LA AUSTERIDAD DE LAS CUENTAS DE 2011
Todos los analistas de la política vienen advirtiendo sobre la importancia y trascendencia de los presupuestos generales para 2011. Nadie duda de que han de resultar de extraordinaria importancia para dos propósitos: terminar de poner los medios para alcanzar la salida definitiva de la recesión y el arranque definitivo de la recuperación económica, y lograr un déficit de las cuentas del Estado que debería situarnos ya en la antesala de esa misma recuperación de las cuentas públicas. El recorte de gastos públicos en 2010 fue precipitado y urgente, pero esta vez tiene que ser ya mucho más meditado y exigente. De ahí que sea un año crucial, en el que la Comisión Europea deberá dar su visto bueno a los criterios que se determinen por el Gobierno y por las cámaras parlamentarias. Durante los últimos meses, desde el Ministerio de Economía y Hacienda se han venido estableciendo los criterios esenciales de esos presupuestos, y este jueves la vicepresidenta Salgado repasaba con otros miembros del Gobierno, y con el propio Presidente Zapatero, esos criterios a aplicar. En esencia, y como extracta este viernes el diario El País, el gasto público deberá retroceder a un ritmo más veloz de lo que lo hace la economía. Los ministerios volverán en 2011 a la dotación presupuestaria que tenían en 2006, cinco años atrás de una vez, según anunció la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. Las cuentas públicas más austeras de la democracia obligarán a los ministerios a reducir hasta un 16% de sus gastos de media, algo más de lo anunciado inicialmente. Este fue el principal mensaje que trasladó la vicepresidenta al término de la comisión delegada de asuntos económicos, que presidió excepcionalmente José Luis Rodríguez Zapatero, y que se centró en las prioridades del Gobierno para los próximos meses. Todas ellas están marcadas por la necesidad de reconducir el déficit público: austeridad y reformas volverán a ser las dos palabras clave del próximo curso económico. Los gastos ministeriales se reducirán entre el 15% y el 16%. La reforma de las pensiones estará en marcha antes de final de año. Según los datos que se han proporcionado sobre la reunión del Gobierno, fueron casi tres horas de reunión las consumidas entre el presidente del Gobierno y los ministros de las áreas económicas. A menos de un mes para aprobar las cuentas públicas más difíciles en muchos años, Salgado quiso preparar el terreno para lo que será un recorte generalizado en muchas políticas sociales. "En conjunto, los ministerios contarán con un importe algo superior al de 2006", explicó Salgado como muestra de que se ha tomado en serio las promesas realizadas a Bruselas -con la vista puesta en los mercados- de dejar atrás el déficit del 11,2% del PIB alcanzado en 2009. Sólo se salvan de esos tijeretazos los pagos por intereses de la deuda, que irremediablemente aumentan al ritmo que lo hace el endeudamiento español, y las prestaciones por desempleo, que todavía crecerán el año que viene respecto a 2010. Más allá de esas partidas, el Gobierno quiere suavizar el impacto en las políticas de investigación y desarrollo, seña de identidad de los Ejecutivos de Zapatero, por lo que tendrán una disminución "muy inferior a la media". En conjunto, el Presupuesto de 2011 tendrá un límite de gasto un 7,7% inferior al de 2010. Junto a la austeridad, la ministra quiso destacar las reformas estructurales como otro de los ejes para los próximos meses. Junto a la laboral, ya aprobada por el Senado, la ministra citó la ley ómnibus de liberalización de servicios, y la ley de economía sostenible, que el Ejecutivo pretende aprobar antes de final de año. Se pone también de relieve que sorprendentemente, Salgado no aludió a la política sobre las pensiones, una de las más enfatizadas por analistas, organismos internacionales y por el propio Gobierno en el último año, cuando peor estaban las cosas en los mercados. Preguntada al respecto, Salgado aseguró que las pensiones figuran entre las prioridades y que el Ejecutivo enviará un proyecto al Parlamento antes de final de año, pero de momento está a la espera de recibir el informe del Pacto de Toledo. No quiso entrar a valorar la propuesta del titular de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión. Se limitó a decir que una recomendación similar figuraba en el programa de estabilidad y que se abordará más adelante. Tampoco quiso referirse al impacto que pueda tener en los mercados la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre, justo en los días en que el Presupuesto llega al Congreso. Solo manifestó el "respeto absoluto" del Gobierno a esa convocatoria. Entre las reformas, la vicepresidenta citó también una de la ley del procedimiento laboral para reconducir hacia la jurisdicción laboral todos los asuntos judiciales en ese terreno. El recurso en estos casos al procedimiento contencioso-administrativo quedará reducido a asuntos como reclamaciones a la Seguridad Social o protección de derechos fundamentales, lo que implica restringir las posibilidades ahora vigentes. Aunque las infraestructuras quedaron para otra sesión -se pospuso este asunto porque el titular de Fomento, José Blanco, comparecía a la misma hora de la reunión en el Congreso para hablar de eso-, Salgado matizó, una vez más, las palabras de su compañero de gabinete. Los 700 millones de margen de los que habló Blanco son un tope condicionado a la evolución de los acontecimientos. "De seguir esta tendencia, será posible alcanzar la cifra que el ministro ha señalado", aseguró. Salgado incluso apuntó que esa cantidad podría alcanzarse a lo largo de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, no necesariamente en su aprobación inicial en Consejo de Ministros. En un mes el Gobierno presentará al Congreso sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, donde se incluirá el ajuste fiscal que baraja acometer y que "en ningún caso" afectará a las clases medias.
La ministra ha explicado, además, que el Ejecutivo no tiene decidido al "cien por cien" si se acometerá ajuste alguno sobre las rentas altas por el "escaso impacto" recaudatorio que tendría esta medida en un país como España, de una amplia clase media. En cualquier caso, dijo, "si se hacen finalmente pequeños ajustes, irán dirigidos a quienes tienen más capacidad", ha subrayado. "Tenemos un mes por delante para hacer ese ajuste", ha dicho. No obstante, Salgado ha indicado que ese acercamiento entre la presión fiscal española y la media europea debe hacerse en este momento por la vía del crecimiento económico y no mediante cambios legislativos en la estructura fiscal. Para evitar malos entendidos, la ministra de Economía ha querido puntualizar que las declaraciones hechas por el titular de Trabajo en las que afirmaba ver "razonable" de elevar de 15 a 20 años el periodo de calculo de las pensiones tan sólo son una "sugerencia" y "no una propuesta formal". "El ministro ha hecho esa sugerencia, pero no es una propuesta formal todavía porque estamos a la espera del informe del Pacto de Toledo. En todo caso, (la ampliación del periodo de cálculo) será objeto de estudio y consenso con los Grupos Parlamentarios", dijo. Salgado reconoce que subir a 20 años el periodo de cálculo es algo "muy razonable", pero insiste en que es algo que no se ha decidido todavía. Se recuerda que, en febrero el Gobierno se vio obligado a retractarse tras conocerse que en un documento enviado a Bruselas sobre el programa de estabilidad de las cuentas del Estado se proponía elevar a 25 años el periodo de cálculo. Entonces, también se dijo que era un "ejemplo". La vicepresidenta económica coincide en que la ampliación del periodo de cálculo debe tener como objetivo que no se vean penalizadas las personas que se quedan sin empleo al final de su vida laboral. Sobre si la ampliación del periodo de cálculo podría reducir la cuantía de la pensión, Salgado apuntó que ello dependerá del número de años que finalmente se decidan y de la base de la pensión. "Las modificaciones que se hagan estarán dirigidas a hacer sostenible las pensiones a futuro. "Estamos hablando de las pensiones de dentro de 20 y 30 años", recuerda.
No hay duda, serán unos presupuestos cruciales y determinantes de la nueva etapa económica que se prepara.
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