ALGUNAS DUDAS JURÍDICAS SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO. GARZON Y PEDREIRA QUERÍAN GRABAR LAS LLAMADAS DE GURTEL

DUDAS JURÍDICAS SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO. Si bien, durante los últimos tres días, España vivió al borde del infarto por causa del caos desatado después de que Aena anunciara, el viernes por la tarde, el cierre del espacio aéreo por el plante de los controladores desembocó en la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, y hubo luego satisfacción general por .a solución del conflicto mediante las medidas severas y contundentes del gobierno, no obstante, han empezado ya a aparecer argumentos jurídicos, veraces o a beneficio de algunas de las partes, que pretenden restar mérito a esas decisiones del gobierno y a culpar al Ejecutivo de la actitud de los controladores. Se pone de relieve, en efecto, que desde el fin del Franquismo, ningún Gobierno español había tomado tales medidas para resolver una crisis y devolver la tranquilidad al país. Pero tampoco falta quien hable, como ha hecho este martes La Gaceta, de “una operación política premeditada y constitucionalmente chapucera, con la mención de juristas que consideran ilegal el decreto del Ejecutivo… Mientras tanto, comienza el turno de buscar a los culpables tras la huelga salvaje, aunque desde el Gobierno ya se ha anunciado que se hará con tiento. Valdrá la pena recordar las principales para decisiones adoptadas para resolver el conflicto con la mayor urgencia y eficacia. Empiezan el viernes, cuando el Consejo de Ministros aprueba un nuevo decreto que regula el nuevo modelo aeroportuario que incluye la regulación de la jornada laboral de los controladores. Horas más tarde, esa misma tarde del viernes, Aena anuncia el cierre de parte del espacio aéreo español después del abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo. Se desata el caos en los aeropuertos de todo el país. Los pasajeros tienen que desalojar los aviones. Los vuelos comienzan a cancelarse. El ministro de Fomento, José Blanco, reúne un Gabinete de Crisis en la sede ministerial para analizar la situación. El Gobierno busca soluciones que pueden incluir pasar el control aéreo a Defensa, medida incluida en el nuevo decreto aprobado en la mañana del sábado por el Consejo de Ministros. Por la tarde del sábado, USCA pide a los controladores que recobren la cordura y regresen a sus puestos de trabajo. Las compañías aéreas continúan cancelando vuelos. El Gobierno, a través de José Blanco, da un ultimátum a los trabajadores: tienen hasta las 21 horas de ese viernes para incorporarse a las torres de control. Pero los controladores no ceden y el presidente firma el traspaso del control aéreo a Defensa a las 21.30 horas. Los militares comienzan a dirigirse hacia las torres de control de los aeropuertos españoles. La Fiscalía de Madrid abre diligencias por un posible delito de sedición de los controladores. Al día siguiente, se le uniría la Fiscalía de Andalucía y Cataluña. El mismo viernes por la noche comienza a recuperarse cierta normalidad en Barcelona; en Madrid, sólo cinco controladores acuden a la torre de control de Barajas, pero sin trabajar. En Sevilla, se han presentado 7 de los 11 controladores del turno de noche. Cinco de los 16 controladores aéreos de Palma de Mallorca. Una hora más tarde, se conoce que en Canarias también han acudido a sus puestos de trabajo. Madrid y Baleares se resisten a ponerse bajo las órdenes del Gobierno. El rey sanciona el nuevo decreto desde Argentina. Rubalcaba comparece a las 2 de la madrugada del sábado y anuncia que el Gobierno declarará el estado de alarma si no se soluciona la situación. Anuncia la futura movilización de todos los controladores para que acudan a trabajar y si alguno no acude a su puesto pasará inmediatamente a disposición judicial acusado de un delito que puede implicar penas graves de prisión. El gabinete de crisis sigue reunido durante toda la madrugada en el Ministerio de Fomento. 9.00-11.00 horas: Comienza el Consejo de Ministros extraordinario en el que Zapatero podría declarar el estado de alarma por primera vez en la democracia. Las compañías han informado de que el espacio aéreo estará cerrados hasta las 19.00 horas del sábado, a pesar de que inicialmente se hablaba de que la actividad aérea se reanudaría a las 08.00 horas. El sábado al mediodía, el Gobierno decreta el estado de alarma por primera vez en la historia al no haberse normalizado la situación del tráfico aéreo. El CGPJ se reúne de urgencia 'ante la extrema gravedad del cierre del espacio'. Al mediodía del sábado, Aena confirma que los controladores están regresando a sus puestos de trabajo. Se calcula que hay más de 600.000 pasajeros afectados por el cierre de los aeropuertos españoles, y a las A las tres y media de la tarde informa de la reapertura del espacio aéreo español después de que la mayoría de los controladores hayan acudido a trabajar. A las 18:00 horas del sábado, se habían operado 85 vuelos en toda la red. A las siete de la tarde, según Aena, Barajas ya "opera a pleno rendimiento". El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparece de nuevo ante los medios y asegura que el caos "no volverá a suceder, ni en las Navidades, ni después". El domingo al mediodía, el ministro de Fomento, José Blanco, explica que Aena ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores. "Ahora toca hacer justicia. La huelga no puede quedar impune. Se aplicarán las sanciones oportunas", afirma. El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, comenta que el Ministerio Público estudia la posibilidad de pedir prisión provisional para aquellos controladores que no sean capaces de justificar el abandono de su puesto de trabajo. Si el juez atendiese esta petición del fiscal, más de 100 controladores en la Comunidad de Madrid podrían ingresar en prisión a partir del próximo jueves. Pero ya se han producido las primeras intervenciones del PP: González Pons primero, y Rafael Hernando a continuación. Este pide la dimisión del ministro de Fomento, José Blanco, por insinuar "conspiraciones" del Partido Popular con los controladores aéreos y considera al Gobierno responsable en parte de la crisis aérea. El ministro de Fomento, José Blanco vincula la huelga al sindicato USCA, afirmando que "la inmensa mayoría obedeció indicaciones" pero pronto dejará de hacer "seguidismo" porque no le gusta la actuación de esos dirigentes. La Fiscalía distinguirá entre los controladores dirigentes y los controladores de basa, a la hora de juzgar los delitos en los que pudo incurrir el colectivo al abandonar sus puestos de trabajo el viernes, al inicio del puente de la Constitución. 72 horas después del inicio de la huelga de controladores, Aena afirma que España "vuelve la normalidad aérea". Incluso, los controladores piden perdón a los afectados. El caos llegó a su fin. Empieza el turno de abogados, fiscales, jueces y opinión “publicada”.
LAS RAZONES DE GARZON Y PEDREIRA PARA LAS ESCUCHAR DE GURTEL
El auto del Caso Gurtel, sobre el que ha venido trabajando el juez Pedreira, permaneció bajo secreto hasta el pasado viernes. Ahora se sabe ya formalmente lo que se sabía en medios jurídicos, a saber, que el referido juez instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira Andrade, reprodujo los argumentos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al prorrogar las escuchas a los principales cabecillas de la trama corrupta en prisión, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, en un auto fechado el 20 de abril de 2009 que ha permanecido bajo secreto hasta ahora. Se trata del auto que la defensa de Garzón ha pedido en reiteradas ocasiones que se incorpore como prueba. El instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro lo había reclamado y la Fiscalía había advertido que si no se incorporaba durante la instrucción podría generar "indefensión" al juez imputado. El auto, hasta ahora secreto, según explica en El País, el diario que ha seguido más de cerca la evolución del caso, demuestra que los argumentos de Garzón para acordar las escuchas en prisión fueron compartidos por el instructor del Tribunal Superior de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción, y que fue la Brigada de Blanqueo de Capitales la que instó del juez Pedreira la prórroga del control de las comunicaciones orales y escritas de los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, en el centro penitenciario, incluidas las "comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos". La fiscalía "informó favorablemente" sobre esa petición, en el sentido de "no oponerse a la prórroga" y con "expresa indicación a los funcionarios policiales de efectuar salvaguarda del derecho de defensa de los imputados". En consecuencia, el fiscal pidió el desglose de las transcripciones de todas las conversaciones, "salvo las que a continuación se transcriben". Señala luego la información que el auto menciona a continuación las conversaciones que interesan al fiscal, entre las que figuran las de Pablo Crespo con su nuevo abogado, Pablo Rodríguez Mourullo; de Correa con sus dos abogados, el que también está imputado en la trama, José Antonio López Rubal, y el que le sustituyó, José Antonio Choclán; otras más de Correa con Choclán y de Crespo con Mourullo, etcétera. Así, hasta una docena de conversaciones que el juez del Supremo Jorge Barreiro considera presuntamente delictivas sólo para Garzón. Sin embargo, las escuchas fueron prorrogadas por Pedreira citando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 8.2., que admite la injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar si está prevista en la ley y constituye una medida que, "en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito (...)". El juez agregaba que la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones estaba prevista en el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos del juez de instrucción el juicio de la proporcionalidad y necesidad de la medida. Según Pedreira, ese derecho a la intimidad no tiene carácter absoluto, y puede estar sujeto a limitaciones con dos requisitos: que sólo el juez puede autorizar el sacrificio del derecho a la intimidad; y que dicho sacrificio tenga por finalidad exclusiva la investigación de un delito concreto y la detención de sus responsables. El juez del Tribunal Superior de Madrid explicaba después que en el momento inicial del procedimiento en que se acuerda la intervención -se refiere a Garzón-, no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, "pues se trata de una medida para profundizar en una investigación no acabada". Añadía que la medida debía de ser temporal, sin perjuicio de las sucesivas prórrogas, y bastaba con que el juez "tenga puntual información de los resultados" de las escuchas, no siendo exigible "la audición personal y completa de las grabaciones obtenidas por la Policía". Pedreira concluía prorrogando el control de las comunicaciones orales y escritas ordenadas por Garzón sobre Correa, Crespo y Sánchez en la cárcel donde se hallaban o a la que sean trasladados.