LOS ETARRAS DE NANCLARES YA NO SON DE ETA, DICE RUBALCABA. LAS MOCIONES QUE ESTA TARDE APROBARÁN EL CONGRESO DEL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN.

EL PP APOYA LA POLÍTICA CON LOS EX-PRESOS ETARRAS.- Preguntado sobre la concesión de rebajas de grado y permisos regulares a presos etarras de Nanclares de Oca, el ministro Rubalcaba aseguró este lunes que: "En Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA. Todos los que están ahí no están en ETA. Han condenado la violencia, han pedido perdón y están pagando las responsabilidades civiles a las víctimas. Están pagando la responsabilidad civil y, por tanto, lo que deben a las víctimas". Un argumento que le permitió concluir con la frase: "En Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA". Se producen estas declaraciones después de las informaciones sobre el llamado “modelo de cumplimiento personalizado” que el Ministerio del interior ha aprobado y aplica para tres disidentes de la banda, a quienes permite salir de prisión para trabajar o estudiar, así como los permisos concedidos a otros seis presos, entre los que se encuentran Alvarez Santacristina, alias Txelis, o Kepa Picabea.
APOYO A LA POLÍTICA PENITENCIARIA.- El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha enmarcado las medidas dentro del pacto antiterrorista y expresó su apoyo a las políticas penitenciarias de Interior respecto a los presos distanciados de ETA. El portavoz reconoció que su formación está informada -aunque "genéricamente"- de estas decisiones, e incluso afirmó "que todos los Gobiernos la han practicado", también los del PP. Cabe recordar, en efecto, lo que sucedió en otros momentos de la historia reciente con los presos etarras, y en concreto, durante las legislaturas de José María Aznar (PP) al frente del Gobierno: En la primera legislatura se sucedieron gestos de distinto signo a favor de los presos etarras. Tras ganar las elecciones, en 1996, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, acordó el acercamiento al País Vasco de 32 internos de la banda, entre ellos 13 condenados por asesinato. ETA mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y no lo liberó: fue rescatado por las fuerzas de seguridad. En esos dos primeros años de Gobierno popular se sucedieron los asesinatos de la organización terrorista. Pese a ello, Aznar mantuvo su política de acercamiento de presos (de la que también se benefició Iñaki de Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos) hasta la tregua de la banda terrorista ETA de septiembre de 1998. Además, se concedió el tercer grado a presos etarras que se encontraban enfermos. Algunos murieron poco después de recobrar la libertad.
MAYOR OREJA DISCREPA.- El asunto se debatió en el comité de dirección del PP de este lunes, previo a la comparecencia de Pons, según fuentes presentes en esa cita. Y fue el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja el único que planteó que estas salidas autorizadas a los disidentes puedan ser un engaño más de Zapatero y un ataque al pacto -en su línea argumental de que el Gobierno sigue negociando en secreto con ETA- pero según todas las fuentes consultadas se quedó solo en su posición. Además de Pons, otras fuentes del PP confirmaron que el Gobierno les informa puntualmente sobre los acuerdos más importantes en la lucha contra ETA. El interlocutor es el ex ministro de Defensa y responsable de Justicia e Interior, Federico Trillo. Gracias a esa vía, el PP conoce "las líneas generales", según uno de sus dirigentes. Con una queja: "Nos dan menos información que la que dábamos nosotros cuando estábamos en el Ejecutivo". Pons lanzó otro toque: "Deberían tener más sensibilidad con las víctimas". Pero sobre las medidas concretas para los ex etarras, el PP "no tiene nada que decir", según subrayan en la formación, "mientras el pacto antiterrorista se siga aplicando" y la persecución a ETA sea "implacable". "Instituciones Penitenciarias siempre ha adoptado decisiones de este tipo, sin importar el partido que estuviera en el Gobierno", insisten.
CUMPLEN LA LEY.- En cuanto a las salidas para trabajar y estudiar adoptadas por Instituciones Penitenciarias para tres presos, insiste el Gobierno en que cumplen estrictamente la ley. Fueron propuestas por el equipo técnico de la prisión de Nanclares de Oca -donde el Gobierno ha reagrupado a los principales disidentes en un "módulo de respeto"- y aprobadas por la junta de tratamiento de la cárcel y por la Dirección General. Dos de los tres casos ya han sido bendecidos por el fiscal y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, y el tercero, aunque pendiente de este último trámite, es plenamente ejecutivo.
En eso se basó ayer el lehendakari Patxi López para asegurar que esas decisiones se han adoptado "dentro de la normalidad y la legalidad". "Si es cierto que hay gente que abandona la violencia y la rechaza, y además ha cumplido la parte que le corresponde de su condena, puede tener ese tipo de facilidades", afirmó López, que recordó que la Constitución establece que "el objetivo de la política penitenciaria es la reinserción".
Quedan las reticencias y recelos de Mayor Oreja, pero ya sorprenden poco...

LAS DIFÍCILES RELACIONES CON EL PSC.- Con relativa frecuencia, desde el gobierno socialista de Zapatero se ven forzados a hacer gestos que tranquilicen y mantengan la relación fraternal con el PSC, socialistas catalanes de Obediencia a Montilla. Por su parte, el PSC de vez en cuando suscita la sospecha de que pudieran “independizarse” y tener grupo propio, ajeno al PSOE global, para defender sus propias posiciones sin tenerse que plegar a las necesidades “de Madrid”. Ahora mismo, están nuevamente bajo sospecha y bajo presión esas relaciones, por causa de las reacciones que Montilla viene produciendo, por sí mismo, y exigiendo a sus restantes socios, tanto en Barcelona como en Madrid. Los socialistas, por ejemplo, se ven en la necesidad de dar apoyo a la pretensión del PSC y de sus restantes socios del tripartito de apoyar el concepto de “nación política” aplicado a la Cataluña posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Este mismo martes tenía una nueva “prueba de fuego” al presentarse y votarse las mociones resumen del reciente debate del estado de la Nación. Finalmente, el pacto de mínimos del pasado viernes en el Parlament, donde el Tripartito y CiU votaron una moción en defensa del Estatut que se limitaba a reproducir el Preámbulo del texto que el Tribunal Constitucional ha recortado e interpretado a la baja, no se aprobaba en forma de moción en el Congreso en la última sesión del debate del estado de la nación.
EL PSC NO APOYA.- Finalmente, el PSC, cuyos 25 diputados se integran con los del PSOE en el Grupo Socialista, se ha mantenido fiel al texto pactado con sus correligionarios y decidió no apoyar en el Congreso la resolución que sí respaldó en el Parlament recordando que Catalunya se ha definido a sí misma como "nación". Un Preámbulo que el TC no ha declarado inconstitucional pero cuya falta de relevancia jurídica ha subrayado en una sentencia que recuerda que la Constitución "no conoce" más nación que la española. Ante la imposibilidad de acuerdo con CiU y ERC e ICV para trazar una estrategia conjunta ante el recorte, Montilla propuso reafirmarse en el Preámbulo, que además del carácter nacional de Catalunya insiste en la secular voluntad de autogobierno.  La idea de los defensores del Estatut era que el acuerdo del Parlament se trasladara a Madrid. El pacto catalán se cerró con  plazo suficiente para presentar mociones en el debate del estado de la nación desarrollado los días 14 y 15. CiU, ERC e ICV optaron finalmente por enmendar sus resoluciones del Estatut y también la que pactaron el PSC y el PSOE. En todas incorporaron el texto del Preámbulo.
NEGOCIACIONES COMPLICADAS.- Pero los socialistas avanzaron que no las aceptarían y que tampoco apoyarían ninguna de las mociones de los tres partidos catalanes. De este modo,  la frágil unidad de la semana pasada en Catalunya no cristalizaba en Madrid horas antes de la crucial reunión que, para estudiar la operación de "rescate" del Estatut, mantendrán Montilla y José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Fuentes del PSC implicadas en la negociación con el PSOE explicaron que no era necesario que el Congreso "volviera a votar" el Preámbulo "porque ya lo hizo en 2006 al aprobar el Estatut".  Pese al poco entusiasmo, añadían que, llegado el caso, "no habría problema para apoyar el texto" y reforzar la posición catalana. Y en el Parlament el portavoz del PSC, Miquel Iceta, recordó que el Preámbulo fue ratificado por el TC dando a entender que el PSOE no pondría objeciones a votarlo de nuevo. Pero el lunes, tras la reunión de la dirección del PSC, Iceta. sin modificar el discurso, recordó que la moción por el Estatut y el desarrollo pleno del autogobierno catalán que pactaron el PSC y el PSOE en Madrid, ya recoge en gran medida el espíritu la moción del viernes en el Parlament. Donde el Parlament habla de "disconformidad" con el TC, la moción socialista en el Congreso habla de "malestar" y donde una habla del "potencial de autogobierno", la otra habla de "garantizar plenamente el anhelo". La del Parlament, que CiU, ERC e ICV-EUiA apoyaron sin mucho entusiasmo, reproduce íntegramente el Preámbulo y la del Congreso lo cita de forma indirecta. La diferencia estriba en que la moción de este martes habla de "realidad nacional catalana" y el Preámbulo del texto, que el PSOE no apoyo ahora, se refiere a Catalunya como nación, contraviniendo al TC. CiU, ERC o ICV se plantearon abstenerse a la moción socialista para que el Congreso "apruebe algo" en defensa del Estatut que los catalanes votaron en referéndum.

DURAN NO APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS.- En el reciente debate sobre el estado de la Nación fueron evidentes, y para algunos desproporcionados, los esfuerzos que hizo el presidente Rodríguez Zapatero por convencer a Durán de la gestión del gobierno y de su presidente. Una y otra vez, en réplicas y dúplicas, Zapatero dedicaba tiempo y atención a los argumentos del convergente, y parecía atraerlo a sus posiciones... Sin embargo, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado este lunes que la formación nacionalista no apoyará los Presupuestos Generales del Estado "digan éstos lo que digan", por considerar que la etapa de Jose Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno "se ha acabado". "Cuando finiquite las reformas que tiene pendientes, como la laboral, la de las pensiones y la del sistema financiero, entonces su etapa se habrá acabado", ha asegurado Duran en una entrevista a TV3, para indicar a continuación: "por eso ya avanzamos que no apoyaremos esos presupuestos digan lo que digan". Duran ha precisado que sólo apoyarán la reforma laboral si el Gobierno "la mejora", concretando aspectos referentes al absentismo, así como aclarando las causas objetivas del despido, entre otras demandas de la formación nacionalista. El portavoz de CiU en el Congreso también se ha pronunciado sobre una eventual reforma de la Constitución, algo que ha considerado "imposible de llevar a cabo en el momento actual". "¿Para qué abrimos un debate que sólo aportará más frustración?", se ha preguntado Duran, para apuntar que "si no hemos podido sacar adelante el Estatut que queríamos, menos aún podremos reformar la Constitución". "No nos lo aprobarían", ha aseverado Duran, en referencia al PP y al PSOE, dos formaciones a las que, ha precisado, "no es justo situar en el mismo sitio", aunque "es cierto que el PSOE no ha defendido suficientemente el Estatut".
APOYO A LOS PRESUPUEDSTOS.- Ahora queda por ver, descartado CiU, si el PNV apoyará o no los presupuestos del año que viene. La intervención del portavoz Josu Erkoreka en el debate del estado de la nación resultó, a esos efectos, cautelosa y ambigua: Darán su apoyo si el gobierno les termina de convencer con ofertas y propuestas de su interés. Iñigo Urkullu ha insistido en la misma posición en recientes manifestaciones: exige como condición un avance en el poder político de Euskadi. Veremos en qué se traducen esas nuevas condiciones de los nacionalistas vascos. Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ha mostrado su esperanza en que. Finalmente, los socialistas y el gobierno conseguirán los apoyo suficientes para sacar adelante los presupuestos de 2011, probablemente de los más difíciles y austeros en mucho tiempos...

LOS NACIONALISTAS APRIETAN.- Han hecho declaraciones a distintos medios informativos los máximos dirigentes de CiU y PNV, Artur Mas, de un lado, en El Mundo, e Iñigo Orkullu, en Público, de otra parte. Las dos voces son coincidentes en añadir alguna leña más al fuego de la política y de la eventual colaboración del gobierno con los nacionalismos, que merecía el debate de los barones socialistas en el Comité Federal del sábado. Tanto Mas como Urkullu “aprietan” las tuercas a un gobierno que puede esperar algo de sus apoyos, sobre todo en la votación que finalmente tendrá que aprobar -o no- los presupuestos generales para 2011. Concretamente, Artur Mas,como Durán i Lleida, su compañero de coalición, ha reiterado: “Ya dijimos que no apoyaríamos los presupuestos, y lo cumpliremos”.

LO QUE DICE URKULLU.- De manera que coloca la pelota en el tejado de los otros nacionalistas “clásicos”, el PNV. ¿Qué dice Urkullu? Es mucho más abierto, o menos intransigente. Está abierto a hablar y a negociar, como ya anticipó hace unos días el portavoz del mismo grupo, Josu Erkoreka, en el debate sobre el Estado de la Nación. Dice Urkullu que “el PNV está dispuesto a jugar un papel para la estabilidad de un modelo de Estado”. Dice también que no le gustaría que el papel del PNV fuera coyuntural. Por eso he emplazado a PP y PSOE a que definan y aclaren cuál es el papel que quieren que juegue los nacionalismos en lo que pueda ser la estabilidad de un modelo de Estado. Y el PNV está dispuesto a ello... Urkullu no aclara el resultado último que cabe esperar ante los presupuestos, pero insiste en que “se irá viendo en cada momento cómo se van abordando las negociaicnes. Vamos a ir quemando etapas para chequear la voluntad del Gobierno. Tenemos las propuestas de resolución del debate del estado de la nación, el proyecto de ley de Reforma del Mercado Laboral, la votación del límite de gasto... Vamos a quemar etapas hasta llegar a los presupuestos”, explica el “jefe” del PNV. Eso sí anuncia que el PNV pone hoy mismo sus seis votos a disposición del PSOE para derogar la ley de partidos... Y confía en qué dé el paso quien tiene capacidad de hacerlo, en lo que afecta al mundo de la autodenominada izquierda abertzale. Y respecto a ETA, es muy conciso, el presidente del PNV: No entro en conjeturas ni en cábalas de ningún tipo. Sólo diré que de ETA espero únicamente un anuncio, el cese definitivo”...

EN SEPTIEMBRE, RENOVACIÓN DEL TC.- Tres años después, el Senado ha vuelto a dejar la asignatura de la renovación del Tribunal Constitucional pendiente para septiembre. El día siete de ese mes, PP y PSOE volverán a examinarse, después de que el pasado jueves, los seis portavoces de la Cámara alta examinaran, a su vez, a 20 candidatos para intentar seleccionar cuatro nombres, según relata este lunes El País, que describe como “·una suerte de casting” al que los aspirantes se sometieron con paciencia durante casi seis horas, y dos años después de haber sido seleccionados por las comunidades autónomas. "Creo que alguno de los candidatos propuestos ya casi ni se acordaba que lo era después del tiempo que ha pasado", comentó -y no bromeaba- Joseba Zubia, del PNV. Ese mimo día, por la mañana, el pasado jueves, Zapatero había intentado justificar en el debate del estado de la nación el retraso en la renovación del tribunal -además de los que elige el Senado, el Congreso debe nombrar a otros cuatro, uno de ellos vacante desde hace dos años-. Aseguró que el PSOE tenía que ser "muy exigente" con los candidatos y seleccionar a "personalidades del máximo prestigio para recuperar la posición institucional del Tribunal y fortalecer al máximo su crédito". Por la tarde, 20 juristas de prestigio se sentaron, efectivamente, frente a los portavoces del Senado, recitaron sus largos currículos y esperaron unas preguntas que ningún senador se atrevió a hacerles, a diferencia del proceso practicado en EE UU para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, donde los senadores indagan, antes de tomar su decisión, si el candidato propuesto por el presidente cree en Dios, está a favor del aborto o de la tenencia de armas.
MÁS QUE IDÓNEOS.- Todos resultaban "más que idóneos", según las tímidas intervenciones de los portavoces, pero al término del maratoniano examen seguía sin haber acuerdo ni ganas de buscarlo. La víspera, el estratega jurídico del PP, Federico Trillo, había calificado de "mascarada abocada a no tener buen fin" el examen, y con esa actitud descreída asistió el portavoz del grupo en el Senado, Pío García-Escudero, al desfile de juristas. Terminado el examen, el PSOE aseguró que "el acuerdo estaba más cerca" y que había "candidatos de sobra", pero el PP volvió a poner la negociación a cero, insinuando que podría incorporar nuevos nombres a la lista de aspirantes. "Al PP le interesa fosilizar la actual estructura del Tribunal porque responde a sus intereses. En dos tercios, pertenece a la etapa de Aznar", asegura el portavoz de la Entesa Catalana, Carles Bonet (ERC), consciente, al igual que el resto de grupos, de que más que de los currículos de los examinados, los nombramientos dependen del pacto entre PP y PSOE.
Veremos si en septiembre el PP tiene disposición a aceptar esa renovación que ha venido impidiendo mes tras mes, por la intolerancia del PSOE a los dos nombres propuestos por el PP, a uno de los cuales, por lo menos, no se le aprecia la profesionalidad y trayectoria judicial que se requiere a todo candidato...
LOS CANDIDATOS.- Esa relación de 20 nombres la componen 4 mujeres y 16 hombres. Según el recuento de El País, cinco son o han sido magistrados del Tribunal Supremo, otros cuatro son jueces, siete son catedráticos -solo uno de Constitucional- uno es profesor y tres, abogados. Esa era la composición del casting celebrado el jueves en el Senado para cubrir cuatro plazas en el Constitucional. También señala el reportaje que el 30 de agosto se cumplen 30 años de la puesta en marcha del alto tribunal. Nueve de los miembros de aquel primer tribunal eran catedráticos. Hoy son cinco. Los jueces del Tribunal Supremo, los candidatos que suele preferir el PP, han ido ganando presencia en la institución, frente a juristas procedentes de la Universidad. El Consejo General del Poder Judicial, que elige a dos miembros del TC, escoge siempre en el Supremo. Los puestos que nombran Gobierno, Congreso y Senado (otros diez) son pues, la vía para introducir el perfil académico en el tribunal, pero también en estos casos se han ido imponiendo los jueces, lo que incomoda a los catedráticos de la institución y cuyo malestar han hecho llegar al Gobierno. La presidenta, María Emilia Casas, es catedrática, como todos los presidentes anteriores, pero el próximo podría ser, por primera vez, un juez del Supremo. Carmela Silva (PSOE) considera "sorprendente" que cada vez haya menos académicos en el tribunal, y asegura que entre los 20 candidatos examinados el jueves, la mayoría era "gente progresista".

LOS DOS DEL PP.- Tres de los cuatro favoritos de esos 20 aspirantes han pasado por el Supremo. Uno de ellos es su ex presidente, José Francisco Hernando, de 74 años, el más próximo al ideario del PP, el que redactó un informe contra el Estatuto de Cataluña que no era preceptivo y que nadie pidió y dijo aquello de que "aprendería catalán como sevillanas en Andalucía". Fue el único al que no saludó la portavoz socialista el jueves. Pío García-Escudero, en cambio, pareció despertar cuando le tuvo enfrente, después de haber despedido con un "le deseo lo mejor" a casi todos los demás. Para Hernando, el portavoz del PP tenía una frase distinta: "Espero que no se rompa la racha en el futuro de que los ex presidentes del Supremo pasen al Constitucional". Hernando, por supuesto, es de la misma opinión. Otra de las candidatas mejor posicionadas es Encarna Roca, magistrada de la sala primera del Supremo, favorita por ser mujer - "El Constitucional necesita tener el mismo número de mujeres que de hombres. El tercer favorito, aunque él no se veía -"No creo, no creo", repetía al salir-, es Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional, donde dijo estar "muy a gusto e ilusionado". Propuesto por Extremadura, recordó que había sido letrado del TC, y magistrado en la Sala Militar del Supremo. "Es un claro candidato", dijo Jordi Vilajoana (CiU). El cuarto favorito es en realidad una incógnita. No está en la lista. Es la X que debe despejar el PP después de haber sido eliminado uno de sus dos candidatos...

HAY POCOS MÉDICOS ANTIABORTISTAS.- Qué difícil sería aplicar la Ley del Aborto, vigente desde hace un par de semanas, si todos los profesionales de la sanidad pública fueran o se declararan objetores de conciencia, afirma este lunes un reportaje del diario Público que ha investigado sobre el porcentaje de los médicos antiabortistas... Las cifras de los pocos registros de objetores que están en marcha y las declaraciones de varios grupos de médicos alegando que ellos sí están dispuestos a practicar abortos han puesto en tela de juicio las declaraciones de quienes han puesto trabas a la ley, en algunas Comunidades Autónomas, y que sostenían en su apoyo que era muy difícil la aplicación d e la ley con tal número de médicos antiabortistas. Pues bien, a falta de un registro estatal de profesionales que se niegan a interrumpir embarazos no deseados por cuestiones morales y de fe, los registros que ya han puesto en marcha los colegios de médicos de seis provincias Castellón, Málaga, Salamanca, Segovia, Madrid y Jaén no cuentan ni con el 1% de sus colegiados. En Málaga, por ejemplo, sólo se han inscrito 25 médicos (un 0,37% del total), aunque la mitad de ellos lo ha hecho desde que entró en vigor la nueva ley. En Salamanca, los objetores declarados representan el 0,4% de los médicos de la provincia. Por su parte, en sus cuatro años de funcionamiento, el registro del colegio de Madrid sólo ha atraído al 0,17% de sus asociados. El consejero de Sanidad de la región, Javier Fernández Lasquetty, no tuvo en cuenta este detalle cuando aseguró la semana pasada que "la práctica totalidad [de los médicos] con excepciones, se niega a hacer abortos" en la autonomía. Tampoco el Gobierno murciano, cuyo presidente lideró el grupo de insumisos a la ley el día de su entrada en vigor, ha tenido reparos en asegurar que si no se practican abortos en los hospitales públicos de Murcia, es porque todos los médicos objetan. No hay ningún registro en la región que demuestre esa aseveración.
MÉDICOS OBJETORES.- Por su parte, y según los datos de la misma información de Público, un grupo de ginecólogos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha denunciado que ellos no son objetores y que, si no realizan abortos, es por el veto impuesto por la dirección del centro. "Son los jefes de servicio los que dicen: Aquí somos todos objetores", denuncia un ginecólogo del centro, que quiere mantenerse en el anonimato. Otro de estos profesionales dispuestos a practicar abortos reclama la creación de un registro de objetores de conciencia. "Así el hospital público podría organizar sus recursos y distribuir los turnos con los profesionales que sí estamos dispuestos a hacer abortos", defiende. También el Gobierno navarro se escuda en que todos los profesionales objetan para justificar que en la región no se hagan abortos, ni siquiera en clínicas privadas, porque no las hay. Un grupo de ginecólogos de la sanidad pública manifestó hace unos meses su voluntad de practicar abortos en Navarra y denunció la militancia objetora que practica el Ejecutivo autonómico. El Gobierno foral mantiene esta política.
DERECHO INDIVIDUAL A LA OBJECIÓN.- La Ley del Aborto reconoce explícitamente el derecho individual de los profesionales sanitarios que intervienen "directamente en la interrupción voluntaria de un embarazo [ginecólogos, anestesistas y enfermeras] a la objeción de conciencia". Además, insta a la Administración a articular este derecho "en un desarrollo futuro de la ley". De esta forma, la norma pretende asegurar un derecho que ya estaba garantizado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es una forma de proteger el derecho de los facultativos, pero también el de las mujeres que quieren abortar, de modo que si no hay suficientes profesionales en la sanidad pública, se concierte el servicio con clínicas privadas. Desde que el aborto se despenalizó, en 1985, sólo el 2% de las intervenciones se ha realizado en hospitales públicos. Con la nueva norma en vigor, la situación no parece que vaya a cambiar: prácticamente todas las autonomías han renovado o han manifestado que van a reforzar sus conciertos con las clínicas privadas acreditadas para realizar abortos. Si bien el PSOE y los partidos que apoyaron la norma (ERC, IU, BNG y PNV) acordaron crear un registro de objetores, el Gobierno central ha manifestado que no es ahora su prioridad. Castilla-La Mancha y Cantabria ya han anunciado que crearán listados para que los profesionales que no quieran practicar abortos por sus creencias dejen constancia de ello. Esto les ayudará a gestionar sus recursos. Por su parte, el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez-Bayle, apunta que en muchas ocasiones los gerentes de los hospitales y los jefes de área deciden no hacer abortos por las dificultades para organizar los recursos, más allá de sus convicciones personales. "Se necesita que el hospital te dé un espacio adecuado, disponer de medios y tener en cuenta que el tiempo que los profesionales le van a dedicar se debe restar a las consultas y a otros servicios", explica.

TEMEN QUE DESAPAREZCAN LOS PUEBLOS MÁS PEQUEÑOS.- Galicia tiene 17 municipios de menos de mil habitantes que no han dejado de perder vecinos en los últimos diez años. Algunos como Muras, uno de los pocos concellos gallegos con pleno empleo, han visto cómo su población mermaba en torno a un 30% desde 1999, tal y como muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Porque entre los ayuntamientos que están por debajo de esa franja que marca el millar de habitantes, únicamente Mondariz-Balneario ha visto incrementado su censo al recibir vecinos llegados de Vigo, según nos cuenta un reportaje de La Voz de Galicia. El declive poblacional se ceba con estos concellos pequeños, localizados principalmente en las provincias de Ourense y Lugo. El recorte, unido a la atomización de sus núcleos habitados y a la elevada edad de sus habitantes (sólo un 22% tienen entre 30 y 50 años), supone un incremento importante de los costes en la prestación de servicios. Y es que la factura es igual, aunque los que reciban el beneficio sean cada vez menos. La pérdida de población implica, a veces, una pérdida de recursos. El último Plan E, por ejemplo, establecía un criterio de reparto de fondos que tenía como base el volumen poblacional. A cada concello le correspondería 177 euros per cápita.
FUENTES DE INGRESOS.- Una de las principales fuentes de ingresos de muchos de estos pequeños entes son las partidas que llegan del Fondo de Cooperación Local, la parte del pastel que les toca en los ingresos de la Xunta, y del PIE, el trozo que llega del Gobierno central. Son partidas no finalistas que pueden dirigir a financiar cualquier tipo de prestación como la basura. Un ejemplo es Ribeira de Piquín. Con un presupuesto de 555.495 euros, según fuentes municipales, en torno a un 90% procede de ambos fondos. Pero hay otros, como el liderado por el popular Isaam Alnagm, que ven como sus arcas reciben capital de las aportaciones que dejan las empresas y eólicas que hay en el área. La participación en los ingresos de la Xunta o el Estado no es directamente proporcional a la población. Hace unas semanas, la Xunta anunció que el reparto estaría vinculado a que cada concello presentara un plan de ahorro y austeridad. Para hacer bajar la cuenta, la Consellería de Presidencia trabaja en la idea de unir entidades locales y constituir mancomunidades que permitan afrontar en conjunto prestaciones. Aunque por ahora, tal y como confirmaron fuentes de ese departamento, no hay ninguna novedad.
PERDIDA DE PODER.- Uno de los que en su día habían llevado más lejos la idea fue el alcalde de Lalín, el popular Xosé Crespo, y luego incluso fue retomada por el PSOE, pero nunca llegó a fructificar. Los intereses de cada concello y la pérdida de poder que podría suponer a la hora de acceder al Gobierno de las diputaciones fueron varias de las razones que frenaron la iniciativa. Ante el nuevo impulso que parece querer darle la Xunta, fuentes de la Fegamp comentaron que la propuesta es, por ahora, algo teórico, pero no hay avances destacables. “La idea no está en la mente colectiva del sentir ciudadano”. explicó el presidente de la entidad, el alcalde de Ames, el socialista Carlos Fernández. El principal temor de algunos regidores es que sean las villas más grandes las que acaben llevándose las ayudas. «Los pueblos pequeños como éste perderían servicios, el centro médico o la farmacia. Tenderían a desaparecer”, apunta el alcalde de San Xoán de Río, el socialista Luis Castro. También en las filas populares hay cierto temor. El alcalde popular de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez, comentó hace unos días que prefería mantener la estructura municipal.

SE COMPLICA LA FUSIÓN DE LAS CAJAS VASCAS.- El lehendakari, Patxi López, ha reconocido que la adquisición de CajaSur por parte de la BBK "añade alguna dificultad" al proceso de fusión de las tres cajas vascas, porque "se desequilibran los tamaños", aunque ha precisado que el hecho de que dificulte la operación "no quiere decir que impida el que se pueda producir en el futuro". En los desayunos informativos de Forum Europa-Tribuna Euskadi, Patxi López ha destacado que la adquisición de la caja cordobesa por parte de la vizcaína consolida a esta última como una de las más importantes del Estado, haciendo hincapié en que "tener posiciones de liderazgo y de fortaleza es bueno no sólo para la entidad que lo consigue, sino para el conjunto del país".
Con respecto a la fusión de las tres cajas vascas, el lehendakari ha reiterado que se producirá cuando las propias cajas vean que es el momento, recordando que sus presidentes trasladaron al Gobierno vasco que, en este momento, "era mejor dedicar todas sus energías a atravesar esta situación de crisis, a posicionarse en el mercado globalmente y cuando vengan tiempos más tranquilos dedicarse a buscar esa alianza", de la que ha reiterado que "será un momento muy positivo para Euskadi".

LEY DE CAJAS.- López también ha negado que la reforma de la Ley de Cajas, que el Ejecutivo de Vitoria tendrá que abordar en los próximos meses, tenga que ser el "pistoletazo de salida" de la fusión, y ha insistido en que "tendremos que esperar a que sea el momento propicio" y en que serán las propias entidades quienes decidan el cuándo. En cualquier caso, ha concluido su intervención expresando su deseo de que ese momento llegue.
Por mucho que lo desee este lendakari, o el anterior, y acaso el siguientes, no parece sencilla la operación de fusionar a las tres cajas vascas. Y ahora, con las nuevas y mayores dimensiones de la BBK, la estrategia se ha complicado un poco más.