CAMPS, CADA VEZ MÁS CERCA DEL BANQUILLO. RUBALCABA PASA LA DOCUMENTACIÓN DE SORTU A FISCALES Y SUPREMO

CAMPS, CADA VEZ MÁS CERCA DEL BANQUILLO.- Los diarios son buena prueba de hasta qué punto el caso Gurtel divide a la opinión: Para unos, el fiscal pide abrir juicio contra Camps por cohecho, otros hablan del delito continuo de cohecho y de la acusación que pesa contra el presidente valenciano, recibir doce trajes, 4 americanas, 5 pares de zapatos y cuatro corbatas. Un tercer diario, en cambio, destaca que el fiscal “no acusa a Camps de cohecho propio ni pide su rehabilitación”; otro desataca que el fiscal pide para el presidente valenciano una sanción de 41.250 euros y que considera probado que la trama le hizo regalos para ganarse la amistad y su favor. Y, en fin., en otros tres diarios, Camps no es noticia de primera página este sábado… Por su parte, el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, eludía pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar para él esa importante multa de 41.250 euros por un delito de cohecho pasivo en la causa de los supuestos obsequios recibidos de la trama Gürtel, al tiempo que ha asegurado que lo que le "ocupa" y "preocupa" son las próximas elecciones municipales. Lo señalaba Camps en Alzira (Valencia) a preguntas de los periodistas antes de participar en un almuerzo con militantes para presentar a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes, en el que estaba acompañado por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y otros cargos del PP valenciano. Camps prefirió relatar que estaba "ante una reunión excepcional con los candidatos de la provincia de Valencia" y que eso es "lo que realmente le ocupa y le preocupa". “Todos somos conscientes de que estamos ante un éxito electoral sin precedentes con este gran trabajo hecho por mis compañeros de partido y que demuestra que los valencianos quieren que el PP siga gobernando en la Comunitat, en las candidaturas provinciales y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos", agregó. Y aseguró que los "sondeos" que realizan a diario "van aumentando de tal manera la ventaja con el partido socialista que podemos estar ante un éxito sin precedentes". "Les voy a decir a mis compañeros que la enorme responsabilidad que tenemos es que ser candidatos del PP a cualquier ayuntamiento es ser, prácticamente, de antemano alcalde de esos municipios", incidía Camps, haciendo hincapié en que hay que concentrarse "en lo que realmente vale la pena y trabajar por los ciudadanos". "No haremos otra cosa que pensar en nuestra gente, en nuestros pueblos y en nuestra autonomía", sentenció…
Y sin embargo, cualquiera llegará a la conclusión de que la posición del presidente de la Generalitat valenciana es cada vez más difícil de defender. Y parece que, después de un nuevo revés judicial en el caso de sus trajes, la primera conclusión de Francisco Camps es que las penas se pasan mucho mejor en compañía. Por eso hoy tiene previsto presentar en Alzira (Valencia), junto a una selección de altos cargos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, a los candidatos del partido en los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las próximas elecciones. Camps recibió el viernes varias comunicaciones judiciales que resultaron, todas ellas, contrarias a sus intereses. La Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un severo escrito de conclusiones en el que pide sentarlo en el banquillo por un delito de cohecho continuado: haber recibido en consideración de su cargo "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008. Su abogado había intentado, paralelamente, dilatar el procedimiento planteando nuevas diligencias, y tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, las rechazaron. De ahí que Anticorrupción pida para Camps una pena de multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros. En total: 41.250 euros. La fiscalía recuerda que el castigo que reclama para el presidente valenciano es acorde con el Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos. Con la nueva redacción del Código Penal, pactada el año pasado por PSOE y PP, el mismo comportamiento está castigado con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años. El Partido Popular reaccionó a la noticia con extrema cautela. El presidente de la Generalitat logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada. Génova sostiene que una vez más la fiscalía aplica un "doble rasero" al investigar el escándalo de la trama Gürtel y casos que afectan a los socialistas, como las supuestas prejubilaciones falsas en la Junta de Andalucía. A su vez, en Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido. La dirección del PP hizo hincapié en que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción recoge la acusación de cohecho impropio, pero no alude en ningún momento al cohecho propio ni a una posible financiación irregular, desmontando en su opinión "la campaña de insidias" de aquellos que pretendían hacer del caso Gürtel una causa general contra el PP. La supuesta financiación ilegal del PP no forma parte, de momento, del caso de los trajes, y aún está pendiente de ser asumida por el Tribunal Superior valenciano. Además, en contra de lo que afirma el PP, la Fiscalía, en el escrito entregado ayer en Valencia, vuelve a solicitar la acumulación de más delitos a la causa de Camps, entre ellos el de financiación ilegal, delito electoral, cohecho y contra la Hacienda Pública. La dirección del PP insiste en la inocencia del presidente de la Generalitat y cree que así lo acabará demostrando la Justicia. Además, da por seguro que será su candidato a las próximas elecciones autonómicas. El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hace un par de semanas que estaba convencido de que Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes. Por su parte, la oposición se mostraba menos comprensiva, y ha pedido de nuevo que Camps deje el cargo, por entender que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción acerca a Camps "al banquillo de los acusados", y que "lo que debería hacer Camps es evitar la fotografía de un presidente de la Generalitat sentado ante un juez por cohecho, dejar al cargo y acudir al tribunal sin ostentar el cargo", por cuanto el escrito de la fiscalía "deja bien claro que Camps recibió regalos de la trama Gürtel en atención a su cargo" y que el caso "conduce irremediablemente al presidente al banquillo de los acusados".
Es evidente, en todo caso, que la decisión de los jueces frustró lo que a estas alturas parecía el único objetivo de la defensa de Camps: retrasar hasta donde sea posible la apertura de juicio oral. Tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, desestimaron las nuevas diligencias solicitadas por la defensa. El entorno del presidente tenía puestas sus esperanzas en el recurso de apelación visto el martes por la Sala Civil y Penal. La misma que archivó la causa en 2009 con una interpretación que vaciaba de contenido el delito de cohecho pasivo impropio, lo que llevó al Tribunal Supremo a reabrir el caso en 2010. El abogado de Camps solicitaba incorporar a la causa una conversación entre Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y su abogado, grabada en prisión, porque consideraba que beneficiaba a la defensa. Pero esas grabaciones, según recordó la sala, fueron declaradas ilegales por el TSJ de Madrid y no es posible rescatarlas. Ahora, es probable que la sala tenga que volver a pronunciarse. Flors también rechazó ayer dos peticiones de la defensa, y parece seguro que esta recurrirá.
En cuanto a la fiscalía, solicita la misma pena de Camps para Ricardo Costa, que en el momento de los hechos era secretario general del PP valenciano y hoy es diputado regional; y Rafael Betoret, que era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es ahora jefe de protocolo de la Diputación. Para Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat, pide una multa de 35.000 euros. Los cuatro habrían recibido regalos de la trama por valor de 40.374 euros en tres años. El argumento de la acusación es lo más grave: El ministerio público considera acreditado que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de los imputados, "les hicieron llegar de forma continuada, y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos, determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir". Y que los acusados los recibieron siendo conscientes de que les eran entregados por su cargo, "desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre materias en relación con las cuales Correa, Pérez y Crespo mantenían importantes intereses económicos". Entre 2004 y 2009, Orange Market, la empresa de El Bigotes (a quien Camps se refería como "amiguito del alma"), obtuvo contratos del Gobierno valenciano por unos 16 millones de euros. Los regalos, señalan las fiscales, eran adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y eran abonados por seis empresas de la trama: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good & Better, Servimadrid y Orange Market. Los pagos a veces eran en efectivo y otras, a través de cheques y transferencias. Previamente, los empleados de las tiendas contactaban con los imputados para tomarles medidas. Camps y los otros tres acusados recibían las prendas en sus domicilios, en casa de El Bigotes, o en Orange Market. Anticorrupción ofrece un anticipo del “circo” en el que se convertirá el TSJ valenciano si, como todo apunta, se abre juicio oral. La fiscalía solicita interrogar a los acusados y que comparezcan 22 testigos y peritos policiales, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ante un jurado popular. El ministerio público insiste en suspender el procedimiento hasta que no se resuelvan las dos inhibiciones del juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, en favor del TSJ valenciano. Su aceptación implicaría el traslado a Valencia de nuevos delitos (cohecho, financiación ilegal, delito electoral, contra la Hacienda pública y otros) en los que estarían implicados 14 miembros del Gobierno y el PP valencianos. Y que pudieran agravar todavía más las acusaciones contra Camps y sus compañeros de “banda”… En todo caso, han subido mucho las apuestas en favor del relevo de Camps en la candidatura valenciana. Rajoy no se atreverá a sostenerlo por más tiempo, dicen sus propios colaboradores.
SORTU EMPIEZA A CHOCAR CON OBSTÁCULOS LEGALES.- Como cabía prever, la nueva denominación de Batasumna, Portu, empieza a comprobar los escollos que debiera superar –si es posible- para presentarse como opción electoral en Mayo. De momento, el Gobierno “pasa los papeles” a la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Y ya se irá viendo… El vicepresidente Primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido tras el Consejo de Ministros, celebrado el viernes, que la formación de la izquierda abertzale Sortu no será inscrita en el Registro de Partidos Políticos y ha añadido que su departamento no prevé agotar los 20 días de plazo que tiene para instar a la Fiscalía y a la Abogacía a que acudan al Tribunal Supremo para solicitar que sea declarado heredero de la ilegalizada Batasuna. Así de tajante se mostraba el vicepresidente tras ser preguntado sobre el contenido de los informes policiales que, aunque aún no han sido concluidos, "documentarán exhaustivamente" esta postura ante la Sala del 61 del alto tribunal, que es la encargada de aplicar la Ley de Partidos. Sobre las posición adoptada por el Partido Popular (PP) sobre este asunto, Pérez Rubalcaba ha señalado que durante los últimos días se han vertido muchas opiniones de todo tipo, algunas justificadas, pero también otras "indocumentadas", y ha recordado que el Gobierno fijó su posición sobre Sortu el pasado lunes, tras ser presentado el partido.
En este sentido, reprochó al PP que haya tratado de "sacar músculo político" con este asunto. "Que se queden con la firmeza, yo me quedaré con la lucha antiterrorista, que va muy bien", ha dicho. "Hay una acción de la ilegalizada Batasuna, y digo bien porque no se han escondido, al presentar este nuevo partido donde hicieron valoraciones sobre violencia terrorista y violencia de ETA", ha afirmado el vicepresidente Primero, tras reconocer que dichas valoraciones han constituido una novedad. A su juicio, dicha novedad tiene su explicación en la firme defensa de los principios democráticos y en la propia ilegalidad de la organización terrorista, "porque la lucha contra ETA va bien". "A continuación dije que el Ministerio del Interior enviaría su decisión al Supremo a través de oportunas demandas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero veo que hay gente que no lo entendió", ha agregado el vicepresidente. Pérez Rubalcaba ha subrayado que no le corresponde al Ministerio del Interior comprobar la legalidad de Sortu, sino los requisitos administrativos. "Pero este es un caso singular porque es evidente para todo el mundo que se trata de la ilegalizada Batasuna que ha presentado estatutos para un nuevo partido", ha afirmado el ministro para justificar que, a su juicio, "hay continuidad con la formación ilegalizada". Por ello, Interior ha paralizado la inscripción de Sortu en el registro de partidos y lo remitirá al organismo que declaró ilegal a Batasuna, que es el Tribunal Supremo. "No es un partido que cae del cielo, se trata de la ilegal Batasuna", ha añadido. Pese a ello, estas afirmaciones hay que documentarlas en las demandas que se presentarán ante el Tribunal Supremo, según ha explicado. De todo ello está informado el PP, según Pérez Rubalcaba, que ha afirmado que habló con dirigentes populares la misma mañana en la que Sortu fue presentado para informarles de la posición del Gobierno. "Por parte del PP se han hecho declaraciones que tratan básicamente de sacar músculo político", de mostrar ante la ciudadanía que son "los más firmes", ha dicho el vicepresidente. "Me da igual, no voy a hacer ninguna competición porque lo que me importa es la unidad, y el PP lo sabe perfectamente y conoce la posición del Gobierno", ha insistido el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno.