LOS ELOGIOS DE MARKEL A ZAPATERO. LAS FOTOGHRAFIAS DE ETARRAS. MAS SALDRÁ ELEGIDO EN LA SEGUNDA VOTACIÓN

LOS ELOGIOS DE MAMA MERKEL.- Había ciertos temores de que el encuentro que sed iba a producir entre la canciller Merkel y el jefe del gobierno español en la cumbre comunitaria del viernes, en Bruselas, pudiera convertirse en un encontronazo. Son conocidas las discrepancias que Merkel y Zapatero han venido mostrando en los últimos tiempos, por razón de la velocidad que una y otro pretenden imponer a las reformas españolas en reducción de gastos. Ya nadie duda de que la canciller se ha llegado a convertir en la vigía de todo el proceso de salida de la crisis económica, y que ella marca, muchísimo más que Sarkozy, los ritmos y los tiempos para acelerar el final de esos malos tiempos. Hasta el punto de que ya no faltan quienes sostienen que ya no son “los mercados” ese instrumento definitivo que marca lo que hay que hacer o que evitar. Es “mamá Merkel” el cerebro dominante de la salida de la crisis. Y por ello, no es infrecuente que haya roces y chispazos en la relación de la canciller con los restantes jefes de estado y de gobierno de la Unión. Doña Angela se ha propuesto que la crisis económica quede pronto atrás, y para ello no hay otro recursos que reducir deudas y compromisos viejos y arrancar lo antes posible con nuevos bríos y energías. De ahí que a menudo haya aparecido como “la madrastrona” implacable y exigente que exige a los más reticentes a aplicarse y hacer los deberes. Por ello, también, son especialmente estimulantes sus elogios, como los ahora dirigidos a los “alumnos” español y portugués, a quienes ha querido rendir homenaje por sus esfuerzos en esos propósitos de regresar al orden y a las “buenas cuentas”. La crisis y sus cuentas han pasado facturas mucho más pesadas de lo que nadie previó, y ahora urge salir de ese atolladero, por gravoso que resulte. La economía española se ve enfrentada a la necesidad de resolver, cuando antes, sus problemas de deuda estatal, pero también, las cuentas de las Cajas de Ahorros, las deudas de las Comunidades Autónomas... Por cierto, que no puede pasar inadvertida la queja que ahora ha hecho Gallardón: Zapatero es débil con las autonomías y muy rigoroso con los ayuntamientos...
Y eso sólo es posible con ajuste durísimo y recortes drásticos. Hubiera sido preferible que la Oposición hiciera su propia aportación, que sin duda en sus gobiernos autonómicos y en sus ayuntamientos ya hace, pero los dirigentes opositores tienen sus propias y particulares cuentas: tienen la esperanza de que las dificultades del Estado hundirán definitivamente al partido que viene gobernando y les dejarán plaza libre. Rajoy, Cospedal, Santamaría y Pons abundan en críticas sistemáticas, incluso con la contradicción de salvar a sus propios correligionarios, como sucede con el alcalde endeudadísimo que es Gallardón, o de olvidarse de cuentas nada santas como las de la trama Gurtel. Pero eso es la lucha por el poder, caiga quien caiga...
Pues bien, la sorpresa del momento la ha planteado la canciller todopoderosa convertida en guardiana universal de la vieja Europa. En el momento mismo en que Rajoy volvía a atacar la política del gobierno, la canciller elogiaba los esfuerzos de Zapatero por las reformas estructurales que impulsa. Entre ellas, la jubilación a los 67 años, que Zapatero se propone acometer incluso pese al PP y los sindicatos, por igual. No es improbable que Angela Merkel haya querido valorar precisamente esa actitud de valentía frente a muchos, que a veces llegan a parecer la mayoría.

EXHIBIR FOTOS DE ETARRAS NO ES ENALTECER EL TERRORISMO.- La noticia pudiera pasar inadvertida, pero “tiene miga”,y no es improbable que haya dejado a más de uno perplejo y desconcertado: La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha absuelto al propietario y a la camarera del bar Zurgai de Pamplona, que estaban acusados de enaltecimiento del terrorismo, por exhibir 16 fotografías de otros tantos militantes de ETA. Recuerda esta información que, durante el verano de 2009, siguiendo instrucciones de la fiscalía, agentes de policía recorrieron bares de Navarra y el País Vasco, retirando las fotografías de miembros de ETA que se encontraban en prisión. El 3 de agosto de 2009, entraron en el bar Zurgai y exigieron la retirada de las fotos que allí había criticando la política de dispersión de los presos etarras a la camarera Izaskun Goñi y también al propietario Daniel Burgos. Este retiró las fotos, pero colocó unas siluetas. Pues bien, ahora, el tribunal señala que se ha producido un "cambio de paradigma", de la tolerancia a la prohibición, en el mismo marco jurídico, pero que no existe delito porque no hay la menor evidencia de alabanza o elogio a ETA.
Y aquí empiezan las sorpresas que origina la decisión de este juez de la Audiencia: ¿No hay evidencia en que la exhibición de unas fotografías de etarras condenados y en prisión por comisión de atentados terroristas, en un bar o en una calle, es un evidente homenaje y “reconocimiento social” que se hace a estos individuos, y una demostración de solidaridad con sus acciones, por salvajes que hubieran sido? ¿Cuándo se puede decir que hay solidaridad con estos individuos? ¿Qué otro modo hay de solidarizarse y aplaudir sus actuaciones, salvo con la publicación de artículos elogiosos a sus actuaciones criminales? Por todo ello, bien puede asegurarse que la decisión dela Audiencia Nacional “rompe esquemas”, y removerá estómagos. Tampoco hay que excluir que la decisión de la Audiencia reclame que alguien la revise y la rectifique. No han ido por esa senda, `precisamente, las autoridades de “la nueva Euskadi”, la de los actuales dirigentes que gobiernan en Ajuria Enea, decididos a quitar de las calles los nombres de etarras y las fotografías de estos elementos que han asesinado, extorsionado, amenazado a ciudadanos corrientes o a representantes del “pueblo soberano”, que durante años han tenido que ser protegidos por las fuerzas del orden.
ARTUR MAS SALDRÁ ELEGIDO EL 23 EN LA SEGUNDA VOTACIÓN.- Es la previsión dominante en la política catalana, a pocos días de la votación en el Pleno del Parlament: CiU confía en PSC y PP para conseguir la elección de Artur Mas como presidente de la Generalitat, en la segunda votación y gracias a su abstención. Esta es la hipótesis con la que trabaja CiU después de que la presidenta del Parlament, que tomó posesión d e su cargo este jueves, haya concluido la preceptiva ronda de consultas con todas las fuerzas políticas, previa al debate de investidura y haya cumplido con la formalidad de encargar al líder de CiU que lo afronte. Ni PSC ni PP han desvelado a Núria de Gispert el sentido de su voto en la segunda ronda, pero “todo apunta” que se repetirá el esquema de la triple alianza entre estas dos formaciones y CiU visualizada en la sesión de constitución del Parlament, una vez los partidos minoritarios, además, sí han oficializado su rechazo rotundo a apoyar a Artur Mas. La voluntad de mantener la imagen de centralidad entre las tres principales fuerzas políticas está en el ánimo de CiU, que espera verse correspondida por la “responsabilidad de PSC y PP que requiere un momento de dificultades objetivas como el actual”. A la federación nacionalista le interesa, se pone de relieve La Vanguardia, pero a socialistas y a populares también. Al PSC, para comenzar a rehacerse de la debacle que le ha provocado su apuesta por el tripartito junto a ERC e ICV-EUiA, y al PP, para intentar salir de la marginalidad crónica en que está instalado en Cataluña desde hace años. Nadie, a pesar de ello, quiere descubrir sus cartas antes de empezar la partida y todos esperan un “gesto” del candidato a la presidencia de la Generalitat que les permita poder argumentar su abstención en la segunda votación. “Confío en que será investido en segunda votación, es mi intuición después de recibir a los líderes de todos los partidos”, declaró la presidenta del Parlament, quien este jueves convocó oficialmente el pleno de investidura para el lunes y el martes, y lo dejó todo previsto para celebrar la segunda votación el jueves. Lo hizo después de reunirse con Alicia Sánchez-Camacho y Joaquim Nadal y con el propio Artur Mas. Las cabezas visibles del PSC y del PP confirmaron su voto negativo en la primera votación, pero ante la segunda, dejaron abiertas todas las puertas, posiblemente a la espera de conocer el discurso del candidato Mas. Espíritu constructivo, voluntad de acuerdo en las grandes cuestiones de país, mano tendida... fue la terminología con la que dieron a entender que, salvo contratiempos inesperados de última hora, están dispuestos a conceder a CiU, al menos, el beneficio de la duda. Artur Mas tampoco quiere quemar las naves en la primera votación, de modo que en su discurso inicial defenderá los ejes centrales del que ha sido el programa electoral de CiU y, si acaso, con vistas a la segunda ya rebajará planteamientos. El líder de CiU, y presidente electo, dedicará el fin de semana, precisamente, a articular el discurso de investidura que estos últimos días le han ido preparando sus más estrechos colaboradores.
Según La Vanguardia, Josep Antoni Duran Lleida, mientras tanto, es el encargado de reclamar directamente a PSC y PP que faciliten la elección de Artur Mas. “El PSC ha reaccionado muy dignamente ante la derrota electoral y en sintonía hay que esperar que la facilite, y teóricamente habría que esperar lo mismo del PP, que siempre ha defendido que gobierne la lista más votada”, argumenta en su semanal carta web, en la que señala que incluso a ERC le convendría “no quedarse en una posición numantina” en contra de la investidura. Sea con las abstenciones que sea, todo indica que la investidura saldrá adelante el día 23, lo que permitirá que la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat pueda celebrarse el 27. Y, a partir de esta fecha, la composición del Govern se hará efectiva durante la última semana del año, de modo que pueda empezar a trabajar el 3 de enero. Un Govern que, según confirmó el máximo dirigente del socio democristiano, tendrá miembros independientes, y más de uno...
LOS JUBILADOS PODRÁN TRABAJAR Y COBRAR UN SUELDO.- No fue posible el pleno consenso en la comisión del Pacto de Toledo, que venía buscando, en particular, un consenso sobre la edad de jubilación. Definitivamente, no prosperó la propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y el Congreso no avalará ese retraso. Se trata del primer desacuerdo que el Pacto de Toledo ha plasmado por escrito. Hay interpretaciones sobre lo que el desacuerdo significa: Dice El Periódico de Cataluña que “los partidos dejan en manos del Gobierno retrasar la jubilación”, una vez que la Comisión del Pacto de Toledo ha preferido no mojarse en este punto, y asegura que el Ejecutivo mantendrá su propuesta de 67 años ante los sindicatos.. Y de igual modo, señala La Razón que el ministro de Trabajo mantiene su intención de elevar esa edad de jubilación a los 67 años. Lo interpreta de igual modo Expansión: El pacto de Toledo se rinde y deja vía libre para subir la jubilación a los 67 años, una vez que los grupos políticos se hayan declarado incapaces de cerrar un acuerdo sobre el retraso de la edad de retiro, aunque hay consenso en el resto. El Gobierno se verá abocado a legislar...
En efecto, el Congreso dio la espalda el miércoles, definitivamente, a cualquier movimiento que pueda interpretarse como un respaldo a los 67 años como nueva edad de jubilación, tal y como pretendía incluir el Gobierno socialista en la reforma de las pensiones, que se ha fijado aprobar a finales del próximo mes de enero. Lo hizo en el Pacto de Toledo, que por primera vez desde su creación, en 1995, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos en un punto básico en una reforma de las pensione: el retraso de la edad de jubilación. El PSOE, con la presión del Gobierno y forzado a su vez por los mercados, insistió en ese punto y se negó a aceptar el redactado que proponían tanto el Partido Popular como el resto de partidos de izquierda, que pretendían incluir un párrafo en el que quedara claro que el Pacto de Toledo exigía que la edad legal de jubilación se mantuviera en los 65 años. La solución final fue algo que nunca había sucedido: después de casi un año de negociaciones, los grupos firmarán un texto que incluye una coletilla que señala "En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo". Los partidos sí acordaron en cambio, ampliar el periodo para calcular las pensiones, endurecer las prejubilaciones y el punto más novedoso: hacer compatible la prestación con un salario, de manera que las personas retiradas puedan trabajar.
Los últimos doce meses de discusión del Pacto de Toledo -y principalmente las últimas 48 horas- se habían condensado en un borrador de 13 páginas que incluye importantes novedades respecto a las fórmulas de jubilación. El documento en cuestión es el germen de lo que supondrá la resolución del Pacto de Toledo que, previsiblemente votará el Congreso el penúltimo día del año, y que servirá de base para la reforma de las pensiones. A falta de incorporar las novedades sobre pensiones de viudedad y otros aspectos del sistema, estos son sus principales puntos:
-- Sueldo y prestación. El texto recomienda "una mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permita e incremente la coexistencia de salario y pensión". Salvo en los casos de jubilación parcial, esta posibilidad es prácticamente inexistente ahora, lo que lleva a muchos jubilados a rechazar ocupaciones por miedo a perder la pensión y a veces a trabajar sin declararlo. Con esa "mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario", el texto incorpora una propuesta del Partido Popular que previsiblemente provocará el rechazo sindical.
-- Contra las prejubilaciones. La comisión "constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación de empleo", una situación que "debe modificarse". La contundencia respecto a los abusos lleva al Pacto de Toledo a recomendar que esa figura se limite a trabajadores con largas carreras de cotización y a colectivos con tareas penosas.
-- Gradualidad. El aumento del periodo cotizado que se toma para calcular la pensión (ahora los 15 últimos años) debe hacerse "con la necesaria gradualidad, sin perjuicio de todo pensionista a optar por acogerse a dicho cambio de manera plena e inmediata, si lo considera conveniente".
SUS SEÑORÍAS MANTIENEN SUS PRIVILEGIOS EN PENSIONES.- Mientras la comisión parlamentaria del pacto de Toledo no se puso de acuerdo este jueves sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones, según destaca este viernes ABC. Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año. Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%. La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá un recorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.
Pues bien, todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, sólo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años. Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006.
Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia. De esta forma, la comisión del Pacto de Toledo, que se reunió durante más de tres horas, zanjó la redacción de la recomendación propuesta por el grupo socialista en la que no fijaba la edad legal de jubilación y que para el PP, IU, ERC y BNG deja la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero. Esta falta de consenso hizo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareciera ante la prensa de forma urgente a las nueve de la noche para no defraudar a los mercados y asegurar que el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto» a pesar de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo en este sentido. Gómez dijo que el Ejecutivo seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales. No obstante, pese a que el texto se esfuerza en no fijar ningún tope a la edad legal, sí menciona la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años «de manera voluntaria», cuestión que siempre han exigido los partidos de la oposición y los sindicatos. La portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, reprochó al PP su insistencia en que el informe recogiera explícitamente que la edad legal de jubilación debía mantenerse en los 65 años, mientras que los socialistas querían destacar su carácter «voluntario», y achacó la postura de los populares a «intereses partidistas». A su vez, el portavoz del PP, Tomás Burgos, valoró «negativamente» que el PSOE no se haya comprometido a no incluir en el proyecto de ley el mantenimiento de la edad de jubilación en los 65 años, y lamentó que los socialistas tampoco hayan presentado las «soluciones imaginativas» a las que se refirió su portavoz parlamentario.

ZAPATERO SORPRENDIÓ AL PP CON SU PRESENCIA EN EL CONGRESO.- Mariano Rajoy suspendió, a última hora, su previsto viaje a Bruselas, donde el jueves iba a asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), para estar presente en el pleno del Congreso que autorizó la prórroga del estado de alarma, y evitar así "caer en la trampa" de José Luis Rodríguez Zapatero, según fuentes muy cercanas al líder del PP consultadas por El Confidencial. El presidente del Gobierno apareció a mediodía, por sorpresa, en el hemiciclo, después de que el Gobierno hubiese anunciado oficialmente que no acudiría al debate, confiando en que su presencia, según las mismas fuentes, neutralizaría las acusaciones del PP de que Zapatero ha estado desaparecido desde que estalló la crisis de los controladores aéreos, cediendo todo el protagonismo a Alfredo Pérez Rubalcaba. En efecto, el pasado martes, al término del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó extender el estado de alarma al menos hasta el próximo 15 de enero, Rubalcaba aseguró que Zapatero no estaría el jueves en el Congreso dando la cara porque ese día “tiene un Consejo Europeo importantísimo en Bruselas, y añadió que sería el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien subiría a la tribuna de oradores para defender las razones de una medida que impone una situación de excepcionalidad constitucional durante 42 días. El vicepresidente primero restó importancia a la ausencia de Zapatero con el argumento de que éste ya dio explicaciones el día 9 en el Congreso e incluso llegó a sugerir que la prórroga no tenía tanta trascendencia como para justificar la presencia del presidente del Gobierno.
El miércoles por la noche, pocas horas antes de emprender viaje a Bruselas para reunirse con los líderes del PPE, entre ellos Angela Merkel, la dirección del PP anunció que Rajoy no acudiría a su cita en la capital comunitaria para poder escuchar en el Congreso las explicaciones del Gobierno sobre los motivos para prorrogar el estado de alarma. Ese cambio de última hora no obedeció a que el líder de la oposición tuviese intención de intervenir en el debate -lo hizo la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría-, sino a que una filtración de La Moncloa, según reconocen las fuentes consultadas por El Confidencial, alertó a Génova de que Zapatero despegaría de la base aérea de Torrejón rumbo a Bruselas a las 14.30 horas, es decir, con tiempo suficiente para hacer acto de presencia en el debate del Congreso, cuyo inicio estaba anunciado para las 12.30 del mediodía, y llegar puntualmente al Consejo Europeo, previsto para las 17 horas. Al conocer esta información, Rajoy y sus principales asesores llegaron a la conclusión de que Zapatero, pese a lo anunciado por Rubalcaba, acudiría a la mañana siguiente al Congreso. Y temieron que el presidente del Gobierno hubiese planeado una encerrona por partida doble al líder del PP: no sólo haría acto de presencia en el hemiciclo, sino que incluso podría intervenir en el debate en lugar de Jáuregui, circunstancia que aprovecharía para afear la ausencia de Rajoy, añaden las fuentes consultadas, echando así por tierra la estrategia de los populares de reprochar a Zapatero que no dé la cara y se esconda tras Rubalcaba en un asunto de tanto calado como el mantenimiento del estado de alarma. Finalmente, el líder socialista se limitó a seguir desde su escaño el discurso del ministro de la Presidencia. "Zapatero quería coger a Rajoy con el pie cambiado porque sabía que su reunión en Bruselas con el PPE empezaba a la una del mediodía y era incompatible con el horario del debate en el Congreso", afirma un estrecho colaborador del líder del PP, que admite que éste, tras recibir el soplo desde La Moncloa, anuló la plaza que tenía reservada en un vuelo de línea regular que despegó del aeropuerto de Barajas a las 9.15 de ayer con destino a la capital comunitaria. "Zapatero quería tendernos una trampa: hizo creer a todo el mundo que no iba a estar en el Congreso para luego aparecer repentinamente y subrayar así la ausencia de Rajoy", añade la misma fuente. La dirección del PP interpreta que el presidente del Gobierno, al trascender que el líder de la oposición no acudiría finalmente a la cumbre del PPE, decidió mantener sus planes y presentarse sin previo aviso en la Cámara Baja.
La llegada de Zapatero al Congreso, justo cuando estaba a punto de arrancar el debate sobre el estado de alarma, provocó un auténtico revuelo en el hemiciclo. "¿Pero no se había ido a Bruselas?", se preguntaban incrédulos muchos de los diputados y periodistas que deambulaban por los pasillos. Incluso los parlamentarios socialistas se quedaron atónitos al ver al presidente del Gobierno entrar con su mejor sonrisa en el palacio de la Carrera de San Jerónimo. "Me parece una frivolidad, una tomadura de pelo y una equivocación decir, primero, que Jáuregui sería el portavoz porque Zapatero no podía faltar al Consejo Europeo, y luego presentarse aquí como si nada", confesaba con visible enfado un veterano diputado del PSOE. "Ya estamos acostumbrados a sus improvisaciones", añadía otro, algo más benévolo. Aparte de Rubalcaba, Jáuregui, José Blanco y la cúpula del Grupo Parlamentario Socialista -encabezada por José Antonio Alonso y Eduardo Madina-, muy pocos estaban al tanto de que Zapatero acudiría al Congreso. La agenda que La Moncloa distribuye diariamente con las actividades que el presidente del Gobierno y todos sus ministros desarrollarán en la jornada siguiente omitía de forma deliberada que aquél asistiría al hemiciclo. La nota oficial con la agenda del día 16 se limitaba a señalar que Zapatero "viajará por la tarde a Bruselas para participar, desde las 17 horas, en la primera jornada del Consejo Europeo, que concluirá con una jornada de trabajo".

INDICE MANPOWER: YA HAY CREACIÓN NETA DE EMPLEO.- Por primera vez desde el inicio de la crisis, entre abril y septiembre de 2010 se produce en nuestro país una creación neta de empleo. Esto se debe a que la población activa ha mantenido en este periodo su lenta recuperación (+113.000 nuevos activos) y a una mayor creación de empleo (+151.000), lo que se ha traducido en una moderada disminución del paro (-39.000). Esta es una de la principales conclusiones de la 37ª edición del Índice Laboral Manpower “El mercado de trabajo en los trimestres centrales de 2010 y el impacto de la crisis en las CCAA” presentado por el profesor Dr. Josep Oliver, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de la investigación, y la Sra. Carmen Mur, Presidenta Ejecutiva de Manpower. Esta edición del estudio continúa con el análisis de la evolución del mercado de trabajo en los dos últimos semestres (abril-septiembre 2010) e incluye un monográfico en el que se analiza el mercado laboral en cinco Comunidades Autónomas. Cabe destacar algunas tendencias de fondo que sugieren cambios de cierta importancia. Entre ellas, las más relevantes pueden ser la importante pérdida acumulada por la ocupación en la construcción, la modesta recuperación de la población activa, la recuperación de la actividad en la industria y, por tanto, en los servicios a ella vinculados, así como unos mejores resultados turísticos en este pasado verano de 2010. Este conjunto de elementos parecen sugerir que España está muy cerca ya del final del proceso de ajuste laboral, aunque en los próximos trimestres todavía cabe esperar una cierta pérdida de empleo, pero de menor intensidad a la observada en los mismos períodos de los años anteriores. En este contexto algo más positivo, no sorprende que la tasa de paro se haya reducido ligeramente en el tercer trimestre de 2010. Por otra parte, el repunte de la población activa aparece como un factor novedoso, ya que desde el segundo trimestre de 2009 la mano de obra había presentado el proceso contrario, reduciendo sus efectivos, lo que contribuyó a la estabilización del desempleo.
En el semestre que transcurre desde el último trimestre de 2009 al primero de 2010, aunque el paro femenino seguía creciendo por debajo del masculino, se había producido una marcada reducción de las diferencias en los ritmos de avance de ambos. En el segundo trimestre de 2010, por primera vez desde el inicio de la crisis, las mujeres presentan un peor comportamiento. En términos absolutos, y aunque se trata de cifras modestas, las mujeres paradas han aumento en 48.000, al tiempo que los hombres, por el contrario y también por vez primera desde el inicio de la crisis, no sólo no aumentan sino que reducen el total de parados en 18.000. Por su parte, en el tercer trimestre de 2010, se sigue con la misma tendencia y, aunque ambos colectivos reducen el paro, la pérdida masculina es superior a la femenina (56.000 frente a los 12.000 parados menos femeninos). Esta dinámica menos positiva del desempleo femenino ha supuesto que las mujeres hayan aumentado, aunque sea de forma leve, su peso en el total del desempleo.
En el semestre abril-septiembre de 2010, los inmigrantes han reducido su paro en  38.000 personas,  lo que supone casi el 100% de la reducción del paro acaecida, puesto que los nativos pierden una cifra marginal (en el entorno de los mil). Este mejor comportamiento de los inmigrantes frente al paro ya empezó a mostrarse a finales del 2009. Por ejemplo, entre el segundo trimestre de 2009 y el primero de 2010, los inmigrantes mostraron un crecimiento interanual del desempleo del 10,7%, frente al 13% de los nativos. Esta diferencia se ha acentuado en los trimestres centrales de 2010, de modo que, en el tercer trimestre de 2010, los inmigrantes mostraban un crecimiento del desempleo interanual del 9% frente al 11,7% de los nativos. Este mejor comportamiento de los inmigrantes respecto del desempleo refleja tanto impactos procedentes de la ocupación como de la actividad. Respecto a la ocupación, los inmigrantes muestran también un mejor desempeño: han absorbido cerca de 110.000 puestos de trabajo, frente a los sólo 42.000 de los nativos, es decir, han retenido cerca del 70% del nuevo empleo, cuando sólo representan en el entorno del 17% de  los ocupados. Por su parte, por lo que se refiere a la actividad, los inmigrantes siguen aportando mayores contingentes, con 71.000 nuevos activos frente a los 42.000 de los nativos.
En el tercer trimestre de 2010 casi el 41% del total de parados lleva desempleado más de 1 año, frente apenas el 26% del tercer trimestre de 2007. La distribución de los desempleados en España muestra un creciente sesgo hacia aquellos que llevan en el paro más de 1 año, al tiempo que, proporcionalmente, va reduciéndose el peso de los que están en el desempleo menos de 1 año. Mientras en los dos primeros años de la crisis, el grueso del nuevo desempleo era de corta duración, en el último año más del 100% del nuevo desempleo es de larga duración. En el tercer año de la crisis del mercado de trabajo (el que finaliza en el tercer trimestre de 2010), el avance del desempleo se ralentiza, hasta cerca de 450.000 nuevos parados, pero su distribución se sesga substancialmente hacia los desempleados de larga duración. Así, aquellos que llevan en el desempleo hasta 1 año caen en cerca de 277.000 efectivos, frente al avance de más de 664.000 de los de 1 y más años en el paro, de forma que estos últimos explican más del 100% del aumento del paro. Desde una perspectiva más amplia, considerando las pérdidas de empleo desde el inicio de la crisis, la construcción continúa liderando la destrucción de empleo, tanto en términos relativos, con un elevado 39,6% de pérdida, como absolutos, con más de 1 millón de empleos destruidos. Bastante más atrás se encuentra la industria, que ha perdido 640.000 puestos de trabajo, lo cual se traduce en un 20,4% de pérdida relativa. Ya en otro orden de pérdida sigue el sector primario, con un 6,5%, 56.000 puestos de trabajo menos y, finalmente, los servicios pierden 174.000 puestos de trabajo, cifra menor de lo que parece dado su gran peso en la ocupación (del orden de un 70%), lo cual se traduce en una pérdida relativa de sólo el 1,3%, muy por debajo de la media del 9,7%.

LA MANO LARGA DE LA ADMINISTRACIÓN USA.- Poco a poco, y gracias a la documentación que nos viene proporcionando Wikileaks, comprobamos hasta qué punto y en qué medida la Administración de los Estados Unidos y sus enormes y múltiples tentáculos pretende convertirse en gobierno del mundo, por encima de cualquier otra lógica o interés. Es lo que, en más reciente entrega, nos revela El País, que proporciona esos documentos de Wikileaks y su apóstol, y también chivo expiatorio Julian Assenge. Explica cómo la Embajada de EE UU en Panamá abogó "implacablemente" para que la estadounidense Bechtel ganase el concurso de la ampliación del Canal, en el que compitió con las españolas ACS y Sacyr, la finalmente ganadora, con una oferta de 3.1220 millones de dólares, unos 2.350 millones de euros. Cuenta este documento ahora revelado cómo las gestiones de la embajada incluyeron múltiples contactos con miembros de los consorcios para intentar averiguar los precios de las ofertas, con el asesor independiente (una empresa de EE UU), y con la propia Autoridad del Canal de Panamá, según revelan los documentos obtenidos por Wikileaks.. Los diplomáticos de EE UU afirmaron en numerosas ocasiones que Sacyr estaba técnicamente quebrada, que no sería capaz de ejecutar el proyecto y que ganó el concurso gracias al apoyo del Gobierno español. En uno de sus documentos aseguran que las dudas sobre la capacidad de ejecutar las obras son compartidas por el Gobierno panameño. EE UU consideraba estratégico el concurso para la ampliación del Canal de Panamá. No sólo porque por el Canal pasa buena parte del tráfico marítimo intercontinental con origen o destino en sus puertos, sino también porque la oferta de Bechtel incluía compras a proveedores de EE UU por más de 1.200 millones de dólares (920 millones de euros). Varios documentos confidenciales muestran cómo la embajada recabó información de la consultora CH2MHill, asesor independiente en el proceso. Las averiguaciones llevaron a la embajada a la errónea conclusión de que solo ACS y Bechtel eran licitadores creíbles, porque Sacyr estaba "al borde de la bancarrota", según sus análisis. Sus diplomáticos creían que no aprobaría la revisión de viabilidad financiera o sería incapaz de suscribir las garantías exigidas. Además, según CH2MHill, Sacyr había "enviado una propuesta técnica que podría no ser mínimamente aceptable". Pero resultó que la oferta de Sacyr fue finalmente la mejor puntuada tanto desde el punto de vista técnico como económico. Ya antes de la adjudicación, la embajada afirmaba que "una victoria de Sacyr sería desconcertante". "Sacyr está considerada en bancarrota y está siendo apuntalada por el Gobierno español", añadía. Fuentes de Sacyr recuerdan que la compañía había vendido en 2008 la mayor parte de su filial de concesiones Itínere, lo que rebajó su deuda de forma muy notable. Luego, en 2009, año de la adjudicación del Canal, las 10 mayores obras ganadas por Sacyr fueron en el exterior, siendo un año de contratación récord fuera de España. En ese ejercicio, el grupo elevó su facturación un 9% hasta 5.858 millones y tuvo un beneficio de 506 millones.
Pues bien, esa victoria de Sacyr provocó la frustración de los diplomáticos de EE UU. Marcaba "un creciente apogeo de la influencia española en Panamá". "Sospechamos que Sacyr, con problemas financieros, fue capaz de ofrecer un precio sorprendentemente bajo gracias al respaldo del Gobierno español", comunicaba la embajadora Barbara Stephenson al Departamento de Estado. Y proseguía: "La victoria de Sacyr complica nuestras relaciones bilaterales tanto política como económicamente". Hasta el punto de que la embajada analizó las posibilidades de que Bechtel impugnase el proceso. La estadounidense admitió que su baja puntuación técnica pudo deberse a un diseño demasiado innovador y no veía base para reclamar por esta vía. Pero sí creía que Sacyr había violado las normas europeas de competencia al obtener garantías estatales y reclamaría si encontraba pruebas. Finalmente, ninguno de los dos perdedores presentó alegaciones, tras analizar la oferta ganadora, "lo que da idea de la solvencia técnica del proyecto presentado", según Sacyr. Según Bechtel, la oferta ganadora de 3.120 millones de dólares de Sacyr no daba ni para "poner el hormigón". La estadounidense había dado un precio de 4.200 millones y sospechaba que Sacyr intentaría renegociar al alza el contrato durante su ejecución. La Embajada de EE UU terminó admitiendo que las contragarantías dadas a Sacyr no violaban las reglas del concurso, pero seguía a la caza de brujas: "No podemos descartar que el Gobierno haya dado otro tipo de garantías a Sacyr que le permitan acceder al crédito necesario para ejecutar el proyecto, preservando puestos de trabajo españoles y previniendo el rumoreado shock del sistema bancario español que podría resultar de la caída de Sacyr".
Bechtel y la embajada expresan continuas dudas sobre la capacidad de Sacyr para ejecutar el proyecto. A esas dudas se suman las expresadas por el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Varela, ante una delegación de congresistas, según la transcripción de la embajada. "El proyecto de ampliación del Canal es un desastre", aseguran que dijo en un almuerzo el 29 de diciembre de 2009. "En dos o tres años será obvio que ha sido todo un fracaso", le entrecomillan. Varela también expresó sus serias dudas el 3 de enero en una conversación en la que participó el número dos de la embajada. "Uno no hace chapuzas con algo tan importante como el Canal. Cuando uno de los licitadores hace una oferta 1.000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal", aseguran que dijo. El propio presidente, Ricardo Martinelli, expresó dudas similares a la embajadora. Cuando Stephenson le preguntó cómo iba el proyecto, "Martinelli hizo una mueca, indicó que estaba un poco preocupado y dijo que temía que el administrador del Canal podría haber inclinado el concurso hacia el consorcio que incluía a CUSA, dirigida por su primo", relata la embajadora. Sacyr, por su parte, asegura que el proceso fue "ejemplar en todos los sentidos", y subraya que en agosto los responsables de la obra afirmaron públicamente que la obra va más avanzada de lo previsto en el cronograma de actuaciones. "Hay que tener en cuenta que terminar a tiempo estos trabajos (cinco años) supone una importante gratificación y retrasarse una fuerte penalización", subraya la española.

VEINTE BANCOS ESPAÑOLES ESTÁN EN PÉRDIDAS.- El mal momento que atraviesa la banca en España no se aprecia sólo en la caída del 12,8por 100 de los beneficios del sector hasta septiembre, sino en que 20 entidades se encuentran en pérdidas, nueve más que al cierre de 2009. Estas cifras, facilitadas por la AEB, se refieren exclusivamente a bancos y no incluyen a las cajas de ahorros. La mayoría de los bancos en números rojos son filiales de grandes grupos financieros nacionales y extranjeros, según explica El Confindencial, que señala que, entre ellos, destacan las entidades especializadas en financiación del consumo, que han sido víctimas del desplome del crédito y del vertiginoso aumento de la morosidad en este negocio. Asimismo, aparecen dos bancos puros online, lo que confirma las dificultades de estas entidades por consolidarse sin el respaldo de una red de oficinas.
La lista está encabezada por Finanzia, la unidad de financiación al consumo de BBVA, con unas pérdidas hasta septiembre de 100,04 millones de euros, con lo que lleva camino de repetir los 136,6 millones de 2009.
En segundo lugar se encuentra Citibank España con un quebranto de 48,36 millones; en 2009 perdió 71,1 millones. Estas cifras se refieren únicamente al negocio de banca comercial, no a banca de inversión ni privada, y explican los rumores recurrentes sobre el posible abandono de esta actividad y la venta de sus oficianas por parte del gigante norteamericano.
En tercer lugar se encuentra el Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, la joint venture de estas dos entidades para financiación al consumo; su resultado negativo en los nueve primeros meses es de 45,25 millones frente a los 81 millones de 2009.
A continuación aparece el banco libio Aresbank, que h aparecido recientemente en los papeles de WikiLeaks porque fue investigado por EEUU en relación a sus actividades en nuestro país. Su pérdida es de 37,46 millones.
También llaman la atención las pérdidas de Bankpyme, de 28,66 millones, muy por encima de los 10 millones de 2009. Esta entidad lleva tiempo a la venta, pero parece complicado que encuentre comprador con estos resultados.
Igualmente llamativo es el caso de BNP Paribas, que en 2010 consolida su filial de crédito al consumo Cetelem (cuyo nombre ha desaparecido del mapa tras el desastre). Si el año pasado Cetelem perdió 6,5 millones, su matriz ha perdido hasta septiembre 14,65 millones.
Lo contrario se aplica a Genertal Electric Capital Bank, otra financiera de consumo, que ha sido capaz de reducir su quebranto de más de 100 millones en 2009 hasta sólo 4,35 millones entre enero y septiembre.
Completan la lista de bancos en pérdidas las entidades online Open Bank (Santander) y Uno-e (BBVA), el portugués Caixa Geral, el catalán Fibanc, el británico Halifax, EBN Banco de Negocios, Credit Suisse, Self Trade Bank (la filial de La Caixa ha recuperado su nombre tras llamarse brevemente SelfBank) y, con menos relevancia, el Banco de Albacete, el Banco Pichincha y la filial Trust Company de Deutsche Bank.
Finalmente, también resulta noticioso que el suizo UBS no haya sido capaz de volver a beneficios tras el durísimo ajuste cometido en 2009. Así, pierde hasta septiembre 3,16 millones. Eso sí, supone una importante mejoría frente a los 22,3 millones perdidos en 2009.

ES INCONSTITUCIONAL EDUCAR EN CASA, SIN COLE.- Educar en casa -o también conocido como 'homeschooling'- es ilegal. Nuestro ordenamiento jurídico no lo permite y así lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional. La propia presidenta, María Emilia Casas, ha sido la encargada de redactar el texto, que dice que esta opción no garantiza el libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática. La Sala reconoce que la opción de enseñar en el hogar es menos restrictiva que la escolarización obligatoria. Sin embargo, recuerda que la finalidad de los poderes públicos es configurar un sistema educativo en general, una enseñanza básica en particular y “la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales”. Para el TC, esta finalidad se ve satisfecha más eficazmente “mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización”. La sentencia hace referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostiene que estos objetivos “no pueden ser satisfechos en la misma medida por la educación en el propio domicilio”. La Sala hace esta afirmación después de analizar las legislaciones de otros países europeos con la opción de una enseñanza en casa con controles periódicos sobre la evaluación formativa del niño así como un seguimiento de los contenido que se transmiten. El Tribunal responde así a un recurso de unos padres en la localidad malagueña de Coín que decidieron no escolarizar a sus hijos para enseñarles según sus preferencias pedagógicas. La Fiscalía les denunció por incumplimiento de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que obliga a la escolarización a los niños de entre seis y 16 años. Obligación, dice el fiscal, “a la que los padres no pueden sustraerse, hasta el punto de que si están descontentos con la enseñanza pública podrán crear un centro docente acorde con sus convicciones morales y religiosas, pero no podrán incumplir preceptos constitucionales y legales”.
El artículo 27 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho de todos a la educación reconociendo al tiempo la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religioso y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero la Carta Magna también establece el deber de los poderes públicos de legislar para que se cumpla la Constitución. En este poder, se crea una ley que obliga a la escolarización. “Quiere ello decir que la conducta de los padres ahora recurrentes en amparo consistente en no escolarizar a sus hijos supone el incumplimiento de un deber legal integrado, además, en la patria potestad, que resulta, por tanto, en sí misma antijurídica. No hay, pues, laguna normativa de ninguna clase”, subraya. Efectivamente, los padres tienen el derecho de educar a sus hijos. Continúan siendo libres para educar a sus hijos, según la Sala, después del horario escolar y durante los fines de semana. “La escolarización obligatoria no priva a los padres de su derecho de ejercer sobre sus hijos las funciones de educadores, ni a guiar a sus hijos hacia un camino que resulte conforme a sus propias convicciones religiosas o filosóficas”. Recuerda que la no presencia de los niños al colegio podría dificultar su acceso a titulaciones superiores, además de que los padres no pueden quitar el derecho a sus hijos de acudir a la escuela.La sentencia recoge que esta libertad de enseñanza no impide la facultar de crear un centro docente cuyo proyecto educativo vaya más acorde con sus preferencias pedagógicas o de otro orden.  Esto quiere decir que los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de educación pero siempre que se cumpla con la obligatoriedad de la instrucción elemental.
En España, hay contabilizado cerca de medio centenar de niños que están siendo educados por el 'homeschooling'. Muchos padres se están enfrentando a denuncias de absentismo escolar e incluso de abandono familiar. En Cataluña se aprobó en 2009 la educación no presencial para la educación obligatoria, siempre bajo determinadas circunstancias. Desde que el Gobierno implantó la asignatura Educación para la Ciudadanía, está opción está siendo elegida por más familias, que no quieren que sus hijos reciban cierta formación.

ARTUR MAS PRESCINDE DE LOS SOBERANISTAS DE CIU.- Según un análisis que proporciona El Confidencial, “los duros” de Convergència ya no tienen quien les quiera. O, al menos, no como ellos quieren que se les quiera. El líder de CiU, Artur Mas, dinamitó el ala soberanista de su partido de un solo tajo. “En estos momentos, sólo confía en Josep Antoni Duran Lleida”, asegura a El Confidencial una fuente cercana al dirigente nacionalista. Nadie lo hubiese dicho hace unos años, cuando ambos ni siquiera se hablaban por teléfono. “Mas está haciendo su gobierno y sólo manda él, aunque escucha muy atentamente a Duran. De hecho, se han repartido áreas de influencia”, añade la misma fuente. Con el abandono de David Madí, director de campaña y secretario ejecutivo de Comunicación y Estrategia, el círculo soberanista queda muy debilitado. Algunas voces apuntan a que Madí se fue precisamente porque no iba a tener ningún cargo especialmente relevante dentro del nuevo Gobierno. Aún así, el propio Mas se apresuró a decir que hubiera hecho lo imposible por retenerlo a su lado, incluso darle una consejería, pero no hubo ningún ofrecimiento en este sentido, según fuentes internas de Convergència. Otra de las figuras destacadas del sector es el hasta ahora portavoz parlamentario, Oriol Pujol, que pasará a ser presidente del mismo. “La familia Pujol ya no manda en Convergència como antes”, sistiene un amigo de Oriol. De este modo, Mas también ha cortado de raíz la posibilidad de que obtuviese alguna consejería, como se había especulado en algunos círculos. “Oriol no ambicionaba ningún cargo en la Generalitat -añade la fuente anteriormente citada-. Su vista estaba fijada esta en el cargo de número dos del partido, es decir, en ser el primero en la línea sucesoria del propio Mas”. Pero precisamente en ese puesto está Felip Puig, que también se distingue por sus impulsos soberanistas. “Puig quería la consejería de Política Territorial y Obras Públicas, pero Mas ya la ha reservado para el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Lo que habrá que esperar es a ver si esto tiene consecuencias a medio plazo”, señalan fuentes internas de CDC a El Confidencial. La operación del sector duro era controlar el área de infraestructuras, que tiene un considerable peso económico y político dentro del Gobierno autonómico, incluso más que el área de Industria. Pero la intención del líder convergente era desterrar, desde un principio, la posibilidad de compartimentar la Generalitat en base al peso que las difertentes familias pudieran tener dentro de la coalición. Aún así, Unió Democràtica (UDC) se hará cargo de tres consejerías, que son las que le corresponden en virtud de los acuerdos que los dos partidos tienen firmados desde hace treinta años. Y eso es una de las cosas inamovibles: la cuota de los democristianos. En un principio, para poder atraer a un independiente de peso -y preferiblemente del sector de la empresa- Mas había previsto incluso unificar Economía y Obras Públicas, con lo que crearía un macrodepartamento con una influencia decisiva. Esta idea parece haber sido ya desechada al tener ya una persona del partido, Recoder -con fama de poco problemático y buen gestor, por algo es el alcalde de la mayor ciudad catalana que gobierna CiU-, para Política Territorial y Obras Públicas. A Felip Puig, según diversas fuentes consultadas, le queda el hacerse cargo de otra consejería de menor proyección que la de Obras Públicas o diseñar su propio futuro al margen de la estructura de la Administración. En otras palabras, los principales valedores del sector duro de Convergència han sido descabalgados de los resortes del poder. “Con su estrategia, el futuro presidente no quedará rehén de grupos de presión internos y podrá tener un amplio margen de maniobra, tanto para tomar decisiones como para poder establecer pactos puntuales en cuanto a la gestión de la Generalitat durante toda la legislatura”, señala una fuente oficialista de CiU.

SIETE CUARTELES REPARADOS, Y CERRADOS, EN GALICIA.- El Ministerio del Interior mantiene cerrados siete cuarteles en toda Galicia a pesar de que las obras -que han supuesto una inversión total de más de 9,8 millones de euros- están terminadas desde hace ya meses, casi un año en algunos casos, como el de Oleiros, según cuenta este viernes el diario La Voz de Galicia. En este municipio coruñés, el delegado del Gobierno, Antón Louro, realizó un acto similar a una inauguración el pasado mes de febrero durante el que reconoció un «leve retraso», aunque garantizó que las nuevas instalaciones estarían plenamente operativas en el mes de abril. Desde entonces, los portavoces del ministerio arguyen un trámite administrativo para explicar una demora que va camino de cumplir un año. No obstante, el delegado del Gobierno, Antón Louro, concretó a La Voz que precisamente los dos recintos que han supuesto una inversión más importante en la provincia de A Coruña (Oleiros y Ames) tuvieron problemas a la hora de contratar el suministro eléctrico con Fenosa. La compañía exigía un transformador especial que ha motivado el problema, aunque Louro da por zanjadas estas diferencias después de un acuerdo al que han llegado la «semana pasada». En cualquier caso, reconoce que en Santa Comba hay otra nueva construcción esperando a ser ocupada, pero pendiente de un trámite «por la liquidación de un reformado, pero que se entregará en las próximas semanas». El delegado del Gobierno aporta una explicación similar para los tres recintos policiales que aguardan su apertura en la provincia de Pontevedra. En Mos (donde se han realizado mejoras de más de medio millón de euros), el retraso es de nueve meses e Interior llegó a reconocer que hay problemas para «cuadrar agendas» y fijar una fecha para la inauguración, según informa Laura Míguez de la delegación de La Voz en Vigo. El Gobierno central invirtió un total de 436.000 euros en las instalaciones de O Porriño para dotarlas de calefacción, entre otras mejoras, pero los guardias no han podido disfrutar de ellas y desde Interior también se alude a un escollo administrativo, al igual que sucede con la rehabilitación de las instalaciones policiales de A Guarda, que han costado 584.172,73 euros. Los alcaldes de algunas localidades, como Oleiros, llevan meses denunciando que la razón de estas demoras radica en que los responsables tratan de organizar inauguraciones poco antes de la campaña electoral, un extremo que Louro niega tajantemente: «No hay nada deliberado, las obras están hechas, pero faltan retoques».