LAS PENAS PARA LOS CONTROLADORES DEL PLANTE. ZAPATERO JUSTIFICÓ SUS DECRETOS, RAJOY CRITICÓ AL GOBIERNO

PENAS PARA LOS CONTROLADORES.- El pulso de os controladores y el Gobierno se ha trasladado ya desde la opinión pública y desde l política, a los tribunales. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo por un presunto delito de sedición. Conde-Pumpido resaltó que el abandono colectivo de un aeropuerto con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años. "No estamos hablando de un problema laboral, porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales, sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación", añadió. El fiscal general del Estado ha precisado que hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos y que, dado que el ministerio fiscal es único para toda España, se ha producido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos, se va a llevar a cabo una labor de coordinación en la reunión para establecer las reglas por las que el ministerio fiscal incoará los procedimientos y los trasladará a los órganos judiciales correspondientes. También ha afirmado que la ley prevé sanciones para todos los controladores implicados, y no sólo para sus dirigentes “ si bien los dirigentes tienen una sanción mayor", subrayó. El fiscal general agregó que "la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo. La Fiscalía "simplemente aplicará la Ley". Explicó que existe una norma que sanciona estos comportamientos para defender el tráfico aéreo y la seguridad de los ciudadanos, y se está ante una situación similar a la de que todos los médicos abandonasen repentinamente un hospital dejando tirados a los enfermos. "Es un delito que la ley califica como de sedición y es lo que la Fiscalía va a hacer, ponerlos a disposición de los órganos judiciales competentes tras unas investigaciones preliminares que estamos haciendo en este momento",explicó. El fiscal general del Estado incidió en que la convocatoria de un estado de alarma es "un hecho constitucional" que "está previsto para situaciones de emergencia en las que se hace necesario acudir a los instrumentos que la Constitución proporciona para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos". Y recordó que, en este caso, existen cientos de miles de perjudicados y se trata de la paralización de un servicio público "esencial", además de no haberse cumplido en absoluto los servicios mínimos y causar una "gran calamidad" con situaciones "trágicas" para una multitud de personas, por lo que afirmó que "se cumplen los requisitos de constitucionalidad". Sobre el hecho de que el estado de alarma se prolongue durante 15 días, Conde Pumpido recordó que es el plazo que establece la Carta Magna. El código penal militar dice que a las personas movilizadas se les aplica la jurisdicción militar, por lo tanto, los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del sábado serían enjuiciados por la ley militar". Por último, añadióque la decisión de prorrogar o no el estado de alarma depende de una autorización del Parlamento y es un tema político sobre el que no se puede pronunciar.
Los diarios de este viernes proporcionan amplias y detalladas crónicas sobre el pleno del Congreso en el que ayer se debatieron las medidas adoptadas por el Gobierno el pasado viernes y sábado sobre el plante de los controladores.
"El Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo de modo estricto con el principio de proporcionalidad", justificó José Luis Rodríguez Zapatero la declaración del estado de alarma. “Hubo que aplicar una medida de excepción para acabar con una situación de excepción", agregó, y recordó que el caos aéreo dejó 5.000 vuelos anulados y 700.000 viajeros tirados en los aeropuertos, así como pérdidas millonarias al sector turístico aún por cuantificar. El presidente atribuyó la decisión inevitable del Ejecutivo a la "pertinaz actitud de los controladores", que "obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación", y a la "abierta rebeldía con el Estado de derecho" por parte de estos trabajadores. El presidente del Gobierno explicó que el sindicato de controladores hizo llegar la tarde del viernes una propuesta de convenio mientras bloqueaba el espacio aéreo y amenazaba con mantener la situación si no se firmaba. Ante la actitud de los controladores, el Gobierno movilizó al Ejército. La falta de respuesta fue lo que llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma por primera vez en la historia constitucional. Zapatero defendió también la aplicación del artículo 8 del Código Penal militar que contempla la posibilidad de aplicar esa jurisdicción a los controladores que bloquearon el espacio aéreo, una vez que se decretó la militarización de las torres de control. "Sobre el Gobierno pesa la doble obligación de impulsar la depuración de las responsabilidades en las que se ha podido incurrir y de facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados", ha asegurado. Tras la media hora de comparecencia de Zapatero, tomaó la palabra el líder del PP, Mariano Rajoy, quien expresó su respaldo a las medidas para "la defensa de la ley y del interés general" y lanzó una crítica demoledora a los controladores, como únicos culpables de la situación del fin de semana, pero también contra el Gobierno con dureza extrema. Habló de "formas ilegítimas, intolerables e ilegales" y de cómo "no hay atenuantes" y "la razón ha sido fulminada con su conducta". El líder del PP cargó contra la "pasividad y la desidia" del Gobierno por no haber hecho nada en seis años para resolver la situación. Por ejemplo, no haber resuelto la homologación de los controladores civiles o no haber convocado más plazas de controladores. "Condenar lo que pasó no nos impide decir que el decreto es prueba de sus imprevisiones", insistió, y pidió "diligencia" al Ejecutivo para que no se repita la situación. "Garantice que los perjudicados serán resarcidos", añadió. A continuación, los portavoces tuvieron 10 minutos, en los que arremetieron contra los controladores y han apoyado que se les frene, pero en distinta medida y tono criticaron también la gestión del Gobierno.
ZAPATERO JUSTIFICA LA ACTUACIÓN CONTRA LOS CONTROLADORES.- Era grande la expectación que precedía al pleno de este jueves, en el que el presidente del Gobierno intervino en público, por primera vez, para justificar y explicar las medidas adoptadas ante el plante de los controladores, del pasado viernes. El presidente del Gobierno justificó la gestión del Ejecutivo -incluida la declaración del estado de alarma en el país- para doblar el pulso de los controladores aéreos, asegurando que este colectivo utilizaba la negociación colectiva "en fraude de ley" hasta el punto de llevar al país a un "estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar". Zapatero reconoció que "desde hace días" se tenía conocimiento del "riesgo cierto" de que los controladores llevaran la situación a un punto insostenible, puesto que ya habían empezado a mostrar sus cartas en el aeropuerto de Santiago y posteriormente en Canarias, donde los controladores empezaron a dejar de asistir al trabajo alegando que ya habían cumplido las 1.670 horas de trabajo que les asigna anualmente el decreto de 5 de agosto. Por ello, y ante el peligro de que el problema se extendiera, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto, el viernes día 3, precisando qué se entendía por horas operativas y cuáles debían sustraerse de este concepto. Con ello, se desató el caos. El Gobierno intentó negociar de nuevo con los controladores en la noche del viernes 3 pero todo resultó en vano, tal y como admitió Zapatero ante el pleno de la Cámara. El presidente, de hecho, reconoció que el Gobierno, haciendo uso de sus "facultades ordinarias", fue incapaz de embridar a los rebeldes que habían conducido al país a una situación "calamitosa". Fue entonces, cuando el presidente, tal y como él mismo precisó, decidió aplicar el estado de alarma, algo que, ha dicho, "ha dado resultado". La aplicación de este estado, por primera vez en democracia, ha conllevado la militarización de las condiciones laborales de los controladores, pese a que son trabajadores civiles. Zapatero afirmó ser consciente de que esta aplicación de la jurisdicción militar suscita dudas, pero él la ha defendido insistiendo en que el Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante "medios menos excepcionales", cumpliendo de modo estricto con el "principio de proporcionalidad" que subyace a la previsión del estado de alarma y que exige que la situación a que viene a dar respuesta no pueda ser gestionada mediante los instrumentos ordinarios con los que cuenta el Gobierno". Según el presidente, los controladores se mostraron "en abierta rebeldía con el Estado de Derecho, con sus normas y con sus instituciones". En definitiva, todo ello suponía una "afrenta al orden público constitucional" y como tal, puntualizó, "había que abordarla". Por todo ello, y de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 1981 que regula los estados de alarma, sitio y excepción, el Ejecutivo decidió que los controladores quedaran bajo las órdenes directas de "la autoridad competente", así como la de "imponer servicios extraordinarios por su duración o naturaleza, y la aplicación de un régimen sancionador de especial efectividad y carácter disuasorio". El problema surge cuando se comprueba que no existe en la legislación actual una normativa que regule la "movilización de personal o empresas" para cubrir los servicios necesarios en caso de estado de alarma. Por esta razón, el presidente consideró que la norma supletoria que debía activarse era la militar. Según el presidente del Gobierno, la conclusión "es sencilla". De acuerdo con su tesis: "No se contempla la extensión de la Jurisdicción Militar a personas o hechos no comprendidos en el Código Penal Militar (como sí puede ocurrir en el estado de sitio), sino la aplicación del derecho penal y procesal disciplinario militar a quienes, en virtud de una disposición amparada por el artículo 116.1 de la Constitución y la ley orgánica 4/1981, tienen temporalmente la condición de militares a tales efectos". Al término de su intervención, Zapatero se comprometió a "depurar responsabilidades" y "resarcir daños" porque una situación como la vivida "no puede volver a repetirse". "Nadie puede tomar como rehén de sus reivindicaciones al conjunto de los ciduadanos", sentenció el presidente, quien ha asegurado que "no dudará en utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para evitar o poner fin a situaciones como las que hemos vivido". Zapatero recordó que el plante de los controladores aéreos y el caos aéreo suscitado dejó 5.000 vuelos anulados y 700.000 viajeros tirados en los aeropuertos, además de pérdidas millonarias al sector turístico aún por cuantificar. El presidente atribuyó la decisión inevitable del Ejecutivo a la "pertinaz actitud de los controladores", que "obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación", y a la "abierta rebeldía con el Estado de derecho" por parte de estos trabajadores. Explicó que el sindicato de controladores hizo llegar la tarde del viernes una propuesta de convenio mientras bloqueaba el espacio aéreo y amenazaba con mantener la situación si no se firmaba. Ante esta actitud, el Gobierno movilizó al Ejército. La falta de respuesta fue lo que llevó al Gobierno, a continuación, a decretar el estado de alarma por primera vez en la historia constitucional.
Tras la media hora de comparecencia de Zapatero, tomó la palabra el líder del PP, Mariano Rajoy, que expresó su respaldo a las medidas para "la defensa de la ley y del interés general" y lanzó una crítica demoledora a los controladores, como únicos culpables de la situación del fin de semana. Una vez que puso distancia de los controladores, se lanzó contra el Gobierno con dureza extrema. Habló de "formas ilegítimas, intolerables e ilegales" y de cómo "no hay atenuantes" y "la razón ha sido fulminada con su conducta". El líder del PP cargó contra la "pasividad y la desidia" del Gobierno por no haber hecho nada en seis años para resolver la situación. Por ejemplo, no haber resuelto la homologación de los controladores civiles o no haber convocado más plazas de controladores. "Tiene usted un ministro de Fomento a tiempo parcial que no se dedica a lo que se tiene que dedicar", le ha dicho. "Lanza insidias contra la oposición para tapar sus fracasos. Es un inútil total", le ha dicho Rajoy a Zapatero. "Siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades", insistió. Son frases rescatadas por Rajoy de la hemeroteca que Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces en la oposición, lanzó contra el ministro de Fomento del PP en 1996 por retrasos en el aeropuerto de Barajas. Además, habló de "prisas y torpeza" para aprobar un decreto en vísperas del puente más largo del año, de "imprevisión o imprudencia o las dos cosas". "Condenar lo que pasó no nos impide decir que el decreto es prueba de sus imprevisiones", insistió Rajoy.
Bien puede decirse que cada orador satisfizo “a los propios”, y que los argumentos del presidente dieron satisfacción a las víctimas del caos aéreo vivido...
LOS DEFENSORES DE GURTEL BUSCAN LA NULIDAD DE LA INSTRUCCIÓN.- Desde que el juez del Tribunal Supremo Jorge Alberto Barreiro dictó, el 19 de octubre, el auto por el que coloca a Baltasar Garzón a un paso del banquillo, las partes implicadas en la investigación del caso Gürtel tienen un motivo más para la zozobra. Decidido a juzgar a Garzón por prevaricación, Barreiro se ha convertido en el faro que ilumina a quienes buscan la nulidad de la instrucción so pretexto de las escuchas policiales a los presos de la trama y sus abogados. Y quienes buscan esa nulidad son aquellos que se arriesgan a penas de cárcel y a la devolución de cantidades millonarias si el caso llega a juicio. Así lo ha relatado este jueves el diario Público, que sigue con detalle el caso. Cuenta, por ejemplo, que los informes policiales cifran ya en 27 millones las comisiones ilegales captadas por la red. Y en 12 la suma de los sobornos pagados. En otras palabras, describen el mayor caso de corrupción política destapado en España en las últimas décadas. Pero todo lo anterior resulta secundario: el Supremo considera que Garzón vulneró las garantías constitucionales de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Y esa certeza evoca el fantasma del caso Naseiro, donde otra anulación de escuchas, igualmente dictada por el Supremo, libró a los dirigentes del PP implicados entonces. El confuso magma legislativo que regula las escuchas policiales ha permitido que Barreiro imponga la tesis de que Garzón adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era. La tesis contraria, la de que actuó al amparo del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también era posible. Pero Barreiro no consideró oportuno suscribirla. Y ya le ha pedido a Pedreira que le envíe todas las conversaciones grabadas en prisión, incluidas las que quedaron excluidas del sumario porque poseían un carácter privado o porque en ellas abordaban presos y abogados su estrategia de defensa. Que el auto de Barreiro constituye una piedra angular para las defensas de los imputados lo demuestra la inmediata recusación formulada por el abogado de Francisco Correa contra el actual instructor del sumario, el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Hasta ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ha avalado las decisiones de Pedreira. Pero el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha subrayado con habilidad los paralelismos entre las escuchas ordenadas por Garzón y la prórroga de esas mismas escuchas decretada por Pedreira. Si Choclán lograse su objetivo, hipótesis no descartable, la causa quedaría en manos de un nuevo juez; de un recién llegado obligado a partir desde cero en el conocimiento de un sumario mastodóntico y donde quedan piezas clave por encajar: por ejemplo, las comisiones rogatorias que, una y otra vez, ha ido cursando España a una decena de países. Para la imagen internacional de España, sería deshonroso dejar morir por consunción un caso de tal envergadura. Ralentizar el sumario con la irrupción de un magistrado ajeno a sus entresijos tendría, ahora sí, un efecto perverso. Porque si la instrucción no se cierra antes de que, en la próxima primavera, se disuelva la Asamblea de Madrid, el caso acabará con toda probabilidad en algún cajón de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ello por un motivo básico: salvo terremoto o milagro, el PP no volverá a colocar en sus listas a los tres diputados de la Asamblea imputados en la causa y a quienes hoy sólo puede investigar el Tribunal Superior de Madrid. En cuanto los tres Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Bejamín Martín Vasco pierdan la condición de aforados, Pedreira perderá la jurisdicción sobre ellos, a menos que antes haya dictado la apertura de juicio.
Un detalle “sin importancia”: el abogado defensor Choclán, antiguo fiscal, fue “sugerido” por el jefe del servicio jurídico d el PP Federico Trillo. Casualmente.

ASÍ SE AMAÑÓ EL CONTRATO DE GURTEL CON FITUR.- Un informe policial sobre la adjudicación por un millón de euros del stand de la Comunidad de Valencia en Fitur en 2005 a Orange Market, la empresa de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, aporta pruebas del amaño que rodeó a este concurso. La red tuvo acceso, con casi un mes de antelación, a las bases oficiales de esta adjudicación, tal como revelan correos electrónicos que circularon entre empleados de Gürtel con instrucciones de cómo y qué aspectos debía contener la propuesta de Orange Market para alzarse ganadora, como así fue, de la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur. Este informe policial pertenece a la tercera parte del sumario (unos 30.000 folios) que el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acaba de hacer públicos, y que este jueves proporciona El País. En esos correos se basa la policía para sostener que, desde la Generalitat, alguien pudo informar a la trama del "núcleo del concurso" de Fitur 2005, lo que permitió a la red tener tiempo suficiente para formular una propuesta ganadora y adaptada a las bases. Según el informe policial, el pliego de condiciones fue publicado oficialmente el 29 noviembre de 2004. Pero casi un mes antes, sin embargo, la red disponía ya de lo fundamental de las bases. Las pruebas que tiene la policía de la supuesta connivencia entre la Agencia Valenciana de Turismo, que es la que redactó esas bases, y la trama Gürtel se concretan en correos electrónicos fechados los días 4 y 5 de noviembre de 2004, en los que se aprecia que la red "ya contaba con los pliegos administrativos y técnicos" sobre el citado pabellón. El primero de los correos, del 4 de noviembre, lo remite la firma "Down Town (infodowntown-consulting.com)", vinculada a la trama, con destinatario "Rocío". Incluye como asunto la frase "pliego Fitur Com..Valenciana", así como un documento adjunto, "fitur valencia.doc". Rocío, según la policía, es una empleada de la red Gurtel. La firma Down Town envía a Rocío ese correo "a petición de Isabel [Jordán, entonces una de las directivas de las sociedades del cabecilla, Francisco Correa". El correo contiene, explica la policía, un "resumen de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la contratación de la fabricación del stand para Fitur (edición de 2005), así como el montaje del mismo y su adaptación y montaje a otras tres ferias más" de ámbito nacional en las que ese año quería estar presente la Generalitat. El otro correo electrónico, fechado el 5 de noviembre, también lo remite Down Town, pero esta vez directamente a Isabel Jordán, y en él se anexa un archivo en el que se indica que el stand de Fitur sale a concurso por "un millón de euros" (que luego se ampliaría con otros 500.000 para las otras tres ferias de turismo en las que quería participar la Comunidad Valenciana). Sobre la valoración de las pujas, se indica en ese archivo que "la oferta económica tendría el 50%, la agilidad en la construcción y montaje, un 30%, el mantenimiento un 10%." Y se destacan como importantes "criterios para la adjudicación" aspectos como la "creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y las adaptaciones a otras ferias". La policía ha hallado muchas "similitudes" entre las bases oficiales del concurso aprobadas por la Generalitat y los archivos adjuntos de los citados correos, que contenían aspectos técnicos y un borrador de lo que luego sería la propuesta de Orange Market para ese stand. La policía explica: "Hay similitudes literales entre la documentación del informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005 (aportado por la Generalitat y firmado por los funcionarios Jorge M. Guarro Monllor e Isaac Peral Sánchez) y lo que se le envía [por correo electrónico] con anterioridad a que se hiciera público a Felisa Isabel Jordán". Guarro y Peral son funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia, filial de la Consejería de Turismo, que en 2005 dirigía Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes valencianas. Martínez es uno de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps receptores de regalos de la trama Gürtel (en concreto, un reloj valorado en 2.400 euros). La policía ha pedido que se interrogue a funcionarios de la citada agencia, a Martínez y a otros altos cargos de su ex departamento, entre ellos, a su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, en relación con el montaje del pabellón de Fitur 2005. Aparte de estas "similitudes", otros informes policiales han detectado irregularidades en otras tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel.
EMPRESAS ESPAÑOLAS PAGARON LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LOS KIRSCHNER.- Lo único que puedo hacer es prestar mi pañuelo a los empresarios españoles para que vengan a llorar", confesaba desolado en 2005 el entonces embajador en Buenos Aires, Carmelo Angulo, para expresar su impotencia por la pasividad de José Luis Rodríguez Zapatero ante el supuesto chantaje al que el Gobierno de Néstor Kirchner sometía a las grandes compañías españolas con actividad en Argentina. Así lo ha relatado este jueves El Confidencial, que añade que Angulo se quejó amargamente a muchos de sus interlocutores, entre ellos el ex director de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina, de que Zapatero "no se preocupó de proteger y defender a las empresas españolas con intereses en Argentina", pese a que el embajador, que desembarcó en Buenos Aires en octubre de 2004, informaba puntualmente a Madrid de las presiones de Kirchner, según ha manifestado Molina a El Confidencial. El diplomático, que dos años más tarde fue destinado a la embajada en México, se sinceró con Molina cuando éste le informó de que el Gobierno de Kirchner había exigido a Aerolíneas Argentinas -entonces propiedad del grupo español Marsans- 1,5 millones de dólares para financiar la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento aspiraba a un escaño de senadora por la provincia de Buenos Aires. "El embajador Angulo me dijo que lo que yo le contaba era un calco exacto de las presiones que sufrían otras empresas españolas, y me aseguró que el Gobierno de Zapatero estaba informado pero ni siquiera le atendía", afirma Molina desde Buenos Aires. El alto ejecutivo aseguró a El Confidencial que "la mayoría de las grandes empresas españolas pagaba favores políticos al Gobierno de Néstor Kirchner; de lo contrario, quedabas fuera de juego, te ahogaban financieramente y terminabas como terminó Marsans". Otra de las estrategias utilizadas por los asesores de Kirchner consistía, de acuerdo con el relato de Molina, en recomendar a las empresas españolas que buscaran un socio local para operar en el país, y mantener así una "relación fluida" con el Gobierno. El ex ejecutivo de Marsans puso como ejemplo el exitoso desarrollo de Repsol en Argentina tras la compra de YPF, así como el frustrado intento del secretario de Transportes, Ricardo Jaime, de obligar a Air Europa a comprar la aerolínea fantasma Safe Flight. Según denunció el diario argentino La Nación, esta compañía contaba con casi 200 empleados y recibía subvenciones públicas, pero no poseía ni un solo avión, ni llegó a volar nunca. Jaime, íntimo amigo de Néstor Kirchner y recaudador de las supuestas aportaciones irregulares para la campaña de Cristina Fernández, exigió a Air Europa que comprara Safe Flight a cambio de operar en Argentina. Estas acusaciones también han sido formuladas por el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, quien aseguró públicamente que Jaime retrasó la licencia a la compañía de Juan José Hidalgo por negarse a cerrar esta compra. "La operación era una absoluta locura, pero los dueños de Safe Flight eran amigos del Gobierno", afirmó Molina. Finalmente, Air Europa comenzó a viajar a Buenos Aires el 26 marzo de 2007.

OTRAS DOS MIL FAMILIAS GALLEGAS PERDIERON SU CASA ESTE AÑO.- Es una de las consecuencias más perversas de la crisis económica, la pérdida de la vivienda por miles de gallegos que por diferentes razones no pueden cumplir con la deuda que firmaron con las entidades bancarias. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en las cuatro provincias gallegas se presentaron durante el último trimestre contabilizado (de abril a junio del 2010) 517 ejecuciones hipotecarias, manteniendo el dramático ritmo del año pasado, que se cerró con más de 2.000, según cuenta La Voz de Galicia.. El gran salto se produjo el año pasado, cuando las ejecuciones crecieron casi un 70% con respecto al 2008. La morosidad y la consecuente reclamación bancaria han mantenido el vigor a lo largo de este 2010, que se cerrará en Galicia con otras dos mil familias que habrán perdido su vivienda. Al margen de esta estadística queda otro número indeterminado de propietarios que han acordado con el banco o caja de ahorros la dación en pago, una figura mal regulada todavía que permite que el deudor salde el contrato hipotecario con la entrega de la vivienda, evitando el largo y caro proceso judicial. Dada la alegría con que se concedieron aquellas hipotecas y el tamaño de la burbuja inmobiliaria -el crédito a la vivienda llegó a crecer hasta un 30% de un año para otro en tiempos de bonanza-, el proceso judicial no garantiza demasiado ni al banco ni al deudor, ya que el piso sale a subasta y puede no ser comprado por el precio de la deuda, sino por uno sustancialmente menor, circunstancia que se da con bastante frecuencia. De este modo, el moroso pierde su vivienda y sigue debiendo al banco, mientras que la entidad se encuentra con una deuda de difícil cobro. «Si el banco puede quedarse con tu piso y embargarte la nómina, lo hará», asegura un intermediario financiero de Vigo, que ha mediado en cientos de casos. «Los bancos damos cincuenta mil oportunidades antes de ejecutar una hipoteca -contrapone la directora de una oficina bancaria-. No nos interesa cargarnos de pisos». El banco puede iniciar los trámites de ejecución de la hipoteca tras el cuarto recibo impagado. Antes, intenta ponerse en contacto con el cliente y, si lo consigue, valora la magnitud del problema. El sector bancario asegura que prioriza hasta lo razonable mantener la relación con el cliente, valorar su situación, conceder períodos de moratoria o ampliar el tamaño de la hipoteca. Los usuarios lo niegan: «Hasta donde nosotros sabemos, en cuanto el banco puede ejecutar, ejecuta», apunta María Queijas, coordinadora de la asociación de usuarios de banca Adicae en Galicia. Sin piedad. Nadie ve a corto plazo la posibilidad de que el fenómeno se frene. En cualquier juzgado de instrucción de Galicia, el tablón de anuncios está ocupado casi en exclusiva por textos judiciales que exponen, quién debe, cuánto, a quién y qué día y a qué hora se subasta el bien con el que pretende cubrir la deuda. Ante el fenómeno, Adicae pide que se regule la dación en pago como un instrumento que garantice al usuario al menos la posibilidad de quedar libre de deudas con el banco tras la entrega de su vivienda. Actualmente, la entidad puede rechazar esa fórmula si considera que el valor del piso es inferior a la deuda que tiene el propietario, una situación común por el descenso del precio de la vivienda.

LA PANTOJA PRESENTÓ AL JUEZ SUS INGRESOS Y GASTOS.- Según la abogada de Isabel Pantoja, Graciela Otondo, su defendida puede estar tranquila porque el pasado 18 de noviembre presentó ante el juez más de seiscientos documentos donde figuran al detalle todos los ingresos y gastos de la artista entre 2003 y 2006, fechas en las que estuvo con Julián Muñoz, en un ejercicio de transparencia económica para demostrar que no blanqueó dinero, ya que se ha justificado hasta el último euro. Lo cuenta con todo detalle el diario ABC de este jueves.
«La primera vez que Isabel habló ante el juez estaba tan nerviosa que dijo que no había cobrado dinero en efectivo, cuando la realidad es que han sido muchas las veces en las que, al igual que pasa con otros artistas, los empresarios la han pagado en efectivo con la recaudación de la taquilla. Durante todo este tiempo, nos hemos dedicado a hablar con esos empresarios para que nos dieran los justificantes de esos pagos. Es falso que José Luis Moreno haya aportado todos esos pagos porque te diré que justamente de él no tenemos ninguna factura. Se la pedimos, al igual que al resto, pero no nos ha dado nada. De la economía de Isabel se han dicho muchas falsedades, como que estaba arruinada. Como muestra, te diré que durante los cuatros años anteriores a conocer a Julián ganó siete millones de euros. Todo se puede comprobar en sus declaraciones de Hacienda y en las facturas que se han presentado y que serán públicas el día que llegue el traslado de las partes a la Audiencia Provincial de Málaga cuando pongan la fecha del juicio. Todos aquellos que han vertido tantas falsedades van a tener que tragarse sus palabras. Hay que saber que Isabel Pantoja genera mucho dinero. En esos años tuvo muchos ingresos y también muchos gastos, puesto que pidió dos hipotecas y eso se refleja en sus ejercicios de Renta», declara Otondo.
La letrada asegura también al diario ABC que la cantante ha anulado sus galas de esta temporada por un problema de salud y niega que se trate de una estrategia ideada por Moreno. «Es otra falsedad más. ¿Pero con qué fin? Isabel ha funcionado muy bien en sus actuaciones, como en Barcelona, donde tuvo que prorrogar por la afluencia de público. Hablé con ella la otra tarde y tenía un constipado tremendo. No hay que olvidar que vive de su voz y ha de tener la garganta perfecta para poder cantar», aclara. Eso sí, me asegura que ahora que todo está presentado la cantante duerme más tranquila.

QUEDAN 20 DÍAS AL CHEQUE BEBÉ .- Ninguna mujer arriesgaría la vida de su hijo por 2.500 euros y ningún médico consentiría adelantar un parto para facilitar que los padres cobren el cheque-bebé. La respuesta oficial es categórica. La naturaleza decidirá la suerte o la ‘fatalidad’ de las 44.000 mujeres que darán a luz entre el 25 de diciembre y el 6 de enero. "Provocar un parto puede causar problemas neurológicos, cerebrales, respiratorios y digestivos al bebé. Los profesionales nunca inducirían una cesárea antes de la fecha para cobrar la ayuda". El Director del Centro Nacional de Ecografía en Ginecología, Luis Mercé, responde incómodo y contundente. La psicóloga y matrona Dolores Pérez matiza la información y rebate la teoría del Dr. Mercé: "Es imposible improvisar el parto natural. Pero en las clínicas privadas se programan las cesáreas. A partir de la semana 38 del embarazo se pacta el día para dar a luz en función de la disponibilidad del equipo médico y las preferencias de la futura madre. En los centros públicos no ocurre". Es una paradoja. Las mujeres con mayor poder adquisitivo podrán optar a la ayuda gubernamental y las futuras madres sin seguro privado deberán confiar en el azar. La página web Serpadres lanzó una encuesta en la que el 35% de las 77 mujeres que habían participado en el sondeo reconocían que habían consultado con su ginecólogo la posibilidad de adelantar el parto y "se lo estaban pensando". Sólo el 5% rechazaba categóricamente la posibilidad "por recomendación médica". El diario 20 Minutos dedica este jueves un reportaje al cheque bebé, que deja de existir el primero de enero por razón del recorte de gastos decidido por el Gobierno el pasado mes de mayo.
Según el reportaje, la 'creatividad' on line se ha reinventado desde el anuncio oficial de la supresión de esa ayuda a partir del próximo 1 de enero. Google registra 269.900 entradas para las referencias: "consejos adelantar parto". Y 10.700 si se incluyen los términos "cheque-bebé". Los foros arden. Y las páginas especializadas en maternidad dedican generosos espacios a reportajes y crónicas expertas que ofrecen recomendaciones naturales para adelantar el parto. Los hits on line: caminar, conducir, tener sexo la última semana de embarazo, estimular los pezones y comer chocolate caliente. 100% sabiduría popular. Eficaz, aunque no rigurosa. "Los consejos son antiquísimos y tienen base científica. Pero no es una ciencia exacta", matiza Pérez. El Gobierno diseñó el cheque-bebé para impulsar la natalidad en España y decidió suprimir la ayuda para acelerar el recorte del déficit. La medida entró en vigor en julio de 2007 y expirará el 1 de enero de 2011. No existe ningún estudio demográfico que haya evaluado qué incidencia directa ha podido tener esta ayuda en la natalidad española ni cómo afectará su desaparición. Pero la tasa de nacimientos aumentó desde su entrada en vigor.
Tener un hijo es más una cuestión social y cultural que económica... Las mujeres tenían una media de 1,37 hijos en 2006 –antes del cheque-bebé– y ascendió a 1,45 hijos en 2008, según datos del INE. La incógnita es saber si la tendencia seguirá al alza o si la supresión de los 2.500 euros frenará los nacimientos. "Es un elemento disuasorio, pero no determinante. Una mujer no renuncia a un hijo por 2.500 euros. La crisis sí es un problema". Luis Mercé explica que la recesión azota en especial a las clínicas de reproducción asistida. "Las parejas con problemas de fertilidad tienen más tiempo para pensar y deciden esperar a que el panorama financiero se relaje. Este tipo de centros sí sufre la crisis". El presidente del Intituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, carga contra el Gobierno. "Es una medida regresiva, un abandono a la familia en el momento de mayor impacto económico". Aunque también desvincula la supresión del cheque a un posible descenso en la tasa de natalidad. "La ayuda económica es un incentivo. Pero tener un hijo es más una cuestión social y cultural que económica". Cree que la natalidad cotizará al alza por la inmigración. Alemania sufrió el mismo fenómeno que España, pero a la inversa. El objetivo era aguantar el embarazo hasta el 1 de enero de 2007. Ese día entraba en vigor un programa de fomento de la natalidad que contemplaba ayudas de hasta 25.000 euros anuales para las familias que tuviesen un hijo. Profesionales y médicos se afanaban en aconsejar a las mujeres embarazadas para prolongar la gestación. El resultado fue que en los primeros meses de 2007 nacieron un 21% más de niños que en el mismo periodo del año anterior.
El Ejecutivo aprobó el cheque-bebé meses después de que naciese su hija Lucía. Empezó a cobrar el paro y el Gobierno le retiró la deducción de 1.200 euros para madres trabajadoras. Ahora su hijo ‘amenaza’ con nacer en el mes de enero. Sólo cinco días después de que el Gobierno liquide la ayuda de 2.500 euros. Ha convertido su embarazo en una modesta lucha por los derechos sociales. No puede programar el parto. Pero recurre a métodos naturales para adelantar el alumbramiento. La matrona le ha recomendado que camine todos los días. Natalia y sus compañeros del curso de preparto comparten paseos y cabreo. Simultáneamente. Entiende que no todas las mujeres merecen cobrar esa ayuda. Pero no comprende que se elimine la ayuda para todas las mujeres. "El dinero debería ser proporcional al poder adquisitivo de las familias". Es consciente de que 2.500 euros no resuelven la vida. Pero es más fácil cuadrar el círculo. Ya se ha gastado 700 euros en su hijo. Y todavía no ha nacido. Reciclará ropa y juguetes de Lucía. Pero la ropa que no se ha estropeado es rosa. No es tan fácil. Pero es optimista. El niño ya está 'encajado'. El ginecólogo ha estimado que puede nacer antes del 1 de enero. Y el próximo día 20 es luna llena. La creencia popular relaciona esa fase lunar con el parto. Si a la tercera va la vencida, Natalia habrá dado el pecho antes de escuchar las campanadas...