YA AHORA, REGRESO AL DIÁLOGO SOCIAL.- En las próximas horas, probablemente este mismo viernes primero de octubre, José Luis Rodríguez Zapatero, efectuará una primera intervención pública tras la huelga del miércoles, y se espera que ella dará el primer paso para retomar el diálogo con los sindicatos. De hecho, ya hubo un anticipo de estas intenciones en el encuentro de De la Vega y Méndez que se produjo este jueves en un estudio radiofónico. Se asegura que el Gobierno hubiera actuado de ese modo tanto si la huelga hubiera triunfado como si hubiera fracasado, porque Zapatero sabía que, tras el decreto gubernamental, de mayo, de congelación de pensiones y la reforma laboral, se abría el paréntesis de la protesta sindical y el alejamiento del Gobierno para, una vez pasada la huelga del 29-S, retornar al diálogo. Era inevitable que se produjera un desencuentro como el que ha sucedido. Se entiende que se trata de una cuestión de tiempos: Tensión y distensión.... Los líderes sindicales no podían soportar más la tensión de sus cuadros y de sus bases que, tras la agudización de la crisis económica y el aumento del paro en 2009, y exigían una respuesta en la calle. Zapatero lo asumió sin plantear una batalla frontal a los sindicatos, con notable sorpresa de muchos, limitándose a lanzar el mensaje defensivo de que sus medidas duras lo fueron para evitar a España un mal superior, pero que no tenía más remedio que adoptarlas. Después, producido el desahogo sindical y ciudadano, es ya cuestión de retomar el diálogo. Además, el resultado de la huelga del 29, en opinión de buena parte de los analistas, favorece al presidente, o almeno, no le perjudica. Los sindicatos salvaron la cara, pero tampoco infligieron a Zapatero una derrota. En el fondo, sindicatos y Gobierno deseaban esa especie de partida en tablas que arrojó el resultado de la huelga, sobre todo porque ni unos ni otros tienen alternativa. Los sindicatos saben que la alternativa a Zapatero es mucho más indeseable, como lo ha demostrado el PP en las semanas previas a la huelga, sobre todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la estrategia de descrédito que ha impulsado contra ellos. Y Zapatero necesita, a su vez, recuperar a los sindicatos, que concentran una parte de la base social que le llevó a La Moncloa. Con esa perspectiva, Gobierno y sindicatos, han jugado a preparar el día después. Zapatero, desde que los sindicatos anunciaron la huelga, ordenó a sus ministros y a la dirección de su partido evitar la confrontación con ellos, y preparó minuciosamente la jornada de seguimiento de la huelga: Ni guerra de cifras ni valoraciones triunfalistas del Gobierno, ni descalificaciones a los sindicatos, para evitar que las heridas se convirtieran en brechas. Nada que ver con conflictos anteriores: la huelga de 1988, en la que Felipe González llevó la confrontación entre Gobierno y sindicatos al interior de la UGT. O la declarada guerra de cifras en que incurrió Aznar, desde la primera hora de la mañana de la huelga de junio de 2002.
Ahora, le llega a Zapatero la hora de la verdad. Tiene que lograr el difícil equilibrio de mantener sus compromisos con las reformas, con la presión internacional al fondo, y la recuperación del diálogo social, para lo que cuenta con un estrecho margen, básicamente en la reforma de las pensiones. Hoy ya se especula con la posibilidad de que Zapatero pudiera renunciar a la jubilación a los 67 años, a cambio de endurecer la exigencia de más años de cotización. El presidente sabe que dispone de una primera ventaja, y es que los sindicatos necesitan rentabilizar la huelga con una negociación con resultados. Y otra, añadida, el año y medio de tiempo que ha ganado para tratar de recuperar el apoyo de su base social, con la negociación sindical, al asegurarse los Presupuestos con el PNV y Coalición Canaria. Comienza un nuevo tiempo, un capítulo nuevo. Nada fácil, pero con borrón y cuentas nuevas.
CAMPS Y SUS SIETE PRESUNTOS DELITOS.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por el PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que aquí se investiguen y juzguen todos los indicios de delito encontrados en la investigación del Caso Gurtel que afectan al presidente valenciano, Francisco Camps, y a su cúpula en el partido. Los indicios se refieren a la financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas constructoras que, a su vez, recibían contratos del Gobierno valenciano de Francisco Camps.
Con esta resolución, según ha explicado El País, la trama del caso Gürtel que afecta al PP de Valencia y a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps, incluido el propio presidente, debe ser investigada por los tribunales de esa comunidad. No es ya solo el asunto de los trajes regalados a Camps por la trama Gürtel que en Valencia encabezaba su "amiguito del alma" Álvaro Pérez, El Bigotes; sino que los jueces de Valencia deberán investigar otros muchos delitos. En concreto, los seis delitos que apreció en un auto el instructor del Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, en lo que respecta la variante de este caso de corrupción en Valencia. Lo que ha acordado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid es indicar que los delitos se habrían cometido en Valencia y que, al estar supuestamente implicados altos cargos públicos, la competencia es del Tribunal Superior de esa comunidad.
La actuación de los tribunales valencianos en estos ya copiosos “casos Camps” está “bajo la lupa” y bajo la sospecha, después de haber desestimado el asunto y darle carpetazo en su primera consideración. Luego, la insistencia del juez Pedreira en la necesidad de que se investigaran otros aspectos y más documentos relacionados con Camps y su equipo han resultado sospechosos: Todo permite suponer que el juez-amigo de Camps hubiera preferido que el asunto no cayera sobre él o en sus alrededores, pero parece que no será posible y que no tendrá más remedio que mojarse, aunque sea “más que un amigo”...
MÁS CONSIDERACIONES SOBRE EL 29-S.- Siguen, y cabe suponer que seguirán bastante tiempo más, las consideraciones y reflexiones, para todos los gustos, que merece el seguimiento de la huelga del miércoles. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se han emplazado para dialogar sobre la futura reforma de las pensiones y del modelo productivo español, aunque han mantenido las discrepancias sobre la reforma laboral que provocó la convocatoria. Por su parte, el Partido Popular ha calificado la protesta de "fracaso" del Ejecutivo y de los sindicatos y ha pedido, una vez más, la convocatoria de elecciones anticipadas. Méndez y De la Vega han coincidido en la Cadena Ser, y aunque han aparecido discrepancias en la conversación, al hablar sobre las pensiones, sin embargo, la vicepresidenta aseguró que hay espacio para el diálogo y para llegar a un acuerdo en un tema que es fundamental para la sociedad. El secretario general de UGT, por su parte, ha insistido en que el problema no es la edad de jubilación, sino el paro juvenil y las diferencias salariales entre hombres y mujeres y entre España y otros países europeos. Durante el tiempo que han estado juntos ambos obviaron la huelga, aunque Méndez la ha calificado con un "notable alto" al asegurar que fue secundada por 10 millones de personas pero, sobre todo, porque ha logrado "centrar la atención de la opinión pública en las consecuencias de la política laboral del Gobierno, como la reforma laboral o de las pensiones". "La sociedad está sobre aviso y va a estar muy pendiente", ha remachado. Méndez ha rechazado, además, la intención del Ejecutivo de pactar los reglamentos de la reforma con los sindicatos. Por su parte, la vicepresidente ha recordado que sindicatos y patronal negociaron la reforma laboral durante dos años sin lograr un acuerdo, por lo que el Gobierno planteó la suya. Sin embargo, De la Vega ha lanzado un guiño a quienes ayer secundaron la convocatoria al reconocer la "incertidumbre, la preocupación y el descontento" que demostraron. "Debemos tratar de entender y de atender" sus reivindicaciones, ha concluido.El mensaje del Gobierno ha coincidido plenamente con el del PSOE. Su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, ha asegurado en TVE que no se modificará la reforma laboral. "Ahora es ley y ayudará a crear empleo de una manera decisiva", ha dicho.
El PP, por su parte, ha utilizado la huelga de ayer para arremeter tanto contra los convocantes como contra el objetivo de la convocatoria. "Ha sido un fracaso del Gobierno y de los sindicatos", ha declarado su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons. En su opinión, "el Gobierno quedó en evidencia porque la huelga se la hizo quien ha colaborado en la política económica de los últimos dos años", en referencia a los sindicatos, de quienes dijo que son "corresponsables de la crisis económica y del paro". El PP cree que "los españoles pasaron de la huelga general" igual que "pasarán" del PSOE en las próximas elecciones generales, cuyo adelanto han vuelto a pedir. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha valorado la huelga general del 29-s como "un fracaso de los sindicatos" y también como "un fracaso del Gobierno" que, según ha sentenciado, "acaba pagando el conjunto de los españoles". Rajoy ha afirmado que "el proyecto político y la estrategia de este Gobierno ha fallecido" y ha asegurado que "a esta legislatura le sobra un año". Recordó también la rebaja efectuada por Moodys en la calificación de la deuda soberana española. La agencia de medición de riesgos justifica su valoración en la lenta recuperación de la economía nacional y en la debilidad de las perspectivas de crecimiento. En este sentido, el líder del principal partido de la oposición ha afirmado que "España necesita una inyección en vena de confianza y es evidente que este Gobierno es incapaz de generarla". Por su parte, Sáenz de Santamaría ha reincidido en el reclamo de un adelanto electoral porque "los españoles tienen que decidir y deben hacerlo cuanto antes". Según ha dicho, "No pueden permitirse estar más meses en esta situación". "Estamos en tiempo de descuento", aseguró Sobre la huelga general, destacó que España dio el 29-S la "imagen de lo que es un país serio" y "consciente de la situación", y ha destacado que no se puede convocar a la sociedad "para destruir sino para construir".
En cuanto al resto de partidos del Congreso solo ICV ha hecho una valoración de la huelga del miércoles. Su diputado, Joan Herrera, ha ofrecido su apoyo y el de Izquierda Unida para que el Gobierno de "un giro a la izquierda" tras asegurar que si Zapatero no rectifica "demostraría la misma sensibilidad que el Gobierno de Aznar pero menos conciencia democrática".
LA HUELGA, SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD.- La huelga del miércoles se ha medido por sectores de actividad: para algunos, como las grandes fábricas de automóviles, fue total. Para otros, como el pequeño comercio o el funcionariado, resultó muy reducida en dimensiones. La euforia de los sindicatos se redujo al comprobar la mala reacción generalizada en la prensa escrita y en las tertulias, si bien entienden que el seguimiento fue muy similar a la de 2002, que consideran un éxito porque acabó con el decretazo. Esta vez, sin embargo, la reducción del consumo energético fue menor. Esta huelga, además, se realizaba contra un Gobierno del PSOE, con la peor crisis de la democracia, con cuatro millones de parados y muchos trabajadores con miedo a ser despedidos, y en medio de una severa campaña de descrédito de los medios conservadores contra las centrales y sus líderes...El Gobierno, principal objetivo de la protesta, aplicó una estrategia distinta a todos los Ejecutivos anteriores. En vez de minimizarla o criticarla, José Luis Rodríguez Zapatero decidió apostar por una huelga de guante blanco. Por primera vez se pactaron los servicios mínimos en el transporte, y se cumplieron. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, evitó dar una cifra global, alabó la "responsabilidad" de los sindicatos, y evitó hacer hincapié en los incidentes con los piquetes, que se centraron especialmente en Madrid y Barcelona. "Ha tenido un seguimiento desigual, y un efecto moderado", fue lo más duro que dijo Corbacho. Y a renglón seguido, el Gobierno ha tendido la mano a las centrales, intentando no romper los lazos con los sindicatos, especialmente con UGT, en la que milita el 60% del grupo parlamentario socialista, Zapatero incluido. Zapatero quiere reunirse cuanto antes con los sindicatos y dejar atrás la huelga. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de que el Ejecutivo rectifique la reforma laboral, según fuentes oficiales. La decisión está tomada, forzada por la presión del mercado de deuda y por las instituciones europeas, y no hay marcha atrás posible. A su vez, los sindicatos no quieren oír hablar de esa mano tendida del Gobierno si no rectifica. Exigen que Zapatero retire la reforma laboral que abarata el despido, porque facilita acogerse al de 20 días por año frente al de 45 con una simple previsión de pérdidas. La fractura en la izquierda es evidente. Los huelguistas, y los manifestantes, que forman el corazón del electorado socialista, dieron un “cierto”, aunque limitado, espaldarazo a los sindicatos. El propio Gobierno evitó negar la huelga, como hizo el de Aznar en 2002, aunque la patronal se encargó de esa tarea. El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, llegó a decir que solo había huelga donde había piquetes. "No ha habido huelga general hoy en España", dijo Arturo Fernández, de CEIM, la misma frase que usó en 2002 Pío Cabanillas y remató Mariano Rajoy, entonces vicepresidente: "Ha sido muy parcial".
La huelga fue desigual, pero a tener en cuenta. La descripción más habitual era que parecía un día festivo... El Metro de Madrid, que funcionó a medio gas pero funcionó, iba medio vacío en hora punta. Casi no hubo autobuses. El tráfico fue el de un festivo. Las grandes fábricas, los grandes mercados, algunos puertos como el de Valencia, pararon. La SEAT de Martorell dejó de fabricar 1.700 coches, según la empresa. Ciudades como la industrial Vigo vieron parar a la Citroën, los almacenes de Inditex también pararon, y en muchas ciudades como Sevilla hubo grandes manifestaciones que remató la de Madrid. Los medios también sufrieron la huelga. Los periódicos, con ediciones muy limitadas y un importante porcentaje de periodistas en huelga, apenas llegaron a los quioscos. Las tiendas, en su mayoría, sí abrieron. Pero hubo poca actividad. El Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO han dado cifras dispares al alcance de la huelga general de ayer, pero han evitado una "guerra" de porcentajes al no poner en cuestión los datos del contrario "para no entrar en controversia". El Gobierno se ha escudado en que la huelga ha sido "muy dispar", para evitar precisar una cifra global de seguimiento, que ve "desigual y con efecto moderado". Por su parte, los Sindicatos cifran en el 71,3% de participación. Y por sectores, hay de todo. Y hay recuentos muy desiguales en cada parte. Los sindicatos y sus piquetes, no hay duda de que siguen teniendo fuerza, pero hay un sector de la opinión reacio a Méndez.Toxo y sus banderitas sindicales. No es que estén felices con la marcha de las cosas, pero tampoco quieren esta clase de redentores sindicales...
AYUDAS DE LA CE AL CARBÓN AUTÓCTONO.- En medio de las informaciones incesantes que ofrecía la jornada de huelga general, llegaba, en la tarde del miércoles, la noticia largamente esperada de que la Comisión Europea autorizaba la concesión de compensaciones hasta 2014 a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono para cumplir con la obligación de seguridad del servicio público. Las compensaciones habían sido fijadas en un Real Decreto del Gobierno español, pero estaba pendiente desde hace varios meses de la luz verde de Bruselas. La noticia tuvo una reacción inmediata: Los mineros abandonaban sus encierros en Ariño (Teruel) y Las Cuevas de Velilla del río Carrión (Palencia). También los seis sindicalistas del área de la minería de CC OO y UGT, que se habían encerrado en la sede del Ministerio de Industria, abandonaron su huelga de hambre, aunque seguirán su encierro. La autorización, propuesta por Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Competencia, ha causado, sin embargo, preocupación en el sector eléctrico, sector que señala que el real decreto se adopta en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables y supone "una distorsión" en el mercado español de energía, porque supondrá un aumento de las emisiones a la atmósfera y a incrementar los costes de generación.
La aprobación del real decreto también ha alentado la controversia en Galicia, y ha sublevado tanto a la Xunta como a socialistas y nacionalistas, que ven peligrar un millar de empleos directos e indirectos vinculados a las dos grandes térmicas gallegas en As Pontes y Cerceda (A Coruña), que emplean carbón importado. Para la Xunta es un decreto "decepcionante y perjudicial", porque "ignora y penaliza" a Galicia, "traspasando el problema de unas comunidades a otras". El Gobierno gallego ha anunciado que recurrirá el decreto "con todas las herramientas jurídicas a su alcance". Se recuerda que Endesa y Gas Natural Fenosa invirtieron 460 millones en la última década para adaptar sus centrales a la quema de mineral foráneo (más productivo y menos contaminante) tras agotar las minas de lignito local. La central térmica de As Pontes, con 1.400 megavatios, es la mayor y más eficiente de España, según la compañía.
En sus alegaciones ante la Comisión Europea, España aseguró que se trataba de una medida transitoria necesaria para garantizar la seguridad de suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad y que tiene una elevada cuota de energías renovables (eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente. Las autoridades españolas se han comprometido ante los responsables comunitarios a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 2014. España podrá ponerle fin antes a estas subvenciones si ya no resultan necesarias, en función de las condiciones del mercado. Las directivas de la UE sobre la liberalización de la energía permiten a un Estado miembro imponer a los productores de electricidad unas obligaciones para garantizar la seguridad del servicio público. Esta obligación significa que la producción de electricidad con fuentes de combustión autóctonas puede llegar hasta el 15% del consumo nacional por razones de seguridad de suministro. Según la Comisión, en el periodo de 2011 a 2014, los volúmenes de electricidad afectados por el real decreto no excederán los 23,4 teravatios por hora, lo que equivale aproximadamente al 9% del consumo nacional. Para los meses que quedan de este año, los volúmenes de electricidad no excederán de 9,6 teravatios, cantidad también inferior al 15% máximo establecido por la directiva comunitaria.
La Comisión Europea asegura que "ha velado por la coherencia entre esta medida y el Reglamento del carbón propuesto el pasado 20 de julio, que en determinadas condiciones permite la concesión de ciertos tipos específicos de ayudas estatales al sector del carbón". Este reglamento se está discutiendo actualmente en el Consejo prevé, según la propuesta de la Comisión que las ayudas finalicen el 1 de octubre de 2014. La eurodiputada socialista Inés Ayala manifestó su satisfacción. "Esto", dijo, "es una primera batalla ganada, veremos si ahora logramos que el plazo del Reglamento se amplíe hasta 2018 o 2020". El Parlamento alemán ya ha ampliado las ayudas al carbón hasta 2018. La autorización de Bruselas también ha causado malestar entre las organizaciones medioambientales, que entienden que "la reputación de Europa como líder en energías limpias queda en entredicho".
WILLY TOLEDO, AGREDIDO EN EL AAIUN.- El actor Willy Toledo, que se ha caracterizado por su defensa de los derechos de autonomía al pueblo saharaui, ha denunciado malos tratos por la policía marroquí en el aeropuerto de El Aaiún. "Aunque sabía que algún momento me dejarían de golpear, he pasado miedo", relata al diario El Mundo el actor Willy Toledo, tras su denuncia de haber sido agredido por la policía marroquí en el aeropuerto de la capital administrativa del Sahara Occidental, cuando esperaba a una delegación de saharauis que llegaba al aeródromo desde Argel. Toledo, junto al consejero de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria y presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara (FEDISSAH), Carmelo Ramírez, y otros "observadores" viajaron el lunes a El Aaiún desde Argelia, donde participaron en unas conferencias sobre el "derecho de autodeterminación" del pueblo saharaui. Junto a ellos llegó un grupo de una veintena de saharauis de los cerca de ochenta que se desplazaron del Sahara Occidental a Argel para participar en las jornadas, que contaron también con la presencia de una delegación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) encabezada por el primer ministro. "Los saharauis están llegando de forma escalonada y les hemos acompañado como escudos humanos, para protegerles; hoy llegaba el segundo grupo y mañana lo hará el tercero", explicaba Toledo por teléfono, mientras se "recuperaba de la agresión de la policía marroquí" y destacaba que "otro de los observadores, un colombiano, ha sido golpeado en la cabeza y le han destrozado las gafas". Según el actor, el aeropuerto de El Aaiún se encontraba en la tarde el miércoles "sitiado". Había "más de 200 agentes" de paisano y uniforme "controlando" la situación. Dos de las mujeres que han llegado en esta segunda delegación, continúa Toledo, "han sido retenidas en la terminal, les han quitado todos sus efectos personales, excepto la documentación, y toda la propaganda del Polisario que traían de Argelia".
Según el testimonio de Toledo, "teníamos a los agentes a menos de cuatro metros sin parar de grabarnos, y cuando por fin han salido todos los saharauis, he querido hacer un vídeo con mi móvil", explica. En ese momento, "ocho policías se me han echado encima; me han tirado al suelo, me han dado patadas y creo que me han roto un dedo".Ya incorporado, relata, ha visto cómo "propinaban una brutal paliza a un activista saharaui; me he tirado encima suyo y entonces han dejado de pegarle". A uno de los activistas, cuenta el consejero del Cabildo grancanario, "le han pateado la cabeza y lo hemos trasladado en ambulancia a la casa de Mohamed Dadach" –apodado el 'Mandela saharaui' por los años que ha pasado entre rejas-. Según las autoridades locales de El Aaiún, la intervención policial "está justificada" porque los españoles "grabaron en el aeropuerto sin autorización y además intentaron sacar imágenes de la policía". Los mismos informadores han denunciado que "uno de los saharauis separatistas" que se encontraban allí "ha golpeado a los agentes” y que éstos "han respondido a su provocación". Toledo, anuncia que este jueves irán a recibir a la tercera delegación. Parte del grupo de observadores extranjeros se quedarán unos días más por el Sahara Occidental para "acompañar" a algunos de los saharauis que han viajado a Argel y que han organizado una caravana por todas las ciudades saharauis para informar de su experiencia.Toledo, que abandonará El Aaiún este viernes, insiste en el "miedo" que ha experimentado esta noche en el aeropuerto de la capital del Sahara Occidental; el "miedo" que se puede sentir "ante decenas de policías energúmenos", describió...
EL PP QUIERE POSPONER LA LEY ANTITABACO.- El Partido Popular considera que la Ley Antitabaco que se tramita en el Congreso debe permitir a los bares, cafeterías y restaurantes habilitar un espacio totalmente aislado para fumadores, más allá de la delimitación que establece la norma vigente, y no prohibir del todo fumar en locales cerrados, como está previsto en el proyecto. El PP ha incluido en sus enmiendas al proyecto de ley esta reivindicación de los hosteleros. Además, pretende que, en todo caso, la parte de la ley que afecta a la hostelería no entre en vigor hasta el 1 de julio, seis meses después que el resto del articulado.
El martes finalizó el periodo de presentación de enmiendas. Como defendió la semana pasada en la comisión de Sanidad del Congreso el presidente de la Federación Española de Hostelería (Fehr), José María Rubio, el PP apoya que los locales de ocio tengan zonas herméticamente cerradas para fumar donde no se permita la presencia de menores. También pide que estos cubículos estén "completamente compartimentados", tengan sistemas de ventilación independiente y no ocupen más del 30% del local. Se trataría de espacios similares a las cabinas que tienen instalados algunos aeropuertos. El PP también recalca que la ley debe incluir el tabaco entre los riesgos laborales a vigilar por la Inspección de Trabajo. Respecto a los clubes de fumadores, el PP propone eximirles de la prohibición de fumar, siempre que en el local sólo entren los socios.
Por su parte, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV también reconoce el derecho de los socios de estos clubes a fumar en el local común, siempre que no haya personas ajenas al grupo. Además, prohíbe que estos clubes sean patrocinados o financiados por empresas relacionadas con la industria del tabaco y exige que la asociación tenga personalidad jurídica. ERC-IU-ICV pretende endurecer el texto que presentó con el PSOE el pasado junio en el Congreso. Así, insiste en sus enmiendas en que se debe ampliar la prohibición de no fumar a las zonas anejas de los establecimientos sanitarios o, por ejemplo, en los parques infantiles. Por su parte, el grupo parlamentario socialista no presentó ninguna enmienda y se declara abierto a negociar.
SE SUPRIMEN LAS PRIMAS DE LA UE A LOS TOROS.- El PP halamentado que el proyecto de presupuesto de la UE para 2011 suprima las primas a los toros de lidia gracias al apoyo masivo que brindó el grupo socialista a una enmienda que presentó con ese fin el Grupo de los Verdes de la Eurocámara. La enmienda se aprobó por 21 votos a favor y 17 en contra, en la comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, que esta semana comenzó la tramitación del proyecto de presupuesto de la UE para el próximo año, sobre el que aún debe de pronunciarse el pleno de Estrasburgo. "Sin el apoyo masivo del grupo socialista la enmienda de los Verdes no hubiera prosperado, como ha sucedido en años anteriores" subrayó el portavoz del PP en dicha comisión parlamentaria, Salvador Garriga.
La enmienda aprobada no modifica la cantidad que la UE destinará a la prima especial a los bovinos machos, que se mantendrá en 72 millones de euros, pero especifica que estos créditos "no se abonarán para los toros destinados en realidad a corridas en las que se produzca la muerte del toro", con la justificación de que la UE debe cumplir el "Convenio Europeo de protección de los animales en explotaciones ganaderas" como afirma una directiva comunitaria de 1998. Sin embargo, la citada normativa sobre bienestar animal excluye de forma específica a los animales destinados a espectáculos, por lo que las explotaciones de toros de lidia están exentas de cumplir esas medidas, que son una condición indispensable para recibir las ayudas. Además, en el caso de que lo tuvieran que hacer tampoco habría problemas, toda vez que los toros se crían en condiciones mucho más óptimas en grandes dehesas que el resto de los bovinos machos.
El eurodiputado del PP criticó que el grupo socialista "haya caído en la trampa que tienden todos los años el Grupo de los Verdes, en su afán por prohibir las corridas de toros, sabiendo además que estas ayudas no financian este espectáculo sino el mantenimiento de una actividad productiva ganadera". Salvador Garriga adelantó que el Grupo Popular volverá a votar en contra de la enmienda cuando llegue al pleno del Parlamento Europeo el proyecto de presupuesto de la UE para 2011, pero advirtió que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -que reduce la tramitación de dos a una lectura- el margen para eliminar la enmienda es menor. "Desde luego el año 2010 será recordado en el mundo del toro como el año en el que los socialistas quisieron darles la puntilla", concluyó el eurodiputado del PP.
CINCO AÑOS DEL RECURSO CONTRA LOS MATRIMONIOS GAYS.- Ha recordado este jueves el diario Público que este 30 de septiembre, se han cumplido cinco años desde que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algo "vergonzoso", según señalaron Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE. "La ley nació del propio espíritu constitucional y de ella, pese a estar en contra, se han valido cargos del PP que son homosexuales y se han podido casar", recalcó Zerolo. Unas 20.000 parejas de gays y lesbianas se han casado en España desde la aprobación de la norma. "Una realidad que sólo el PP se niega a reconocer", alertó Poveda desde la FELGTB. La federación también denuncia que el PP votó en 2007 en contra de la ley de identidad de género para las personas transexuales y dos años después, en 2009, hizo lo mismo contra el reconocimiento de los represalidados por su orientación sexual durante el régimen franquista. Zerolo agregó, asimismo, que "España se ha convertido en un referente mundial en derechos y libertades, y los ciudadanos han ganado en igualdad e inclusión social". Después de aprobarse la ley española, otros siete países se han sumado a la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo: Canadá, Suráfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia y Argentina, así como algunos estados de Estados Unidos y México DF.
El PP se viene caracterizando por presentar recursos por presunta inconstitucionalidad a las grandes innovaciones legislativas: primero, el Estatut de autonomía catalán, la ley de matrimonios gays, la ley del aborto...
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