viernes, 11 de febrero de 2011

EL DEBATE SOBRE SORTU. SINDE, FELIZ. BANCOS Y CAJAS OCULTAN DEUDA. LA PRODUCTIVIDAD DE RAJOY.

EL DEBATE SOBRE SORTU.- No hay duda de que las nuevas siglas y denominación de Batasuna, Sortu, centran buena parte de la actualidad política. Ahora mismo, parece ser la única sigla y opción política sobre la que se centra la campaña electoral. O cuando menos, la precampaña: Porque se trata justamente de eso, de concluir en si será contendiente activa o sólo una aspirante frustrada en esas elecciones de dentro de poco más de dos meses -diez semanas, aproximadamente. De momento, vemos cómo se definen los respectivos partidos y dirigentes políticos, con notable variedad de opiniones incluso entre ellos. Pero no sólo el debate alcanza a los partidos y dirigentes políticos, sino también a las instituciones que deben decidir sobre la oportunidad o inconveniencia de que Sortu sea una opción política más de entre las que decidirán los ciudadanos vascos, y acaso también los navarros. Por ejemplo, “fuentes de la Fiscalía” ya han aportado su opinión: El nuevo partido de la izquierda abertzale, dice, debe repudiar la violencia de ETA, "tanto anterior como posterior", para acreditar, "no sólo formalmente, sino materialmente", su completa desvinculación de la banda terrorista y poder concurrir a las elecciones. Fuentes de la Fiscalía han recordado que hay una jurisprudencia firme -constituida por las sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Estrasburgo- que dice que hay una "conexión íntima" entre las formaciones políticas ilegalizadas y ETA, por lo que sólo "una desvinculación absoluta" de la banda puede servir de contraindicio. Esta exigencia es mayor si cabe cuando "quienes han formado parte de esos partidos políticos ilegalizados", como el ex dirigente de Batasuna Rufi Etxeberria, "son los que comparecen públicamente para anunciar la presentación de un nuevo partido". "Evidentemente, hay datos que mantienen esa ligazón" entre ETA y la nueva formación política, añaden las fuentes, que insisten en que para acreditar su desvinculación de la banda, Sortu, además de defender sus ideas por la vía pacífica y democrática, debería repudiar "toda clase de violencia y terrorismo, tanto anterior, como presente o posterior". En ese punto de la condena a la actuación en el pasado, es probable que se centre buena parte de la controversia y las exigencias de opinión más radicales. La opinión de la Fiscalía es trascendente por cuanto está a la espera de que el Ministerio del Interior le remita la documentación aportada por Sortu para su inscripción en el registro de partidos. El Ministerio del Interior cuenta con un plazo de 20 días hábiles -excluidos, por tanto, domingos y festivos- para decidir si inscribe el partido o, como ya avanzó el pasado lunes el titular de este departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, remite la documentación a la Fiscalía, como parece más probable. En ese momento se iniciará un nuevo plazo de 20 días hábiles para que el Ministerio Público estudie el caso y ordene la inscripción en el registro de partidos de Sortu o, por el contrario, inste al Tribunal Supremo a que la prohíba por apreciar que es un intento de continuidad de la ilegalizada Batasuna. En cuanto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado que todo el debate sobre la "pretendida legalidad" de Sortu, sea "lo más objetivo posible dentro del Estado de Derecho". Zapatero ha insistido en que se verá con el tiempo si el paso dado por la nueva formación de la izquierda abertzale es importante o no, para el fin de la violencia terrorista en el País Vasco. En todo caso, ha pedido ser "respetuoso" con la decisión del Tribunal Supremo: "Confiemos en el Tribunal Supremo, en su contraste sobre la pretendida legalidad". Es decir, da por hecho que la Fiscalía remitirá la documentación al Supremo y que será esta institución la que, finalmente, ya pegada a las fechas electorales, deberá decidir. Y mientras tanto, cada cual da su opinión, algunas controvertidas en el seno de la misma formación como ya se comprueba en el PP, con un curioso “doble discurso”: Mientras Mato llega a amenazar con la ruptura del entendimiento Gobierno-PP en materia antiterrorista si se procede a la legalización, en el PP vasco, y por boca de Oyarzábal (segundo de Basagoiti) se manifestó respetuoso con lo que decidan los tribunales, y solicitó generosidad con quienes se integren en la sociedad civil vasca.

SINDE, FELIZ CON SU LEY.- Ángeles González Sinde fue entrevistada ayer en el programa de televisión 'Informativos Telecinco Matinal', donde mostró su satisfacción por el consenso alcanzado en la aprobación de la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible relativa a la protección de los derechos de autor. González-Sinde celebró que "el 95% de los senadores" haya aprobado la medida. "Es algo muy importante y de lo que debemos alegrarnos". La ministra insistió en las razones que justifican la disposición: "El potencial de la cultura hay que salvaguardarlo" y que "esa riqueza no puede perderse en la Red". Además, la titular ha anunciado que en los próximos años "veremos cambios en muchos ámbitos" de Internet. González Sinde ha asegurado que "el Ministerio ha escuchado a todas las partes" y que "la prueba de ello es que aquéllos a los que se les ha llamado 'lobbies', no están plenamente satisfechos". En ese sentido, la ministra ha señalado que "el equilibrio se encuentra escuchando y buscando una manera en la que todos los derechos sean compatibles". "El potencial de la cultura es importante y hay que salvaguardarlo y permitir que sea accesible a todos los ciudadanos", ha mantenido. Además, la titular de Cultura ha respondido a las preguntas que los internautas han formulado desde Twitter. Así, a una cuestión de Pablo Soto, juzgado por haber creado varios programas P2P, González Sinde ha comentado que "la comisión no prevaricará y actuará conforme a la ley". "Lo más importante es entender que la Red es una herramienta de difusión de la cultura". La ministra reiteró que "nuestra música, literatura, cine y arte tienen que estar en Internet" aunque ha dicho que "no puede ser que esa riqueza se pierda y no se tribute". Además, anunció que "en los próximos años veremos cambios en muchos ámbitos de la Red". En ese sentido, ha señalado que "las grandes empresas serán las aliadas de esta distribución de la cultura y verán que es una oportunidad". Por ello, ha vaticinado que "los precios bajarán y serán más competitivos". En relación con la renuncia de Álex de la Iglesia como presidente de la Academia de Cine, Sinde ha señalado que "es una persona muy preparada y muy inteligente, que es una pena que renuncie a su cargo". "Ha ayudado mucho y ha contribuido a dar a conocer mucho el debate sobre la Ley". "Espero que Álex de la Iglesia se siente conmigo como todos los años", ha aclarado la ministra quien ha declarado afecto y admiración por el director de cine.

BANCOS Y CAJAS OCULTAN 80.000 MILLONES DE CRÉDITO PROMOTOR.- Según una información que proporciona El Confidencial, los bancos y cajas de ahorros han ocultado 80.000 millones, como mínimo, de crédito promotor en los informes de transparencia que han tenido que remitir al Banco de España al cierre de 2010. Esta cifra es la diferencia entre la exposición al ladrillo calculada por el supervisor y la suma de la declarada por cada una de las entidades. Ante esta situación, el gobernador Fernández Ordóñez ha dado orden a los inspectores de mirar con lupa los informes para comprobar su fiabilidad, según fuentes de toda solvencia. El Banco de España calculó, con datos de junio de 2010, que el crédito a promoción inmobiliaria del conjunto del sistema financiero ascendía a 319.000 millones, ya que el supervisor ha permitido a bancos y cajas que dejen fuera el crédito constructor que no tiene relación directa con la promoción inmobiliaria en sus informes. Según su propio Boletín Estadístico, el crédito a la construcción no inmobiliaria asciende a unos 120.000 millones. Frente a esos 319.000 millones de crédito promotor puro calculado por el Banco de España, las entidades han declarado una cifra conjunta de 239.285 millones. Dentro de esa suma se incluye prácticamente el 95% del sistema financiero; es decir, la cantidad global será muy ligeramente superior. Es decir, hay 80.000 millones de diferencia que no se justifican de ninguna manera y que, por consiguiente, bancos y cajas han ocultado en sus informes de transparencia. Y eso como mínimo, porque no todas las entidades han segregado el crédito constructor en sus informes. El propio Banco de España ha reconocido públicamente la dificultad para separar ambos conceptos. La suma del crédito promotor y el constructor calculados por la antigua autoridad monetaria arroja 439.000 millones, con lo que la diferencia con lo declarado por bancos y cajas puede llegar a un máximo de 200.000 millones. Estas contradicciones entre lo que reconoce el sector y lo que dice el Banco de España no son nuevas: también ocurre con el crédito, ya que la mayoría de las entidades grandes y medianas asegura aumentar su inversión mientras que el supervisor publica caídas mes tras mes. Algo que sólo contribuye a minar aún más la ya de por sí escasa credibilidad de las cuentas de las entidades españolas en el exterior. En todo caso, esta evaporación de 80.000 millones ha hecho que el Banco de España se haya puesto a supervisar exhaustivamente los informes remitidos por las entidades para comprobar la exactitud de las cifras y que el escenario que presente cuando haga públicos los resultados de este ejercicio el 4 de marzo sean coherentes. Las diferencias también son notables, si bien de menor magnitud, en otros conceptos que deben incluirse en estos informes. Así, las entidades han declarado como morosos créditos a promotores por valor de 41.960 millones, el 17,5% de los citados 239.285 millones. Las estimaciones del Banco de España elevan esta cantidad hasta 47.900 millones. Más notable es la discrepancia en el crédito calificado como subestándar, es decir, el que todavía no es moroso pero corre un alto riesgo de serlo en el futuro. El sector sólo reconoce 39.750 millones en esta categoría frente a los 57.600 millones calculados por el supervisor. Aquí los bancos y cajas tienen más flexibilidad, puesto que la calificación como subestándar de muchos créditos es bastante subjetiva. Finalmente, en lo que respecta a los activos adjudicados como pago de préstamos incobrables, el sector admite haberse 'comido' 61.576 millones y el supervisor eleva esta cantidad hasta 70.000 millones. Con todo esto, la "exposición potencialmente problemática", como la califica el Banco de España (morosos más subestándar más adjudicados) debería alcanzar los 180.800 millones según sus estimaciones, mientras que bancos y cajas sólo reconocen 143.286 millones.

LO SEXUAL Y LA AGRESIVIDAD, JUNTOS EN EL CEREBRO.- Un minúsculo grupo de neuronas situado en la base del hipotálamo controla tanto las conductas sexuales como las de agresión, según una investigación del Instituto de Tecnología de California (EE.UU.) que se presenta hoy en la revista Nature y de la que ha dado cuenta La Vanguardia. Los resultados muestran que hay “una estrecha relación entre los circuitos de la agresión y los de la reproducción en el cerebro”, ha explicado a La Vanguardia David Anderson, director de la investigación. Estos resultados podrían explicar por qué algunas personas tienen conductas sexuales agresivas o por qué otras experimentan placer cuando actúan con violencia. Si se confirma que este grupo de neuronas del hipotálamo están en el origen de las agresiones sexuales –una hipótesis que se deriva de la investigación pero que por ahora no está demostrada, advierte Anderson–, se podrían desarrollar nuevos tratamientos en el futuro para rehabilitar a los agresores sexuales. El neurocientífico Clifford Saper, de la Escuela de Medicina de Harvard (EE.UU.), que no ha participado en la investigación, argumenta en otro artículo publicado en Nature que se podrían utilizar los resultados del equipo de Anderson “para cambiar la conducta humana”. Por ahora, la investigación se ha realizado en ratones. Pero dado que el hipotálamo es una región primitiva del cerebro que se ha conservado sin apenas cambios a lo largo de la evolución de los mamíferos, los investigadores consideran que los resultados son extrapolables a la especie humana. Esto no significa que la sexualidad y la agresividad humanas sean iguales que las de los ratones, ya que se han enriquecido a lo largo de la evolución con el desarrollo del córtex y otras áreas del cerebro. Pero el interruptor maestro que controla las conductas sexuales y las agresivas, ubicado en un rincón del hipotálamo, es común. Los investigadores han puesto ratones macho en contacto con otros machos para estimular conductas agresivas y en contacto con hembras para estimular conductas de apareamiento. Tras estos experimentos, han observado qué había ocurrido en sus hipotálamos. Han identificado así una pequeña región del hipotálamo, que ya de por sí es pequeño, llamada núcleo ventromedial, que es clave tanto en las agresiones como en los apareamientos. Y dentro de esta región, han identificado otra aún más pequeña –el núcleo ventromedial ventrolateral, para los lectores interesados por la anatomía– que es la única que se activa en encuentros sexuales o de agresión. Lo que los investigadores han encontrado allí es un mecanismo complejo e imperfecto de regulación del sexo y la agresividad. Una parte de las neuronas de este núcleo se activa sólo en caso de agresión. Otras se activan sólo en caso de apareamiento. Pero hay cerca de un 25% que se activa en ambos casos. Los investigadores han observado además que, si se estimulan las neuronas responsables de la agresión durante un apareamiento, no se consigue que los ratones reaccionen de manera agresiva. Esto indica que las neuronas que regulan ambas conductas se inhiben entre ellas: si están activas las del sexo, no pueden activarse las de la agresividad; y, en consecuencia, si están activas las de la agresividad, no pueden estar activas al mismo tiempo las del sexo. Una regulación incorrecta de este mecanismo de inhibición recíproca podría difuminar la frontera entre sexo y violencia, señala Anderson, aunque advierte que, “en el punto de la investigación en que estamos, esto aún es especulativo”.

LA PRODUCTIVIDAD DE RAJOY.- El PSOE ha difundido este miércoles un vídeo, del que da cuenta La Vanguardia, y en el que ironiza sobre la "productividad" del presidente del PP, Mariano Rajoy, y en el que se pregunta "retóricamente" si el líder de la oposición produce al nivel de lo que, al parecer, son sus ingresos. El vídeo, que dura 32 segundos, recoge unas imágenes de este mismomiércoles de Mariano Rajoy saliendo del Congreso de los Diputados, junto con otros compañeros de su partido, mientras se escucha la voz de una periodista que le pregunta su opinión sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas. Rajoy titubea en varias ocasiones y, finalmente, declina responder a la pregunta. Las imágenes vuelven a repetirse luego, en una ventana más pequeña, mientras al lado aparece la portada de hoy del diario "Público", que titula "Rajoy gana 200.000 euros". Para acabar, unas letras sobreimpresas preguntan: "La productividad de Rajoy, ¿vale 200.000 euros?". Fuentes de la dirección federal del PSOE han asegurado que el vídeo no pretende ridiculizar a Rajoy, sino preguntar "retóricamente" por qué no tiene opinión sobre un asunto -el endeudamiento de las comunidades autónomas- sobre el que su partido ha centrado buena parte de sus críticas al Gobierno en las últimas horas. Al mismo tiempo, de acuerdo con las fuentes, también lanzan el interrogante de si Rajoy ganaría 200.000 euros si su salario estuviese vinculado a la productividad.
DIPUTADOS QUE SON PLURIEMPLEADOS.- Del Congreso al bufete. O al despacho de gerente de la clínica privada. O a la sesión del consejo de administración de la petrolera. Esa, con distintas variantes, viene a ser la rutina habitual de un puñado de diputados que, de llevarse a efecto la reforma legal planteada por el PSOE, tendrán que elegir entre el escaño y su profesión. El Congreso no dispone de una lista de los parlamentarios que compaginan el cargo electo con su profesión, pero un repaso a las fichas individuales de la obligada declaración de actividades, constata que una abrumadora mayoría de los 350 miembros de la Cámara colabora en medios de comunicación, especialmente radiofónicos o televisivos. Pero el objetivo de la reforma no es privar a los diputados del altavoz que micrófonos y platós les proporcionan a cambio de nada o de pequeñas indemnizaciones. La meta de la reforma es forzar que los 47 diputados que, según los datos ofrecidos por José Bono en marzo de 2010, compatibilizan el trabajo parlamentario remunerado y el trabajo privado igualmente retribuido elijan entre una cosa y la otra. Los dos grandes grupos albergan en sus filas a la mayoría de los diputados que hacen doblete. Pero los datos revelados por Público en marzo de 2009, que se mantienen de manera sustancial, constatan que los casos más notorios de pluriempleo se ubican en las filas del PP. En total, y según la información obtenida por este diario hace dos años, cuando el Registro de Actividades no era aún accesible desde la web del Congreso, más de 250 diputados admitían entonces tener segundas dedicaciones al margen de su responsabilidad política. Otros 85 no reconocían ninguna ocupación privada. Por lo que respecta a la Cámara Alta, 62 de los 259 senadores admitían en 2009 su relación con el sector privado, 48 tienen que ver con empresas y los 14 restantes compaginan su escaño con despachos profesionales, sobre todo de abogacía, al igual que ocurre en el Congreso. Tras la dimisión como diputados del expresidente de Endesa y fugaz estrella conservadora Manuel Pizarro, y de la del abogado y extitular de Justicia José María Michavila, el pulso empresarial agita el currículum de diputados como los también exministros Ángel Acebes y Miguel Arias Cañete. Acebes ejerce la abogacía y pertenece al consejo de administración de Cibeles, SA, la macrocorporación financiera de Caja Madrid. Da conferencias remuneradas y pertenece, sin retribución alguna, al patronato de la fundación FAES, el laboratorio de ideas que capitanea José María Aznar. Su homólogo en la condición de exministro, Miguel Arias Cañete, presidente de una compañía de crudo y de la fundación del RACE Real Automóvil Club de España, ejerce la abogacía y se sienta en el consejo de administración de Bami New-Co, SA. Dado que el Registro de Rentas y Bienes no es público, resulta imposible colegir si los dos diputados citados o cualquier otro del hemiciclo posee acciones en compañías por las que en un momento dado pueda versar su actividad parlamentaria. Pero la información conocida basta para sostener que el listón de Acebes y Arias Cañete se sitúa muy por encima de la media de aquellos que en el Congreso compaginan actividad pública y privada. La pertenencia a órganos de control de cajas de ahorros o sus corporaciones y filiales se repite. Además de Acebes, los socialistas Eloísa Álvarez y Joan Canongia y los conservadores José Ignacio Echániz y José Ignacio Llorens figuran en este grupo. Como parlamentarios, todos ellos pulsarán el botón de votaciones cuando el Congreso debata la privatización de las cajas auspiciada por el Gobierno. Es una de las paradojas que origina el actual sistema de compatibilidades. Otros diputados, aquellos que participan en empresas familiares, tendrán más fácil la opción de obtener la compatibilidad tras la reforma. Es el caso del convergente Josep Sánchez Llibre y de los conservadores Arsenio Pachecoy Juan de Dios Martínez Soriano. Los dos últimos son farmacéuticos. Y ambos declaran tener botica.
LOS ESTATUTOS IMPOLUTOS DE LA NUEVA BATASUNA, SORTU.- Sortu (Crecer), el nuevo partido de la izquierda abertzale, se presentó el miércoles en Madrid con unos estatutos impolutos que recogen un claro rechazo de la violencia de ETA. Los servicios antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil trabajan en sendos informes que reconocen la legalidad de la documentación presentada, pero aseguran que disponen de pruebas "contundentes", según sus palabras, de que Sortu es una continuidad de la ilegalizada Batasuna y no procede su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Los estatutos y los citados informes serán remitidos en los próximos días al fiscal jefe de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Antonio Narváez. Las fuentes de Interior consultadas manifestaron a El Confidencial que lo más probable es que la Fiscalía plantee un "incidente de ejecución" de la sentencia que en su día declaró ilegal a Batasuna para que le sea aplicada a Sortu. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá la Sala del 61 del Supremo. Los estatutos de la nueva formación desvelaron ayer la identidad de sus cuatro promotores: José Javier Artola Zubillaga, Miren Karmele Agirregabiria, Rakel Jausoro y Maider Etxebarría, que ejercerá como secretaria general y líder de Sortu hasta que se celebre el congreso constituyente. Todos ellos perfectos desconocidos para la opinión pública y para los servicios de información, a los que no les consta la militancia previa de ninguno de ellos en otras organizaciones de la izquierda abertzale ilegalizada. Curiosamente, Iñaki Zabaleta, profesor de Periodismo de la Universidad del País Vasco, que ha ejercido de portavoz en la presentación pública del partido, el martes en Bilbao y ayer en Madrid, no figura entre los promotores. En su comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de la Asociación de Amigos de la Unesco Zabaleta leyó el mismo documento que el día anterior desgranó en la capital vizcaína con la apuesta de Sortu por las vías exclusivamente política y democráticas y la condena de todo tipo de violencia, incluido la de ETA, pero cuando se disponía a cerrar el acto se encontró con una avalancha de preguntas que intentó eludir sin demasiado éxito. A la interpelación de qué pensaba hacer Sortu para ganarse la credibilidad de la sociedad pidió "tiempo y una oportunidad para demostrarlo", pero eludió pedir a ETA que desaparezca cuando se le planteó que esa sería la prueba irrefutable de su ruptura con el pasado. Hasta ahí no llegó. "Hemos dicho que somos un proyecto nuevo que rechaza y reniega de la violencia", se defendió como pudo, visiblemente incómodo ante una situación inesperada. "No somos la continuidad de nada y nadie nos fagocitará", insistió. El acto estaba tan planificado que terminó siendo un fiasco. Zabaleta rehusó facilitar una copia de los estatutos, que ya estaban colgados en la edición digital del diario Gara; a identificar a los promotores y firmantes de los estatutos, que obviamente figuran en los estatutos, y a aclarar cualquier otra cuestión que no estuviera en el guión previamente marcado. Los estatutos aportan escasas novedades a lo ya conocido. Rufi Etxeberría e Íñigo Iruin  hicieron el lunes la primera presentación de Sortu en el palacio Euskalduna de Bilbao. Allí, el primero de ellos leyó un texto que ha resultado ser el capítulo preliminar de los estatutos, e Iruin incidió en los aspectos formales que se han incorporado a ellos para cumplir fielmente la Constitución y la Ley de Partidos. Tras su definición como un partido independentista, socialista y euskaldun que aspira a la formación de un Estado vasco, es en el artículo 3, en el apartado dedicado a su "actividad externa", donde Sortu de desmarca claramente de ETA y de las anteriores formaciones de la izquierda abertzale. El texto dice que todos los militantes de Sortu se guiarán por los siguientes criterios:  el "rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo (una palabra hasta ahora tabú) y de sus autores"; el "rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos", y el "rechazo de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia, con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia, así como con cualquier manifestación del fenómeno terrorista".  Si no los cumplieran, serían expulsados del partido. El redactor del texto ha hecho especial hincapié en desligar al nuevo partido de anteriores formaciones de la izquierda abertzale para impedir, precisamente, que pudiese ser considerado una continuación de las mismas; el argumento que va a utilizar el Gobierno para intentar evitar su legalización. "No se trata de la reconstitución o refundación de organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura respecto de ellas", es un ejemplo de esa voluntad. Otro párrafo en la misma dirección dice textualmente que "el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale supone una ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquéllos daban lugar. Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia, o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella". Una indisimulada referencia a ETA, y el reconocimiento implícito de que Batasuna actuó siguiendo sus instrucciones. Perdida en el texto, casi escondida, una resolución importante: la posibilidad de fusionarse con otro partido si así lo acuerda un congreso extraordinario convocado al efecto. Un anticipo de una futura e hipotética unidad de acción, y tal vez de siglas, con EA y Alternatiba, las otras dos formaciones del llamado "polo soberanista". El resto del documento es una enumeración de los órganos de representación, gobierno y administración, similares a los de cualquier formación legal.
PELÍCULA A DEBATE CATÓLICO.- El nombre de la rosa como filme herético. La adaptación al celuloide de la obra de Umberto Eco será objeto de debate en la cadena televisiva católica 13tv, que ha programado para este domingo una tertulia que "descubrirá los errores históricos, filosóficos y teológicos que encubre este título". Tras la proyección de la cinta, dirigida por Jean-Jacques Annaud, Juana Samanes contará en Cine con Mayúsculas con un historiador medievalista y un teólogo para criticar la película por atacar a la Iglesia católica, según informa la cadena en una nota. "Eco busca con este título crear una corriente anticlerical", añade el comunicado, que sostiene su embestida a la cinta en las "numerosas críticas" existentes en Internet. La cadena —cuyo lema es Creemos— también cita, para sostener su tesis, al periodista converso Vittorio Messori, autor de la entrevista con Juan Pablo II Cruzando el umbral de la esperanza, quien asegura que el propio autor de la novela le llegó a decir que "quería ser un ajuste de cuentas con su pasado católico". El nombre de la rosa, que tuvo un gran éxito tanto en librerías como en cines, relata la investigación llevada a cabo en el siglo XIV por un monje franciscano, interpretado por Sean Connery, que acude a una abadía para resolver unos misteriosos asesinatos.
EL PP GUARDA ASUNTOS PARA OTRO MOMENTO... -Asegura Libertad Digital, la web de Federico Jiménez Losantos, que en el cuartel general de los populares, en la madrileña calle de Génova, se resignan ante la tremenda fuerza que tienen los sondeos para asegurar, con redobles de solemnidad, que la estrategia marcada por Mariano Rajoy -y diseñada, en gran parte, por su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola- es un éxito rotundo que no deja lugar "a ninguna otra interpretación". "El CIS, sin pasar por cocina, nos da diez puntos de distancia con respecto al PSOE. Eso significa que estamos a una distancia aún mayor de la que nos ofrecen las encuestas privadas, incluso las nuestras. Tenemos mayoría absoluta", dice, con grandes dosis de euforia, uno de esos dirigentes que configuran el cinturón más cercano al líder del PP. Una línea a seguir, fraguada al calor de lo que recomiendan los estudios demoscópicos, que pasa por hablar única y exclusivamente de economía. "Lo importante", viene a advertir Rajoy en cada mitin o acto público que protagoniza, es salir del atolladero actual, y para ello hay que "crear empleo irremediablemente". "Esa es la prioridad", remachó el jefe de la oposición en una reciente intervención. "Y a eso estamos en el PP, a hablar de economía y de los problemas reales de la gente (...) Las encuestas avalan este discurso", sentencian las fuentes consultadas por Libertad Digital, del citado núcleo duro del ‘jefe’. Pero, ¿y qué pasa con todo aquello que no es economía? En octubre de 2010, y ante la plana mayor del PP -Rajoy incluido-, José María Aznar hizo suya la advertencia que ya en la campaña de las elecciones europeas Jaime Mayor Oreja no se cansó de repetir: "Sin duda alguna la crisis institucional es aún peor que la económica". Y es que, recalcó el ex presidente, de lo que hablamos es de "la ruptura" de la nación y de un "daño" institucional que puede llegar a ser irreversible. Dejando fuera la máscara pública, y ya amparados por el off the record, cargos con peso a nivel interno admiten que su "electorado de siempre" a veces puede verse "confundido" porque "no entremos a matar en asuntos" en los que antes hacían bandera. Una lista que no deja de ser extensa: desde la investigación de la matanza del 11-M hasta la política antiterrorista del Gobierno, no sin obviar los asuntos sociales, como las leyes del aborto o el matrimonio homosexual o la polémica Ley de Educación para la Ciudadanía. "Javier -Arenas- nos metió en un problema", admiten en Génova, ahora con las aguas más calmadas, cuando vinculó a ETA con el atentado terrorista de Atocha. "Cuando lleguemos al Gobierno veremos con qué nos encontramos y será entonces, ya en el poder y si lo vemos claro, cuando tomaremos cartas en el asunto". "El PP tiene fijada una posición sobre este asunto y no la estamos fijando todos los días salvo que se nos pregunte", corroboró el propio Rajoy, quien zanjó que "no forma parte" de su plan hacer oposición sobre la investigación judicial abierta en relación al 11-M. El caso de la lucha contra ETA es distinto. Los estrategas del PP confiesan que, si finalmente Batasuna se cuela en las instituciones, "tendrán que dar la batalla". Otra cosa es que les convenga: "No queremos volver a enfrentarnos por este asunto como en la legislatura pasada, eso nunca nos convendría", arguyen. Esperan, en este sentido, que el Gobierno "no cometa los errores del pasado". "Personalmente, yo sí me creo lo que dice Jaime -Mayor Oreja-. Y sí, en la anterior legislatura nos bastaba su diagnóstico para fijar postura, pero las cosas han cambiado", afirmó, antes de la masiva manifestación de víctimas en Madrid, un miembro del Comité de Dirección del PP en un encuentro distendido con periodistas. Libertad Digital ya informó de que Rajoy "cree" al ex ministro, pero "necesita pruebas", en palabras de miembros tanto de las direcciones central y vasca; órgano este último en el que el ex ministro empieza a ser visto como un enemigo más para sus intereses. En materia social, el líder del PP ya esbozó por dónde irán los tiros en la Convención Nacional celebrada en Sevilla: "Quiero una España que rescate el valor de la familia para devolverle la importancia que le otorga la Constitución", avanzó, dejando fuera de su discurso palos de los que hizo bandera no hace tanto tiempo. Sobre de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía, por ejemplo, Rajoy dijo en una reciente entrevista que la derogará, si bien en el proyecto educativo que entregó al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo nacional no incluyó este extremo. "Ya veremos cuando gobernemos", se limitan a decir los suyos. En cuanto a Ley del Matrimonio Homosexual, fuentes solventes aseguran que no se tocará: "Es una norma ya asentada y aceptada", sentencian, para a renglón seguido recordar que Rajoy aseguró que "escuchará a la gente" y "la gente quiere esta ley", según un miembro de la cúpula nacional. Se dan más posibilidades con respecto a la Ley del Aborto, que en voz de Rajoy se suprimirá restableciendo la anterior. Muchas voces en el PP no van tan allá: "Ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional". Temas capitales, así lo consideran incluso en el principal partido de la oposición, guardados en el cajón del olvido a la espera de las elecciones generales. Si las ganan, y ya con la comodidad de llevar las riendas del poder, puede que se pongan manos a la obra. No es, ni mucho menos, algo seguro. Lo único por lo que todos en el PP luchan ahora es por "un nuevo tiempo político".
EGUIGUREN, SEGÚN LIBERTAD DIGITAL.- Es conocido como 'Txusito' en el entorno etarra. Una familiaridad que no sorprende a tenor del tono que utiliza en la entrevista que publicó este miércoles El Correo, y que reproduce Libertad Digital. El presidente de los socialistas vascos no oculta su euforia por la nueva de burla de Batasuna-ETA en forma de nuevo partido: "El lunes fue el primer día de la paz en Euskadi, porque esto es irreversible. Siempre se habla de la primavera de Praga, pero la primavera que siempre hemos esperado en el País Vasco ha llegado". En su opinión, "llegará el día" en que Batasuna-ETA tenga que "reconocer el daño causado" pero que en el País Vasco "será más fácil que en otras partes. Hemos ido a las mismas fábricas, a las mismas escuelas..." Eguiguren explica en qué consistirá esa ¡primavera vasca': "La disolución de ETA es algo que todos los demócratas tenemos que exigir, pero que no se va a producir a corto plazo. Tienen unas estructuras, unos presos, y piensan que si se disuelven serán más débiles. De lo que se trata es de convencerles de lo contrario". De sus compañeros de potes, dice que"se han dado cuenta de que el terrorismo y las txapelas del Che han pasado de moda y les generan más perjuicios que beneficios". Está convencido Eguiguren de que no hay vuelta atrás. "Pero una cosa es que quieran volver y otra que puedan hacerlo". Y es que, en su opinión, "el terrorismo vasco no es el islámico. Digamos que es VIP. Recuerdo que cuando estábamos negociando en Oslo en el anterior proceso un alto cargo del ejecutivo noruego me dijo: 'Es la primera vez que veo al representante de un gobierno con los pantalones arrugados y a los terroristas de punta en blanco'. Eso demuestra como soy yo y como son ellos". Lo relevante del texto de Batasuna es, para Eguiguren, "quién lo leyó, quién lo elaboró" y manifiesta "absoluta" confianza en el siniestro Rufino Etxeberría. También confiesa que le hubiera gustado estar en el acto, "pero hubiese sido muy imprudente por mi parte". La nota que envió fue "una manera de estar sin estar y se menciona a las víctimas como lo hacía Víctor Jara, empleando la palabra ausentes". Por último, planea reunirse con los proetarras cuando sean legales y pide a Patxi López que convoque una especie de mesa de Ajuria Enea: "Lo que no puede haber son legales de primera y de segunda".
GALICIA RECLAMA A MADRID 800 MILLONES.- En medio del pulso que Santiago y Madrid mantienen por el recurso de inconstitucionalidad anunciado contra el nuevo catálogo gallego de medicamentos, la Xunta exhibió el miércoles su propio armamento judicial, que podría tomar la forma de un recurso ante el Tribunal Constitucional si la Administración del Estado no abona los 805 millones de euros que, según la Consellería de Facenda, le corresponden a mayores a Galicia en el 2011 con el sistema de financiación pactado con las autonomías. La cifra reclamada fue invocada ayer por Feijoo en el Parlamento e incluye desde anticipos del Fondo de Cooperación hasta ajustes en la liquidación del IVA, según explica La Voz de Galicia. El mandatario autonómico se limitó a informar al Parlamento de que el Consello de la Xunta pedirá hoy mismo una reunión de la comisión bilateral con el Gobierno central para «non ter que recurrir», dijo, los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 ante el Constitucional, algo que, de producirse, sería el primer recurso interpuesto por la Xunta contra el proyecto contable del Gobierno. En dichos presupuestos, el Ejecutivo gallego echa en falta los 805,43 millones de euros que deberían figurar, según sus cálculos, con la aplicación del sistema de financiación para el actual ejercicio, tal y como explicó la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, y el viceportavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, en una reunión informal ofrecida a los periodistas para explicar el contenido de la reclamación. La cantidad que echa en falta la Xunta se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, reclama 228,81 millones de euros del denominado apartado de Statu Quo, que es la cifra mínima que el sistema le garantiza a las comunidades para mantener el nivel de financiación del 2009. Según Facenda, esta cifra se fijó en el acuerdo en 1.400 millones de euros, pero en la anualidad de este año habría 228,81 millones menos de lo pactado. En segundo lugar, la Xunta reclama a Madrid 171,61 millones de euros por los ajustes del IVA. En realidad, el Gobierno gallego no niega el derecho del Estado a restarle esta cifra, pero sí cuestiona que lo haga ahora, en el 2011, y no en el 2013, pues Facenda insiste en que corresponde hacer este ajuste con la liquidación definitiva en la mano, que no se producirá hasta dentro de dos años. En todo caso, en el 2013 el Gobierno central sí le restaría a Galicia esos 171 millones. Quedan, por último, más de 400 millones de euros de los anticipos a cuenta de este año y el anterior. La Xunta incluye en la reclamación los 242,65 millones de euros incluidos ya en los presupuestos de la Xunta -las otras cifras no lo están- para el 2011, así como 162,36 millones de euros más procedentes del anticipo de los recursos adicionales del ejercicio del 2010. Facenda dice que estos fondos tienen que entregarse cada año, algo que incumple Madrid. Si el Gobierno central convoca la comisión bilateral con Galicia, como le pide la Xunta, para negociar la reclamación gallega de los 805 millones, la Consellería de Facenda puede asegurarse prácticamente el plazo de un año para negociar un acuerdo con Madrid que evite el recurso de inconstitucionalidad. Dicho recurso debería presentarse tres meses después de la aprobación de los Presupuestos Generales, pero la negociación bilateral permitiría que se ampliase en medio año más. Si no hay acuerdo, el recurso se presentaría hacia finales del 2011.
 
LOS COMPROMISOS DE ZAPATERO Y MAS.-Según el análisis que ha facilitado el diario El País, José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas conversaron el pasado lunes en el Palacio de la Moncloa durante tres horas sin que nadie les molestase. Aunque hay fotos y vídeos que prueban ese hecho, más parece que hablaron por teléfono en una comunicación llena de interferencias que sofá contra sofá en una charla íntima, observa, porque “o no se entendieron o están engañando”. El caso es que ambos han organizado un lío colosal. Tres días después de la cita entre Zapatero y el presidente catalán, los rescoldos del malentendido entre ambos dirigentes siguen humeando por todos los rincones políticos de España. Artur Mas salió con gesto triunfante de las tres horas de sofá con Zapatero y detalló a los periodistas los compromisos que, supuestamente, arañó del presidente del Gobierno: "Incluso antes de la aprobación del plan de estabilidad que hemos mandado al Gobierno y al Ministerio de Economía, es muy posible que se nos autoricen operaciones de endeudamiento a largo plazo, que es lo que pedíamos. Esto aliviaría la situación de tensión de tesorería de la Generalitat de Cataluña y permitiría una cierta normalización de nuestros pagos, cosa fundamental para transmitir confianza". Esta explicación de Mas, que ni su interlocutor José Luis Rodríguez Zapatero, ni el ministerio de Economía, quisieron corregir, rectificar, matizar o aclarar en las 24 horas siguientes a esa declaración, avivó los recelos y desató la alarma en otras comunidades que, como Cataluña, viven con el agua al cuello, carecen de liquidez para pagar a sus proveedores, han superado el déficit que le impusieron para 2011 y sufren la receta de pan y agua que les aplica el Gobierno desde hace cuatro meses. Presidentes autonómicos del PP y del PSOE avisaron a Zapatero de que no admitirían ningún trato de favor a Cataluña. El 3 de septiembre de 2010, el Ministerio de Economía y Hacienda había aprobado unas nuevas reglas de endeudamiento para las comunidades con el objetivo de reducir el déficit público. Entre ellas, una norma muy dolorosa para las autonomías con problemas financieros, como Cataluña: "No se autorizará ninguna operación que incremente el nivel de endeudamiento de una comunidad autónoma hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no haya informado favorablemente de su plan de reequilibrio". Artur Mas declaró el lunes en el Palacio de la Moncloa, a escasos metros del lugar donde había charlado en la intimidad con Zapatero: "Incluso antes de la aprobación del plan de estabilidad que hemos mandado al Gobierno y al Ministerio de Economía, es muy posible que se nos autoricen operaciones de endeudamiento a largo plazo". Si era verdad, el Gobierno se había saltado a la torera sus nuevas reglas de endeudamiento para favorecer los apuros de Cataluña sin necesidad de que presentara duros planes de ajuste. Castilla-La Mancha y Murcia habían superado a mitad de 2010 el límite del déficit que se les había impuesto y el ministerio de Economía decidió en noviembre que no podrían recibir "más autorizaciones de endeudamiento". Cataluña, que reconoció haber superado el déficit a final de 2010, recibía autorización para más "endeudamiento a largo plazo", según Más, incluso antes de que se aprobase su plan de estabilidad. Si era mentira, el Gobierno había dejado pasar un tiempo precioso para explicarse y de esa manera evitar la catarata de reproches, lamentos y críticas que llovió desde la mayoría de los gobiernos autonómicos. Zapatero tardó día y medio en aclararlo y lo hizo en un pasillo del Congreso de los Diputados. "Si no cumplen el déficit, para poder endeudarse y refinanciar la deuda, tienen que presentar un plan de consolidación fiscal, esto estaba antes, estaba durante la entrevista con Mas y después. No ha habido trato de favor ni rectificación por parte del Gobierno”. Mas, que antes de presidente de la Generalitat fue cuatro años (1997-2001) consejero de Economía y Finanzas en el Gobierno de Jordi Pujol, debería saber de estas cosas. O escuchó mal al presidente del Gobierno pese a la charla íntima sofá contra sofá o quiso transmitir una idea engañosa de la cita. O escuchó bien y Zapatero se arrepintió después del incendio que habían desencadenado sus buenas palabras al presidente catalán. Para ponerle un lazo el malentendido, desde el Gobierno catalán se trasladó ayer el mensaje de que Zapatero, en su reunión del lunes en Moncloa puso pegas al plan de consolidación fiscal que ha presentado Mas, con un recorte del 10% del presupuesto de este año, por considerarlo insuficiente. Si eso es verdad, lo de la conversación con un teléfono roto entre Mas y Zapatero se queda muy corto para expresar lo sucedido en esas tres horas de diálogo entre dos personas que se conocen desde hace muchos años pero que no se acaban de entender.

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