LA EDAD DE JUBILACIÓN AUN ES UNA INCÓGNITA.- Hay valoraciones bien distintas sobre lo acordado ayer en el Congreso, en el Pacto de Toledo, que mantiene la incertidumbre para pronunciarse sobre el aspecto más discutido de la reforma de las pensiones, que es la edad de jubilación. Lo que algún otro titular ya “interpreta”: primer pacto para recortar las pensiones. Porque. varios titulares de prensa destacan también que hay acuerdo para subir los años de cálculo de pensión. La mayoría del Congerso acordó ampliar el período de cálculo de las prestacionesLos grupos mayoritarios del Pacto de Toledo lograron, en efecto, ponerse de acuerdo sobre casi todos los cambios que se deben aplicar al sistema de pensiones. El principal de ellos es la ampliación del periodo de cálculo de las prestaciones, lo que implica rebajarlas para la mayor parte de quienes se jubilen en los próximos años. También hicieron un intento sobre la edad de jubilación con una redacción ambigua que evita concretar la edad de retiro. De manera que, como dice otro titular, el retraso de la jubilación empantana el pacto de la reforma. O bien, que los grandes partidos negocian las pensiones sin fijar la edad de jubilación. Y lo hace con una redacción ambigua... La propuesta se cerrará probablemente en las próximas horas, previsiblemente con el acuerdo de los grupos mayoritarios. La jornada del miércoles sirvió para pactar uno de los aspectos clave de la reforma de las pensiones, los años que se tendrán en cuenta para calcular la pensión, que hasta ahora han venido siendo los 15 últimos, y sobre el peso que tienen los años cotizados a la hora de acceder a la prestación máxima. El texto acordado no fija una nueva referencia para esos años que se tomarán en cuenta, aunque el Gobierno se ha mostrado partidario de elevarla a 20. En un primer momento el Ministerio de Economía habló de 25. Ampliar esa horquilla de años beneficia al colectivo de expulsados prematuramente del mercado laboral pero perjudica a la mayoría, pues generalmente los últimos años cotizados coinciden con los de salarios más altos. Y cuanto más atrás se comience a tener en cuenta, más suele bajar la media de la pensión. El PP es incluso más ambicioso que el Gobierno en el planteamiento. El portavoz de este grupo en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, asegura que apoyarán cualquier propuesta que haga el Ejecutivo en esta línea "siempre que se haga con gradualidad y fundamentada en criterios objetivos". Pero aspira a que el período que se tome como referencia se amplíe, pues los efectos que tendría tomar esos últimos 20 años cotizados "no serían muy apreciables". Este grupo apuesta por un periodo mayor, sin concretarlo, aunque su aplicación sea muy dilatada en el tiempo. También hay acuerdo mayoritario en otorgar más peso a los últimos años de cotización que permiten alcanzar la pensión máxima. Eso implica que quienes tengan pocos años cotizados se quedarán más lejos de la pensión máxima a la que tengan derecho de lo que están ahora, mientras que los que acumulen un buen número de años en el sistema tendrán más fácil acercarse a la máxima. Tampoco es previsible que se concreten numéricamente los cambios en este terreno.
El modelo debatido para propiciar un acuerdo mayoritario respecto a la edad de jubilación es, como decíamos, más ambiguo, pero incluye la necesidad de equiparar la edad real de jubilación (63,5 años de media) a la edad legal, la conveniencia de tomar en cuenta la expectativa de vida a la hora de fijar la retirada del mercado de trabajo, así como la necesidad de frenar las prejubilaciones y otras fórmulas de abandono temprano del mercado de trabajo. "Con toda la prudencia, esto puede permitir un consenso de mayoría muy amplia", aseguró el diputado de CiU Carles Campuzano. Ninguno de los grupos quiso renunciar a sus posturas previas sobre la edad de jubilación, el asunto más espinoso del Pacto de Toledo, que desde 1995 acuerda los cambios fundamentales en el sistema de pensiones y que ha encallado en este asunto desde que el Gobierno planteó, hace casi un año, su voluntad de elevar a 67 años la edad de jubilación. El grupo socialista confía en lograr un acuerdo suficientemente ambiguo a este respecto como para permitir el acuerdo parlamentario y dar margen al Ejecutivo para mantener los 67 años en el proyecto de ley que presentará el próximo 28 de enero. Y el Partido Popular quiere evitar a toda costa darle esa carta blanca. "El Pacto de Toledo no puede ampararse en la ambigüedad, en el oscurantismo", argumentó Tomás Burgos. Pese a todo, su homóloga socialista, la diputada Isabel López i Chamosa, aseguró que el propio Burgos había participado en la redacción del borrador de acuerdo sobre la edad de jubilación y que confiaba en que en las próximas horas concrete su apoyo. La diputada asegura que su grupo no renuncia a los 67 años como edad legal pero asume que no figurará en el texto que salga del Congreso. Y pide al resto de grupos, en especial al PP, que no exijan un pronunciamiento explícito sobre la edad legal. Una solución para cuadrar el círculo consistiría en aludir al actual marco legal, los 65 años, sin prejuzgar el que pueda resultar en el futuro. Fue la pista que deslizó Campuzano, aunque el PP eludió decir si lo considera suficiente.
Sobre estas bases y sobre esa ambigüedad calculada, la comisión del Pacto de Toledo se reúne de nuevo este jueves para cerrar un acuerdo definitivo sobre la edad de jubilación y sobre las pensiones de viudedad, el único elemento de enjundia aún pendiente. El PSOE, en esta materia, quiere proponer, entre otras cuestiones, una reflexión sobre la conveniencia de diferenciar entre viudos con rentas y sin rentas, una distinción ahora irrelevante para el sistema, que otorga la prestación independientemente de los ingresos del cónyuge superviviente. Más fácil será llegar a un acuerdo sobre una mejora de las prestaciones de orfandad, que también figura entre las sugerencias del PSOE. Los grupos que ya se han apartado de los acuerdos que previsiblemente se cerrarán hoy son Izquierda Unida, ERC y BNG. "No vamos a aceptar posiciones ambiguas. Tienen que salir los 65 años como edad legal", subrayó Gaspar Llamazares, de IU. Joan Tardá, de ERC, acercó la posición de su grupo a la que mantendrán los sindicatos y posiblemente una buena parte de la sociedad: "Divergemos de lo que se decide aquí y nos acercamos a la calle". Pero aún queda mucho por hablar. Y nadie se da por vencido “del todo”...
JOSÉ CAVEROZAPATERO: EL PLANTE DE LOS CONTROLADORES FUE UN DESAFÍO AL ORDEN DEMOCRÁTICO.- Sólo unas horas después de que en la Cámara prosperase el último paquete de medidas urgentes de carácter fiscal y con rebajas sociales para intentar sacar cabeza en la crisis, José Luis Rodríguez Zapatero evitaba responder a la pregunta de si "¿Habrá nuevos recortes sociales por sorpresa?". El líder de la oposición, Mariano Rajoy, dirigía este interrogante al presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno sin lograr una respuesta. Rajoy reprochó a Zapatero su preferencia por gobernar "a golpe de sorpresas, usando y abusando del decreto ley", y pensando exclusivamente "en el corto plazo". El líder del PP intentó que el presidente desvelara si esta estrategia va a continuar, y si a los españoles les queda por ver nuevos decretos urgentes de recortes. Bono da a Rajoy un turno de réplica no previsto, que el líder del PP aprovecha para defender que el convenio de los controladores de 1999 viene de otro de 1992 y culpa al Gobierno de no haber hecho nada "ni en 2004, ni en 2005, ni en 2006, ni en 2007... , y apenas sacaron 150 plazas de controlador". Zapatero responde sobre las causas de fondo de la crisis: "Los privilegios excesivos mantenidos durante años son difíciles de erradicar. Hay que tener valor para hacerlo". "Los trabajadores no van a trabajar más horas que antes. Pero antes, 1.200 horas se cobraban a precio normal y el resto como extraordinarias. Con la regulación actual, se cobra al precio que tiene que ser", explica el presidente. "Han perdido un privilegio". El presidente desglosa el número de controladores que podrían haberse ausentado en diciembre de las torres de control según su "interpretación sesgada" del número de horas que debían cumplir. Zapatero asegura que hasta 153 podrían no haber ido a trabajar en Navidades. Zapatero se dirige a Rajoy para indicar que "no hay improvisación, sino determinación". El presidente diferencia la "jornada aeronáutica" de la "jornada laboral" que recoge el Real Decreto que los controladores no aceptan y que provocó el boicot. "No es un conflicto laboral, no es una huelga. Es una desobediencia a las leyes, un desafío al orden democrático", dice Zapatero. "Fue una no aceptación deliberada, concertada, para producir grandes efectos dañinos a los ciudadanos y la economía de un país". "El Gobierno se ratifica plenamente en el convencimiento absoluto sobre la constitucionalidad y pertinencia del estado de alarma, y que la legislación faculta al Gobierno para movilizar a civiles cuando se proclama el estado de alarma", añade. Zapatero niega que las medidas del Gobierno puedan ser vistas como una estrategia improvisada y cortoplacista. "Esto es una política socialdemócrata y progresista. Así pues, nada de improvisación; más bien coherencia y política social". Y recuerda la aprobación de la Ley de Dependencia, el aumento de pensiones mínimas desde 2004, la subida de las becas y otras medidas sociales del Gobierno. "Con usted no se puede discutir de política social porque no la hubo durante los años que gobernaron"
Después, tomaba la palabra la portavoz parlamentaria de los 'populares', Soraya Sáenz de Santamaría, para interpelar al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba sobre los recortes sociales del Gobierno, especialmente la retirada de la ayuda de 426 euros para los parados de larga duración. Sáenz de Santamaría pregunta a Rubalcaba cómo califica la supresión de esa ayuda a parados de larga duración, y califica la medida de "antisocial", acusando a Rubalcaba de pedir el apoyo de la oposición, primero para quitar la ayuda y luego para darla. "La salida social de la crisis será la salida del PSOE de la Moncloa", concluye la portavoz del PP. Rubalcaba recuerda a Sáenz de Santamaría que el PP también gobierna en España y pone el ejemplo de los retrasos que sufre la Ley de la Dependencia en Valencia y Madrid por responsabilidad de los Gobiernos autonómicos. Sáenz de Santamaría reprocha al Gobierno que sea el "más antisocial de la historia de la democracia" y acusa al propio Rubalcaba de ser "un experto en falsedades políticas". Según la diputada, el PSOE piensa ya que "un político sin principios es la única solución que les queda", en tanto que el PP cree que "la única salida social de la crisis será la salida de los socialistas de La Moncloa".
Al ministro de Fomento, José Blanco, preguntan por un 'plan B' ante el plante de los controladores. El PP asegura que no hay controladores para sustituir a los que se plantaron el pasado día 3 y eso impide solucionar el problema. Culpa a Blanco de la ausencia de recambios. La diputada del PP Álvarez-Arena Cisneros pregunta a Carme Chacón: ¿En qué situación se encuentra la homologación de los controladores militares para ejercer la labor de control de aeronaves civiles en el espacio aéreo? La ministra de Defensa ataca al PP por no haber puesto ninguna solución al problema de los controladores durante los ocho años de su mandato. "Nosotros hemos puesto a los controladores en su sitio; la ciudadanía les pondrá a ustedes", concluye Chacón. "El Gobierno va a habilitar a un número determinado para que determinados controladores militares ocupen determinados puestos ante situaciones de emergencia, porque el Gobierno no quiere sustituir a los civiles por militares", asegura Chacón, que felicita al Ejército por solucionar en 24 horas el plante de los controladores. Y asegura a la diputada del PP que no debe confundir la homologación con la habilitación para operar en torres civiles.
LA TARIFA DE LA LUZ SUBIRÁ UN DIEZ POR CIENTO EN ENERO.- Todavía es reciente la elevación de las tarifas de la electricidad, y ya se nos anuncia la subida siguiente, salvo un acuerdo que pudiera producirse entre PSOE y PP. Se recordará que en la revisión trimestral del reciente octubre, la luz subió un 4,8% porque el Ejecutivo mantuvo el coste del “peaje” sin cambios, encareciéndose así según la CESUR; mientras que en la revisión de julio la factura quedó congelada porque por un pacto de Estado el resultado de la subasta fuera compensado con una bajada en el coste del peaje. Pues bien, ahora, la conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz subirá previsiblemente un 9,9% en enero porque la subasta entre comercializadoras de último recurso (Cesur) se ha cerrado con un alza del 21,3% con respecto a los resultados de octubre, según fuentes del sector. La factura del TUR es la suma de dos componentes. Uno es la subasta CESUR, por lo que depende de la evolución del mercado y sus costes; otro es el peaje, establecido por el Gobierno para retribuir los costes del sistema (redes, primas de energías renovables y otros conceptos). La TUR existe desde el 1 de julio de 2009, cuando se liberalizó el sector eléctrico. A ella tienen derecho todos los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW. Es decir, 27 millones de hogares pueden elegir entre esta opción o las ofertas de las comercializadoras eléctricas, aunque estas apenas hayan bajado sus precios. De todos los hogares con derecho a TUR, cinco millones pueden pedir el “bono social”, lo que implica la congelación de su tarifa desde el momento en que lo soliciten. El encarecimiento de las materias primas han provocado la fuerte subida de la luz, incluido el precio del barril de crudo y las ayudas al carbón nacional. El producto base subastado para el primer trimestre de 2011, de 4.000 megavatios (MW), se vendió a un precio de 49,07 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 4,5%. Este producto es el que se utiliza en la fórmula de la TUR. No obstante, una vez realizados los ajustes correspondientes, referidos a pagos por capacidad, primas de riesgo, desvíos o traslado de consumos de base a hora punta para cubrir los momentos de mayor demanda, el incremento final ha quedado fijado en el 21,3%. El coste de la energía obtenido en la subasta tiene un peso cercano al 50% en la fijación de la TUR. El Gobierno ha decidido congelar el otro principal componente de la fórmula, referido a los costes regulados, pero eso no evitará una subida del 9,9%.
Conocidos estos datos y su explicación, hay discrepancias en la información que este miércoles proporcionan los diarios sobre esas próximas tarifas. Dice El País que se apunta una fuerte subida de la luz en enero, y recuerda que en 2010 la factura subió dos veces. El Mundo dice que subirá en ese porcentaje “si el Gobierno no lo frena”. Asimismo, señala ABC que sólo eludiendo la legislación eléctrica el Ejecutivo podría rebajar el incremento hasta el 4,8 por 100. La Vanguardia, en cambio, cree saber que la tarifa eléctrica podría subir un promedio de hasta el 8 por 100 en enero, y que el aumento depende de si el Gobierno eleva los pagos a los ciclos combinados.. El Periódico de Cataluña señala que el coste de la energía sube el 4,5 por 100 y podría encarecer la factura hasta el 10 por 100, pero que el incremento final del recibo mensual dependerá de una decisión política. Es decir, no hay coincidencia en las cifras finales, pero sí en la impresión dominante de que podríamos estar en vísperas de una elevación muy considerable... salvo que el gobierno decida otra cosa.
ENFADO DE LOS CONSUMIDORES CON LA SUBIDA DE LA LUZ.- Después de conocerse la noticia de que la luz podría aumentar sus tarifas hasta un 10 por 100 desde enero, los consumidores han mostrado su indignación, sobre todo teniendo en cuenta que esta factura ya se ha incrementado un 30% en los últimos tres años. La asociación de consumidores Facua ha criticado que "la política energética del Gobierno está plegada a los intereses empresariales" y lamenta que cuente con un Ministerio, el de Industria, Turismo y Comercio, "dedicado a satisfacer a las grandes corporaciones de sectores como el energético y el de las telecomunicaciones a costa de lesionar los intereses económicos y los derechos de los usuarios". "Cualquier subida, ya sea del 5, 10 o 15%, supone un ataque frontal a la economía de los consumidores, teniendo en cuenta que la crisis la están viviendo los usuarios y no las eléctricas que tienen ganancias millonarias", ha asegurado Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Desde esta organización sostienen que el proceso de subasta por el que se fija el precio de la luz, está viciado y que las eléctricas saben de antemano cuál va a ser el resultado. Por este motivo, Sánchez reclama al Gobierno que comience a investigar "las irregularidades que hay en el sistema de conformación de los precios". A su vez, la OCU ha calificado esta subida de "dramática", ya que se traducirá en 55 euros más al año para el consumidor medio (es decir, alguien con 3.45 kW y 3500 kwh de consumo)."Tradicionalmente se venía argumentando que la electricidad era en España más barata que en otros países. Pero los datos desmienten esta idea: el último informe de Eurostat que no recoge las subidas producidas en julio ni octubre, nos sitúa ya por encima de la media de Unión Europea y si se confirma esta subida, los consumidores españoles podrían llegar a tener la factura más cara de la Unión Europea sólo por detrás de Alemania y Dinamarca", denuncia la OCU en un comunicado. En cuanto a Facua a ha señalado que el recibo del usuario medio ya se ha encarecido en 158,76 euros anuales en tres años y medio, nada menos que un 34,8%, cifra que puede aumentar de forma considerable en enero de 2011. De esta forma, un usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 270 kWh (la media en España según pone de manifiesto el último informe hecho público por la CNE) paga hoy 13,23 euros mensuales más que con la tarifa vigente en julio de 2007, según los datos de Facua. Este año, el cambio en la Tarifa de Último Recurso (TUR) aprobado por Industria en octubre con respecto a la vigente en enero ha supuesto para el usuario medio un 5,1% o 2,48 euros mensuales. Con la tarifa vigente desde comienzos de año, ese usuario abonaba 48,82 euros al mes. La Tarifa de Último Recurso de la luz subirá previsiblemente un 9,9% en enero porque la subasta entre comercializadoras de último recurso (Cesur) se ha cerrado con un alza del 21,3% con respecto a los resultados de octubre, según fuentes del sector. La factura del TUR es la suma de dos componentes. Uno es la subasta CESUR, por lo que depende de la evolución del mercado y sus costes; otro es el peaje, establecido por el Gobierno para retribuir los costes del sistema (redes, primas de energías renovables y otros conceptos).
Se pone de relieve que sólo un acuerdo entre PSOE y PP evitaría la subida de la luz en enero. En la revisión trimestral de octubre, la luz subió un 4,8% porque el Ejecutivo mantuvo el coste del peaje sin cambios, encareciéndose así según la CESUR; mientras que en la revisión de julio la factura quedó congelada porque por un pacto de Estado el resultado de la subasta fuera compensado con una bajada en el coste del peaje. El mercado eléctrico se liberalizó el 1 de julio de 2009, dando entrada en el sector a las ofertas de decenas de comercializadoras. Sin embargo, según un análisis de la Comisión Nacional de Energía (CNE), un hogar normal apenas ahorra 16 euros al año si acude al mercado liberalizado. La subasta trimestral de las empresas comercializadoras tiene en cuenta, entre otros costes, las subidas registradas en materias primas como el carbón, el gas y el petróleo. Aunque el Gobierno parece haber decidido congelar el peaje eléctrico, en la subasta para fijar los precios de enero se produjo una subida de los costes del 21,3%. El producto base, 4.000 megavatios, se vendió a un precio de 49,07 euros por megavatio hora (MWh), lo que suponía un incremento del 4,5%, pero a este se añadieron ajustes técnicos como pagos por capacidad, primas de riesgo y otros desvíos. Entre otros motivos, el precio del barril de crudo se ha disparado en el último año un 16,77%, superando los 90 dólares la unidad 'Brent'. Por su parte, la aplicación del decreto que obliga a comprar carbón nacional incrementó en un 72% los pagos por capacidad, 4,2 euros por MWh para los consumidores de baja tensión. En cualquier caso, fuentes del sector aseguran que el precio de la luz en España es más barato que en otros países de Europa, entre ellos Italia (67 euros por MWh), Francia (57), Alemania (52) y Reino Unido (60). La luz no subió en julio porque PSOE y PP llegaron a un Pacto de Estado para que el Gobierno compensase con una reducción del peaje la subida experimentada en la subasta de las comercializadoras. Sin embargo, la luz subió en octubre un 4,8% porque el Ejecutivo congeló su parte de la tarifa eléctrica, pero el precio en la subasta subió. No obstante, la patronal eléctrica Unesa criticó estas medidas porque la subida de la luz tiene como objetivo reducir el déficit de tarifa. Desde el año 2000, los ingresos obtenidos por el recibo de la luz no han cubierto todos los costes que soporta el sistema, según las eléctricas, por lo que estas han acumulado una deuda que a finales de 2009 superaba los 12.900 millones de euros, aunque este año puede alcanzar los 20.000 millones.
CLARA VENTAJA DE LA CANDIDATURA DE ROSELL PARA LA CEOE.-La candidatura de Juan Rosell para presidir la CEOE ha conseguido 241 avales de 62 organizaciones empresariales, destacándose por delante de Santiago Herrero, que ha obtenido 44 avales de once organizaciones, y de Jesús Banegas, que consiguió el respaldo de 33 avales de seis organizaciones, según los datos difundidos este martes por la patronal. De acuerdo a los estipulado en los estatutos de la CEOE, las tres candidaturas que el próximo martes, día 21, pedirán el voto a los 807 vocales para relevar a Gerardo Díaz Ferrán al frente de la patronal son las de Santiago Herrero, número uno de los empresarios andaluces; Jesús Banegas, presidente de la patronal tecnológica Ametic; y Juan Rosell, líder de Foment del Treball. Otro de los candidatos en liza, el presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Rosell a favor de la gobernabilidad de la CEOE. Según la CEIM, la condición para alcanzar este acuerdo es que "los principios defendidos por los empresarios de Madrid y su decisivo peso específico en el seno de la CEOE se vean reflejados adecuadamente en los planteamientos finales de la nueva dirección de la organización empresarial española".
El aún presidente de Foment ha afirmado en un encuentro con los medios de comunicación que estaba dispuesto a integrar una candidatura única siempre que él la encabece, ya que es el que contabiliza el más nutrido respaldo. Hasta el próximo día 21, los candidatos seguirán manteniendo negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de una sola lista. Además de El Periódico de Cataluña, algunos otros diarios coinciden en señalar que Rosell abre la puerta a una candidatura única para CEOE, al no descartar un acuerdo con sus competidores, y tras haber conseguido el apoyo de los empresarios xe Madrid. Así lo cuenta, por ejemplo, La Gaceta. El País también dice que el acuerdo con la patronal madrileña permite la “unidad empresarial. Según El Mundo, Rosell ha invitado a Herrero y Banegas a sumarse a una candidatura unitaria, aunando a las tres patronales con más peso electoral de CEOE a lograr el apoyo de CEIM. Según esta crónica, el empresario catalán promete reduir vicepresidentes, directivos y comisiones. También ABC señala que Rosell obtiene el apoyo de las tres organizaciones empresariales con mayor número de votos. Según La Vanguardia, el presidente de Foment, Rosell, quintuplica los apoyos de sus rivales.. El Periódico de Cataluña es más contundente en sus apreciaciones: Rosell está a un paso de presidir la CEOE tras el apoyo de Madrid. El presidente de Ceim respalda a su colega de Foment en aras de la gobernabilidad. Mientras el catalán dice tener el aval de las organizaciones, sus rivales presumen de votos. También en La Ra´zon se da a Rosell como “virtual presidente de la CEOE”, ras el apoto de la patronal madrileña. Asimismo, en Público se insiste en que Rosell se perfila como ganador tras recibir el apoto de Madrid y de Anfac, y que aboga por renegociar la reforma laboral.. Expansión señala que el empresario catalán consigue el respaldo público de las direcciones de Madrid, Valencia y de los fabricantes de automóviles, y que presentó 241 avales por los 77 de sus contrincantes. Habla, asimismo, Cinco Días de la cala ventaja con la que Rosell encara las elecciones, tras lograr el voto de CEIM, y que ofrece integrarse en una candidatura única a Herrero y Benegas. El Economista dice que Rosell “toca poder” y anuncia una amplia reducción interna en la CEOE...
LAS CATALANAS, LAS MÁS ABORTISTAS.- Cataluña es la comunidad que registró mayores tasas de abortos entra la población fértil, de 15 a 44 años, durante 2009, seguida de Madrid y Murcia, según el avance de resultados de interrupciones voluntarias de la gestación, difundido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Con 16,1 embarazos interrumpidos por cada mil mujeres, Cataluña se encuentra a la cabeza del ranking, seguida de Murcia, con 15 por cada mil y Madrid, donde fueron 14,5. No obstante, los abortos practicados en Cataluña descendieron un 3% --alrededor de 900 menos-- durante 2009, el primer descenso registrado en la comunidad desde hace al menos 15 años. En total, el año pasado se registraron en España 111.482 abortos, casi un 4% menos que en 2008, notificados por un total de 141 centros (cuatro más que un año antes). La tasa nacional ascendió a 11,41 interrupciones de embarazo por cada mil mujeres, frente a las 11,78 del periodo anterior. Así, por primera vez desde que hay estadísticas, descendió el cómputo de abortos. Son datos que se han conocido en las últimas horas, y que, por ejemplo, divulga este miércoles El Periódico de Cataluña. Por regiones, entre las que registraron tasas más elevadas figuran también Baleares, con 13,22 por cada mil mujeres; Andalucía, donde fueron 11,31 y Aragón, que registró 10,86. En la Comunidad Valenciana fueron 9,99 y en Canarias, 9,36. No obstante, en términos generales, todas registraron descensos respecto de 2008, a excepción de Galicia, donde pasó de 3,53 abortos por cada millar hasta los 5,81 en 2009 y Cantabria, donde la tasa se elevó de 6,09 a 7,93. Se produjeron incrementos también en Andalucía, Ceuta y Melilla en torno a una centésima. Atendiendo al tipo de centro, del 97,97% de abortos realizados fuera de la sanidad pública, un 87,2% se ejecutaron en clínicas autorizadas, lo que supone un incremento del 0,5% respecto de 2008. El 2,03% por ciento restante se realizó en hospitales del Servicio Nacional de Salud. En cuanto a los plazos de gestación en los que se interrumpieron estos embarazos, un 63,17% de los abortos tuvieron lugar en las primeras ocho semanas, mientras que la cuarta parte (25,31%) se produjo entre la novena y la duodécima y un 6,3% tuvo lugar entre la décimo tercera y la décimo sexta. Entre la decimoséptima y la vigésima se concentró el 3,56% de los abortos y, a partir de la semana vigésimo primera, tuvo lugar el 1,64% restante, según las estadísticas oficiales.
Los datos de Sanidad revelan que, un año más, casi la totalidad de los abortos (96,74%) se practicaron bajo el supuesto de riesgo para la salud de la madre, mientras que en un 2,98% de los casos, cifra similar a la de años anteriores, se alegó riesgo para el feto. Los casos de violación fueron el 0,02% del total. Por otra parte, el año pasado se produjo un incremento del tres por ciento en el número de españolas que se practicaron un aborto respecto de 2008, hasta suponer el 47,99% del total de las europeas que se sometieron en España a esta intervención, y que representaron, a su vez, un 58% de todas las mujeres que abortaron. Además, la cuarta parte de quienes interrumpieron su embarazo eran americanas, aunque su presencia se redujo un 2% respecto del total. Fundamentalmente procedían de América del Sur (21,02%), aunque también de América Central y Caribe (2,66%) y América del Norte (0,16%). Las africanas representaron el 5,50% del total de mujeres que abortaron y las asiáticas, un 1,49%. No obstante, "no consta" la nacionalidad del 10,6% de quienes interrumpieron su embarazo el año pasado en España.
OTRA VEZ, POSIBLE REVISIÓN DE LA DEUDA ESPAÑOLA.- La noticia alarmaba esta mañana del miércoles en medios financieros y en la bolsa: Moody's pone en revisión la deuda española para su posible rebaja por su vulnerabilidad Según esta información, la calificadora estaría influido en esta decisión de posible rebaja por la preocupación por la capacidad del Gobierno español para lograr la necesaria mejora sostenible y estructural de las finanzas en general . Pero la noticia es ésa y así de clara: La agencia de calificación Moody's ha puesto en revisión la deuda de España (Aa1) para su posible rebaja por la vulnerabilidad del país a las tensiones que provocan sus necesidades de refinanciación en 2011. Asimismo Moody's ha tenido en cuenta el posible aumento del ratio de deuda pública por el coste de la recapitalización de los bancos que puede ser superior a lo previsto, bien para poder afrontar el deterioro de activos más altos de lo esperado, o para mantener la confianza de los mercados mayoristas. También ha influido en esta decisión de posible rebaja la preocupación por la capacidad del Gobierno español para lograr la necesaria mejora sostenible y estructural de las finanzas en general a causa de los límites del control del Ejecutivo sobre las cuentas de las Comunidades Autónomas. Moody's también ha colocado la calificación Aa1 de Fondo de España de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en revisión para una posible rebaja. Pese a esta decisión Moody's no cree que la solvencia de España esté en peligro, y tampoco espera que el Gobierno tenga que recurrir al rescate previsto por la Unión Europea (UE). Moody's considera que los riesgos mencionados son suficientes para poner la deuda de España en revisión para su posible rebaja, aunque hace hincapié en que ve a España como un país «mucho más fuerte» que otros de la zona del euro, lo que determina la puntuación significativamente más alta para el soberano español.
La preocupación por los niveles de la deuda española está presente en varias informaciones más de entre las divulgadas en los diarios de este miércoles. Según La Razón, los mercados siguen desconfiando de España. Indica Público que el tipo de interés de la deuda española está en máximos, aunque la banca española pide menos al BCE. Señala La Gaceta que España pagó hasta un 44 por 100 más en la última subasta de letras a 12 y 18 meses en el año. El País afirma que España tiene que pagar cuatro veces más que en enero para financiarse, y que el Gobierno propone flexibilizar el fondo de rescate del euro para que compre deuda. El Mundo también indica que la deuda española está otra vez en máximos, y que el bono a diez años toca el 5,53 por 100, el interés más alto ofrecido en la última década. Dice en otra información que Zapatero quiere que la UE compre deuda y Merkel se nieva; intenta que la cumbre europea ponga freno a la tensón en los mercados. ABC coincide en señalar que España pedirá a la UE que use el fondo de rescate para dar créditos. Habla La Vanguardia de “aluvión de propuestas” para que Berlín jyueva ficha mañana en la eurocumbre. Cuenta El País que el BCE estudia ampliar el capital social para hacer frente a posibles pérdidas por el programa de compra de bonos con el que apoya a los países con problemas de financiación en los mercados. Medios alemanes informaron de que Alemania, que tiene la mayor participación en el capital del BCE, apoya la propuesta. En la misma línea, dice Cinco Días que todo parece indicar que el BCE prepara la primera ampliación de capital social desde su fundación en 1999, y que la decisión podría adaptarse el jueves. Sería una medida de precaución ante la posibilidad de que la deuda soberana que ha comprado pueda depreciarse en los próximos meses por el agravamiento de la crisis. Por su parte, asegura El Economista que la canciller alemana Merkel apoya ahora la estrategia de que el BCE compre deuda emitida por estados de la zona euro al borde de la quiebra, como Grecia, Irlanda y Portugal, para aliviar la crisis de la deuda y estabilizar la moneda común. El gobierno español, por su parte, y según el mismo diario, defiende que la UE flexibilice el uso del fondo de rescate de países de la zona euro en apuros y que lo dote de más recursos. España pretende que este mecanismo pueda comprar deuda pública y conceder líneas de créditos a corto plazo a países con problemas. Según el índice Genworth Financial, que cita El Economista, España es el séptimo Estado europeo con mayor vulnerabilidad financiera...
CONTROVERSIA SOBRE LA UTILIDAD DE LA “ECOBOLA”.-La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que es como lavar a mano, mientras algunas empresas comercializadoras han llegado a proclamar, incluso, el final del detergente. En espera de un estudio científico -por ahora son empíricos- que ayude a despejar dudas, cabe preguntarse si la ecobola, que se comercializa con éxito en España desde el 2007, es la revolución de la lavadora o simplemente un bluf. La controversia la explica La Voz de Galicia de este miércoles, en un amplio reportaje. Señala, en primer lugar, que la teoría dice que la fricción de los fragmentos de cerámica contenidos en el interior de la ecobola cambian las propiedades del agua y consiguen un efecto similar al del detergente. Pero los consumidores españoles han sometido el invento (coreano, para más señas) a diversas pruebas que arrojan conclusiones escépticas. Como esta: «La ecobola o bola de lavado, que se vende con distintas marcas (Irisana, Ecobola, Biowashball, Okoball, Interfibra, Zeo Wash, Wellos.), promete un lavado eficaz sin emplear detergente. Nuestras pruebas han comprobado que sus resultados son muy similares a los que se obtendrían lavando solo con agua». La OCU analizó el modelo Irisana IR20, la más vendida en España (a 39,50 euros), «sometiéndola a las mismas pruebas de eficacia que al resto de detergentes, con idéntico programa de lavado y en una máquina concreta», con las siguientes conclusiones: «A 30 grados, los resultados de eficacia con detergente son mucho mejores, en general. Las manchas vegetales y las de grasa son las que mejor se eliminan con la ecobola, aunque salen mucho mejor con detergente. Altroconsumo probó en Italia la Biowashball a 40 grados, comparándola con un detergente en polvo y con un lavado sólo con agua, y los resultados de la ecobola fueron idénticos a los obtenidos sin añadir nada a la lavadora». En resumen, los consumidores sostienen que «los resultados de la ecobola están lejos de los que se consiguen con el detergente. Su eficacia -prosiguen- podemos atribuirla a la acción mecánica de la lavadora y a la temperatura del agua, por lo que usar este producto es prácticamente lo mismo que lavar solo con agua».
Grupo Irisana es una empresa de Vigo que importa de Corea desde abril del 2007 la ecobola más vendida en España. Su punto de vista sobre la eficacia del producto difiere radicalmente del de la OCU. «Tenemos ensayos que, por supuesto, acreditan lo que vendemos, que hace muchos años que funciona con éxito en países como Alemania», contraargumenta Juan Andrés Fernández, gerente de Irisana. Fernández sostiene que su mayor desencanto es precisamente «el estudio de la OCU», y recuerda que «si una mancha se hace con barra de labios tampoco sale con un detergente normal». Añade que tienen «muchos clientes que se han dado de baja de la OCU», en desacuerdo con sus conclusiones, y habla de «sectores interesados» en que la ecobola no se venda bien. «Fuimos los primeros en introducirla en España a nivel comercial, en abril del 2007, y optamos por una comercialización de proximidad, en pequeñas tiendas, renunciando a grandes superficies que se molestaron por eso». En consecuencia, éstas empezaron a traer de China ecobolas “que no siempre son de calidad y que a veces incluso se abren, poniendo en riesgo la propia lavadora». Fernández admite «un exceso» en la publicidad, pero asegura que, «aunque no sustituye en todos los casos al detergente, sí limita su uso un 75%».
Y ante tal disparidad de criterios, ¿qué opinan los técnicos? Responsables del Servicio Técnico Méndez, de A Coruña, probaron por su cuenta la ecobola con la siguiente conclusión: «A nosotros nos parece que no funciona. No nos gusta, aunque en ciudad la ropa, no demasiado sucia, puede que salga bastante limpia por la propia acción del agua».
AL ROJO VIVO, PRÓXIMA TERTULIA DE IZQUIERDAS EN TV.- Dice El Confidencial de este miércoles que, tras el anuncio del inminente cierre de CNN+, la izquierda estaba llamada a quedarse aislada en la TDT. Por ello, y “porque es indispensable para la salud democrática”, la Sexta tiene previsto lanzar, a partir de enero, en su segundo canal, Al rojo vivo, una tertulia que analizará la actualidad política. “Va a ser el único debate de no derechas (…) No va a ser la típica tertulia, tendrá más modernidad, será más americana”, ha explicado el consejero delegado de la cadena, José Miguel Contreras, durante la presentación del Balance 2010 y las Novedades para 2011. Contreras también ha comentado que, de momento, la cadena está barajando el nombre de dos periodistas de peso, “uno de la casa y otro de fuera”, para presentar la tertulia política, aunque “en ningún caso se trata de Iñaki Gabilondo”. “Iñaki estaría siempre invitado como tertuliano”, ha dicho por su parte el director de la cadena, Antonio García Ferreras, quien no cree que la carrera del periodista haya acabado. “Es eterno periodísticamente hablando. El periodismo no puede prescindir de él”.
La apuesta por Al rojo vivo está enmarcada dentro de los nuevos objetivos que tiene la cadena para sus dos nuevos canales de TDT, laSexta2 y laSexta3, con los que espera llegar en cada caso a más del 1%, lo que se traduciría en un 9% para el grupo completo. “Una vez conseguidos los objetivos en laSexta (llegar al 7%), es momento de desplegar la familia de canales”, ha dicho Contreras. “laSexta2 va a tener una programación nueva de entre 8 y 10 horas de realidad, (…) mientras que laSexta seguirá apostando por la ficción americana y el cine clásico”. Contreras, que ha confesado estar muy feliz por los datos, -a pesar de las críticas que ha recibido por su modelo televisivo basado en eventos deportivos de dudosa rentabilidad, como la Fórmula 1 y la Liga-, ha dicho que espera que la cadena entre en beneficios a lo largo de 2011. “En 2010 hemos tenido un crecimiento del 40% y unos ingresos de 280 millones de euros”. En cuanto a la posible fusión entre su cadena y Antena 3, el consejero delegado ha sido claro. “No hay fusión inminente. ¿Hubiésemos presentado estas novedades si fuéramos a fusionarnos en corto plazo?”. Sobre la otra comentada fusión, la de Telecinco y Cuatro, Contreras ha dicho que estarán “muy vigilantes del funcionamiento de ambas comercialmente”, por si violan las leyes. “Telecinco y Cuatro son el imperio romano, Antena 3 es Hispania y nosotros somos la aldea gala que nos enfrentamos a poderes extraordinarios”, ha bromeado Contreras...
LA SILLA VACÍA DE FARIÑAS RECIBIÓ EL PREMIO SAJAROV.- El Parlamento Europeo simbolizó este miércoles con una silla vacía la ausencia del disidente cubano Guillermo Fariñas en la entrega del Premio Sájarov 2010, al no haber recibido los permisos necesarios para salir de la isla. Fariñas se dirigirá al Parlamento con un discurso grabado, tras una declaración del Presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek. Guillermo Fariñas fue galardonado con el Premio Sájarov "por estar dispuesto a sacrificar y arriesgar su propia salud y vida como medida de presión para conseguir cambios en Cuba", señaló Buzek al anunciar el ganador del Premio el pasado 21 de octubre. Por su parte, los eurodiputados que apoyaron la elección de Fariñas resaltaron que "su lucha ha sido y sigue siendo un ejemplo brillante para todos los defensores de la libertad y la democracia". No es la primera vez que el Premio Sájarov se entrega en ausencia del galardonado. En 2008, uno de los activistas más importantes de Derechos Humanos en China, Hu Jia, no pudo acudir a la ceremonia por estar encarcelado y en su lugar envió un mensaje de vídeo de su esposa, Zeng Jinyan. Otros galardonados, como Aung San Suu Kyi (1991) o las Damas de Blanco (2005), recibieron el Premio en manos de miembros de sus familias.
El Parlamento Europeo votó también este miércoles un informe sobre los derechos humanos en el mundo en 2009. El texto menciona la situación en Cuba, Venezuela y el Sáhara Occidental. El pleno también se pronunció sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE. Después de la entrega anual del Premio Sájarov, el Parlamento Europeo debatió, y votará este jueves el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2009. Con respecto a la situación de Cuba, la comisión de Asuntos Exteriores "toma nota de la liberación de defensores locales de los derechos humanos", sin embargo, "manifiesta su profundo pesar por el hecho de que el Gobierno cubano se niegue a reconocer el seguimiento de los derechos humanos como una actividad legítima, denegando de este modo un estatuto legal a los grupos locales de derechos humanos" y, asimismo, "observa con inquietud que la detención de defensores de los derechos humanos en el país constituye también una grave vulneración de dichos derechos". Por esta razón "pide al Gobierno de Cuba que no opte por el exilio de los presos políticos y que les dé libertad para abandonar el país y volver a Cuba sin ser detenidos". Los diputados manifiestan "su especial preocupación por la gran oleada de corrupción, delincuencia, persecución política, impunidad y tortura y encarcelamiento de miembros de la oposición en Venezuela, como consecuencia de la politización de las fuerzas policiales, la falta de políticas y la incapacidad del Gobierno para atajar estas serias amenazas a los derechos humanos". Los ataques a la libertad de expresión por medio de Internet y otras tecnologías modernas constituyen una de las principales preocupaciones que figuran en el informe. En este sentido, los diputados "manifiestan su profunda inquietud por la falta de libertad de expresión en Venezuela y Cuba, el control de los medios de información, el uso restringido y controlado de Internet y las tentativas de reprimir la disidencia". Con respecto a la situación actual del Sáhara Occidental, el texto destaca que "todavía no se ha resuelto el antiguo problema de los derechos humanos en el contexto de la descolonización en todas las regiones vecinas de la UE, en particular en el caso del Sahara Occidental", y por este motivo "condena la detención ilegal de defensores saharauis de los derechos humanos y el acoso a los mismos en el territorio del Sahara Occidental, controlado por Marruecos, e insta a las Naciones Unidas a que incluyan el seguimiento de la situación de los derechos humanos en el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental. El informe hace hincapié en la importancia de las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia y de "mecanismos eficaces de resolución de conflictos" en los acuerdos comerciales, incluidos los acuerdos pesqueros, entre la UE y los países no pertenecientes a la Unión. En este sentido, pide una vez más que estas cláusulas vayan acompañadas de un mecanismo de ejecución que garantice su aplicación práctica. El informe expresa su preocupación por el hecho de que China siga siendo el país en el que se lleva a cabo el mayor número de ejecuciones en el mundo, y pide a Pekín que haga públicas las cifras correspondientes a las ejecuciones a nivel nacional, de manera que se pueda analizar y debatir con transparencia acerca de la pena de muerte. Los diputados celebran la decisión de conceder el Premio Nobel de la Paz de 2010 a Liu Xiaobo por "su lucha larga y no violenta en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales en China". Además, insta al Gobierno de Pekín a que ponga en libertad inmediatamente y sin condiciones a Liu Xiaobo y a que levante las restricciones impuestas a su esposa Liu Xia. En cuanto a Rusia, la comisión parlamentaria "lamenta profundamente los asesinatos de, entre otros, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova y Natalya Estemirova". Los diputados toman nota del Informe de 2010 de Amnistía Internacional que destaca el segundo juicio en curso contra Mijail Jodorkovski, antiguo dirigente de la empresa petrolífera Yukos, y su socio Platon Lebedev, como un ejemplo representativo de los procesos injustos en Rusia. En este sentido, piden a Moscú que garantice el cumplimiento de las normas fundamentales de respeto de las garantías procesales y los derechos humanos en el enjuiciamiento de Jodorkovski y Lebedev y de todos los defensores del sistema judicial del país. El texto pide a las autoridades rusas que impongan una moratoria a la aplicación de la Ley de lucha contra las actividades extremistas de 2002, "de la que con mucha frecuencia se hace un uso indebido para perseguir a grupos religiosos minoritarios pacíficos". Los parlamentarios expresan su profunda preocupación por la situación de las mujeres y las niñas en Irán y proponen a los líderes iraníes a que promulguen una ley que prohíba sin ambages la lapidación como una medida penal. El informe condena que se "detenga arbitrariamente, torture y encarcele a defensores de los derechos humanos por la actividad que desarrollan, bajo la acusación de «actividades contrarias a la seguridad nacional»". También lamenta la actual política del gobierno contra los maestros y los universitarios, que impide el acceso de los alumnos a la educación superior, y condena la persecución y el encarcelamiento de activistas estudiantiles. Los diputados muestran su preocupación por que en todas las regiones del mundo se cometan todavía actos de discriminación por motivos religiosos o de conciencia, y por que en muchos países, como Corea del Norte, Irán, Arabia Saudí, Somalia, Maldivas, Afganistán, Yemen, Mauritania, Laos, Uzbekistán, Eritrea, Iraq, Pakistán y Egipto, continúen negándose los derechos humanos a personas que pertenecen a determinadas comunidades religiosas, incluidos los credos minoritarios.
EL PARLAMENTO EUROPEO APOYA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS.- Los eurodiputados han apoyado este miércoles la orden europea de protección, que garantiza a las víctimas de delitos como la violencia, el acoso, la homofobia o la trata, el mismo nivel de protección frente a sus agresores en toda la UE. Los diputados proponen incluir en la normativa a todas las víctimas, no sólo a las de violencia machista. Las dos responsables de este tema son las eurodiputadas españolas Carmen Romero López (S&D) y Teresa Jiménez-Becerril (PPE). La Orden Europea de Protección, que ha recibido el respaldo de 610 diputados, frente a 13 en contra y 56 abstenciones, tiene por objetivo asegurar que la protección que recibe una víctima en un Estado miembro se aplica en cualquier otro país de la UE al que la persona se traslade o se haya trasladado. Esta directiva cubrirá a cualquier víctima beneficiaria de una medida de protección en su país de origen, por ejemplo, una orden de alejamiento, cuyo agresor haya sido identificado. Las dos ponentes han logrado un acuerdo con la Presidencia belga, pero este texto aún debe ser confirmado por mayoría cualificada en el Consejo. Durante el debate celebrado este miércoles, Carmen Romero señaló que "no podemos permanecer inermes ante los crímenes que se cometen todos los días en la UE", y añadió que "ahora es el Consejo el que va a decidir si Europa se implica de verdad en la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos fundamentales". Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril recalcó que "hay que enviar un mensaje claro al Consejo: los ciudadanos europeos quieren vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia y sentirse protegidos donde quiera que estén en Europa". Aunque la mayoría de las medidas de protección afectan a las víctimas de violencia machista, el ámbito de aplicación de la 'euroorden' de protección se ampliaría a todas las víctimas, incluidos los niños y los adultos de ambos sexos, que hayan sufrido violencia y cuyo agresor haya sido identificado. El texto acordado señala que la directiva "se aplica a las medidas de protección destinadas a defender a todas las víctimas y no sólo a las víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta las características propias de cada tipo de delito de que se trate". La directiva busca proteger a las víctimas, o posibles víctimas, "contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual —por ejemplo impidiendo cualquier forma de acoso— así como su dignidad o libertad personal, por ejemplo impidiendo el secuestro, el acecho y cualquier otra forma de coerción indirecta, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente". Sólo se podría dictar una orden europea de protección cuando previamente se haya adoptado en un Estado miembro una medida de protección, como una orden de alejamiento, la prohibición de entrar en determinados lugares o zonas en las que el protegido reside o frecuenta o la prohibición de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal. Las medidas de protección existen en todos los Estados miembros, pero dejan de tener efecto cuando se cruza una frontera. Según la legislación propuesta, la persona protegida en un Estado miembro podría solicitar una orden europea de protección cuando resida o decida residir en otro país de la UE. El Estado en el que la víctima esté protegida sería el encargado de emitir la orden y transmitirla al país en el que viva o al que vaya a trasladarse. Debido a que en los Estados miembros hay distintos tipos de autoridades -penal, civil o administrativa - con potestad para dictar y aplicar medidas de protección, las autoridades del país al que se traslada la víctima no estarían obligadas a aplicar en todos los casos la misma medida de protección aprobada en el Estado que emite la orden, sino que tendrían "un margen discrecional para adoptar cualquier medida que estime oportuna y adecuada con arreglo a su Derecho nacional en un asunto similar para mantener la protección" de la víctima. A iniciativa de los eurodiputados, el beneficiario de una orden europea de protección también podría solicitar protección para sus familiares. Una vez aprobada la directiva, los Estados miembros tendrían tres años para transponer las nuevas normas a la legislación nacional.
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