio afecta a los permisos de vacaciones del personal sanitario, que ahora se concederán de forma agrupada, para poder cerrar plantas ante ausencias masivas. Las novedades con las botellitas de agua, la lavandería y los nuevos turnos de vacaciones permitirán a cada hospital ahorrar cerca de un millón de euros anuales, según han calculado. La inquietud que estas y otras medidas causan en médicos, enfermeras y la dirección de los hospitales es creciente, en especial si piensan en el presupuesto del 2012. «Es evidente que hay nervios y preocupación -afirma Raimon Belenes consejero delegado del Clínic-. Los rumores sobre la capacidad de contratación y pago de la actividad por parte del Catsalut son muy poco tranquilizadores. El Clínic ha ampliado su capacidad crediticia y acabará bien este ejercicio, pero los hospitales pequeños no pueden hacer eso». No hay dinero para todo lo que se ofrece, dice, con rotundidad, Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals, patronal que agrupa a 49 centros que son contratados por el Catsalut para que actúen como instalaciones públicas (Clínic y Sant Pau entre ellos). «Este país no puede mantener una sanidad que lo ofrece todo gratis, para todo el mundo y siempre -afirma Fernández-. Habrá que ser valiente y explicar a los ciudadanos que la capacidad de los centros para absorber toda la demanda se ha agotado. Es necesario revisar la cartera de servicios ». «O en el 2011 se toman decisiones -prosigue-, o se pondrá en peligro todo el sistema. Hay que analizar qué programas son válidos en relación a lo que cuestan y decidir si todos deben ser financiados al 100%».
Lo único que no se ha alterado hasta ahora es el protocolo de atención sanitaria ante cada enfermedad. «La asistencia del Clínic se desarrolla con normalidad, como en la mayoría de los hospitales -asegura Belenes-. El Catsalut nos ha contratado un 3,21% menos de actividad, que para nosotros significa 12,5 millones de merma en 2010, pero lo compensamos reduciendo horas extras, suplencias y viajes». Gestores y médicos coinciden en que, tal vez, ha llegado el momento de revisar la cantidad de pruebas diagnósticas que financia la sanidad pública, una cifra que ven desorbitada. «Estamos ante una buena oportunidad para reducir la cifra de pruebas que encargamos, eliminando las innecesarias -propone Xavier Castells, exdirector médico del Hospital del Mar-. Y lo mismo ocurre con los servicios de urgencia: los españoles los frecuentan cinco veces más que los ingleses y los suecos».

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