EL PACTO AVANZA.- Pese a todo, y sin lanzar campañas al vuelo, hay unos primeros indicios de que el pacto para salvar la economía en este tramo de la crisis, pudiera salir adelante. Por más que Mariano Rajoy haya insistido en sus permanentes descalificaciones: Esto es de coña. Esto de la comisión del pacto es de coña. O haya proclamado que la única medida anticrisis que ha tomado el Gobierno ha sido gastar lo que no tenemos , o que el problema de Zapatero no es de apoyos, sino de falta de coraje para gobernar. Por más que el propio Cristóbal Montoro haya repetido su propio estribillo, según el cual subir el IVA es incompatible con mejorar la competitividad, cuando el supergurú Nouriel Roubini acaba de proclamar que nuestro país debe sufrir un ajuste de la productividad como la Alemania de los 90... Pese a todo, hay algunas esperanzas de que la obsesión de Zapatero y Salgado por poder lograr un pacto entre los partidos, pudiera llegar a buen puerto en la fecha prevista. Claro que aun queda mucho tiempo, y caben muchas zancadillas.
ALGO SE ESTÁ MOVIENDO.- Pero “algo se está moviendo”, y no es improbable que “los cabezas” de los partidos, en este fin de semana de tormentas, terminen de elaborar o avancen sustancialmente en sus correspondientes propuestas. No debiera extrañar que el PP actúe, entre otra razones, por no quedarse atrás, relevado y en solitario, frente a otras fuerzas que, desde el primer momento, se aprestaron a poner de su parte y hacer su propia aportación también ideológica. Izquierda Unida, por ejemplo, o ERC, tenían elaboradas sus propuestas y planteamientos prácticamente desde el día después de la sesión preliminar del Palacio de Zurbano, y están decididos a que salgan adelante, para que el pacto resultante finalmente no sea “de pura y dura derechona...”. Aseguran que IU presentará al gobierno, en lo que Montoro calificó de “concurso de ideas”, nada menos que cien propuestas, que incluyen crear un millón de empleos, con un coste de 11.800 millones, de los que 8.600 serán recuperables. ¿Habrá quien dé más? Joan Ridao, por su parte, reclama que e Gobierno sea más severo con los bancos y cajas, porque continúan sin facilitar créditos, en particular a pymes y autónomos, y pese a que el Estado lleva destinados más de cien mil millones de euros a bancos y cajas.
SALIDAS POR LA IZQUIERDA.- Dicho de otro modo, está dispuesta la izquierda a demostrar que hay “salidas por la izquierda”, y a evitar que todo se reduzca a reducir las subidas de impuestos que propone el Gobierno, y cortar las ayudas públicas para la creación de empleo.
Queda otra cuestión por determinar: Una vez que el Gobierno disponga de esas propuestas de los grupos, ¿cuál será el procedimiento para su, primero, elección, y más tarde, aplicación y seguimiento? ¿Será, de verdad, ese concurso d e ideas, que el Gobierno aprovechará según le venga bien, o serán sometidas a votación, como en cualquier debate del estado de la nación, y tendrán aplicación inmediata, urgente, dosificada, paulatina?
De momento, es el tiempo de las ideas y propuestas para lo que dice la Cámara de Comercio en su campaña: sólo con el concurso de todos saldremos de ésta. Luego, vendrán los otros requisitos, protocolos y liturgias. Incluidas las eventuales desavenencias internas que pudieran producirse en el seno del Gobierno: entre las dos vicepresidentas -que ha negado De la Vega-, con Corbacho, con Ocaña, con Campa... De momento, nadie tiene autorización para ausentarse de su puesto de remero...
EMPRESAS PÚBLICAS, EL IVA....-En las primeras aproximaciones que se han producido, tras la reunión preliminar entre el Gobierno y los partidos parlamentarios sobre un eventual futuro pacto de estado para relanzar la economía tras la crisis, han aparecido un par de elementos novedosos, en los que no habría que descartar que se produjeran las cesiones. Uno es el anunciado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, según la cual, podría producirse la reducción de empresas públicas. Una medida, sin duda, que entra perfectamente en dos necesidades urgentes que tiene el Gobierno: la conveniencia de ahorrar gastos y la no menos urgente precisión de incrementar una recaudación. Ambas cosas, gastos disparatos y recaudación disminuida, son dos de los efectos más lamentables que dejan tras de sí dos años de actividad económica abiertamente disminuida. Esto, por lo que se refiere a probables iniciativas del gobierno, que habrán de traducirse en concreciones viables. En idéntico propósito cabe inscribir el otro propósito que es muy probable que eleven al Gobierno muchos, o acaso todos, los grupos parlamentarios.
RECAUDAR MÁS Y GASTAR MENOS.- Se trata, bien es cierto, de recaudar más, pero no al precio de que que esa voracidad fiscal signifique o pueda suponer un recorte al crecimiento deseable. Y eso es lo que muchos expertos sospechan que pudiera suceder con la elevación del IVA anunciada para la segunda mitad del presente año. Incluso en informes comunitarios se ha señalado que una previsible recuperación inicial de los niveles del Producto Interior Bruto pudiera verse truncada, en la segunda mitad de este año, por esa entrada en vigor de unos nuevos y mayores niveles del Impuesto sobre el Valor Añadido. De ahí que es muy probable que se llegue a solicitar “de común acuerdo” por todos o la mayor parte de los partidos, que se evite ese trance que pudiera entorpecer la recuperación del crecimiento nacional. No parece descabellado, por consiguiente, que pudiera producirse alguna forma de trueque: menos empresas públicas y menores costes públicos, pero también menor recaudación por virtud de unos impuestos incrementados. En particular, el IVA sobre el turismo aterra a los industriales del sector, y aterra, asimismo, a los comerciantes, que han comprobado una muy significativa reducción de sus negocios. Por lo que se refiere a las empresas públicas, la revisión de las existentes a nivel estatal, pudiera reclamar una revisión paralela de las empresas creadas en los niveles de los Gobiernos regionales, y que han llegado a ser consideradas una indeseable resurrección de un “INI” inacabable... ¿Y por qué no, las televisiones autonómicas, tan costosas como inútiles y generalmente manipuladas?
PROPUESTAS DE LA IZQUIERDA.- En el resto de las materias, es muy probable que haya muchas y muy distintas apreciaciones. Los partidos de izquierda, por ejemplo, es seguro que pedirán mayor gasto e incluso mayores impuestos. En ese sentido se ha manifestado ya el portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara. Por el contrario, desde el PP y CiU se va a insistir en la reclamación de recortes sustanciales en el gasto. Eso sí, con la apreciación de que en esa filosofía debieran coincidir, con idéntico énfasis, los gobiernos regionales y los restantes entes autónomos. Esos chocolates del loro ahorrarían muchos cientos de miles de millones de euros al atribulado contribuyente...
LA GRAN ESTRATEGIA: ANULAR EL CASO GURTEL.- Desde que se reveló la existencia de conversaciones entre los jefes de la Operación Gurtel y sus abogados, hace tal vez medio año, empezó a sospecharse que, detrás de tales revelaciones podría hallarse toda una estrategia jurídica por parte de los encausados y del PP, para anular los procesos y el caso mismo, alegando defecto de forma e indefensión de los procesados.. Y en efecto, de ese modo nos ha presentado hoy el caso el diario El País, periódico que ha venido destacándose por facilitar datos sobre el caso, sus alcances, sus implicados... Hoy cuenta en su portada que, un año después de la desarticulación de la más extensa trama corrupta conocida en democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el proceso basándose en la supuesta ilegalidad de la intervención de las comunicaciones mantenidas en la cárcel por los abogados con sus clientes. Y destaca que el Tribunal Supremo admitió este jueves a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas en prisión, y que, asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene en sus manos numerosos recursos por el mismo motivo, deberán resolver en las próximas semanas si una parte importante del caso Gürtel es anulado por escuchas ilegales.
QUERELLA CONTRA GARZON.- El Supremo admitió ayer la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de José Luis Ulibarri, un constructor del que existen múltiples evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos públicos. Uno de los casos que se investiga tiene que ver con el pago de tres millones de euros por lograr la adjudicación de una parcela para edificar chalés de lujo. Ganó el concurso porque prometió hacer las obras tres meses antes que su principal competidor (que ofrecía justamente tres millones de euros más por el suelo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Ulibarri se quedó con la parcela pero no edificó los chalés de lujo en el plazo comprometido y por el que supuestamente ganó el concurso. También ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros muchos implicados, el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía regalos de miles de euros a miembros del Gobierno valenciano y que recibió contratos a dedo desde el primer día que la trama corrupta abrió sucursal en la Comunidad Valenciana.
EL BIGOTES.- El Bigotes está imputado por diversos delitos dentro de la conocida trama de corrupción valenciana y ahora ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde pide que se anule todo el proceso a partir de las escuchas en la cárcel, aprovechando la supuesta ilegalidad de las intervenciones autorizadas por Garzón de las conversaciones mantenidas entre los abogados y los encarcelados de la trama. Recuerda esta información que ni El Bigotes ni el constructor Ulibarri tuvieron que ingresar en la cárcel como consecuencia de la desarticulación de la trama corrupta vinculada al PP. Sin embargo, ambos recurren a distintos tribunales con la intención de anular pruebas que pueden incriminarles. En las conversaciones grabadas, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, se lamentaba ante la existencia de un pen drive, donde se almacenaba toda la información sobre el pago de comisiones ilegales a políticos que gobernaban en municipios o comunidades autónomas. "Es que sin ese pen drive no tendrían nada. Me pongo malo", señalaba Correa a su abogado.
EL JUEZ PEDREIRA.- El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, defendió en un extenso auto las escuchas ordenadas por Garzón. Las defensas de los implicados pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que señala lo siguiente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo". En su auto, Pedreira mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".
LA CAUSA SIGUE,.- Ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas logradas mediante la intervención de comunicaciones en la cárcel, o anular una parte de la instrucción que afecta a decenas de imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP. Recuerda, de paso, el diario El País la situación procesal, penal y política a la que se ha llegado hasta la fecha, como consecuencia del Caso Gurtel: La investigación de la trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras más de dos años de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados ilegalmente de España y no declarados al fisco por la red de empresas que dirigía Francisco Correa; la connivencia de dos decenas de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto, que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a la trama, así como múltiples pruebas de cohechos en la actuación de altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro hipotecado a decisiones judiciales que deberán adoptar distintos tribunales. Una maniobra y estrategia con doble y coincidente propósito: colaborar en la destrucción de Garzón, y complicar la persecución judicial del Caso Gurtel. Casi nada, y en un solo golpe...
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