EL PULSO DE LOS TÉCNICOS DE CONTROL AÉREO.- Finalmente, después de dos días de “desarreglos”, y todavía con algunos ajustes que incorporar en los planes de las aerolíneas, se puede decir que se regresa la normalidad en todos los aeropuertos y centros de control de la red de AENA. Ahora llega el momento de los cálculos y estimaciones de daños y perjuicios, que son cuantiosísimos, y sobre quién deberá abonar esas facturas pendientes. A casi todos resulta indiscutible que hay unos responsables, llamados controladores, que decidieron echar un pulso al Gobierno como parte de su negociación del convenio bloqueado. Perdieron el pulso y deberán pagar las costas del desaguisado. Todavía, tres días después, que una cierta resaca acumulada de los días anteriores, en forma de cancelación de vuelos y reprogramaciones. Esta mañana del lunes se relataba que habían faltado 11 de los 291 controladores que tenían que acudir a sus puestos, lo que también se considera un número normal de ausencias, según un portavoz del organismo. Y otro dato: desde que se reabrió el espacio aéreo, un total de 335.000 pasajeros han podido realizar sus viajes en avión. Ahora, como digo, queda el recuento de daños y responsables. Como ha dicho el ministro de Trabajo, “es evidente que tiene que haber responsabilidades por lo sucedido". "Es una situación muy grave, los perjuicios han sido enormes para la economía en su conjunto y para los ciudadanos que no han podido disfrutar y que han tenido todo tipo de incomodidades durante el puente de la Constitución. Así es que tendrá que haber controladores, una quinta parte de un colectivo que cuenta con unos 2.200 profesionales, según dijo el ministro de Fomento, José Blanco. Según confirmó el ministro, los controladores acudieron el domingo sin incidencias -trabajaron 286 de 296- y los que no lo hicieron fue por "causas justificadas", y durante la madrugada los trabajadores acudieron, igualmente, a sus puestos de trabajo. Terminó el pulso, según parece. Y como ha señalado el vicepresidente "deben saber que quien le echa un pulso al Estado, pierde". También los políticos mantienen sus correspondientes visiones: El principal partido de la oposición ha criticado la actuación del ministro de Fomento.. El diputado del PP Rafael Hernando ha pedido la dimisión de Blanco, por haber usado a los ciudadanos "como rehenes y víctimas" del "pulso" contra los controladores, "una casta que el Ejecutivo socialista ha consolidados”, según entiende Hernando, para quien el titular de Fomento se ha demostrado "incapaz" de negociar con los controladores, y por promover la aprobación, el pasado viernes, de un decreto que sabía que iba a ocasionar consecuencias "graves". El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entrevistado en la Cadena SER, reiteró que "una protesta con esta virulencia no volverá a ocurrir nunca más en España", y reveló que el Gobierno "sabía que eran probables conflictos agudizados hasta navidades", dado que, con el cómputo de horas que llevaban contabilizadas los controladores, en diciembre muchos de ellos ya habrían superado el límite anual. Por eso se aprobó el decreto del viernes que desató la protesta de los vigilantes, un colectivo con unos "privilegios exorbitantes", según Rubalcaba. Sobre si los problemas pudieran reproducirse en dos semanas, cuando expire el estado de alarma decretado el sábado, el ministro lo descartó. "Primero, porque a los controladores no les va a salir gratis" su plante del viernes. Y segundo, porque "se han aprobado reformas" en el decreto del viernes. Una de ellas determina que habrá un médico en las torres de control que certifique los problemas médicos alegados por los controladores. "Si no hay certificado, no hay baja y si no hay baja, hay trabajo", dijo el ministro. Y si siguen las protestas, "siempre hay planes B y Fomento los tiene pensados". "Hay fórmulas por si siguen protestas", aseguró, de cara a las navidades. "El Gobierno ha cumplido con su deber", dijo el vicepresidente antes de confirmar que el estado de alarma durará 15 días. Sobre las consecuencias económicas del caos, adelantó que, aunque aún no han hecho el cálculo, "es evidente que para ningún país es bueno que haya un bloqueo de sus aeropuertos durante 24 horas".
EL CONVENIO DE LOS CONTROLADORES.- Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la aciaga jornada en la que un grupo de técnicos del Estado pretendió doblar el brazo al Estado mismo y a más de medio millón de ciudadanos que disponían a disfrutar del puente-fin de semana. Hoy se ha sabido que todo el episodio forma parte de las pretensiones que los controladores han venido manifestando de cara a la firma del futuro convenio del sector, y en el que los referidos técnicos aspiran a recuperar niveles salariales y número de horas de trabajo que les fueron rectificadas por el Ministerio de Fomento, iniciándose una guerra sorda entre las partes. Según ahora se demuestra, el ministro de Fomento, José Blanco, ha facilitado algunos datos cruciales de esta historia nada edificante sobre las aspiraciones indecentes de los referidos técnicos “de lujo”. La estrageia de los técnicos las sitúa el ministerio en el sindicato USCA, del que afirma que "la inmensos mayoría de técnicos obedeció indicaciones", pero pronto dejará de hacer "seguidismo" porque no le gusta la actuación de esos dirigentes. Blanco señaló que confía en "la mayoría de los profesionales" del control aéreo, a quienes calificó de "excelentes", pero que no tiene "tanta confianza en quienes ejercen la dirección del sindicato". Sin embargo, se mostró convencido de que la mayoría de los controladores, de quienes dijo que "se ven presionados para hacer seguidismo de una cúpula dirigente", no van a seguir haciendo "un seguidismo que va a tener consecuencias irreparables para ellos". En esa línea de distinguir entre unos y otros controladores, Blanco anunció que los expedientes disciplinarios se efectuarán según una "investigación personalizada caso por caso" y dando a los expedientados "oportunidad de expresarse", porque "hay que saber quién dio indicaciones, y quien abandonó el puesto de trabajo tiene más responsabilildad que quien no acudió a trabajar". Blanco anunció que habrá sanciones de empleo y sueldo, "y algunos se irán a la calle, no quepa duda". A partir de ahora, el ministro de Fomento piensa que "van ser cada vez más los que quieran trabajar de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley. Estoy convencido de que va a haber un antes y un después de lo que ha ocurrido", aseguró. Por lo demás, Blanco no quiso pronunciarse sobre cuánto se prolongará el Estado de alarma, cuya declaración atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero justificó esta respuesta "excepcional" indicando que "lo que han hecho los controladores es excepcional". Zapatero comparecerá el jueves en el Congreso, para explicará la declaración del Estado de alarma. También José Blanco, como Pérez Rubalcaba, pedirán comparecer en la cámara para explicar, el primero, cómo a lo largo del año ha tratado de "desmontar los privilegios" de los controladores, cuya consolidación achacó al convenio de 1999. Y el segundo, para exponer lo sucedido el pasado viernes y sábado. El ministro calificó de "anécdota" que el decreto que precisaba los términos del horario laboral de los controladores se aprobara la víspera del puente de la Constitución, y aseguró que "no fue el detonante" del conflicto, "sino la solución", porque en Santiago de Compostela ya estaba habiendo ausencias de las torres de control "desde hace una semana", por una "interpretación sesgada" del horario y "eso se iba a extender por todo el país"
El diario El Mundo relata este lunes que los controladores que el viernes iniciaron la huelga salvaje intentaron que el Ministerio accediese a sus requerimientos compendiados en la propuesta de convenio colectivo. Presentaron, en efecto, a José Blanco, un documento de diez folios con lea propuesta de convenio del sindicato Usca. A cambio de frenar la huelga ya en marcha, Usca pretendía lograr para los controladores 250 horas menos de las que establece la ley, un blindaje de sus puestos de trabajo y un incremento de la masa salarial que lograría retrotraer la situación a los 300.000 euros de sueldo medio que decidió recortar el ministerio el pasado febrero. Y además, no se tramitarían expedientes de regulación, ni despidos o traslados forzosos. El Ministerio, según el relato de El Mundo, rechazó de plano lo que consideró un claro chantaje.
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