LA REFORMA LABAORAL, PENÚLTIMO TRÁMITE EN EL SENADO, LA ANDIDATURA FDE CAMPS AÚN EN EL ALERO, MONTILLA VE RIESGO DE FRACTIURA NACIONAL Y SOCIAL

LA REFORMA LABORAL, PENÚLTIMO TRÁMITE EN EL SENADO.- La reforma laboral pasa por su trámite en el Senado, donde la Comisión de Trabajo debe debatir las enmiendas presentadas, como la que propone el PSOE de sancionar y retirar la prestación a los parados que rechacen ofertas de empleo y formación en un plazo de 30 días. Después de que el martes los sindicatos acusasen al Gobierno de buscar fórmulas para maquillar los datos del paro, la reforma laboral del Ejecutivo afronta ahora este nuevo reto en el Senado. A cada paso que ha dado la reforma laboral, el despido objetivo y las causas que lo motivan han acaparado el protagonismo. En el debate y votación sobre la reforma, el PSOE pretende evitarlo. No quiere que se modifique la redacción que ya salió del Congreso y que contemplaba como causas de despido objetivo (el más barato contempla 20 días por año trabajado) las pérdidas "actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos". El PSOE matiza la sanción a los parados que no acepten cursos Para lograr su propósito, fuentes del grupo parlamentario socialista explican que esperan contar con el apoyo del PNV, grupo con el que se pactó esta redacción en el Congreso de los Diputados. Confían en que los nacionalistas vascos no escuchen los cantos de sirena de CiU. El grupo catalán ha presentado varias enmiendas para modificar las causas del despido objetivo. En una pide un cambio muy sutil para que las empresas puedan demostrar ante la justicia los motivos objetivos del despido. Donde el texto actual habla de "la razonabilidad de la decisión", pide CiU que diga "suficientes indicios razonables", matiz que facilita estos despidos. En la otra, que los sindicatos y los empresarios puedan pactar nuevos motivos en los convenios colectivos. Lo previsible es que la reforma laboral pase este trámite en la Cámara alta (ya que la Comisión tiene competencia legislativa plena) con los votos del PSOE y Entesa Catalana de Progrés (PSC), con la abstención de CiU y PNV y el voto en contra del PP. El acto final llegaría el próximo 9 de septiembre en el Congreso. La enmienda “estrella” no hace referencia a las ofertas de empleo, cuyo rechazo es objeto de sanción desde la primera negativa y sin que medie un periodo de carencia, como recordaron fuentes del Ministerio de Trabajo. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, cree que tras esta enmienda "se intuye" que el Gobierno está buscando "alguna fórmula de maquillar las cifras del paro" y criticó que se trate de criminalizar a los desempleados, que nunca lo son por voluntad. La citada enmienda previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de CiU en el Senado, donde también se votarán las propuestas de veto de ERC e ICV y las 289 enmiendas presentadas por todos los grupos al proyecto de ley. Los sindicatos aplaudieron el veto de los grupos de izquierdas y aseguraron que ahora hay más razones para ir a la huelga general del 29 de septiembre, ya que "el ataque a los parados" se suma a las facilidades para despedir introducidas en el Congreso, asunto sobre el que previsiblemente no habrá cambios en el Senado. Junto con la limitación del periodo para que los parados puedan evitar cursos de formación sin perder el subsidio por desempleo, los socialistas esperan sacar adelante otras de sus enmiendas, para lo que "siguen abiertos al diálogo", según la senadora Carmela Silva. Entre esas enmiendas, destacó, por su "profundo carácter social", la que obliga a pagar en dinero a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional (633 euros) o la que compromete una revisión en el plazo de un año de las condiciones laborales de los discapacitados. También hizo hincapié en la que permitirá alargar los contratos de obra y servicio durante más de tres años para los proyectos de investigación, una reclamación del ámbito universitario y científico, dijo. Asimismo, criticó la actitud del PP, al que acusó de no haber aportado "nada de nada" a la tramitación en el Senado de la reforma laboral, al haber presentado 79 enmiendas "sin contenido, y que sólo añaden mejoras técnicas". Le respondieron las senadoras populares Araceli Peris y Dorinda García, quienes insistieron en que la reforma laboral del Gobierno socialista es la reforma del despido. En cuanto al PNV decidirá en las próximas horas el sentido de su voto. La formación nacionalista, que tiene previsto abstenerse en la votación del dictamen final, ha señalado que el PSOE sólo está dispuesto a modificar "temas muy colaterales" del texto aprobado en el Congreso. El senador del PNV Joseba Zubía ha dicho temer que en la ponencia no habrá "ninguna novedad especial". Por ello, ha señalado, quedará "todo pendiente" de la Comisión, en la que se debatirán 289 enmiendas y dos vetos. Según ha apuntado, estos últimos no tienen posibilidad de "prosperar", mientras que, en relación a las enmiendas, "las mayorías estarán muy ajustadas". Zubía ha manifestado que su partido no ha decidido aún su voto en las diferentes enmiendas, una decisión que "no va a ser fácil" en el caso de algunas de las enmiendas en las que "coinciden prácticamente" el PP y CiU, y en las que la postura del PNV será "decisiva". No obstante, ha reconocido que se trata de una modificación "temporal" porque "el día 9 de septiembre van a volver al Congreso", donde "es seguro que sean rechazadas" al contar el PSOE con los respaldos necesarios para hacerlo. Por ello, a su entender, es preciso no "crear falsos debates o expectativas". El senador Zubía asegura que "las mayorías estarán muy ajustadas" y que la decisión "no será fácil". En cualquier caso, desde el PNV se pide que no se creen falsas expectativas porque ha reconocido que se trata de una modificación "temporal" y que "el día 9 de septiembre van a volver al Congreso", donde "es seguro que sean rechazadas" al contar el PSOE con los respaldos necesarios para hacerlo. Otro punto que CiU ha convertido en caballo de batalla radica en la modificación de las condiciones laborales, que atañen a cambios sobre horarios, turnos, traslados, y las cláusulas de descuelgue salarial. CiU quiere que, en caso de que no haya acuerdo, al final prime la decisión empresarial. En las enmiendas transaccionales que el PSOE presentó a los demás grupos parlamentarios no se recoge ninguna de las exigencias del grupo catalán. "Sería bascular la reforma del lado patronal", explicaban parlamentarios socialistas. La modificación más relevante que saldrá adelante es la reducción de 100 a 30 días del periodo de gracia concedido a los parados para que acepten cursos de formación cuando comienzan a cobrar la prestación. PSOE, CiU y PNV apoyarán, previsiblemente, esta enmienda. Otro punto importante que se aprobará con seguridad será la propuesta socialista de que las empleadas de hogar (y el resto de trabajadores que pueden cobrar parte de su salario en especie) cobren al menos en metálico el salario mínimo interprofesional (633,3 euros mensuales).
Los últimos calores de agosto ayudan a la maduración acelerada de una reforma contra reloj…

LA CANDIDATURA DE CAMPS, AÚN EN EL ALERO.- En el PP aún se deshora la margarita sobre lo que podría suceder con Camps: Mantenerlo como candidato, o sustituirlo vendrá determinado por lo que decidan los jueces, como este miércoles explica el diario El País, en una nueva aportación al caso. Según los datos que hoy se aportan, la dirección nacional del PP se plantea que Francisco Camps sea candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana aunque sea imputado por cohecho impropio.. La versión oficial sigue siendo, no obstante, que el PP trabaja con la hipótesis más probable de que el caso Gürtel no lleve finalmente a Camps al banquillo y, por tanto, quede exonerado de responsabilidad penal. Por eso, será designado candidato, junto con el resto de cabezas de lista del PP, en octubre o en noviembre como muy tarde. Y se recuerda que, en este momento, no está imputado. En la dirección del PP hay apuestas fuertes por “su hombre”: Cospedal está "convencida" de que Camps será candidato, y Rajoy asegura que Camps será el candidato en Valencia "diga la justicia lo que quiera" . ¿Tienen informaciones privilegiadas sobre lo que determinarán los jueces? La versión oficial es que Gürtel no afectará al político valenciano- La dirección del partido cree que la acusación de los trajes decaerá. Si, finalmente, la justicia acusara a Camps sólo por los trajes que recibió como regalo, es decir, por un supuesto delito de cohecho impropio, la dirección nacional del PP está dispuesta a mantenerle como candidato, porque considera que esa acusación es inconsistente. Explican que el PP ya ha mantenido públicamente en numerosas ocasiones que esa acusación sería insostenible y terminaría, finalmente, en nada y, por eso, estarían dispuestos a defender a Camps y a mantenerle como candidato. La hipótesis más extrema para la dirección del PP sería que, finalmente, Camps fuera imputado, acusado y sentado en el banquillo por otros delitos, especialmente el de cohecho propiamente dicho y por financiación ilegal del PP valenciano. En ese caso, las fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería insostenible mantenerle como cabeza de lista en las autonómicas. Ésa es la doctrina oficial de la dirección nacional, según varias fuentes consultadas. Se recordará que el juez José Flors investigó en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el supuesto cohecho impropio del presidente valenciano y encontró indicios suficientes para sentarle en el banquillo de manera que fuera juzgado por un jurado popular. Pero un recurso del PP ante la instancia superior permitió el archivo de la causa, gracias al criterio del presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, y de otro magistrado. El recurso del fiscal ante el Supremo ocasionó que el caso se reabriera y volviera a corresponder al juez Flors, que ha pedido nuevos documentos antes de resolver si vuelve a sentar en el banquillo al presidente valenciano. Mientras, la investigación del caso Gürtel siguió su curso en Madrid y descubrió nuevos indicios de delito en la actuación de los miembros del Gobierno valenciano en relación con los empresarios de la red que dirigía Francisco Correa y que en Valencia tenía como delegado principal a Álvaro Pérez, el Bigotes, amigo reconocido de Camps. Esos nuevos indicios apuntaban a que el presidente valenciano podría haber cometido delitos aún más graves. El fiscal, en uno de sus últimos informes, lo explicaba así: "Las supuestas irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros, la Intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del presidente". Todos los regalos de trajes que recibió Camps por parte de la trama corrupta, según acreditan los documentos que obran en el sumario, se produjeron después de que las empresas de la red recibieran decenas de contratos a dedo y sin concurso de la Administración valenciana, donde gobernaba Camps. La fiscalía considera que "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal". Sin embargo, los nuevos descubrimientos de la investigación todavía no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque el PP, que está personado como acusación popular, ha recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, de inhibirse a favor de los tribunales valencianos al encontrar en la causa indicios de delito contra dirigentes políticos que están aforados. Camps reaparece este viernes en una cena con militantes en Teulada (Alicante). Este año no acudirá Rajoy y la dirección nacional del PP estará representada por Esteban González Pons.
Por el momento, la dirección del PP no ha cerrado el calendario para proclamar a sus candidatos, a pesar de que algunos se han autoproclamado con el aval de Mariano Rajoy. Es el caso de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid y de Juan Vicente Herrera, en Castilla y León, entre otros. El calendario se cerrará en el retiro que tienen previsto celebrar los principales dirigentes del PP el 1 y 2 de septiembre en Toledo. En principio, la campaña de las catalanas en octubre hace probable que el acto de proclamación se produzca en noviembre, salvo que el PP considere que puede incluirlo dentro de los actos electorales de esa comunidad. A la dirección del PP le quedan por cerrar sólo las candidaturas de Navarra y Asturias. En Navarra, porque es la primera vez que el PP se presenta con sus siglas en esa comunidad, tras la ruptura con UPN, y en Asturias porque se mantiene la incertidumbre sobre la candidatura de Francisco Álvarez Cascos, impulsada por él mismo y rechazada por muchos correligionarios. El partido en esa última comunidad ha rechazado a Cascos, y Génova no ha decidido aún si promoverá a un candidato alternativo o si apoyará al ex secretario general del PP.
Es evidente que Rajoy quiere cambiar lo menos posible sus candidatos…, salvo causa mayor o peligro máximo de fracaso.

MONTILLA VE RIESGO DE FRACTURA NACIONAL Y SOCIAL.- La Comunidad más avanzada en mensajes electorales es, sin duda, Cataluña, donde ya no hay día en que los correspondientes líderes –desde Montilla y Mas a Sánchez Camacho, no ofrezcan sus alternativas, generalmente muy alejadas y distantes entre sí. El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha constatado que en Catalunya existe el "riesgo" de que se produzca una fractura en términos nacionales y también sociales. "Ahora no hay una fractura nacional, pero el riesgo existe, como el de una fractura social" ante la crisis económica, ha asegurado, en una entrevista televisada este miércoles. Ante la situación, ha opinado que las administraciones catalanas deben hacer políticas para "religar" y preservar la cohesión de la sociedad en dos niveles: uno más político, relacionado con el auge del independentismo tras la sentencia del Estatut, y otro más social, para evitar que la crisis económica sólo perjudique a los más débiles. "Depende de las políticas que hagamos, dividiremos más el país o no", ha asegurado Montilla, quien ha destacado que uno de los grandes activos que hasta ahora ha tenido Catalunya es que la cohesión social se ha mantenido pese a la crisis y a que en la última década han llegado a la comunidad más de 1,5 millones de inmigrantes extracomunitarios.

Montilla ha dicho que, pese a la sentencia del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (TC), el "camino" para Catalunya debe seguir siendo esta misma norma, y ha dejado claro que no renuncia a ningunA de las partes de la norma en las que el alto tribunal apreció inconstitucionalidades. Así, Montilla ha descartado la propuesta de ICV-EUiA y que también apoya el ex presidente de la Generalitat, Pasqual Margall, de que se convoque un referéndum en Catalunya en el que los ciudadanos digan si optan por la continuidad de la España autonómica, quieren un estado federal o bien la independencia de Catalunya. Según Montilla, Catalunya ya tiene su "derecho a decidir" cada vez que va a las urnas y puede elegir entre fuerzas políticas que abogan por escenarios distintos, por lo que ha declinado convocar esta consulta. Ha recordado que su partido defiende opciones "más de izquierdas y moderadas" y que en autogobierno, su apuesta es el Estatut. En este sentido, ha vuelto a pedir al Gobierno central que siga optando por la vía de modificar leyes orgánicas que hagan posible que el autogobierno catalán sea el mismo que establecía el Estatut antes de la sentencia. Esta vía de trasladar los contenidos del Estatuto por otros cauces, en la que está especialmente empeñado el Gobierno de Zapatero, es rechazada frontalmente por el PP y su candidata Sánchez Camacho

DESCIENDEN LOS ALUMNOS DE RELIGIÓN.- El obispo de Sigüenza, José Sánchez, ha advertido del "descenso alarmante" de los alumnos que optan por la clase de Religión a partir de Secundaria. Una tendencia que, de continuar, provocará que "desaparezca la asignatura de Religión y Moral Católica", según cuenta este miércoles el diario Público. Menos de la mitad de los adolescentes en edad escolar eligen la materia de Religión. En centros públicos, se queda en el 29,4%. Entre las causas de esta deserción por parte de los alumnos, Sánchez responsabilizó a las "leyes civiles", que en su opinión "favorecen la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía frente a la de Religión". "Hoy ya sabemos lo que podemos esperar del Estado y, en concreto, del actual Gobierno o de algunos actuales gobiernos autonómicos", indicó el prelado. Sin embargo, esas mismas leyes permiten que sea la Administración la que abone los sueldos de los docentes de Religión, aunque sea el obispo quien, según su criterio, los contrate y los despida. Para Sánchez, no obstante, "la causa primera y principal no es precisamente la actual legislación, sino la falta de interés, la comodidad, la adaptación al ambiente, cuando no la irresponsabilidad de muchos padres y alumnos, que anteponen otros intereses, cuando no la comodidad, a una buena formación cristiana".