DECLARAN BLAIR, BONO, AGUIRRE Y DURAN, MARLASKA SIGUE LOS PASOS DE GARZON, LA PELEA DEL TC, LOS NIÑOS ENVIADOS A AUSTRALIA

LOS DECLARANTES.- La lectura detenida de los periódicos del domingo resulta a menudo amena y muy didáctica, por la suma redeclaraciones que hacen los políticos, de aquí o de fuera, por igual. Por ejemplo, las declaraciones que efectúa el exprimer ministro británico, Tony Blair, investigado en el Parlamento de su país por la actuación que decidió acometer contra el régimen de Sadam Hussein en Irak y por las mentiras previas sobre “armamento peligrosísimo” que, sostuvo, tenía Hussein. Blair fue descartado hace unos pocos días para ser el máximo representante de la Unión Europea ante el mundo, de lo cual cabe que nos mostremos satisfechos en alguien que afirma que “volvería a hacer todo lo posible para expulsar a Sadam Hussein”. Ojalá lo hubiera expulsado, como dice con palabras hipócritas: tras invadir Irak, lo asesinaron salvajemente y abrieron paso a una guerra civil que aún no ha concluido, y que lleva contabilizados muchas decenas de miles de muertos. Pero eso no importa nada a Blair, que tiene “el morro” de declararse “un modernizador”. ¿”Modernizador”, con la estrategia de la invasión de un país y con una guerra civil de incierto porvenir? Algunos modernizadores de esa calaña también hemos conocido aquí, que se siguen considerando “los mejores gobernantes de muchos siglos”.
BONO, PINOCHET Y MARTINEZ CAMINO.- En el mismo diario que Blair, hace declaraciones José Bono, el católico presidente del Congreso, ex ministro de Zapatero, ex presidente manchego, ex segundo de Tierno Galván en el PSP… Bono se queja y se lamenta: “A Pinochet, que era un asesino, le daban comunión, y a mí, no”. Es la respuesta de Bono a los obispos, y en particular al muy parlanchín Camino, que no acepta que Bono haya votado a favor de la reforma del aborto, y por ello, lo ha puesto en las listas negras del Vaticano. Por lo menos en las del monseñor jesuita madrileño, discípulo de Rouco. Ciertamente, hay distintas varas de medir en la madre iglesia: no es lo mismo apoyar el aborto que asesinar a los adversarios políticos. No es lo mismo clamar contra el hecho de que unos cuantos niños no lleguen a nacer que no mover en dedo en favor de los niños ya vivos que pueden morir hoy mismo, a centenares, por causa del robo de ayudas al Tercer Mundo que se quedan los grandes dictadores. No es lo mismo… Pero a Pinochet le daban la comunión, y a Pepe Bono se la niega el tal Camino…
DURÁN Y AGUIRRE.- En los diarios de este domingo hay unas cuentas referencias al muy controvertido Estatut catalán de muy difícil parto… Un político dice que El Estatut fue un error. Y otro, que el Estatut es un lío de Zapatero. ¿Quién dijo qué? Pudiera ser al revés, pero son frases, respectivamente, de Durán i Lleida, en Público, y de Esperanza Aguirre en La Gaceta. Eso sí, ambos políticos, de Unió Democrática y del PP, respectivamente, coinciden en el odio africano al inquilino de la Moncloa, y coinciden también en su opinión, intransferible, de uno y otra lo harían muchísimo mejor que el actual jefe del Gobierno. Pero será difícil que lleguen a demostrarlo. Por fortuna para la nación. Me parece mucho más lúcida la frase de Jordi Sevilla: Si el TC tarda tanto en fallar sobre el Estatut, es que la cosa no es evidente, sino interpretable. Del Estatut habla también Elena Salgado: No cree que el TC cuestione la financiación de Cataluña, asegura. Pues, entonces, ¿qué importa el resto?, se preguntarán muchos…
LA PELEA DEL Constitucional.- Las espadas siguen en alto en el Tribunal Constitucional (TC). Dos concepciones del Estado y su posible evolución han reproducido a escala en esta institución el choque de trenes registrado en materia de política territorial entre el PSOE y el PP durante la primera legislatura del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando era el líder de la oposición, en el 2003, el actual presidente dijo aquello de que aceptaría la reforma del Estatut que propusiera el Parlament de Catalunya, y luego no pudo cumplirlo. Las Cortes ya impusieron una primera rebaja, y el Constitucional está ahora a punto de dar un segundo tajo al texto que el legislativo catalán propuso en su día. Lo que está en el aire, por tanto, es la posibilidad de que al final el Estatut quede reducido a la mínima expresión, como la última figura de uno de esos juegos de muñecas rusas, que en su aspecto es idéntica a la primera, pero en tamaño mucho más reducida. El proceso de jibarización de la reforma estatutaria podría haberse producido ya de no ser por la resistencia de cuatro magistrados del TC a guillotinar el texto. Ese grupo está formado por la presidenta, María Emilia Casas; la ponente del fallo, Elisa Pérez Vera, y por los magistrados Eugeni Gay y Pascual Sala. Las dos primeras encarnan posiciones más inclinadas a pagar un alto precio por el acuerdo con el sector conservador de la institución, con tal de salir ya del atolladero en que se encuentra el TC. Gay y Sala, en cambio, se plantaron hace semanas, una decisión que ha evitado un recorte sustancial de la reforma estatutaria. Pero la suerte no está echada, y sólo los efectos del intenso debate político en torno al TC y sus responsabilidades podrán evitar, tal vez, que esta institución acabe por decidir una anulación masiva de artículos o un fallo tan interpretativo que acabe desnaturalizando el Estatut. Es un trabajo de José María Brunet, para La Vanguardia.

El editorial
La voz de alarma de la prensa catalana.- El editorial conjunto de la prensa catalana sobre la importancia de respetar el pacto estatutario ha supuesto, en este sentido, todo un revulsivo. La voz de alarma lanzada al unísono por las doce principales cabeceras catalanas ha colocado en primer plano la crisis del Constitucional, que en tres años y medio repletos de tensiones y discusiones ha sido incapaz de dictar sentencia. Los magistrados llevan ya cuatro intentos de aprobar un fallo más o menos consensuado. Pero el Constitucional sigue perdido en su laberinto, porque al final nadie cede. El sector conservador del TC quiere hacer una criba sustancial del Estatut aprobado en las Cortes, y no pocos de los comentarios publicados tras el editorial citado revelan que eso es lo que esperan también ciertos medios de comunicación.

Juego subterráneo
Tres años de maniobras para alterar la mayoría.- Alguno de esos medios ya lo había demostrado, actuando como punto de apoyo y a la vez vehículo de las recusaciones presentadas en diversos momentos del último trienio para alterar los equilibrios del Constitucional, con el objetivo último de favorecer una mayoría contraria al Estatut. Una de las causas de que se haya llegado al actual deterioro del TC reside en que el Gobierno no se dio por enterado de esos movimientos y tensiones internas en el TC hasta que estuvieron a punto de costarle el puesto a María Emilia Casas. La presidenta fue primero recusada, lo que hubiera podido suponer su apartamiento del debate del Estatut, como le sucedió al magistrado Pablo Pérez- Tremps, y luego se cuestionó que siguiera en su cargo al agotarse su mandato, hace ya dos años.

La presidenta
María Emilia Casas no ha ejercido suficiente autoridad.- El Gobierno tuvo que apuntalarla con una reforma legal. Era un mal menor con el objetivo de impedir que un miembro del sector conservador accediese a la presidencia, que tiene aparejados el voto de calidad en caso de empate y el control de la agenda en los trabajos del TC. Nadie puede, por tanto, someter a votación en el pleno un proyecto de sentencia hasta que lo decide la presidenta. Si esta competencia no estuviera prevista así, haría ya tiempo que se habría votado, y con toda probabilidad en términos lesivos para la reforma estatutaria. La presidenta del TC, por tanto, ha utilizado como un freno la autoridad que le confiere su cargo, con objeto de tratar de evitar el hachazo al Estatut, pero no la ha empleado a fondo para garantizar su aprobación. Casas renunció de entrada a usar el voto de calidad de la presidenta en caso de empate. Lo justificó como una apuesta a favor de una sentencia pactada, respaldada por el mayor número posible de magistrados del Constitucional. Pero esa decisión debilitó su posición y le restó margen para negociar.

Las deliberaciones
La paciencia infinita como método de trabajo.- El hecho es que Casas nunca quiso que pudiera quedar para la historia como la responsable de la aprobación del Estatut. Si el editorial de la prensa catalana ha desencadenado las descalificaciones que ha provocado, cabe preguntarse cómo sería la reacción ante un fallo aprobado gracias al voto de calidad de la presidenta. La receta que trató de aplicar Casas a los debates fue, pues, la de la paciencia sin límites. Como la llave la tiene la presidenta, y nada puede decidirse mientras ella no convoque una votación, aceptó que el TCiniciase una etapa indefinida de deliberaciones, para vencer por cansancio las resistencias de unos y otros. Creyó que una línea intermedia entre quienes querían laminar el Estatut y quienes querían preservarlo más o menos intacto acabaría imponiéndose. Pero había demasiado en juego. Gran parte de la familia conservadora española, no sólo el PP, consideraba y considera el Estatut como una consecuencia del pacto del Tinell, es decir, comoel resultado de la supuesta voluntad de exclusión de una parte sustancial de la sociedad española del debate sobre la evolución posible del Estado autonómico. Por eso el PP y sus organizaciones afines decidieron echar el resto en esta disputa, y por eso también pudo prosperar la mencionada recusación de Pérez-Tremps y plantearse la que se pretendió con respecto a la presidenta, prácticamente inconcebibles en cualquier otra etapa de la vida del Constitucional. El PP quiso demostrar que no es posible mover elementos estructurales de la arquitectura política sin su participación y su anuencia.

El origen de los conflictos
Estatut, proceso de paz y plan Ibarretxe.- Por eso mismo el Estatut y el proceso de paz fueron los asuntos elegidos por el PP para su política de hostigamiento al Gobierno durante la primera legislatura. El PP intentó que el plan Ibarretxe ni siquiera se debatiese en el Congreso. Pero el TC decidió permitirlo, y cómo estarían las cosas que eso le costó al magistrado conservador Vicente Conde no ser designado presidente. La elegida fue Casas porque otros dos jueces, nombrados a propuesta del PP, negaron a Conde su respaldo después de que este hubiera apoyado que las Cortes admitiesen a trámite las propuestas soberanistas de Ibarretxe, para discutirlas y luego rechazarlas en el pleno de la Cámara. En cambio, los populares, y también algunos socialistas, pedían entonces que el plan Ibarretxe fuera rechazado por la Mesa del Congreso sin más. Los dos jueces que negaron su voto a Vicente Conde –un magistrado del Supremo conservador, moderado y con prestigio en la carrera judicial– fueron Jorge Rodríguez- Zapata y Roberto García- Calvo, los que luego han liderado en elTC la oposición al Estatut. La lección que en el propio Constitucional se sacó fue que el pensamiento puede ser libre e independiente, pero las decisiones autónomas tienen coste. Un factor más, en suma, a favor de la dinámica de bloques, reproductora a escala de los esquemas de la lucha política en el Parlamento.

El choque
Se impone la dinámica de bloques.- Con estos antecedentes, el debate en el TC sobre el Estatut estaba abocado a constituir un pulso en toda regla. Al bloque progresista se le ha opuesto un sólido sector conservador compuesto por Javier Delgado, ex presidente del Supremo, Ramón Rodríguez Arribas, magistrado de la Sala Penal de la misma instancia, y los mencionados Rodríguez-Zapata y García-Calvo, además del propio Vicente Conde. Tras el fallecimiento de García- Calvo, el TC quedó dividido en dos bloques de cuatro magistrados enfrentados en un debate que en muchas fases ha sido más político que jurídico. Los jueces del Constitucional han discutido tanto o más sobre el ser de España y la garantía de su unidad, sobre cómo debe conformarse y asegurarse, que sobre las fórmulas para canalizar su pluralidad.

El hombre clave
Manuel Aragón, azañista y profesor del ministro Caamaño.- En esta situación, cobró especial relevancia la figura del magistrado Manuel Aragón, catedrático de derecho constitucional y maestro del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El Gobierno siempre ha tenido plena confianza en el criterio de Aragón, pero hace ya muchos meses que empezó a recibir confidencias sobre su postura cada vez más crítica con el Estatut, sobre todo con el artículo relativo a los "símbolos nacionales" de Catalunya. De ahí, tal vez, la confusión de algunos medios sobre la posibilidad de que el término nación fuera eliminado del preámbulo estatutario, en el que muy probablemente seguirá. Es cierto, en todo caso, que el término nación y sus derivados producen tradicionalmente sarpullidos a buena parte de la cátedra española de derecho administrativo y entre toda clase de expertos en derecho público. El propio Manuel Aragón tiene escrito un prólogo a la obra teatral de Manuel Azaña La velada en Benicarló que guarda cierto paralelismo con otro prefacio, el que el profesor Eduardo García de Enterría escribió para el compendio de pensamiento azañista sobre la autonomía catalana, publicado bajo el título Sobre la autonomía política de Catalunya.

El trasfondo intelectual
La obra de García de Enterría y los temores hacia Catalunya.- En la primera obra, escrita durante la Guerra Civil, Azaña pone en boca de sus personajes amargas reflexiones sobre los políticos catalanes. A su vez, García de Enterría subraya en su introducción a la segunda obra la frustración de Azaña en el 36, después del vigor con que asumió el Estatut en "la gran pieza oratoria" con que lo defendió en las Cortes, el 12 de mayo de 1932. En esas fuentes intelectuales y jurídicas ha bebido Manuel Aragón durante años.Se comprende, en suma, la preocupación del Gobierno ante las noticias que llegan del TC, y en concreto la del titular de Justicia, Francisco Caamaño, cuya labor ya fue básica para el pacto a la baja en el Congreso. Caamaño, discípulo de Aragón, vuelve a ser un punto de referencia en todo el debate. En el TC se asegura que la postura de Aragón es esencial para resolver la situación, por el valor de su voto y la posibilidad de que incline el del vicepresidente, Guillermo Jiménez. Pero aún no se ve si hay luz al final del túnel.
31 DIRIGENTES DE SEGI, A PRISIÓN. A casi todos nos dejó perplejos la redada decidida por el juez de la Audiencia Grande Maslarka, en la actualidad el juez de las causas más “populares” y con más prensa: Los piratas del Alakrana, los cachorros de ETA…, que parece continuador de las grandes batalla del juez Garzón, desde lamisca Audiencia Nacional. Grande Maslaska, joven y elegante, se fue una noche a Euskadi y se trajo todo un autobús de aspirantes a dirigir la banda ETA. Ahora, tras tomarles declaración y comprobar sus gloriosos “curricula”, ha decidido enviarlos a prisión, -a 31 de 35, nada menos- y algún día tendremos un macrojuicio de lo que hemos dado en llamar “la cantera de la banda”, los muchachos que hicieron méritos en la jale borroka y que aspiraban a ir supliendo a los terroristas cansados de su lucha contra el Estado español, o que han ido llenando las cárceles, hasta los setecientos, aproximadamente, que ahora mismo residen entre rejas. Hay relevo para quienes quieren seguir la disciplina de llevar a Euskadi a la independencia, al precio que sea en sangre derramada… De manera que el juez Marlaska ha reencaminado aquel autobús de “alevines de etarras” que se trajo de Euskadi y Navarra, en dirección a Soto del Real y otras cárceles, a la espera del correspondiente juicio.
GARZON SE ANTICIPÓ.- Marlaska, con su decisión, ha venido a reconocer los méritos de su antecesor Garzón, ahora en entredicho, que fue el primero en observar que ETA tenía muchos nombres, muchas tareas, muchas especialidades, -desde los comandos a las herrikotabernas, desde la violencia callejera a algunos sindicalistas, pero todas formaban parte del mismo tronco común de los independentistas mafiosos y asesinos. Garzón lo dejó escrito hace ya casi una década y ahora Marlaska aplica aquella misma doctrina, que ya fue avalada por el Supremo: quien sostenga lo mismo que los que atentan y matan, o aspire a hacer otro tanto, debe correr idéntica suerte, la detención y la privación de libertad. Todos a la cárcel… Ahora también, Marlaska dice en su auto que Segi es otro tentáculo de ETA, estructurado y que la banda emplea para las ocasiones que determina. Y que Segi es una auténtica academia terrorista que pretende continuar la lucha armada, ni más ni menos. Todos y cada uno son integrantes y colaboradores de la organización terrorista. Naturalmente, no están todos los que son, si tenemos en cuenta que en los últimos días algunos “solidarios” con los “Segi” presos han levantado sus propias barricadas y quemado autobuses en localidades vascas. Aún quedan alevines de terroristas libres, todavía hay cantera… que tendrán ahora su turno y su oportunidad para hacer méritos… para entrar en cualquier cárcel cualquier tarde.
LA DECISIÓN DEL JUEZ MARLASKA SOBRE SEGI.- Prisión para otros 9 miembros de Segi y libertad para dos. En el auto, señala que la 'cantera de ETA' planeaba un boicot contra Coca Cola. Acusa a todos de integración o colaboración en organización terrorista. El juez apunta que la organización tenía objetivos a largo plazo. El juez Fernando Grande-Marlaska ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de nueve presuntos miembros de Segi que han declarado en la Audiencia Nacional, mientras que ha dejado en libertad a dos, dentro de la operación desarrollada esta semana contra la cúpula de la organización. Con lo que del total de 35 detenidos, Grande-Marlaska ha enviado a prisión a 31 de ellos por delitos de integración terrorista, en contra del criterio del fiscal, que solicitaba cárcel para todos ellos, y ha dejado en libertad a cuatro, acusados de colaboración terrorista. En su auto, advierte que Segi "no es sino un tentáculo más de ETA que es utilizado de forma estructurada cuando conviene a la banda, tanto con sus siglas como con sus organizaciones 'pantalla', por medio de militantes 'desdoblados'". Marlaska considera que Segi es una "auténtica academia terrorista" para la continuación de la 'lucha armada', que trata además de "fagocitar" otros movimientos de similares características. El juez subraya la relación de los mismos con la 'kale borroka' y pone de manifiesto los planes de la 'cantera de ETA' de realizar un boicot contra Coca Cola en base a documentos intervenidos a Irati Mújica y a Ekaitz Sirvent. Los dos detenidos que Marlaska ha dejado en libertad hoy son Joseba Dalmau e Iker Martínez, arrestado esta mañana por la Guardia Civil en las inmediaciones de la Audiencia Nacional cuando iba a entregarse al juez, aunque al primero le ha prohibido abandonar el territorio nacional y le ha impuesto la obligación de comunicar su domicilio y comparecencias semanales en el juzgado, y al segundo, la de acudir sólo cuando se le llame.
LA CANTERA DE ETA.- El juez acusa a todos de integración o colaboración en organización terrorista. Esta noche ha dictado un auto en el que formula las acusaciones que pesan contra los detenidos, que presuntamente formaban parte de la organización declarada terrorista por el Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007 al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai. Con esta operación, que llevaba varios meses preparándose, el Ministerio del Interior considera que se puede dar por concluida "la casi total desarticulación de las estructuras clandestinas de Segi en España". Además de constituir actualmente la 'cantera de la banda terrorista', para el Gobierno Segi es la encargada por ETA de llevar a cabo acciones de desestabilización mediante la denominada "violencia callejera", siendo la organización de la izquierda 'abertzale' "más ortodoxa y de mayor fidelidad" a la banda terrorista. El auto del magistrado de la Audiencia Nacional también se refiere a los documentos de Ekaitz Sirvent, detenido el pasado mes de abril en París, a partir de esa documentación se ha desarrollado toda la operación contra Segi. En dichos documentos, Sirvent alerta de que, tras la tregua de ETA en 2007, "la maquinaria represiva del Estado español se va a encargar de ir golpeando duramente a la organización juvenil", por lo que recomienda "estar preparados". Para Marlaska, esta afirmación, más que advertir a los militantes, "revela el punto débil del entramado", por lo que es esta estrategia "la que hace daño al conglomerado terrorista". "La planificación de la militancia" -prosigue el auto- que propone Sirvent evidencia, para el magistrado, el "peligro" al que se enfrenta la sociedad, y es una "auténtica academia terrorista para la continuación de la 'lucha armada' durante tiempo, con objetivos a largo plazo". Marlaska asegura además que, a partir de las investigaciones desarrolladas sobre Segi, su máximo órgano directivo está formado por Jon Telleria, Ainara Bakedano, Gaizka Likona, Ibai Esteibarlanda, Carlos Renedo, Iratí Mugica, Olatz Izaguirre y Juan Anda Velez de Mendizabal.
EL GOBIERNO LO SUPO ANTES.- Según asegura hoy el diario El Mundo, varios miembros del Gobierno supieron de la existencia y del contenido del editorial firmado por 12 periódicos catalanes en el que se presionaba al Tribunal Constitucional, al menos un día antes de que éste fuese publicado y mantuvieron reuniones para acordar la respuesta que le iban a dar al texto. Su acceso al editorial conjunto se produjo incluso antes de que algunos de los periódicos pequeños tuvieran en sus manos la redacción definitiva del documento. Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado este diario, una publicación como el 'Diari de Terrassa' ya había cerrado la edición cuando les fue enviado y no llegó a tiempo para publicarlo. En la reunión del pasado miércoles, los miembros del Ejecutivo presentes llegaron a la conclusión de que el mensaje que debía transmitir el Gobierno y el PSOE era el de absoluta comprensión con el contenido del editorial en el entendido de que el texto era, efectivamente, representativo del sentir de los catalanes.
LASMEDIDAS DEL PLAN DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.- Año y medio después de entrar en la peor recesión de la democracia y con un millón y medio de parados más que al comienzo de la legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció el viernes una batería de medidas con las que pretende acelerar la salida de la crisis e impulsar un nuevo modelo crecimiento de aquí al año 2020. ¿Contiene la Ley de Economía Sostenible las reformas que economistas, organismos internacionales y medios de comunicación especializados consideran imprescindibles para modernizar la economía española? ¿Son suficientes esas medidas para estimular la actividad en sectores más productivos e innovadores?, se pregunta en un trabajo el diario El País. La mayoría de los expertos consultados opinan que se trata de un importante primer paso, pero advierten de que, para alcanzar objetivos tan ambiciosos, son imprescindibles actuaciones de mayor calado.
ALGUNAS OPINIONES.- "Esta Ley es una especie de cajón de sastre en el que la mayoría de las medidas son de corto alcance", afirma Juan José Toribio, director del IESE en Madrid. "Es imposible no estar de acuerdo con ellas, pero no constituyen una reforma estructural seria". Toribio echa de menos "una auténtica voluntad reformadora" por parte del Ejecutivo y cuestiona que en el capítulo financiero de la nueva norma se ponga el énfasis en un aspecto llamativo como es la transparencia en la retribución de los directivos y no en cuestiones urgentes como la reforma de las cajas de ahorros y el saneamiento de los balances bancarios. Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa (IE), está de acuerdo. Se declara "favorablemente sorprendido" por la iniciativa del Gobierno porque aborda asuntos fundamentales como la tecnología, la innovación, las patentes y la formación profesional, pero echa en falta un plan específico para reducir la deuda pública y equilibrar las cuentas del Estado. "Me ha dejado algo frío", afirma Bosco Ojeda, analista jefe de UBS en España. "Esperaba algo más incisivo. El proyecto no va al fondo de los problemas estructurales". Ojeda echa de menos un mayor esfuerzo para aumentar la competitividad de la economía española y fomentar las exportaciones, pero sobre todo le hubiera gustado ver medidas para ayudar a la recapitalización de la banca y facilitar que vuelva a fluir el crédito, algo esencial para que la economía española retome el aliento.
MAS OPINANTES.- Mauro Guillén, catedrático de la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, cree que la ley tendrá efectos positivos, pero que no será suficiente a largo plazo porque lo necesario ahora mismo es, precisamente, dinamizar el conjunto de la economía. "Creo que la opinión pública y los dos partidos mayoritarios no tienen una idea clara de la magnitud del problema al que nos enfrentamos", opina Guillén. "El discurso político se centra en la salida de la crisis, asumiendo una perspectiva coyuntural, cuando los problemas de la economía española son estructurales y muy graves". Tano Santos, catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, opina de manera parecida: "La filosofía general del Gobierno en esta crisis ha ido encaminada más a medidas marginales que a una reforma profunda del marco legal que permita a la economía encontrar una senda de crecimiento más sana, y esta ley no parece sino continuar con esta filosofía". En su opinión, ello se debe a que "hay una cierta resistencia por parte del Gobierno a admitir que el shock que esta crisis representa para la economía española es más permanente que transitorio y que, por tanto, las medidas no pueden ser transitorias".
UN PASO ADELANTE.- Luis Garicano, catedrático de la London School of Economics (LSE), discrepa de la mayoría de sus colegas y elogia la iniciativa del Gobierno. "Mi valoración es más positiva de lo que esperaba, y estoy sorprendido. Yo diría que es un modesto primer paso adelante en la implementación de reformas estructurales y que promete ser el principio -si lo de la "estrategia de economía sostenible" va en serio- de un cambio más en profundidad". Garicano sí cree que la ley ayudará a cambiar el modelo productivo español, especialmente si se ponen en marcha las demás normas prometidas por el Gobierno para reformar la justicia y el empleo, aspectos que quedaron fuera del proyecto presentado el viernes por la vicepresidenta Elena Salgado y que José Luis Rodríguez Zapatero abordará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. También ve el vaso medio lleno Xavier Segura, jefe del servicio de Estudios de Caixa Catalunya. "La iniciativa me parece bien en la medida en que es un compendio de todo lo que llevamos diciendo muchos años sobre el agotamiento de nuestro modelo productivo", afirma Segura, quien subraya que para impulsar uno nuevo será esencial la complicidad de los empresarios y el resto de la sociedad.
OBLIGACIÓN DE CAMBIAR.- Hay un extremo en el que todos los expertos están de acuerdo: España está obligada a cambiar. Su economía ya no puede rivalizar en costes con los grandes países emergentes como China, India y Brasil, ni con sus socios europeos del Este, que hoy fabrican más barato los productos que antaño llevaban el sello made in Spain. Santos, de la Universidad de Columbia, critica que el Gobierno no se haya atrevido a agarrar el toro por los cuernos. "Esta ley da la impresión de que se están haciendo cosas, cuando se están haciendo pocas de sustancia y por tanto puede generar una complacencia nociva", afirma. "Uno tiene la impresión de que nuestro Gobierno sigue a la espera de que una recuperación del comercio internacional nos saque de esta crisis y que le ahorre el coste político de una verdadera reforma del marco legal en el que opera nuestra economía". Luis Garicano coincide en que el proyecto de ley no es un plan con "todo el coraje político necesario en estos momentos", pero subraya, a renglón seguido, que contiene medidas que van en la dirección correcta. "Podría ser el principio de un impulso reformista, de buen gobierno y de reforma estructural que le hace muchísima falta al país", afirma el profesor de la LSE.
INICIATIVA EMPRESARIAL.- Para algunos, la ley nace viciada, pues opinan que no corresponde al Gobierno, sino a la iniciativa privada, llevar la delantera en todo este asunto. "El cambio de modelo lo tienen que hacer los empresarios que quieran invertir en sectores de futuro", opina Rafael Pampillón. "Y lo que necesita el empresario es confianza, con cambios importantes en el mercado de trabajo que no se abordan". El profesor del IE sostiene que la necesaria mejora de la productividad pasa por reducir los costes del trabajo y una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es en el terreno de la I+D en el que España lleva más desventaja con respecto a sus socios europeos más prósperos. "Gastamos más en loterías que en I+D, el doble para ser exactos. Así no podemos competir en la economía global del siglo XXI", afirma Mauro Guillén, quien recuerda que el Gobierno acaba de recortar el gasto en estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado para afrontar el déficit. "Si la Ley de Sostenibilidad aumenta los recursos destinados a educación e investigación, entonces tendremos oportunidad de competir. De lo contrario, España entrará en un período de declive relativo. Creo que esto no lo entiende ninguno de los dos partidos mayoritarios", dice el profesor de la Universidad de Pensilvania.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.- Aunque España ha aumentado el gasto en investigación y desarrollo en los últimos años, éste constituye aún el 1,3% del PIB, comparado con la media del 2,3% en los países de la OCDE. Para no perder este tren, España deberá seguir el ejemplo de países como Suecia, Finlandia, Suiza, Corea del Sur o Japón, que apostaron hace años por la tecnología, la formación, la flexibilidad y que invierten más del 3% de su PIB en I+D. María Fernanda Viecens, investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), subraya que España está "en una clara desventaja" en relación al resto de Europa y otros países desarrollados en redes de telecomunicaciones de nueva generación, un pilar básico para extender el uso de las nuevas tecnologías y fomentar la productividad, la eficiencia y la innovación en las empresas. El número de conexiones a Internet de banda ancha en España sigue en aumento, (hoy llega a 7,3 millones de hogares), pero la penetración de esa vía de conexión aún está por debajo de la media europea, con 19,8 accesos por cada cien habitantes, frente a los 21,7 de promedio en la UE.
ESCUELAS DE NEGOCIOS.- "Telefónica no está invirtiendo, y por parte del Gobierno no se ha visto hasta el momento una estrategia centralizada y coordinada para promover el despliegue, a diferencia de lo que se observa en países como Francia, Reino Unido, EE UU, Holanda, etc", dice Viecens. "Además, las ofertas de precio/velocidad con que contamos, por ejemplo, en Madrid son realmente muy pobres si las comparamos con París, Londres o Lisboa, por citar algunas ciudades".Otra coincidencia entre los expertos: España debe aprovechar lo que tiene y crecer apoyándose en sus mejores virtudes. Capaz de lo mejor y de lo peor, de combinar chapuzas al estilo Pepe Gotera y Otilio con los mejores cocineros y deportistas del mundo, España tiene escuelas de negocios de primer nivel y es líder, entre otros sectores, en energías renovables, banca comercial, transformación de alimentos, máquina-herramienta y gestión de infraestructuras. Para erradicar un modelo productivo dependiente del ladrillo, que ha llegado a suponer más del 10% del PIB, se hace imprescindible redirigir recursos hacia nuevas actividades y aumentar la productividad en los tradicionales, como el turismo o la fabricación de automóviles, que seguirán siendo pilares básicos de la economía española.
LA COMPETITIVIDAD.- Otro punto flaco es la competitividad. España figura en el puesto 33º de 134 países en el último Índice de Competitividad Global que publica anualmente el Foro de Davos, que analiza anualmente a 134 países. Y el IMD World Competitiveness Center de Lausana (Suiza) coloca a España en el 39 de 57, por detrás de Portugal o la República Checa. A diferencia de otros países, en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria no ha sido tan devastador, casi un millón de españoles e inmigrantes que trabajaron en la construcción durante la última década tendrán que buscar empleo en otros sectores. Sus puestos de trabajo han desaparecido para siempre. Uno de los objetivos de la Ley de Economía Sostenible es precisamente apoyar el tránsito de actividades y mercados más maduros, como el ladrillo, hacia los que tienen mayor potencial de crecimiento, y a la vez facilitar la creación de empresas y mejorar el ambiente para hacer negocios. A Xavier Segura, de Caixa Catalunya, le hubiera gustado que el proyecto de ley hubiera puesto más énfasis en planes de infraestructuras. Juan José Toribio elogia las medidas para acortar el tiempo y el coste para fundar una empresa, pero las considera insuficientes. Recomienda seguir el ejemplo de EE UU, donde se puede hacer por Internet en 15 segundos.
DEMANDA INTERNA.- Como recientemente sostenía José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, es imprescindible reorientar el tejido productivo español hacia la demanda externa. En esta carrera, España parte con un serio hándicap. Su tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas que tienen muy difícil ofrecer a sus empleados la formación en nuevas tecnologías que, gracias a sus economías de escala, sí proporcionan las grandes, y aumentar su capacidad exportadora. La formación de la mano de obra es esencial para que se consolide un nuevo modelo productivo, y España tiene mucho camino por recorrer en este terreno para ponerse a la altura de sus competidores. Sin distinción de color político, Gobierno y oposición han sido incapaces de alcanzar un pacto de Estado sobre educación en las últimas tres décadas. España supera a todos los países de la OCDE en fracaso escolar. Cuatro de cada diez jóvenes españoles han repetido curso en los últimos 15 años.
RECOMENDACIONES DE LA OCDE.- Para cambiar la situación, la Ley de Economía Sostenible busca promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del aprendizaje de idiomas, así como aumentar la concesión de becas y préstamos para mejorar la formación. Las medidas anunciadas el viernes por la vicepresidenta Salgado responden a las recomendaciones de la OCDE, partidaria de facilitar el paso de la formación profesional de grado medio al grado superior. Luis Garicano elogia la iniciativa. "Esto puede empezar a resolver el problema más grave de nuestro país: la falta de formación de un segmento muy importante de la población. El 41% de los jóvenes entre 25 y 35 años no tienen secundaria ni Formación Profesional terminada. No hay encaje posible en la economía global del conocimiento sin resolver urgentemente este problema".
NIÑOS DEPORTACOS A AUSTRALIA.- George Harper se creía el protagonista de "una gran aventura" cuando, a la edad de nueve años, fue embarcado en su Escocia natal con rumbo a Sidney. Las autoridades estatales habían convencido a sus padres, que carecían de medios para su sustento, de que accedieran a enviar al pequeño a Australia, bajo la promesa de que allí le esperaba "una vida mejor". Ese destino compartido con otros niños de Fairbridge, su pueblo, se trocó pronto en una horrorosa pesadilla, según el relato que ha proporcionado el diario El País. Lo que el nuevo mundo deparaba a George fue convertirlo en mano de obra infantil en una granja remota, donde sufrió reiterados abusos físicos y psicológicos hasta que cumplió los 17 años. Sólo volvió a saber de sus progenitores cuando en 1999, ya un jubilado, regresó a tierras escocesas. Ambos habían muerto. Estaban ingresados en centros sociales, pero sólo un 15% de ellos eran huérfanos. "Sufrimos toda nuestra vida, y en Londres nadie nos quiere escuchar"
NIÑOS EXPLOTADOS.- A tantos británicos cuya infancia fue sinónimo de explotación, de pérdida de identidad y raíces, expresaba su disculpa pública hace poco el primer ministro australiano, Paul Rudd. "Os pedimos perdón por haber sido arrebatados de vuestras familias, perdón por los sufrimientos físicos, por la tortura emocional, por la fría ausencia de amor, ternura y cuidados", declaró en una ceremonia celebrada en Canberra ante la presencia de centenares de supervivientes, los llamados "australianos olvidados". A lo largo de tres décadas que abarcan hasta 1967, entre 7.000 y 11.000 niños procedentes de la metrópoli británica fueron deportados a Australia, bajo el popular eslogan de la época que rezaba "el niño, el mejor inmigrante". La cifra se multiplica al menos por 10 cuando se contabiliza el total de niños enviados a diversos países de la Commonwealth, principalmente Canadá y Suráfrica. El grueso contaba entre 3 y 14 años, procedía de los estratos sociales más humildes. Eran niños ingresados en instituciones regentadas por el Estado o la Iglesia, aunque sólo una minoría (alrededor del 15%) eran huérfanos. El resto tenía familia.
MENTIRAS Y CRUELDADES.- Algunos padres tuvieron la opción de elegir el lugar donde sus hijos serían recolocados, pero a muchos se les hizo creer falsamente que sus retoños iban a ser adoptados por parejas de clase media en el mismo Reino Unido. Todos estaban convencidos de que entregaban a sus hijos a un futuro repleto de posibilidades, cuando en realidad fueron desviados hacia las colonias para desempeñar trabajos impropios de la edad y ser de nuevo recluidos en centros supuestamente caritativos en los que recibieron un trato denigrante. Detrás de esta historia trufada de mentiras, crueldad y completa dejación oficial subyace el interés del Gobierno británico por desprenderse de lo que consideraba una carga. Las autoridades australianas estaban encantadas de recibir esas "remesas" de niños porque, en palabras del entonces ministro de Inmigración, Arthur Calwell, se necesitaba "una inyección de sangre blanca". A muchos pequeños se les comunicó que sus padres habían muerto. La política oficial implicaba además separar a los hermanos una vez arribados al nuevo país. Theresa Whitfield todavía presenta bien visibles las cicatrices que testimonian los malos tratos sufridos a manos de las monjas que regentaban un orfanato en Neerkol, enclave rural en el norte de Queensland. Los castigos eran frecuentes si no cumplía con su dura jornada de trabajo. Sólo tenía ocho años cuando llegó a aquel inhóspito lugar. Relatos como el suyo fueron llegando a un comité parlamentario británico que investigó el caso de "los niños perdidos" a finales de los años noventa. Otro de los testigos (su nombre no fue desvelado) explicó cómo los sacerdotes católicos de una institución de Tardum (oeste de Australia) perpetraron con él reiterados abusos sexuales. El pequeño se autolesionaba entonces para que las heridas afearan sus ojos azules.
MEID MILLÓN DE NIÑOS.- El mea culpa entonado por Rudd ante esos episodios deleznables estuvo dirigido en conjunto al medio millón de niños ingresados en orfanatos y centros caritativos australianos entre 1920 y 1970, independientemente de su origen. El grupo de pequeños procedentes de Reino Unido encarna tan sólo una parte de esa vergüenza. Una organización que canaliza las denuncias de los británicos afectados se ha mostrado descontenta con el gesto del primer ministro australiano: a su entender, las víctimas británicas a las que defiende constituyen un colectivo singular con su propia historia, y así debería ser reconocido. Lo cierto es que el Gobierno de Australia aparece desbordado para reparar -si eso resulta posible- tantos daños infligidos a seres vulnerables. El año pasado, el Gobierno australiano se disculpó públicamente por las políticas acometidas durante la colonización contra los niños aborígenes, arrancados de sus familias para asimilarlos a la cultura blanca. Muchos de los afectados británicos que hoy sobreviven, sin embargo, han agradecido las palabras de Rudd. "Éste es el momento de los lamentos y sollozos, pero también el de alivio y alegría", dijo en el acto de Canberra Caroline Carroll, presidenta de la Alianza de los Australianos Olvidados.
RABIA ACUMULADA.- Lo que nadie acepta es que el Gobierno de Australia se haya adelantado al de Reino Unido a la hora de reconocer esa tropelía histórica. "Gordon Brown [actual primer ministro británico] debería avergonzarse por ocultar la cabeza bajo tierra. Hemos recibido las disculpas del Gobierno australiano antes de que las formulara el país en el que nacimos", sentencia Carroll. Portavoces de Downing Street han garantizado que Brown encarará la cuestión el próximo año, sin mayores precisiones (y ése es un dato importante, porque los sondeos auguran que será descabalgado del poder tras las elecciones de mayo). El jefe del Gobierno canadiense, Stephen Harper, todavía no se ha pronunciado al respecto.Sandra Anker tenía seis años cuando fue enviada -o, como ella prefiere decir, "fue exiliada"- a la Australia de 1950. Pensaba que su destino estaba en África, escenario de los sueños aventureros de su infancia, pero acabó en Melbourne. "Pasé muchos años esperando que alguien se diera cuenta del error y acudiera a rescatarme", explica hoy. La Sandra adulta sigue reclamando las explicaciones del Gobierno británico, una disculpa nacional que se equipare al menos con la expresada por los australianos: "Hemos sufrido a lo largo de toda nuestra vida y nadie [en Londres] quiere escucharnos. ¿Cómo se suponía que íbamos a regresar a nuestro país de origen y localizar a nuestras familias? ¿Por dónde empezamos?". Toda esa rabia, alimentada por años "de miseria, de no saber de dónde eres o quién eres", encierra para Sandra y los niños olvidados un único anhelo, la necesidad de sentirse de nuevo "bienvenidos en la que fuera nuestra tierra de nacimiento". Desde los años treinta y hasta 1967, entre 7.000 y 11.000 niños británicos fueron deportados a Australia. La mayoría tenía entre 3 y 14 años. La cifra se multiplica por diez si se contabilizan los que fueron enviados a los demás países de la Commonwealth, principalmente Canadá y Suráfrica. Ni Reino Unido ni Canadá se han pronunciado aún. La política oficial implicaba separar a los hermanos.