VENTAJA DE RAJOY SOBRE ZAPATERO Y RUBALCABA.- Dos encuestas preelectorales publicadas este domingo en El País y El Mundo son coincidentes en señalar que con candidatos distintos a Zapatero, el PSOE también perdería las elecciones frente al PP, pero con menos distancia. Es decir, y como concluye El País, que los españoles dan por amortizado a José Luis Rodríguez Zapatero, y que la inmensa mayoría da por hecho que no se volverá a presentar a las elecciones. El nombre que se ve como más probable para encabezar la lista del PSOE es el de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el sondeo de Metroscopia para El primero de los diarios mencionados, Rubalcaba es el único dirigente del PSOE que estaría en condiciones de disputar las elecciones generales al PP. El vicepresidente primero y ministro del Interior no garantiza, de ninguna manera, una victoria electoral de los socialistas, pero eleva las expectativas de su partido lo suficiente como para despertar cierta esperanza entre los suyos. Si con Zapatero la ventaja del PP sobre el PSOE es de más de 14 puntos, con Rubalcaba esa ventaja se reduce a solo cuatro puntos. Esa diferencia sería salvable en más de un año que queda hasta las generales y con una campaña electoral. También con acontecimientos que están dentro de lo previsible, como la visualización del final de ETA, en el que el titular de Interior tendría un papel estelar. Concretamente, el 40,5% asegura que con Rubalcaba votaría al PSOE, frente al 44,1% que votaría al PP de Rajoy. Según la encuesta, el PP tiene una clara ventaja en las encuestas gracias a la inquebrantable movilización de sus votantes, mientras que los electores del PSOE están desmotivados o dispuestos a apoyar a otras opciones, como Izquierda Unida o UPyD. Con Rubalcaba, según el sondeo, sí se produce esa movilización de los electores posibles del PSOE. Con él como cabeza de lista, el PSOE está en condiciones de mantener a más de dos tercios de su antiguo electorado, mientras que con Zapatero ese nivel de fidelidad no llega a la mitad. El número dos del Gobierno consigue hacer real la apelación al voto útil y provoca una polarización del voto en torno a los dos principales partidos y en detrimento de otros minoritarios. Pese a todo y aun con Rubalcaba como cabeza de lista, hay un 11% de votantes del PSOE que, en este momento, han abandonado esa opción. En esa bolsa estaría el objetivo de los socialistas para lograr la difícil remontada. También para mitigar las malas expectativas que tienen para las municipales y autonómicas del mes de mayo, donde los candidatos de cada municipio y autonomía pueden pagar en sus carnes el desgaste del Gobierno. Rubalcaba es, obviamente, el ministro con mejor valoración, con mucha diferencia sobre el resto, mientras que Leire Pajín y Manuel Chaves son los peor puntuados, con tendencia a la baja y sin terminar de tocar suelo entre los ciudadanos. Esa valoración de Rubalcaba se traduce en que el 59% considera que es el dirigente socialista con más posibilidades de ganar las elecciones a Mariano Rajoy. Es apoyado como candidato con mucha diferencia sobre Carme Chacón y José Blanco. Así, el 14% ve candidata a la ministra de Defensa y el 8% al titular de Fomento. Y solo un 3% considera que los tres tienen las mismas posibilidades. Este último dato da idea de cómo el PSOE necesita mucho más que el PP un candidato que sea capaz de movilizar. Lo que sí parece claro es que la mayoría de los españoles, incluso los votantes del PSOE, dan por amortizado a Zapatero, porque ocho de cada diez piden que no se presente. Y aunque el presidente ha decretado entre los suyos el silencio imposible sobre su futuro, hay un 47% que quiere que lo aclare cuanto antes. Su calendario no lo tiene previsto hasta después de mayo.
En cuanto a la segunda encuesta, la que proporciona El Mundo con la firma de Sigma Dos, en las actuales circunstancias, Zapatero y el PSOE cosecharían una derrota sin paliativos. Sin embargo, podría minimizarse si el actual número dos del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fuera quien encabezara la candidatura en lugar del presidente, aunque también saldría malparada la sigla PSOE. Con Zapatero, la ventaja del PP sería de 16,1 puntos, y con Rubalcaba al frente, la derrota sería de “sólo” 12,2 puntos de distancia. Otro dato llamativo de esta segunda encuesta: La mayoría no cree que Rajoy lograría acabar con la crisis, ni brilla como futuro cabeza del Gobierno Sigue sin suscitar una ilusión clara entre los ciudadanos “quizá porque durante demasiado tiempo –se argumenta- no han percibido con nitidez sus fórmulas alternativas para gobernar el País”…
GURTEL COSTÓ 120 MILLONES AL CONTRIBUYENTE.- La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008. La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones. La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Son datos que este domingo proporciona con amplitud el diario Público. . Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel. La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad. Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria. Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital. El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria. Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público. Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM). El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar. Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros. La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda. Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones. Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor. Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9. Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza. La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.
LOS COBROS DE GALEOTE DE GURTEL.- Un informe de Hacienda recién incorporado al sumario Gürtel pide al juez Pedreira que reactive la investigación sobre Gerardo Galeote, eurodiputado del PP entre 1994 y 2009, actual asesor de Mariano Rajoy para asuntos europeos, y hasta ahora no imputado en el caso, según refiere el diario Público. Si en diciembre el sumario ya destapó que, entre 1996 y 2000, Galeote había estado literalmente a sueldo de la trama con cobros mensuales que comenzaron siendo de 1.500 euros y terminaron llegando a 3.000, ahora los inspectores adscritos al caso profundizan en los movimientos de las empresas radicadas en paraísos fiscales y ligadas al exeurodiputado. Hacienda destapa que la empresa June Sun International Ltd, domiciliada en la isla de Nevis y cuya conexión con Galeote ya había sido desvelada por la Policía en febrero de 2010, transfirió 10.000 euros a la mercantil Actividades Eólicas. Los inspectores firmantes del informe creen que el nombre completo de la empresa destinataria de esos fondos es Actividades Eólicas Murcianas (AEM). Los registros policiales permitieron hallar en las oficinas del abogado Luis de Miguel, imputado y supuesto testaferro de Correa y su grupo, un documento en el que el letrado se declara fiduciario en nombre de June Sun y reconoce que el beneficiario del fideicomiso es Gerardo Galeote. Asimismo, "figura vinculado" en España a la sociedad Asesoramiento y Estudios La Rochelle, "con entrada de divisas procedentes de Italia" y cuyas cuentas pide investigar Hacienda. Los fondos transferidos por June Sun a Actividades Eólicas, sostiene el informe, se ingresaron desde España el 7 de febrero de 2005. En los registros, la Policía encontró un cheque de 5.441 euros a favor de Consultoría y Gestión de Inversiones empresa también investigada con una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a Jun Sun". Los investigadores fiscales piden a Pedreira que averigüe la cuenta de procedencia y sus movimientos "para determinar las relaciones de June Sun con José Gerardo Galeote y de ambos con AEM". June Sun también transfirió dinero a Vistacourt España 2005 SL, igualmente representada por Luis de Miguel. También aquí los técnicos solicitan analizar los movimientos de divisas de una cuenta abierta en Madrid a nombre de Vistacourt. El informe recuerda cómo José Galeote, exconcejal del PP y padre de Gerardo Galeote, utilizó una sociedad portuguesa llamada Freetown Comercio para invertir 36.000 euros en Bolsa "a través de Renta 4". Hacienda reclama que se recabe de Renta 4 "la documentación correspondiente al ingreso de fondos procedente de esta sociedad [Freetown] para realizar la inversión. El informe reseña que en 2007 se realizaron dos órdenes de pago por 60.000 y 126.666 euros con cargo a la misma cuenta bancaria, abierta por Luis de Miguel Pérez en Madrid. El primer abono fue para Hercesa Inmobiliaria. El segundo, para Willow Inversiones 2002 SL, una empresa con estructura de muñeca rusa y en cuya estructura aparece de nuevo Luis de Miguel Pérez.
LOS GASTOS FARMACÉUTICOS GALLEGOS.- Según ha relatado el diario La Voz de Galicia, el Gobierno cumplió el viernes su amenaza y aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de racionalización del gasto farmacéutico aprobada en el Parlamento gallego (que permite ahorrar 300.000 euros al día) y el planteamiento de un conflicto de competencias a la Xunta por la aprobación del catálogo priorizado de fármacos. El Ejecutivo entiende que ambas disposiciones vulneran las competencias del Estado en materia de coordinación de la sanidad y de legislación sobre productos farmacéuticos, además del propio régimen económico de la Seguridad Social, y pueden crear «problemas de salud». El Gobierno ha optado por la misma estrategia utilizada contra la ley gallega de cajas. Como entonces, ha preferido presentar primero el recurso para negociar después con la Xunta las posibles modificaciones desde una posición de fuerza. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo dejó claro. «Siempre es mejor un acuerdo que un pleito», señaló, aclarando que la impugnación no supone una renuncia a llegar a un consenso con la Xunta. «Si hay un acuerdo retiramos el recurso y en paz», aseguró. La presentación del recurso implica que, en cuanto sea admitido a trámite, la ley quedará paralizada durante cinco meses. Si cumplido ese plazo el Constitucional no ha emitido todavía una sentencia, el tribunal deberá decidir si prorroga o suspende esa paralización a la espera del fallo. El Ejecutivo argumenta que la ley excluye 427 presentaciones de medicamentos que no pueden ser dispensadas ni prescritas en Galicia y que pueden afectar a tratamientos de distintas patologías. «Dado que la sustitución por otros medicamentos equivalentes no se puede producir en todos los casos, pueden crearse problemas de salud», explica el informe de la Abogacía del Estado en el que se basa el recurso. En la práctica, según Rubalcaba, eso significa que «un ciudadano extremeño o madrileño tiene derecho a unos fármacos distintos a los gallegos» y que, eventualmente, si alguien que tiene prescrito un fármaco se desplaza, «en Madrid la Seguridad Social se lo paga y en Galicia, no». «¿Verdad que esto es raro, que es poco funcional?», se preguntó para desacreditar el catálogo. «Siempre es mejor un acuerdo que un pleito. Si hay un acuerdo, retiramos el recurso y en paz»
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