CÓMO “ARREGLAR” EL CONSTITUCIONAL.- De todo el gran lío que se ha organizado en torno al Estatuto catalán,varias cosas han quedado repetidamente de manifiesto, y ambas no cooperan precisamente al prestigio de los “juzgadores”: primero y principal, su exasperante lentitud. Digan lo que digan sus señorías los magistrados, habrán sido causantes de este enorme embrollo rayano a la desesperación: tres años y medio para emitir una sentencia sobre un recurso del PP es, en todo caso, “una pasada”. En segundo lugar, los diez magistrados no se terminan de poner de acuerdo en si un texto cumple o no los mínimos para ser calificado constitucional o inconstitucional. Gravísima cuestión, que permite pensar al ciudadano que todo es relativo, y que no hay verdades absolutas en esa tarea de determinar lo adecuado o lo inconveniente. Si los expertos no saben y no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿quién podrá determinar si, finalmente, la norma es o no es contraria a Derecho?. Sólo el hecho de haber abierto esa puerta a la duda es espeluznante. Tercera cuestión, cuatro de los diez magistrados debieron haber abandonado su puesto ya hace mucho tiempo, es decir, están “caducos” como los alimentos pasados de fecha de consumo. Y eso lleva a la gran cuestión de fondo, también suscitada en estos días de controversia: los magistrados del TC se han constituido, o están funcionando desde el primer momento, como una “cuarta cámara legislativa”, como el Congreso, el Senado, el Parlamento regional y hasta el Consejo del poder Judicial.
TODAS SON CÁMARAS PROPORCIONALES.- Todas son cámaras de distribución de miembros en función de los resultados electorales. Algo, ciertamente, perverso. Con otra peculiaridad derivada: que quienes designan a sus señorías los magistrados tampoco consiguen la renovación o el relevo de los miembros en la fecha debida. Ahora, por ejemplo, o hace unos cuantos meses, hubiera sido conveniente el “ajuste fino” de esa altísima magistratura, pero ni Rajoy ni Zapatero han conseguido -apenas lo han intentado- ponerse de acuerdo en los relevos. El intento que hicieron quedó reducido al CGPJ por causa de algunos candidatos que no reunían las condiciones mínimas, y que siguen a la espera de ver reconocidos sus méritos “políticos”. De modo y manera que hemos llegado a la peor de las situaciones posibles: el mecanismo no funciona, porque alguien tiene que ceder y no está dispuesto a ello, y porque nadie está en condiciones de remover y renovar ese mecanismo. O sea, nadie sabe cómo arreglar el entuerto del Estatuto de Cataluña, y las voces que están reclamando la renovación urgente del Tribunal Constitucional para desbloquear las deliberaciones sobre el recurso que su contra presentó el PP hace tres años, claman en el vacío o en el desierto. Ayer mismo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, admitió que este asunto, el de la renovación del Constitucional, estará en el próximo encuentro entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy. De esta forma abrió paso a un posible desbloqueo. En efecto, con un "habrá cita", anunció De la Vega la primera reunión oficial entre ambos líderes desde hace un año. No obstante, durante estos meses los dos máximos dirigentes han mantenido algunos contactos telefónicos, como el que tuvieron hace tres semanas para acordar la designación del nuevo director de RTVE, Alberto Oliart. O más recientemente, la información que Zapatero dio a Rajoy sobre la solución para el Alakrana, que, por cierto, parece que excitó los deseos de Rajoy de “crucificar” al presidente...
LA RENOVACIÓN DESEABLE.- De manera que la renovación del Constitucional vuelve así al primer plano, en plena tensión política por la posible sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El editorial conjunto de la prensa catalana del pasado jueves, en que se ha cuestionado la capacidad de un tribunal donde faltan dos miembros -uno recusado y otro fallecido- y de los cuatro restantes, cuatro siguen en su puesto pese a haber vencido su mandato hace dos años, ha puesto una nota de urgencia en la cuestión. La vicepresidenta primera dijo ayer que es necesaria "voluntad política" entre los dos partidos mayoritarios. "Estamos dispuestos a hablar para que la renovación se produzca en el tiempo que marca la Constitución", dijo Fernández de la Vega. Dicha renovación la abordaron Zapatero y Rajoy en su reunión de julio de 2008 y acordaron desbloquearla haciendo que el Senado nombrara los cuatro magistrados que le corresponden. Sin embargo, esa renovación sigue pendiente porque el PP propuso a dos candidatos, el ex presidente y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, que no son aceptados por el PSOE al considerar que el PP tergiversó el sentido de la nueva ley. Según los socialistas, los nuevos candidatos debían llegar al Senado a propuesta de las comunidades autónomas, pero el PP presentó los mismos dos nombres en todas las Cámaras autónomas.
RAJOY, SORPRENDIDO,.- Se asegura que Rajoy se quedó ayer muy sorprendido ante el anuncio de que habrá reunión con Zapatero, porque nadie de La Moncloa le había llamado. El líder del PP acudirá si le citan, como siempre, pero en su entorno señalan que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional al no aceptar los candidatos propuestos por las autonomías del PP. Hernando y López siguen siendo los candidatos populares, insisten, porque están elegidos por Parlamentos autónomos. Cabe recordar que los 12 miembros del Constitucional se renuevan por tercios y su mandato es de nueve años. Cuatro los elige el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno y dos el Consejo del Poder Judicial. Los cuatro que eligió el Senado en 1998 (entre ellos la actual presidenta) debían cesar en diciembre de 2007. Sin embargo, el PP, cuyos votos son imprescindibles para que los candidatos obtengan los tres quintos de la Cámara que exige la Constitución, se negó a renovarlo, según dijo, porque se oponía a un nuevo sistema de nombramiento por el cual las comunidades autónomas proponen a los candidatos. El PP recurrió esta norma al propio Constitucional, que no le dio la razón. Rechazado el recurso y pasadas las elecciones, en septiembre de 2008 comenzó de nuevo la renovación. Las autonomías enviaron 23 candidatos al Senado, pero con una sorpresa: el PP propuso sólo a dos, los mismos en todas las comunidades. Esos dos son Francisco José Hernando y Enrique López, líderes de la ofensiva judicial contra el Gobierno en la pasada legislatura al son del PP. El PSOE, engañado, se niega a votarlos, con lo que todo está bloqueado. Si el PSOE aceptara estos dos nombres, el Constitucional podría renovarse la semana que viene. De lo contrario, el impasse podría continuar casi casi eternamente. Y Rajoy y Zapatero volverán a demostrar que no tienen el menor interés en resolver la peliaguda cuestión...
YA HAY PROYECTO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.- Sin dejar pasar siquiera unos minutos, el presidente del PP, Mariano Rajoy daba a conocer ayer, en Salamanca, la opinión que le merecía el proyecto de ley del Gobierno de economía sostenible, lanzado con notable nivel de propaganda desde el gobierno y el PSOE. Pero Rajoy no quiso dejar la menor oportunidad ni un resquicio a la presunta buena intención del Gobierno. Le parece sencillamente, una promesa más, o una serie nueva de promesas, sin capacidad alguna para obtener eficacia contra la depauperada situación económica. O sea,una nueva enmienda a la totalidad desde el primer momento, y como es frecuente, casi habitual, que suceda entre gobierno y Oposición: Dime que me propones, que ya sabes que me opondré con todas mis fuerzas y posibilidades... De manera que el PP, desde el instante mismo en que la vicepresidenta Elena Salgado daba lectura a los contenidos del proyecto de ley, decía ya que no piensa darle el menor apoyo. Y en esa línea se expresan hoy, de manera coincidente, la mayor parte de los medios informativos “de la cuerda pepera”, o alineados con las posiciones opositoras. A lo sumo, como dice La Razón, “ley de economía sostenible, ni frío ni calor. La gran aportación del gobierno al cambio de modelo productivo es limitar la temperatura en los locales públicos entre 21 y 26 grados”. En el Mundo, se habla de “·economía insostenible”, y de un plan de claro signo propagandístico, plagado de incógnitas y con muy escaso impacto en una realidad que sigue empeorando”. Habla ABC de “una ley de economía que no se sostiene” y de “decepción general””. Y califica el proyecto de “cajón de sastre que no aborda reformas esenciales. En La Gaceta se señala, a su vez, que la futura ley ni creará empleo ni fomentará el consumo, y la califica de “bluff”. Y no tiene inconveniente en hablar de “economía insoportable”·..
QUÉ DIRÁN LOS AGENTES SOCIALES.- ¿Era previsible esa reacción? Posiblemente el gobierno contaba ya con esta clase de reacciones, frente a sus argumentos: las ventajas fiscales que se anuncian para impulsar al economía, los 20.000 millones de inversión para cambiar el modelo económico, la deducciones en el IRPF a las reformas de vivienda, alquileres y transporte público, los incentivos a la innovación tecnológica, que las administraciones públicas deberán pagar en un máximo de 30 días, o la transparencia de los sueldos de los directivos. Que el plazo máximo para crear una empresa se reducirá a cinco días... Definitivamente, no hay regalo alguno, y cualquier mérito, si lo hubiere, deberá ser demostrado antes de verse reconocido. Nada se da por bien hecho sin que haya demostrado eficacia. Y como esta ley está previsto que llegue a su cumplimiento y tenga influencia social en la década que viene..., ¿quién podrá comprobar tal supuesta eficacia? En cuanto a los agentes sociales, Centrales y patronal, prefieren esperar y callar, de momento, hasta el prometido encuentro con la vicepresidenta Salgado. Tendrán cuenta detallada de lo que se pretende y de los medios que se aplicarán a ello. No es improbable que los agentes sociales sean más amable que la oposición, aunque también hay en el sindicalismo voces contrarias, como la que ya ha alzado la Unión Sindical Obrera, que sostiene que la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Economía sostenible tiene más ruido que contenido, y pone de manifiesto que el Presidente del Gobierno ha emprendido una huida hacia adelante para no afrontar soluciones inmediatas que alivien la actual situación de nuestra economía y muy especialmente de nuestro mercado laboral, donde mes tras mes batimos récords de desempleados. Las salutaciones no han sido, precisamente, de plena y absoluta felicidad, sino todo lo contrario....
LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN.- Dice USO que, “desde hace semanas venimos escuchando del Presidente del Gobierno y sus Ministros que lo peor de la crisis ha pasado, y que empezamos la senda de la recuperación. Para la USO estas afirmaciones están muy alejadas de la realidad, especialmente de las personas que la sufren, los más de 4, 5 millones de parados, los más de 1,6 millones que han agotado su prestación o subsidio por desempleo, para los cuales sólo hay buenas palabras de un futuro mejor sin abordar su situación actual. Pero añade: El paro va a seguir creciendo hasta 2012 y va a ser difícil que remita, ya que hasta esa fecha no empezaremos a crecer por encima del 2%. Por ello pensamos -piensa USO- que esta nueva norma va a ser un cajón en el que se amontonen medidas ya anunciadas y no emprendidas, u otras ya puestas en marcha, con ninguna solución en el corto plazo para cortar la hemorragia del desempleo. Mucho nos tememos que sólo sirva para que durante el semestre de la Presidencia española de la UE nuestros políticos estén sumidos en el debate Parlamentario, y que los interlocutores sociales del Gobierno estén entretenidos en el actual marco estéril del diálogo social debatiendo el contenido de la Ley. Desde la USO apoyaremos cualquier medida que ponga en primer lugar a las personas, ya que el primer principio de una economía sostenible debe ser garantizar la sostenibilidad del capital humano que conforma nuestro modelo productivo y lo hace posible. El cambio de modelo productivo tiene que llevar consigo una diversificación de nuestro modelo de crecimiento económico, empezando por reactivar la demanda interna y una mayor inversión productiva en I+D+i. Curiosamente esto no ha sido tenido en cuenta en los Presupuestos para 2010 en los que el Ministerio de Ciencia e Innovación ve reducido su presupuesto. Por ello, la USO debatirá los próximos días 3, 4 y 5 de diciembre durante la celebración de su 9º Congreso Confederal un paquete de medidas para luchar contra la crisis, y realizar una llamada a la sociedad para movilizarse para conseguir su puesta en marcha y obtener soluciones a la actual situación.
EL ABORTO DA UN PASO ADELANTE.- El “gran escándalo” que produjo la publicación por doce diarios catalanes de un mismo editorial en defensa del Estatut y contra la posibilidad de que la sentencia del Constitucional pudiera dañarlo gravemente, hizo que se redujeran las atenciones de otras materias políticas del momento, como el debate a las enmiendas de totalidad del proyecto de ley del aborto, o por llamarla con toda propiedad, proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo... En realidad, ha sido una nueva victoria de las posiciones del Gobierno socialista sobre las posiciones del PP, como también ha sucedido en los últimos días en otros debates parlamentarios de gran relieve: El Alakrana, Sirtel... El PP ha hecho mucho ruido en cada caso, pero ha perdido cada una de las correspondientes votaciones. En este caso del aborto, también ha sucedido así, por más que el PP haya puesto mucha carne en el asador y hasta se sumara a la manifestación callejera contra el proyecto que recientemente organizaron las agrupaciones “pro vida”. Pero el antecedente de que gobernara durante ocho años consecutivos con el aborto vigente y sin haber movido un dedo para modificarlo, ha rebajado sustancialmente su posición ética o su congruencia.
EL PNV APOYA.- La votación sobre las enmiendas a la totalidad sumó a los votos socialistas los de otros seis partidos, generalmente de izquierdas, más el PNV, que es la gran sorpresa en esta materia. Ahora falta por ver cómo se produce la discusión y el debate de las enmiendas, y si, como parece probable, sufren algunas modificaciones, en particular, dos de los aspectos más combatidos de la ley: la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar incluso sin conocimiento de sus padres, y el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que harán posible el aborto en centros de la seguridad social. Hay disposición de la ministra Bibiana Aído, y del gobierno socialista, en aceptar enmiendas para hacer más asumible un proyecto que molesta a una parte de la sociedad española. Sobre todo, en alguno de esos aspectos controvertidos ya mencionados: partidos que apoyan la norma se muestran incómodos con el artículo sobre las menores, y no parece descartable que suavice esa parte del articulado, eso sí, garantizando la posibilidad de abortar a quienes aún no hayan cumplido la mayoría de edad.
CORRECCIONES IMPOSIBLES.- Otras posiciones, particularmente las que defiende el PP, será más difícil que sufran corrección en la dirección que el principal partido opositor reclama. Algún parlamentario del PP se ha mostrado escandalizado por el “retroceso jurídico y moral” que la futura ley significará. Eugenio Nasarre sostiene que ésta es una ley vieja, que no necesita la sociedad. Sandra Moneo llegó a decir que esta ley es el aborto libre de los regímenes totalitarios de la antigua Europa del Este....Jorge Fernández sostiene que lo que hay que hacer es evitar el masivo fraude de ley del tercer supuesto de la ley vigente. Y Dolores de Cospedal, cada vez más “cara radical” del PP, ya ha reiterado la disposición de su partido de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional... Frente a ellos, los portavoces socialistas, con la joven y “odiada” Bibiana Aído a la cabeza, feliz con el éxito de la votación y con la solidaridad de las restantes mujeres del Gabinete. Y Gaspar Llamazares , que se ha limitado a pedir a los católicos que respeten el derecho del Congreso a legislar. No hay que olvidar la actitud beligerante que la Conferencia Episcopal y muchos otros púlpitos mantienen contra esta ley. Pero aún estamos iniciando el segundo paso de un controvertido proyecto de ley, que ya ha movilizado a muchos ciudadanos, y que seguirá reclamando atenciones abundantes hasta que llegue a ser texto de Boletín Oficial del Estado.
JKOSÉ CAVERO
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