LA MAYOR CORRUPCIÓN DE UN MUNICIPIO.- Los periódicos del último fin de semana se anticiparon a documentar a los lectores acerca del juicio del Caso Malaya que comenzará dentro de unas pocas horas en Málaga. Nos ofrecieron una formidable documentación y un quién es quién para seguir con detenimiento esta historia, la mayor trama de corrupción conocida en un Ayuntamiento en España, arranca hoy en Málaga, cinco años después de iniciarse la operación policial que desbarató el consistorio marbellí. El proceso sentará a 95 personas en el banquillo por delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y cohecho. Entre ellos tres ex alcaldes, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados y el cerebro de la red, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. Otros tres imputados (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca) se encuentran en busca y captura. Se trata del "mayor macroproceso de toda la historia judicial en España", lo ha definido el presidente del Tribunal, José Godino.
Las sesiones del juicio oral pueden alargarse más de un año. La envergadura del caso ha obligado, además, a tomar medidas extraordinarias en los juzgados de la Ciudad de la Justicia malagueña. Un búnker albergará toda la documentación original y las piezas de convicción y abogados y fiscales han recibido en formato electrónico los 200.000 folios recogidos en los 196 tomos de la pieza principal y otros 30.000 documentos. La operación malaya destapó, en 2005, una trama de sobornos en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de favores urbanísticos forjada durante los años de gobierno del GIL (Grupo Independiente Liberal, en el poder en Marbella de 1991 a 2003). El saqueo de las arcas públicas, por cuanto la trama se tragó unos 2.400 millones de euros del patrimonio municipal) ha dejado a la localidad, sin ingresos por actividad urbanística desde 2003, una deuda de 512 millones de euros. El Ayuntamiento espera sacar del juicio las indemnizaciones para liquidar, siquiera, una parte de su cuantiosa deuda. Entre los acreedores figuran la Junta de Andalucía (que prestó al municipio 100 millones) y el Estado, que se presentan como acusación particular junto al consistorio. Además de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama (para quien el fiscal pide 30 años de cárcel), entre los acusados figuran ex alcaldes y concejales, como Marisol Yagüe (20 años), Julián Muñoz (10 años) o Isabel García Marcos (12), todos los cuales, supuestamente, avalaban decisiones urbanísticas irregulares al tiempo que se llenaban los bolsillos con sobres de dinero negro que les proporcionaba Roca. También están los testaferros -abogados y economistas como Manuel Sánchez Zubizarreta o Montserrat Corulla- que gestionaban y ocultaban los bienes de Roca en una tupida maraña societaria y los promotores inmobiliarios, como José Ávila Rojas, o los directivos de Aifos, acusados de pagar sobornos para obtener licencias de obra y jugosos convenios urbanísticos. En la nómina de procesados también figuran proveedores de bienes como obras de arte, relojes de lujo, o billetes de lotería premiados que supuestamente permitían a Roca blanquear sus ganancias ilícitas. El juicio coincide, también, con los procesos por los casos Ballena Blanca, contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y el llamado Minutas, sobre presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella al abogado José María del Nido. La concurrencia ha obligado a marcar unos días y horarios determinados para evitar que se solapen.
Muchos de los individuos que se sentarán en el banquillo durante semanas y semanas por este caso, son ya bien conocidos del público. De hecho, algunos de ellos, como Julián Muñoz, se vienen sentando en otro tribunal mucho más amable, el de os platós de televisión, desde hace años, con evidente fortuna personal. Pero no es el único, también son caras y nombres conocidos de este “saqueo municipal” otros individuos de quienes se tiene abundante noticia: Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe, Isabel García Marcos, Pedro Román... Todos ellos desfilarán por el estrado y deberán relatar su personal relación con un caso tan abultado como escandaloso, en un espectáculo de duración indefinida.
DÍA DE REFLEXIÓN ANTE LA JORNADA DE HUELGA.- Parece adecuado y conveniente que, como sucede ante las jornadas de elecciones, podamos detenernos unos instantes para opinar, en conciencia y ante nosotros mismos, sobre la actitud a adoptar ante la convocatoria de los sindicatos para este miércoles. ¿Vale la pena seguirla, es justo hacerlo? ¿Se merece, y está en condiciones de padecer, la economía nacional, esta clase de “pruebas de resistencia”? Cada cual tiene sus propias razones, y posiblemente el enfado contra las medidas del gobierno que emplean los sindicatos es argumento sensible para muchos ciudadanos, en particular, para todos cuantos se ven afectados directamente por los recortes presupuestarios: funcionarios, pensionistas, jubilados... Es una de las razones de la imprescindible reflexión: ¿Por qué, contra quién se efectúa esta huelga del miércoles? Tenemos, sobre todo, dos contendientes claros, de un lado, el Gobierno y de otro, los sindicatos. Ambas partes, repentinamente, rompieron con unos cuantos años de paz social y de entendimiento cuando el Gobierno se vio en la necesidad de proceder a dos tipos de recortes: los gastos presupuestarios en subvenciones y jubilaciones, y la reforma laboral, que facilita el despido empresarial mediante unas normas que, se supone, facultarán también a los empleadores a una contratación más fácil. ¿Podría hacer algo distinto a lo que ha hecho el gobierno? Los sindicatos son los primeros que saben que no era posible. Nuestro país forma parte de la Unión Europea, y a todos los países de la Unión les ha “sobrevenido” una recomendación global y uniforme, pero determinante, para recortar de manera drástica todo tipo de gastos del llamado “estado de bienestar” para atenerse a unos niveles de déficit público situados exactamente en el tres por ciento, en nuestro caso, desde las alturas insoportables de más del nueve por ciento. En ese recorte, que deberá continuar en los dos años siguientes, hasta su consecución, están cayendo muchas prebendas de otros tiempos.
Se tiene la impresión de que los sindicatos han venido haciendo un descomunal esfuerzo por convencernos de la necesidad de atender su invitación a la huelga y el paro en este día, frente a un Gobierno que, por el contrario, parecía resignado a encajar el golpe de un día “semifestivo” por causa de la inactividad de muchos ciudadanos y sectores de actividad. Zapatero ha venido a dar algunas explicaciones sobre ese proceder: no descarta, y le gustaría poder contar con el apoyo sindical a la hora de acometer la siguiente reforma pendiente, la de las pensiones. ¿Será posible que las fuerzas sindicales apoyen la ampliación de los años de cotización para tener derecho a las pensiones de la Seguridad Social? Ese y no otro es el propósito del Gobierno, ahora mismo de muy difícil consecución, salvo que la reforma “se vista” y se “venda” muy hábilmente. Es evidente que a todos nos interesa que la reforma del sistema de pensiones se produzca en paz y de manera constructiva, y a esos efectos, la animosidad de las centrales y sus dirigentes no es la actitud más conveniente. De ahí, probablemente, que la negociación de los servicios mínimos, por parte del Gobierno, haya resultado tibia y tímida, como si de antemano, dieran por vencida esta batalla de la huelga, para poderse apuntar algún tanto en la siguiente eventual confrontación.
¿Tendrá éxito la convocatoria de la huelga de este miércoles? A pocos interesa que las centrales sindicales y sus máximos dirigentes padezcan excesivamente un menoscabo de su imagen pública, por más que muchos entienda, o entendamos, que en los últimos tiempos han pretendido ocupar lugar que corresponden a los políticos, como interlocutores permanentes de toda suerte de materia y cuestión. Da la impresión de que las propias centrales tenían necesidad de revalidar su propio cartel reivindicativo y encontraron, en este momento de debilidad del Gobierno, la oportunidad ideal y perfecta, que “no podían perder”. Todos dan por supuesto que la convocatoria sindical superará los mínimos y se apuntarán el tanto. Lo contrario, podría suponer un sustancial deterioro de estos interlocutores sociales que se han convertido en indispensables y, como Toxo llama a Aguirre, “perejil en todas las salsas”.
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