DOS CITAS PARA HOY. BATASUNA PRESENTA ESTATUTOS. ARTUR MAS PRESENTA LAS CUENTAS DE CATALUÑA EN MONCLOA

DOS CITAS: La política tiene este lunes, comienzo de la nueva semana, dos puntos de interés: Batasuna presenta sus nuevos estatutos, y Artur Mas presenta las cuentas de la generalitat de Cataluña al presidente Zapatero.

LOS BATASUNOS QUIEREN QUE SE LEGALICE SU “NUEVO” PARTIDO.- Esta es la repetición de una historia ya conocida: Los batasunos dicen aspirar a ser un partido cumplidor de la ley, y reclaman su legalización como cualquier otra fuerza política que se propone tener representación ciudadana. La agenda abertzale tiene unos cuantos días !”ocupados”: este lunes, presentación de estatutos de la nueva formación política abertzale; el miércoles, presentación de esos estatutos fundacionales en el Ministerio del Interior.. El día 19, una manifestación en Bilbao de apoyo a “la nueva Batasuna”, nacida en el seno de la plataforma Lokarri. La nueva batasuna, en efecto, presenta este lunes unos estatutos “como los del PSOE o el PNV”. Es decir, con el firme deseo de que sean legalizados y terminen las sospechas que vienen equiparando a Batasuna con su organización “madre”, la banda ETA. Los proetarras piensan que su declarado “rechazo a la violencia” es el salvoconducto adecuado y un santo y seña suficiente para obtener la correspondiente autorización para competir con las otras siglas en las siguientes elecciones. Y sin embargo, es seguro que hay más de una oposición. Muchos siguen pensando que Batasuna es un caballo de Troya con el que ETA pretende instalarse y beneficiarse de la democracia. Por ejemplo, cuenta de entrada con la la oposición de socialistas y populares, quienes, de entrada, no se fían de este nuevo intento batasuno para colarse en las instituciones, por sospechar que su estrategia consiste en combinar bombas y votos... Y lo más probable es que el asunto termine en manos del ministerio fiscal y de los jueces, hasta que se demuestre, si la tienen, su buena voluntad y propósitos perfecta e indiscutiblemente democráticos. A favor de los opuestos a la legalización funcionará la idea de que el nuevo partido no romperá con ETA, y más bien tratará de seguir teniendo una relación “fraternal” con la banda, por más que la nueva Batasuna haya rechazado “cualquier violencia de ETA si la hubiera”. Se desmarcan de la banda..., pero no demasiado, por más que algunos recuerden que, en el último año, la izquierda abertzale ha pasado de callar ante la violencia a cuestionarla y rechazara. ¿Pero es bastante, es suficiente esa actitud teórica?
Dice el diario portavoz Gara que, una vez que la izquierda abertzale confirmó que su debate interno había concluido y que no acudirá a la ventanilla con ambigüedades sino con definiciones claras y que no eludan las alusiones concretas a ETA, su posición respecto a la violencia irá en la línea de todo lo que se ha ido concretando tras el proceso interno de debate de la izquierda abertzale. Y que “serán enunciados claros e inequívocos, en favor de las vías exclusivamente pacíficas y democráticas". La nueva etiqueta pretende significar un nuevo tiempo de signo distinto en el abertzalismo vasco que hasta ahora ha sido ETA. En esta hora aparecen dos líderes en la renovada formación: Rufi Etxeberria, en la parte política, y el abogado Iñigo Iruin, en la parte jurídica. Ambos se vienen esforzando en convencernos del compromiso de la nueva formación de rechazar la violencia, incluida la de ETA, con una fórmula que se aproximará en su contenido a la que recoge en las conclusiones de su último debate interno: "La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos, y eso incluye la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones". Esta fórmula u otra similar se encuadra en un proceso iniciado ya en noviembre de 2009, con propuestas que se enmarcan en los principios que inspiraron el proceso de paz irlandés, o el acuerdo de Gernika, de septiembre, de 2010, suscrito por Aralar, Eusko Alkartasuna y la propia izquierda abertzale, y en el que se exigía a ETA, además de una tregua permanente y verificable, que avance hacia el final definitivo de la violencia. La izquierda abertzale también pretende aclarar que el nuevo partido "no puede ser utilizado para estrategias diferentes a la exclusivamente política y democrática aprobada por las bases de la izquierda abertzale", en alusión a ETA. E incluso reitera su compromiso con las vías democráticas. Proclaman los patrocinadores de la idea de “la nueva Batasuna” que no se trata sólo de superar la Ley de Partidos sino, sobre todo, de materializar un cambio sustancial en la línea de acción de la izquierda abertzale, una izquierda que deberá ajustar la nueva estrategia democrática del nuevo partido a sus estructuras organizativas, muy similares a las del PSOE o del PNV. Es decir, sustancialmente distinta a la versión anterior, cuando estaba concebida como una organización política de combate, el brazo político de la banda armada. De manera que podrá afiliarse cualquier persona mayor de edad y se financiará, entre otras fuentes, por las cotizaciones de sus afiliados, afiliados que tendrán derechos, como el de votar en sus órganos internos, ser informado, expresar sus opiniones libremente y ser elegido. También dispondrá de un órgano máximo, el Congreso Nacional, que se reunirá cada cuatro años, y una Asamblea Nacional, que lo hará, al menos, una vez al mes. El Congreso elegirá la Ejecutiva Nacional, con un mínimo de 25 miembros, y al secretario general.
Batasuna reclama que se preste atención a su nueva condición, que se le otorgue, por lo menos, el beneficio de la duda. Pero no resultará sencillo el cambio de actitud de los “demócratas de toda la vida”, que no terminan de ver un cambio radical de actitud a los hasta ahora compañeros de viaje de la Banda ETA...

LA FACTURA CATALANA QUE MAS PRESENTARÁ A ZAPATERO.- Cataluña ya tiene precio: 16.646 millones de euros. Ésta es la cifra que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pondrá sobre la mesa de José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo lunes, en la reunión que ambos mantendrán en La Moncloa. Esa es la cantidad que exigirá que el Estado aporte a Cataluña durante el año 2011 para que la Administración funcione, esto es, para cubrir los gastos de sanidad, educación, seguridad, servicios y transportes públicos, entre otros. Y para que sea suficiente, el Gobierno catalán ya ha entregado al Gobierno central un plan de ajuste que contempla la reducción de un 10% en los presupuestos generales para este ejercicio en relación con el año pasado, un medida histórica, según datos que proporcionó el viernes El Confidencial. Para que el plan funcione, no obstante, ha de darse la condición de que la aportación que el Estado haga a las maltrechas arcas de la Generalitat sea, como mínimo, similar a la que realizó el año pasado. Y los números elaborados por el equipo de Artur Mas ya tienen la cifra a pedir: los citados 16.646 millones citados. Claro que el Estado ha de dotar también económicamente los servicios traspasados, como la gestión de la red de Cercanías o los casos derivados de la Ley de Dependencia, porque no tiene sentido realizar transferencias a las autonomías pero no enviarles las dotaciones económicas pertinentes para poder llevar a cabo los servicios.  Además, debería aplicar la disposición adicional tercera del Estatuto, que prevé una inversión anual del 18,8% del PIB catalán para ir paliando las históricas deficiencias de las infraestructuras de esta comunidad. Esto comportaría unos 2.700 millones de euros más, aunque está por ver si el Estado cumple con las obligaciones contraídas. El dinero que Cataluña pide no está inflado. El déficit fiscal que tiene la comunidad, por ejemplo, oscila entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros. Éste es el dinero que los catalanes pagan en impuestos pero que no revierte en su comunidad, sino que se queda en Madrid a pesar del déficit de servicios que padece Cataluña. Y los 16.646 millones reclamados es dinero que el Estado habría de gastar igualmente si no existiese Gobierno autonómico. Además, los nacionalistas catalanes piden un poco de manga ancha a Madrid para poder endeudarse, con lo que podrían solventar los problemas de financiación a corto plazo, ya que las arcas de la Generalitat están vacías. Y, de seguir así, se tendría que echar mano incluso de un préstamo del Gobierno central para pagar las nóminas en el mes de abril. El propio secretario general adjunto de Convergència, Oriol Pujol, ya advirtió el martes de esa situación. Y, aunque posteriormente matizó sus palabras, lo cierto es que situación es delicada: hay que hacer frente a los gastos ordinarios y se necesita dinero en efectivo para que la Administración funcione. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ya lleva varios días alertando de las consecuencias que los i cumplimientos de las obligaciones del Estado pueden acarrear. La semana pasada, advertía de que, ante el ahogo financiero de la Generalitat, “la alternativa que nos dejan ya sólo podría ser la independencia” ya que “gente que jamás había soñado hacerlo votaría independencia”. En el último boletín de su centro de estudios, volvía sobre el tema y subrayaba que “hemos de rechazar enérgicamente la imposición que se nos hace desde España” porque “va contra el interés no sólo de Cataluña como colectividad, sino contra su gente, contra las personas”. Pujol reivindicaba también que fueron precisamente los nacionalistas catalanes los que en mayo pasado ayudaron al Gobierno central a aprobar las medidas de ajuste que salvaron a España de ser intervenida por la Unión Europea. Y relata que en abril “vino a Barcelona una delegación de la CDU alemana, el partido de la señora Merkel. Del más alto nivel, con presidentes de los principales länder (...) y Christian Wulf, que un mes después sería nombrado presidente de Alemania. Y pidieron que desde Cataluña se ayudase a convencer a Rodríguez Zapatero para que cambiase de política en la línea que la Comisión Europea, Francia y Alemania piden. Sólo lo pudieron plantear a fondo a los dirigentes de CiU. Pero no al PP, aunque en Bruselas forman parte del mismo grupo parlamentario, a causa de su obstinación partidista”. El veterano dirigente nacionalista tiene duras palabras para los populares, que se apuntan “a la idea de la catástrofe como gran herramienta política”. Pero destaca que CiU ha actuado siempre con sentido de Estado y fue “hiper-responsable” cuando hubo que arrimar el hombro. Por ello, ante la situación de crisis, el Estado ha de estar a la altura de las circunstancias. El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, manifestó ayer a El Confidencial que las tesis de Pujol “son compartidas al 100%” por la formación nacionalista. “Viene a decir lo mismo que todos vamos machacando las últimas semanas. Y es que ante una coyuntura como la actual no nos podemos quedar contemplativos y debemos hacernos respetar”, afirma Turull. El portavoz convergente ya había alertado que Madrid ahoga a Cataluña premeditadamente y que “el expolio de Cataluña es más que evidente”. Pero, ¿a dónde puede llevar esta situación? “Puede abocarnos a una situación socialmente tensa -explica Jordi Turull-. Porque gente que tiene parientes en otras comunidades es la que puede comparar mejor y lo ve. Saben los impuestos que pagan y los servicios que reciben. Por eso, pedimos que nos den sólo lo que nos corresponde, ya que Cataluña ha ido más allá del sentido de la responsabilidad”. Los nacionalistas tienen claro que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No nos pueden pedir que paguemos por adelantado. Y nos moveremos”. Pero no crearán “tensión por tensión, porque no es nuestro estilo”. La principal preocupación, hoy por hoy, es salir de la crisis. Y el año que viene, cuando la economía empiece a remontar el vuelo y se celebren elecciones generales, CiU tiene ya preparada su siguiente ofensiva: lograr un pacto fiscal más justo para Cataluña.

LOS TESOROS DE LA TRAMA GURTEL.- Dos diarios, El País y Público, dan cuenta hoy de unas informaciones coincidentes sobre los tesoros acumulados por la trama Gurtel. Según la información de El País, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, prepara un total de 99 embargos (algunos ya están en marcha) contra bienes que atesoró la trama que dirigían Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Pedreira pidió en noviembre pasado a la policía que detallase los bienes muebles e inmuebles vinculados a la red Gurtel con la finalidad de tasarlos y posteriormente subastarlos para reintegrar a las arcas públicas los muchos millones de euros que la trama amasó sobornando a políticos del PP a cambio de contratas. La policía ha entregado al juez una relación de 102 bienes situados en diferentes partes de España. Prácticamente todos ellos pertenecen a Correa, aunque los tiene a nombre de sociedades interpuestas, Kintamani, Artas, Caroki, Osiris Patrimonial... Otros están a nombre de Crespo, lugarteniente de Correa, o de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market en Valencia. Los agentes le han descubierto 25 fincas o parcelas en Cádiz, Madrid y Baleares; 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades y una treintena de casas y apartamentos, muchos de ellos de lujo, en Marbella, Cádiz, Madrid y Barcelona, así como 22 vehículos (muchos de ellos de gama alta) y dos barcos radicados en Alicante. En registros hechos por la policía en viviendas de Correa los agentes también han decomisado todo un arsenal de joyas, que también serán tasadas y subastadas. El juez Pedreira quiere que todo sea subastado y se convierta en dinero que vuelva a las arcas del Estado. En la citada relación de bienes no figuran otros apartamentos que Correa tiene en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Aparte de estos pisos, coches, fincas y plazas de garaje, la trama Gürtel esconde muchos millones en el extranjero procedentes de las comisiones que obtenía Correa merced a los pelotazos inmobiliarios que le permitían sus contactos políticos, a los que sobornaba. Los agentes han descubierto ya 33 millones en Suiza y Mónaco, y se le buscan otros 30 en EE UU.
En la información del diario Público se coincide en señalar que el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, tiene en su poder desde diciembre un informe de la Policía que enumera los bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones de los presuntos implicados en la red de corrupción y blanqueo de capitales, y que pretende, según fuentes jurídicas, conocer las propiedades con las que los eventuales condenados responderían de la responsabilidad civil que establezca una sentencia. El listado, al que ha tenido acceso Público, incluye los terrenos, viviendas, barcos y coches que acumularon durante más de una década los principales integrantes de la trama crecida a la sombra del Partido Popular. En ocasiones aparecen sus nombres como titulares y en otras, las firmas que componían la trama. Entre ellas destaca Inversiones Kintami SL, que se sitúa al final del hilo que formaba la madeja societaria con la que la trama blanqueaba el dinero en paraísos fiscales para después reintegrarlo en España a través de distintas propiedades, principalmente bienes inmuebles. El listado supone un viaje por la vida de lujo que Francisco Correa y sus principales colaboradores llevaban en las zonas más exclusivas, principalmente en Cádiz, Málaga y Madrid, aunque también en Ibiza o Galicia. En la relación también se han incluido 22 vehículos de todo tipo y cilindrada, desde el Audi A8 en el que se movía con chófer Francisco Correa a la moto de tres ruedas Bombardier Cam que Álvaro Pérez, el Bigotes, prestó al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, Ric, como se refería a él la red. El 19 de noviembre de 2010, Pedreira remitió un oficio a la UDEF y su Brigada de Blanqueo se puso manos a las obra, entregando el listado al juez tres semanas después. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pedía una relación de todos los bienes muebles e inmuebles "así como de cualquier otro tipo, que sean susceptibles de valoración y tasación pericial". Pedreira ya estableció en abril de 2010 fianzas por valor de 201,4 millones de euros a los principales cabecillas de la trama 80 en el caso de Correa en concepto de responsabilidad civil por los delitos cometidos. Aunque el listado de la Brigada de Blanqueo no incluye una estimación del valor de las posesiones de la red Gürtel, fuentes policiales consideran que la suma de las propiedades incluidas en la relación no alcanza ni el 10% de esos más de 200 millones de euros. Señalan que los vehículos se deprecian rápidamente y que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha devaluado enormemente algunos de los terrenos y viviendas. En cualquier caso, termina diciendo Público, el juez Antonio Pedreira da una absoluta prioridad a la recuperación del dinero procedente de la trama de corrupción. Y de ahí la intensa actividad en forma de comisiones rogatorias enviadas a otros países y paraísos fiscales. La investigación de la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria ya ha permitido localizar, que no recuperar, 63 millones de euros en el exterior.
En el diario El País se cuenta también, sobre este Caso Gurtel de innumerables ramificaciones, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso que ordene la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Valencia de un archivo de Excel que probaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young de Madrid para pagar trajes destinados al presidente de Valencia, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su Ejecutivo. La fiscalía quiere que ese archivo sea aportado "al procedimiento del Tribunal del Jurado 1/09", que es el que tramita el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors contra Camps, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Según esta información el juez Flors ha terminado ya la investigación sobre la causa de los trajes, y decidirá en breve si abre juicio contra Camps y los otros imputados por un posible delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, que castiga al funcionario público que acepta regalos en función de su cargo. El archivo, cuya remisión a Valencia pide Anticorrupción, está incluido en un disco duro que en su día aportó ante notario Isabel Jordán, administradora de Easy Concept, una de las principales empresas del entramado de la Red Gurtel que dirigía Francisco Correa. En el disco duro había carpetas de contabilidad elaboradas por diferentes empleados de Correa; entre ellos, uno confeccionado por Alicia Mínguez en el que consta un pago de 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde la trama pagó supuestamente los trajes para Camps y para otros altos cargos del PP a instancias del gerente de Orange Market, la firma valenciana de la red Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Jordán tiene declarado que ella recibió ese disco duro, con el citado archivo dentro, de manos de Javier Nombela, imputado en Gürtel y ex asesor del concejal del PP de la Junta Municipal de Moncloa (Madrid). Jordán llegó a ver personalmente el archivo y la anotación de los 30.000 euros de Forever Young. Esta ex directiva de Gürtel declaró ante un juez de Móstoles que, cuando vio esa anotación, preguntó a Nombela sobre ella y éste le dijo que era de los trajes de Camps.
ACTO DE CONCILIACIÓN DE COSPEDAL.- Los socialistas han promovido un acto de conciliación con la secretaria general del PP y presidenta de los conservadores de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a quien piden que reconozca que acusó sin pruebas al PSOE de contratar detectives privados para investigar a miembros del PP, según se cuenta en Público. Además, le reclaman que admita que sus manifestaciones son falsas y que lo ha hecho con el fin de lesionar el honor y dignidad de sus adversarios políticos. En definitiva, le piden que se retracte públicamente y le avisan de que, de no atender a estas peticiones, la formación liderada por José María Barreda iniciará cuantas acciones legales vea necesarias en su defensa. El acto de conciliación tiene como objeto intentar que las partes puedan ponerse de acuerdo antes de comenzar un procedimiento judicial. Pero lo más seguro es que Cospedal no se presente. Es lo que ocurrió cuando el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid la citó para que se ratificara o retractara de las acusaciones que realizó en agosto de 2009, cuando denunció sin pruebas la existencia de supuestas escuchas ilegales a su partido por parte del Gobierno. El PP de Castilla-La Mancha se ratificó ayer en su denuncia pública y dijo que también estudia la posibilidad de acudir a los tribunales. Para los conservadores, una evidencia de que los socialistas están detrás del espionaje es que el director de la agencia de detectives, Isidro García, es militante del PSOE. De acuerdo con esta teoría, cualquier afiliado a un partido político estaría bajo sospecha para trabajar como detective. Y, en cualquier caso, Cospedal siguió sin aportar prueba alguna de que el encargo que denuncia lo haya realizado algún socialista. El PP exigió ayer la dimisión o del número dos del PSOE en esta comunidad, José Manuel Caballero, y la expulsión de García del partido. Mariano Rajoy resaltó el "cuajo" de Cospedal por "soportar" la "campaña" que, a su juicio, están desarrollando contra ella.
DIFICULTADES DE LIQUIDEZ EN NUEVA RUMASA.- Nueva Rumasa necesita financiación a corto plazo. Los problemas de liquidez que atraviesan varias compañías del grupo han obligado a la familia Ruiz Mateos a recurrir a distintas alternativas con las que poder afrontar sus compromisos con proveedores y acreedores. Sin embargo, en las últimas semanas, el holding ha sido objeto de varias demandas por impago, la última de las cuales, dictada ayer jueves por un Juzgado de Primer Instancia de Madrid, ha provocado el embargo preventivo de siete fincas de su propiedad, según relata El Confidencial. En esta ocasión, el demandante es la familia Radó, con la que los Ruiz-Mateos acumula retrasos en el abono de pagarés nominativos por un total de 1,2 millones de euros, cantidad derivada de la compra de dos hoteles en las Islas Canarias, de los que los demandantes eran accionistas minoritarios. La justificación de los retrasos, según la familia, no hace referencia a problemas de liquidez, sino al incumplimiento de contrato, según el cual el vendedor se había comprometido a ¨dotar a las instalaciones hoteleras de las licencias oportunas¨. Más allá de la ejecución de las fincas, Nueva Rumasa afronta un problema de liquidez reconocido, sobre todo después de que las ¨líneas de crédito a largo se hayan reducido drásticamente¨. Esta situación provocó que la familia optara por financiarse acudiendo al mercado de particulares, sin intermediarios bancarios. Sus famosas emisiones de pagarés, hasta cuatro, la última con rentabilidad anual del 10%, por el 8 por 100 de la prima emitida a comienzos de 2009, han colocado al holding en el centro de atención, en buena parte por las advertencias realizadas por la CNMV. Para estas emisiones, los Ruiz Mateos ofrecieron como garantías activos de sus empresas más reconocidas, como Apis, Fruco, Clesa o Duhl. Esta financiación, siempre a corto, con vencimientos a doce meses, ha sido empleada, sin embargo, para financiar el circulante de otras compañías del holding, lo que explicaría que entre las sociedades de Nueva Rumasa se deban entre sí cerca de 240 millones de euros. A esta relación de pasivos hay que sumar la deuda bancaria existente, que al cierre de 2010 supera los 700 millones y por la que responde un patrimonio de 5.900 millones. Esta delicada estructura financiera ya provocó que, a finales del mes de diciembre, el colectivo de ganaderos aragoneses iniciara acciones legales contra Nueva Rumasa por los impagos acumulados de Clesa desde el verano de 2010. En este caso, la judicialización del conflicto sirvió para que los ganaderos y los Ruiz Mateos alcanzaran un acuerdo, que implicaba un nuevo calendario de pagos mucho más corto, ya que el fabricante lácteo había estirado los pagos de 30 a 90 días, utilizando así a los proveedores como herramienta para financiarse la compra de la materia prima. La marcha de su compañía insignia no es precisamente la mejor. Esta semana se ha sabido que Clesa negocia con los representantes sindicales un ERE, Expediente de Regulación de Empleo temporal para su planta de Madrid, que tendrá una duración máxima de 18 meses y para el que propone una reducción de jornada y disminución de sueldo para no incluir despidos. A esta situación hay que añadir el cese de la actividad de la compañía láctea en la planta de yogures de Sevilla que tenía alquilada a Capsa y cuya producción se traslada a su planta de Caldas de Reis (Pontevedra). Para salvar la crisis, los Ruiz Mateos han optado por redimensionar su holding, ¨ajustándonos a la demanda del mercado¨, y buscar nuevas vías de financiación. En este sentido, los activos inmobiliarios son una alternativa para obtener liquidez. Algunos sirvieron para avalar los primeros pagarés, mientras que ahora Nueva Rumasa pretende hacer un “sale&lease lack de inmuebles”, bien sean fabriles u hoteleros, para obtener hasta 200 millones, manteniendo la gestión y con opción de recompra. En lugar de recurrir a una de las consultoras de referencia del sector, el holding de la abeja se ha encomendado a la estadounidense Shelby Financial Group. Esta opción no ha sido la única reciente. Según informó la propia familia, Nueva Rumasa vendió a comienzos del pasado mes de diciembre un 5 por 100 de Cacaolat a la sociedad de inversión Esteve Cavaller, liderada por el empresario catalán Manuel Esteve, por un importe de 9 millones de euros. Años atrás, la familia dijo haber tenido ofertas por el total de la compañía, a pesar de las cuales no aceptó vender, situación que sí estaría dispuesta a hacer ahora, pero llegando sólo hasta el 25%, una desinversión con la que haría una caja de 30 millones. En esta búsqueda urgente de socios, Ruiz Mateos haber cerrado con éxito la ampliación de capital de Clesa, equivalente a un 5%, por la que ha obtenido 13,2 millones de euros, aunque se desconoce la identidad de los inversores. Esta necesidad de financiación ha llevado a la familia a viajar recientemente a Italia, donde mantuvieron un encuentro con Marina Berlusconi, hija del primer ministro italiano y presidenta del conglomerado empresarial Fininvest, con los que, a falta de noticias concretas, esperan cerrar algún acuerdo de colaboración. Pero mientras el dinero está de camino, Nueva Rumasa ha tratado de salvar su estrechez financiera estirando su relación con los proveedores al máximo. En el algunos casos, según las denuncias de los sindicatos CCOO y UGT indistintamente, estas acciones han provocado parones en la producción de alguna fábrica, como en Mahón, y conflictos con repartidores autónomos por el desabastecimiento de productos. Este escenario también lo ha sufrido la plantilla, a la que también se ha pagado con retrasos la nómina durante los últimos meses. Otra de las empresas de Nueva Rumasa en apuros es el Club Rayo Vallecano. Desde el inicio de la temporada, según fuentes internas, la plantilla ha tenido varios retrasos en el pago de nóminas, como otros equipos de Segunda, y rebajas en la retribución variable. De hecho, el conjunto franjirojo ha sido uno de los equipos, junto a Betis y Hércules, a los que la Liga de Fútbol Profesional ha impedido fichar en el mercado de invierno `por acumular deuda con sus jugadores, situación que la familia espera revertir con los ingresos televisivos.

LA ENCINA DEL ESCÁNDALO DE POZUELO.- El 'Quercus Palustris', el árbol medio seco que preside el parque de las Cárcavas en la localidad de Pozuelo de Alarcón, costó 27.600 euros, mientras que el Ayuntamiento de Pozuelo pagó a la empresa constructora 104.000 euros, según consta en la declaración a la Policía de Tomás Pastor Calleja, gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó el parque. El gerente dijo en esa misma declaración que el transporte costó 7.000 euros y que fue comprado en Bélgica por una empresa llamada jardinería Jafer que, posteriormente, se lo facturó a la UTE y ésta al Ayuntamiento. Para comprar ese árbol y las otras plantas viajaron tres días a Bélgica, en el otoño de 2006, al menos siete personas. Las personas de esta expedición ecologista fueron: el alcalde de Pozuelo, entonces Jesús Sepúlveda; -ex esposo de Ana Mato, y también “tocado” por el Caso Gurtel-, el teniente de alcalde (hoy alcalde), Gonzalo Aguado, y la concejala de Obras, Yolanda Estrada. También fueron al viaje el jefe de Obras del Ayuntamiento de Pozuelo, Leopoldo Gómez, y tres representantes de la empresa Jafer. Igualmente, iba un representante de cada una de las tres empresas que formaban la UTE. En el mismo atestado, el gerente fue preguntado si sabía si se hicieron pagos en efectivo a funcionarios o concejales, a lo que contestó, según la declaración, que "él no ha pagado absolutamente nada a nadie y que cree que no los ha habido". El asunto del 'Quercus Palustris' millonario es sólo la anécdota de un sumario que se sigue contra el ex alcalde Jesús Sepúlveda, el actual primer edil, Gonzalo Aguado, y varios concejales y funcionarios. Todos ellos están imputados en el caso del Parque de las Cárcavas y van desfilando por el juzgado. El próximo en declarar es el propio alcalde de Pozuelo. En las diligencias se realiza un informe sobre la citada declaración en la que la Policía judicial señala que "llama la atención que se adquieran los árboles y las plantas en un vivero belga y se utilice un vivero como intermediario". También les extraña que se compre esta planta, que tiene dificultades de adaptación y costosas condiciones de mantenimiento. La obra de las Cárcavas es todo un tratado de cómo hacer una chapuza que le ha costado al Ayuntamiento muchos miles de euros. El presupuesto de la obra que adjudicó el Ayuntamiento fue de 4,5 millones de euros, IVA incluido. Posteriormente se hizo una modificación que supuso un incremento del 100% y además se cobró al Ayuntamiento un contrato de mantenimiento de 625.000 euros, cuando estaba incluido en la adjudicación. Pero en los últimos días el juez ha incluido en el sumario un anónimo que abre nuevas vías de investigación. En el texto, que entró en el juzgado el día 4 de enero, se lanzan una serie de improperios contra el jefe de Obras del Ayuntamiento, Leopoldo Gómez, ("maleducado, faltón, mal hablado, mal compañero, tramposo, ladrón y putero"), pero también se dan pistas que podrían investigar los jueces. El texto señala que los contratistas tenían que elaborar los proyectos en su estudio con el beneplácito de los alcaldes (Martín Crespo y Sepúlveda, los dos del PP). El anónimo acusa a Gómez de hacer la mayor parte de los proyectos tanto los públicos como los privados y anima al juez a preguntar por las relaciones con Mariano Tello ("del que llegó a ser socio") o revisar sus contactos con Hispánica, Grupo Civil, Mosa, Stlima, Velasco y Asfaltos Vicálvaro. A muchos, añade, les exigía que fuesen a su estudio Elmur S.A. para hacer los proyectos "si querían evitar problemas a la hora de la recepción". También dice que imponía quién debía ejecutar la obra. "Como de tonto no tiene un pelo,—añade— jamás ha cobrado él o ha firmado ningún proyecto, siempre han sido amigos o familiares quienes lo han hecho y después se lo ha facturado, por lo que cruzando información fiscal de sus sociedades sería sencillo descubrir cómo lo ha hecho". Señala que también "se lo ha llevado" de los concursos de mantenimiento, señalización, asfalto, alcantarillado.... Y que el 'caso Gürtel' le ha estropeado el negocio, pues tenía previsto llevarse en una operación dos millones de euros. Hace referencia a una deuda de dos millones que parece que tiene en Navalcarnero, donde "tu amigo Baltasar Santos (alcalde) por hacerte caso, saltándose la ley te lo ha adjudicado sin concurso y te van a pillar".