EL GOBIERNO IMPONE RECORTES A LOS GASTOS DE LAS CCAA, CON LA PROTESTA DEL PP POR EL PROCEDIMIENTO. RECORTARÁN DIEZ MIL M, EN TRES AÑOS. TOXO, VICE

LA AUSTERIDAD AUTONÓMICA.- Mientras se da cuenta de la iniciativa del Consejo del Poder Judicial de destinar ochenta mil euros para que hasta 14 miembros de este órgano (presidente, vicepresidente, vocales, letrados y asesores) se desplacen a Montevideo (Uruguay) con el fin de asistir los días 28, 29 y 30 de abril a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Feria de Justicia y Tecnología, con billetes de avión en clase 'business' (con un coste medio por persona de 4.100 euros) y el alojamiento en un hotel de cinco estrellas que también acoge la celebración de la cumbre-, se anuncia hoy el acuerdo alcanzado para reducir los gastos de las Comunidades Autonómicas, para algunos, la gran sangría de nuestras cuentas públicas desde hace años. En realidad, no hay acuerdo en saber si nos hallamos ante un pacto de los Gobiernos regionales o ante una imposición que el Gobierno central hace a tales gobiernos regionales.

PACTO O IMPOSICIÓN.- Y bastará repasar lo que cuentan unos cuantos titulares de las crónicas periodísticas: Gobierno y regiones pactan el plan de austeridad con la abstención del PP, dice uno. En otro se lee que el gobierno impone un recorte de diez mil millones a las autonomías, con la abstención del PP y la queja de las CCAA de no haber participado en el plan. Destaca otro medio que las CCAA del PP se desmarcan del plan de austeridad del Gobierno y que los consejeros del PP reclamaron medidas urgentes y no comisiones. Se lee en otro medio que el recorte autonómico se aplaza al verano y que el Consejo de Política Fiscal y financiera se limita a crear una comisión para hacer propuestas, mientras las CCAA del PP votan en contra por la que califican de falta de coraje del Gobierno. En otro diario se asegura que Gobierno y autonomías logran un acuerdo para reducir el déficit al 3 por 100 del PIB en 2013. Y se vuelve en otro medio a contar que el gobierno impone a las CCAA un recorte de diez mil millones hasta 20102, pero que las CCAA del PP se abstuvieron siguiendo las directrices de Génova, sede del PP. En fin, habrá que ceñirse al resultado último que se pretende, que no es otro que el ahorro por las Comunidades Autónomas de casi dos mil millones de euros este año, y que las regiones se suman al plan de recorte de gasto público hasta 2013, y se comprometen a ahorrar diez mil millones en este tiempo 2010-13.

CONTRADICTIO IN TÉRMINIS..- De manera que bien puede decirse, aunque resulte “una contradicción en sus propios términos”, que el Gobierno ha logrado imponer a las comunidades autónomas las medidas de austeridad que ha ideado para recomponer las maltrechas arcas públicas. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, salvó ayer "satisfecha" la votación del marco de austeridad que les ha presentado para los próximos años y que contempla medidas como la contención en los salarios públicos y las restricciones en la contratación. Todas las comunidades votaron a favor, salvo las del Partido Popular, que se abstuvieron. Con ese gesto dieron marcha atrás en el amago de rebelión que habían insinuado los días previos ante los corsés presupuestarios que fijaba el Gobierno. Pese a las quejas expresadas sobre la propuesta del Ejecutivo, "a todas les ha parecido bien" el marco propuesto, aseguró Salgado al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aglutina al Ejecutivo y los Gobiernos autónomos.

RECORTE DEL GASTO.- De momento, estas Administraciones han asumido ya un importante recorte del gasto para este año. Nueve autonomías presentaron ayer planes de reequilibrio fiscal que suponen un recorte del gasto cercano a los 2.000 millones de euros. Cuando los planes que faltan se pongan sobre la mesa, el Ministerio de Economía espera contar con una reducción de 3.000 millones de euros. En todo caso, entre las comunidades que tienen que presentar planes próximamente figura Cataluña, una de las más incumplidoras en el déficit, hasta el punto de que ya elaboró sus Presupuestos para este año con un déficit mayor que el permitido y mayor gasto. Su consejero, Antoni Castells, se quejó ayer de la imposición unilateral de esta propuesta por parte del Gobierno. Otros consejeros del PP le secundaron y la mayoría concluyeron como lógico que esos ajustes afectarán a servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales. La propuesta aprobada en el Consejo de PFyF contempla mejorar la eficiencia del gasto, mantener los niveles de deuda, reducir los plazos de pago de las Administraciones a los proveedores y aumentar el nivel de información que proporcionan a la Administración central.

SIN GRANDES TENSIONES.- No sorprendió a nadie que la reunión se prolongara durante cuatro horas, pero sí que no se produjeran grandes tensiones, pese a que los consejeros del PP votaron en contra, eso sí, de crear un grupo de trabajo que estudie hasta el 10 de junio las posibles concreciones de ese ajuste. "Estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero no a lanzar mensajes equivocados. ¿Por qué tres meses?", se preguntó el consejero de Madrid, Antonio Beteta, partidario de empezar la negociación la próxima semana. Si hay que hacer recortes, -y de eso no hay duda alguna- háganse cuanto antes. Y mejor si los hace el Gobierno que los impone, vino a decir el enfadado consejero de Aguirre...

COMO CORTAR GASTOS DE LAS CCAA.- Con el prólogo del acuerdo alcanzado la semana pasada en materia sanitaria, entre la ministra Trinidad Jiménez y los consejeros autonómicos de Sanidad, se entaban ayer a negociar el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el recorte del gasto público que las regiones deben acometer para reducir el déficit. El objetivo es pasar del l 1,4% actual al 3% exigido por Bruselas en 2013, nada menos, y según establecen las normas de Bruselas. Para avanzar en este propósito, el Ejecutivo central presenta una propuesta de acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que intenta buscar el compromiso de todas las administraciones para poder cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y reducir el saldo negativo de las cuentas públicas. La iniciativa tendrá que recibir el 'visto bueno' de las comunidades durante el debate y la previsible votación que se celebrará en el CPFF, aunque el Ejecutivo sólo necesita el apoyo de una comunidad para hacer que su propuesta prospere, dado que cuenta con la mitad de los votos del Consejo. En dicho acuerdo, el Gobierno advierte a las comunidades de la posibilidad de graduar los pagos por transferencias no determinados por normas o acuerdos a los territorios que no cumplan con los compromisos que pretende acordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

TRES MESES DE PLAZO.- Además, las insta a aprobar, en el plazo de tres meses, un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales, para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, igual que lo hará la Administración Central. Esto puede suponer supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos innecesarios. De la misma forma, se pide a las comunidades que apliquen una política de contención de gastos de personal desde una senda de austeridad en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la configuración de las oferta de empleo público y una política de racionalización de los recursos humanos. Todas las actuaciones en materia retributiva deben instrumentarse a través del "oportuno y necesario" proceso de diálogo social. Asimismo, deberán remitir al CPFF un informe trimestral, en términos similares al previsto para la administración del Estado, en el que se analizará el cumplimiento de plazos para el pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la respectiva administración autonómica.

YA RECHAZADO EN LA COBNFERENCIA DE PRESIDENTES.- ¿Será fácil que las CCAA “de obediencia PP” se sumen al acuerdo? Cabe recordar que su contenido esencial ya se debatió en la Conferencia de Presidentes, y que entonces se produjo un claro rechazo desde las CCAA del PP, por virtud, sobre todo, de voces como las de los presidentes gallego, Núñez Feijoo, del riojano, Pedro Sanz y de la “lideresa” madrileña Esperanza Aguirre. Esta última argumentó que “no procedía” dar bazas de esa naturaleza al Gobierno de Zapatero. Ahora, esta misma Comunidad de Madrid sostiene que el plan llega tarde y que el gobierno regional ya ha aplicado esas políticas de austeridad en los dos últimos años. El gobierno madrileño dice haber ahorrado 542 millones en tres años. De ahí que Esperanza Aguirre reclamará a Elena Salgado que sea el Estado central el que dé ejemplo. También Galicia dice haber aplicado ya una política de reducción de altos cargos, desde la llegada al gobierno de Núñez Feijoo. Parece probable que “la urgencia de Bruselas” haga entrar en razón a los menos entusiastas con el recorte al que ahora se les apremia. Si se aprueba el plan que presenta Elena Salgado, los gobiernos autonómicos dispondrán de tres meses para presentar su propio plan de reestructuración del gasto. Y después, un grupo de trabajo se encargará del seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit y analizará trimestralmente los informes de las CCAA al Comité Fiscal y Financiero. Todo para llegar con un 3 por 100 de déficit al presupuesto de 2012, desde el 11,4 por 100 de 2009...

TOXO SE CREE VICEPRESIDENTE.- Después de que los medios informativos hayan insistido en el “chiste” o la broma de que los dirigentes sindicales han venido ejerciendo, en el tiempo de la crisis, como auténticos vicepresidentes económicos del Gobierno, el secretario general de Comisiones Obreras, Fernández Toxo, vino a ejercer, o al menos lo pretendió, de tal vicepresidente, descalificando de lleno algunas de las líneas de actuación y de los argumentos que emplean la verdadera vicepresidente del Gobierno. Primero y principal, Toxo, y en este caso de acuerdo con su colega de UGT, piden al Gobierno que suavice el plan de austeridad, que llegan a considerar contraproducente por la paralización de dineros públicos que supondrá. Reducir el gasto lastrará aún más la salida de la crisis, es el argumento de los dirigentes sindicales, asustados por ese anunciado recorte de 50.000 millones de euros de gasto público al que se compromete el Gobierno ante las autoridades de Bruselas de aquí a 2013. Además, Toxo considera improbable que se pueda reducir del 11,2 actual al 3 por 100 el déficit público sobre el PIB. Es imposible reducir el déficit por mucho que se corra, y no se puede reducir el gasto de manera tan drástica si se verdad se pretende afianzar la recuperación económica. De manera que, partiendo de esa improbable consecución de este propósito, sostiene Toxo que el plan de austeridad traerá más problemas que soluciones, por lo que reclaman que se suavice el recorte del gasto para facilitar la progresiva recuperación de la crisis. O dicho de otro modo, que cuatro años son pocos, y que convendría prolongar ese proceso de austeridad posiblemente dos o tres años más. Pero en esa materia quien manda es Bruselas, y no Zapatero y sus ministros...

REFORMA FINANCIERA ANTES QUE REFORMA LABORAL.- Toxo, a partir de esa consideración inicial, que expuso ayer con la contundencia que le caracteriza, llega a la conclusión de que España no necesita grandes reformas en el mercado laboral como también vienen reclamando muchos -y culpando a los sindicatos que no se hayan producido tales reformas-, sino que basta con hacer algunos ajustes. Confía en que la mesa del diálogo social de patronal y sindicatos con el Gobierno terminen en acuerdo en la fecha prevista, el mes próximo. Pero recordó que también era optimista en junio del año pasado, y luego pasó lo que pasó: ruptura radical con la patronal... Y ya entrando en materia laboral, Toxo se mostró abierto a estudiar la posibilidad de establecer mecanismos públicos o privados, o de ambos, que permitan menguar el impacto del pago de las indemnizaciones por despidos para las empresas, sin que los trabajadores vean mermados sus derechos. También abogó Toxo por la progresiva desaparición de los contratos temporales y por una implantación más extendida de os contratos fijos-discontinuos, en su lugar. Toxo invocó una fórmula que se aplica en Austria que permite al trabajador acumular parte de su sueldo en una cuenta a la que puede recurrir en caso de despido, como indemnización, o bien destinarla a pensión. Pero volvió a “tirar por elevación”, y reclamó la urgente reforma del sistema financiero..., cuestión mucho más urgente que la reforma labora. Por cierto, que a Toxo tampoco le gusta nada que Díaz Ferrán, acuciado por los problemas de sus empresas, siga al frente de la CEOE. Dijo Toxo que ·el ruido externo” que genera la malograda situación empresarial de don Gerardo no es mejor acompañamiento para negociar la reforma laboral.

ECONOMÍA SUMERCIDA Y PARO, AL 20 POR 100.- Y todavía otra cuestión más, fue abordada por este “vicepresidente fáctico”: La economía sumergida, o economía B. Toxo sostiene que Hacienda y sus inspectores tienen perfectamente calculada esa actividad sumergida, que ha aumentado considerablemente por virtud de la crisis, y que, en su opinión, supera claramente el 20 por 100 del PIB. O sea, que coincide en la tesis del ministro Corbacho, que fue llamado al orden por Elena Salgado por hacer ese mismo cálculo, que ella consideró “incuentificable”. También estima Toxo que la tasa de paro llegará a superar este año ese mismo 20 por 100.
Nadie duda de que Toxo tiene y actúa con autoridad. Como si mandara...
JOSÉ CAVERO