EL ENCUENTRO DE ARTUR MAS CON ZAPATERO. Los diarios de este martes son coincidentes, tras el encuentro de Mas y Zapatero, ayer, en la Moncloa: Zapatero cede ante Mas y permite que Cataluña amplíe la emisión de deuda, Zapatero permite mayor deuda a la Generalitat de Nas; Zapatero permite a Mas endeudarse, A Mas le toca el gordo en la Moncloa (ABC) Zapatero deja a Mas seguir endeudándose para salvar 2011. Zapatero autoriza al Govern e emitir deuda y Mas le ofrece el apoyo de CiU. Mas aprieta, Zapatero cede algo. Zapatero sólo se compromete a saldar una deuda de 759 millones peroautoriza más endeudamiento (La Vanguardia). Zapatero cede ante Mas y le deja endeudarsed. Cataluña podrá emitir entre 2.000 y 2.500 milliones de deuda (Público). Más pide a Zapatero 6.000 millones a cambio del apoyo de CiU al Gobierno (El Economista)...
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió este lunes al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que será su primera entrevista oficial. El objetivo declarado del Gobierno catalán no es otro que obtener permiso para emitir deuda a largo plazo que le permita desarrollar un plan de saneamiento de la Generalitat, cuya deuda supera los 40.600 millones. Mas aseguró el domingo que confía en alcanzar un acuerdo. Pero, en la carpeta de peticiones del presidente de la Generalitat está, además de esa autorización para emitir deuda a largo plazo, conseguir que el Gobierno no reduzca este año su aportación a Cataluña, producto del pacto de financiación alcanzado en 2009. En liza hay 1.000 millones de euros del fondo de competitividad que, según el Gobierno central, podrían no pagarse hasta 2013, y que la Generalitat pide de forma inmediata. Además de las urgencias financieras de la Generalitat, Mas confía en lograr un compromiso para poner un calendario sobre las transferencias pendientes al amparo del Estatuto vigente. En concreto, entre las peticiones del presidente aparecen el traspaso de la competencia en becas para estudios universitarios y no universitarios; la evaluación de la calidad de las universidades; la ampliación de funciones, medios personales y materiales en justicia; la formación sanitaria especializada; la protección de datos de carácter personal; protección civil; salvamento marítimo, y funciones y servicios de la Seguridad Social. También ponía encima de la mesa seis traspasos que quiere revisar, entre los que sobresale el de Cercanías y Regionales, que hizo el tripartito, y que CiU siempre ha calificado de insuficientes por considerar que se hicieron sin la titularidad de trenes, vías y estaciones. El acuerdo interesa a ambas partes. Mas necesita como agua de mayo financiación por valor de unos 10.000 millones para hacer frente a los pagos de la Generalitat a corto y medio plazo. Políticamente el acuerdo también beneficiaría a Zapatero, pues facilitaría pactos del PSOE con Convergència i Unió en el Congreso en un momento en que deben aprobarse las ambiciosas reformas económicas pendientes. Además, quitar presión sobre las finanzas de la Generalitat, redundaría también, en palabras de los máximos responsables del Gobierno catalán, en una mejora de la imagen exterior de las finanzas públicas del conjunto de España. Estas fuentes insisten en que Mas no pide ningún trato de favor hacia Cataluña, sino el cumplimiento de lo que dicta el sistema de financiación pactado en 2009 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Zapatero ya alertó el viernes desde Bruselas de que, si bien es partidario de que la Generalitat tenga una financiación "razonable", la Administración catalana debe asumir más responsabilidad en el control del déficit. Estas palabras, lejos de inquietar al Gobierno catalán, le dan mayor confianza para lograr el acuerdo. De hecho, Mas envió ya la semana pasada un plan de viabilidad al Gobierno en el que se prevé un recorte presupuestario de un 10% para el conjunto de la Generalitat.
Tras su toma de posesión, Artur Mas parece haber llegado a la firme conclusión de que no tiene posibilidad alguna de entendimiento con el PP, partido con el que discrepa en la mayor parte de las actuaciones y propósitos, y en cambio, puede beneficiarse sustancialmente del buen entendimiento con el PSOE gobernante en Madrid. Además, en esta etapa, y tras la sustitución del tripartido que encabezaban los socialistas catalanes, no existen los problemas que originaban Montilla y el PSC para la colaboración de CiU y PSOE. A entenderse bien con el PSOE gobernante, y en concreto, con el presidente Rodríguez Zapatero,, dedica buena parte de su tiempo y esfuerzos el portavoz de CiU en el Congreso, José Antonio Durán i Lleida, quien rechazó la integración en el Govern de Mas a cambio de su trabajo para el entendimiento y buena relación de Zapatero con el Gobierno catalán que preside Artur Mas. Ambas partes, con toda seguridad, se beneficiarán de este entendimiento: los presupuestos catalanes, de un lado, y la aprobación de las reformas que en este instante tramita el Gobierno socialista en el Congreso: Reforma de pensiones, Acuerdo Social y Económico, reforma de la estructura de las Cajas de Ahorros... Es probable que los dirigentes de CiU hayan llegado al convencimiento de que les resulta más fácil, y mucho más rentable, entenderse con el PSOE que con el PP de Rajoy y Sánchez Camacho, el partido que recurrió, y logró rebajar, el contenido del estatuto catalán.
SORTU, CRECER, EL NUEVO NOMBRE DE BATASUNA.- Eta, la banda y sus principales dirigentes, siempre han sido expertos en buscar denominaciones a sus nuevos tentáculos. Ahora, de nuevo, se han visto en la necesidad de hallar nombre para “la nueva Batasuna”, y ya hay nombre: El nombre del partido que la izquierda abertzale dará a conocer en las próximas horas en Bilbao, cuyos estatutos presentará el miércoles en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en Madrid, será 'Sortu' (Crecer), según adelanta el diario 'Gara'. Este acto de presentación del partido se producirá después de que el lunes, el representante de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin, dieran a conocer en el Palacio Euskalduna de Bilbao el contenido de los referidos estatutos de la nueva formación. El proyecto político, según avanzaron Etxeberria e Iruin, rechaza abiertamente la violencia de ETA y no se convertirá en "una organización vicarial" de la banda. Según se recoge en los estatutos de la nueva formación, adelantados por 'Gara', "el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas". En las bases fundacionales de esta nueva formación también se cita un compromiso expreso para contribuir "a la definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular, la de la organización ETA", y se recoge que el partido rechaza "las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo, tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos", y su incumplimiento será motivo de expulsión de cualquier militante. Los estatutos de esta nueva formación incluyen también el compromiso del partido para contribuir "a la superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca" y al "reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas". “'Sortu'” nace igualmente con el objetivo, según dice en sus estatutos, de romper "con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquéllos daban lugar". "Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella", según el texto. También lanza un compromiso político para promover y defender "un modelo de sociedad acorde y coherente con el concepto de 'sociedad democrática' definido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Nadie duda de que son días clave para la izquierda abertzale, y la presentación de los nuevos Estatutos de Batasuna era una demostración de la trascendencia del acto del lunes. El grupo Lokarri, que se hizo cargo de la organización, cree que "se trata de un acontecimiento político de gran relevancia" y que "estaríamos ante un paso de gran trascendencia para la paz". Rufi Etxebarria, fue portavoz, con Iñigo Iruin, en el acto. Según Rufi, la opción de presentar unos estatutos adaptados a la Ley de Partidos "no es prestar un disfraz a ETA", sino que está ligada a "un punto de inflexión" en la trayectoria de la izquierda abertzale. Etxebarria afirmó que se cierra la puerta "al ciclo de la violencia”, y que cualquier negociación o diálogo necesita "un escenario sin violencia ni restricciones democráticas". Mencionó expresamente a ETA y comprometió el rechazo del nuevo partido a una eventual vuelta de la banda terrorista al ejercicio de "la violencia o la amenaza en cualquier forma" que pudieran adoptar. Dijo que ésta es "una apuesta coherente y de no retorno", pese a que denunció el carácter antidemocrático de la Ley de Partidos. "La legalización es necesaria para avanzar a un escenario de diálogo entre los partidos políticos". Pidió "una reflexión a todos los agentes políticos para ofrecer soluciones a una sociedad atravesada por la violencia y múltiples violaciones de los derechos". Y señaló que la apuesta marca "un antes y un después en nuestra trayectoria". Etxeberría rechazó “cualquier connivencia con organizaciones que usen la violencia con fines políticos" y proclamó que la izquierda abertzale demanda su legalización". Sin duda, lo más destacable de su intervención fue que la izquierda abertzale, que ha discutido hasta vísperas del acto si habría una mención expresa a ETA en el capítulo del rechazo y desmarque de la violencia, sí lo ha hecho finalmente y con claridad. Y que en los estatutos consta expresamente que el nuevo partido "contribuirá a la definitiva desaparición de cualquier clase de violencia, incluida la de ETA, y también a la reparación de todas las víctimas de cualquier clase. Iñigo Iruin, dijo en su intervención que “nada puede impedir a los miembros de la izquierda abertzale crear un instrumento colectivo, siempre que no constituya continuación de los ilegalizados", con referencias a pronunciamientos del Tribunal Supremo, cuyos requerimientos y exigencias desgranó. Al elegir los términos que figuran en los estatutos, dijo, "hemos tenido en cuenta la última reforma legal, que habla de rechazo y separación, no de condena. Además, hay una ruptura con el anterior modelo organizativo, afirmó. Los estatutos mencionan expresamente a ETA, adelantó. El partido se opondrá a tutelas externas que pretendan convertirlo en una organización vicarial de quienes defiendan la violencia, dice uno de los artículos de los estatutos. "El rechazo incluye sin embages a la organización ETA en cuanto sujeto activo de acciones que vulneren los derechos de las personas", dijo. Sus dirigentes harán "rechazo claro y activo" de acciones violentas. Igual rechazo mostrarán hacia "quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose a cualquier justificación conceptual de los mismos". "El nuevo partido de la izquierda abertzale tiene que ser legal", finalizó Iruin., que se basó, sobre todo, en las sentencias del Tribunal Supremo de mayo de 2007 sobre ASB, una de las marcas ilegalizadas, y no ha citado ni al TC y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sí lo ha hecho con la Constitución. Los estatutos hablan expresamente de "terrorismo" en varios artículos, según aseguró Iruin, y en ellos consta expresamente que el nuevo partido "contribuirá a la definitiva desaparición de cualquier clase de violencia, incluida la de ETA, y también a la reparación de todas las víctimas de cualquier clase.
Pero las cautelas y desconfianzas son más que las esperanzas a la hora de la creación del nuevo ente...
AL PP LE FALTA UN EQUIPO ECONÓMICO SOLVENTE.- Se ha dicho que Mariano Rajoy es una marioneta de José María Aznar, que es lento tomando decisiones, que es un vago y que no concreta sus medidas. Según el presidente del Partido Popular son los socialistas quienes extienden estos "tópicos". "Salvo ladrón o incompetente, me han llamado de todo", señaló el martes pasado durante su entrevista en Veo7. El líder de los conservadores también lamenta que se acuse constantemente a la oposición de no tener alternativas y que se repita sin cesar que no cuenta con un gabinete económico potente. Pero Rajoy, en este último caso, no puede culpar a los estrategas del PSOE. Dentro de sus propias filas lo admiten abiertamente, según cuenta el diario Público: "El equipo con el contamos es formal. Un grupo de personas elegidas para fajarse en el día a día, ir a reuniones, encuentros y realizar la tarea parlamentaria. Pero no es el real, el que tendríamos si llegamos al Gobierno". La derecha sabe que la situación no se parece a la de 1996 cuando se visualizaba quién iba a acompañar a Aznar en el camino hacia la Moncloa. Todo el mundo daba por hecho que el vicepresidente político iba a ser Francisco Álvarez-Cascos y el económico, Rodrigo Rato. En la actualidad, en el PP dudan de que los que llevan las riendas en materia de economía sigan manejándolas en el futuro. Tienen la impresión de que sólo se mueven peones por el tablero para ocultar que no existe un rey que los guíe en este terreno. La imagen económica de la derecha se reduce ahora mismo a tres personas: el portavoz del área y experto en materia fiscal, Cristóbal Montoro, y sus dos estrechos colaboradores, los diputados Álvaro Nadal y Fátima Báñez. Sus compañeros reconocen su trabajo y preparación, pero eso no quita para que la mayoría de ellos considere que hace falta un revulsivo, una o varias figuras con relevancia que atraigan votantes y den a su discurso, tan centrado en la crisis, mayor solvencia. Sobre todo cuando la situación económica se ha convertido en el eje principal de su estrategia y cuando Rajoy pretende erigirse en el artífice del "segundo milagro español". Además, hay quien cree que en estos años se ha mantenido un tono, en ocasiones, demasiado bronco, que se aleja de la crítica política constructiva. Y piensan que se debería dar un giro en este sentido, reforzando el gabinete y modulando los discursos. Algunos cargos están preocupados por las próximas citas electorales y les gustaría estar preparados para el caso de un adelanto de las generales. Pero para poder mostrar sus ases, dicen los que están cerca de Rajoy, queda tiempo. Sus colaboradores están seguros de que seguirá el mismo patrón de comportamiento y escogerá perfiles similares a los que eligió en 2008. Hay que tener en cuenta ese precedente. Tras la derrota electoral de 2004, el líder del PP puso a Miguel Arias Cañete al frente de la secretaría económica porque nadie quería hacerse cargo de ella. El ex ministro de Agricultura y abogado del Estado cumplió con el encargo hasta que fue patente que al PP le faltaba músculo económico. Rajoy se puso a buscar. Ocho meses antes de las últimas generales, designó al exministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa como director del programa electoral. Y, poco antes de las elecciones, anunció que el expresidente de Endesa Manuel Pizarro iba como número dos en su lista por Madrid. Fueron sus dos grandes "fichajes" y sus dos grandes pérdidas porque ambos terminaron abandonando en 2010 sus escaños parlamentarios, volviendo a dejar a Rajoy huérfano. Eso sí, al irse a la iniciativa privada, el primero dejó una puerta abierta por si el PP alcanza la Moncloa y le llaman. Y el segundo, dicen que a pesar de que se distanció del líder conservador porque en su día no le hizo portavoz del grupo en el Congreso, mantiene una buena relación con él y le asesora en algunos temas. Desde la sede nacional afirman que no se puede descartar su regreso. Así como el del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, que para muchos compañeros permanece en la recámara. La idea de la operación, en aquel entonces, fue buscar a alguien que pudiese enfrentarse al entonces ministro Pedro Solbes. Ahora, en las filas del PP menosprecian a la vicepresidenta segunda y titular de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a buena parte de los principales actores económicos. Pero la situación económica es más complicada y hay quien se pregunta si el PP estará listo para afrontarla. Rajoy asegura que estará "a la altura de las circunstancias". Pero lo cierto es que cumple en marzo siete años de su travesía por el desierto y, en todo este tiempo, no ha logrado consolidar esta parcela económica. El jefe de la oposición ha preferido echarse él la carga a cuestas, desarrollando hasta sus propias intervenciones económicas, y centrarse en los mensajes. Ahora en todos sus mítines repite que lo fundamental es generar empleo y critica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero cuando le preguntan por sus medidas, no profundiza. En la entrevista con Pedro J. Ramírez quedó en evidencia cuando una joven quiso saber sus propuestas para luchar contra el paro juvenil y se quedó en blanco, perdido en la confusión de su letra. Algo que también le ocurre cuando alguien le pide que detalle su plan. Siempre responde apelando a la confianza y a la importancia de decir la verdad a la gente y arrogándose la capacidad de arreglar la situación en dos años a base de filosofía. Sus colaboradores afirman que es injusta esta apreciación. "Hemos presentado más de 71 enmiendas a la reforma laboral, varias iniciativas, hemos trabajado en la convención de Barcelona, en la de Sevilla, en foros con expertos", defienden. Su entorno afirma que lanzará propuestas con cuentagotas hasta la refriega electoral. Algunos diputados explican que lo hace para evitar "el coste político". Por el momento, Rajoy va manteniendo reuniones sectoriales y los que le rodean presumen de que la clase empresarial y financiera no deja de llamarle porque ya "huelen el cambio". En las filas conservadoras son conscientes de sus carencias. "Se busca una persona del perfil de Almunia", comenta, medio en broma medio en serio, un miembro del Comité de Dirección reconociendo con ello que su partido necesita alguien con una dilatada y completa trayectoria al estilo de la del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia. Pero resulta difícil cubrir esta "página en blanco" porque Rajoy ni siquiera cuenta con alguien de perfil económico en su comité de dirección. A los clásicos maitines acuden María Dolores de Cospedal, Ana Mato, Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz-Gallardón, Jaime Mayor Oreja, Esteban González Pons y Javier Arenas. "Mucha de nuestra gente se podría hacer cargo de Interior, pero somos conscientes de que no tenemos a muchos Rato", confirman. El presidente de Caja Madrid se prodiga en los actos de PP para avalar su oferta. Se ha especulado con su vuelta, pero los que le conocen bien dicen que está centrado en otros temas y que, si algo quiere, será, en caso de que gane el PP, influir en los nombramientos más importantes: el ministro de Economía y el decisivo sillón del gobernador del Banco de España. Además, de su equipo parlamentario, Mariano Rajoy suele pedir opinión y consultar sus decisiones con una serie de personas. Entre ellas se encuentra el exsecretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. En el PP aseguran que es uno de sus mayores hombres de confianza y su nombre siempre surge cuando se hacen quinielas sobre el futuro ministro de Economía. Para ese puesto también se habla de José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía y Hacienda hasta 2010, que cuenta con la absoluta confianza de Rajoy. El jefe de la oposición también suele acudir a su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola. Con él marca la estrategia del PP y prepara sus intervenciones más destacadas. Rajoy también mantiene buena relación con Fernando Bécker, director de recursos de Iberdrola y exconsejero de Economía en el Gobierno de Castilla y León en la etapa de Juan José Lucas. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, también es buen amigo suyo. El líder del PP escucha a veces a Manuel Pizarro. El expresidente de Endesa dejó su escaño en enero de 2010, pero los que rodean a Rajoy confirman que la comunicación no se ha roto. Y dicen que no se puede descartar su regreso. En el partido, Rajoy cuenta con Baudilio Tomé. El coordinador de los programas marco de las elecciones municipales y autonómicas se encargó de las convenciones de Barcelona y Sevilla. Exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Tomé es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. También es el enlace del PP con la macrofundación ideológica FAES.
EL FAVOR DE RUIZ GALLARDON A MONTSERRAT CORULLA.- Vuelve un asunto que, en su momento, empleó el candidato Miguel Sebastiánm contra su adversario, el candidato Ruiz Gallardón, en las elecciones municipales de hace cuatro años... Alberto Ruiz-Gallardón podría haber incurrido en un delito contra el Patrimonio Histórico al conceder a Monserrat Corulla, imputada en el caso Malaya, la licencia para convertir en hotel el Palacio de Villagonzalo a pesar de que los informes que exigía la norma urbanística eran negativos. Por lo menos, eso nos cuenta una crónica de El Confidencial, que proporciona abundantes datos y detalles del asunto. La ficha de condiciones del Plan General Urbano de Madrid, la máxima norma urbanística vigente (PGOUM-1997), exigía la tramitación de un Plan Especial a la Empresa Promotora Palacio de Villagonzalo S.L., previo a la concesión de la licencia de obra. El Gobierno municipal de Gallardón obvió que dichos informes del 2004 y 2005 eran negativos para la conversión del edificio. Según los artículos 320 y 321 del Código Penal, la concesión de una licencia en contra del plan vigente, y más en un edifico protegido, es un delito. Según los informes contrarios a la modificación del inmueble protegido, a los que ha tenido acceso El Confidencial, “la concesión de la licencia supone una alteración importante a un edificio de gran valor arquitectónico", ya que contemplaba un aumento de edificabilidad y "la destrucción del jardín sobre el que se quería construir un 70% de la superficie, cuando la ley solo contempla el 10%”. El informe apunta en la línea de un supuesto trato de favor del alcalde de Madrid hacia Montserrat Corulla. La abogada madrileña obtuvo esta licencia justo en la época de la que datan las conversaciones telefónicas borradas del sumario del caso Malaya en las que Corulla habla de un tal “Alberto”. Con las obras realizadas en el Palacio de Villagonzalo se aumentó en más de 800 metros cuadrados el espacio del edificio, según señalan los propios informes técnico municipales. Hay conversaciones en el sumario en las que interviene Montserrat Corulla y en las que se comenta que “se puede hablar con Alberto para un canje del suelo”, en una aparente alusión al alcalde de Madrid. Los investigadores policiales que han declarado esta semana en el caso Malaya hablan de Monserrat Corulla como de “una mujer de gran inteligencia”. Su puesto como administradora única de varias de las sociedades fantasma de Roca, entre ellas la firma Condeor S.L., le hizo especializarse en las gestiones urbanísticas y de esa manera se encargó de todo lo que tenía que ver con la Gerencia de Urbanismo de Madrid. Corulla se hizo experta en comprar palacetes históricos en ruina y venderlos tras su rehabilitación para convertirlos en hoteles de lujo a través de las sociedades creadas por Roca. Así hasta que se topó con la que fue la casa del Conde de Villagonzalo, un edificio histórico de mediados del siglo XIX. Todos los edificios protegidos que en esa fecha solicitaron ser convertidos en hoteles necesitaron de un Plan Especial para llevar a cabo las reformas y rehabilitaciones Todos menos el del Palacio Villagonzalo, administrado por Corulla. El PSOE acusó entonces al Ayuntamiento de "eximir" del plan especial a “la dama del velo blanco”. El equipo de Gallardón negó la mayor. Y rechazó el argumento de que existiera privilegio alguno: alegaron que la ley permite realizar algunas actuaciones sin necesidad del citado plan y aseguraron que Corulla se había servido de todos los recovecos legales para sacar adelante su proyecto. La Comisión de Patrimonio Histórico, con representantes de la Comunidad, el Ayuntamiento y los arquitectos, corrigieron hasta en once ocasiones las incongruencias que querían llevar a cabo en el Palacio de Villagonzalo. Montserrat Corulla hizo caso omiso a las correspondientes objeciones tal y como consta en el expediente: las subsanó una a una y recurrió a autorizaciones parciales para llevar a cabo las obras. Corulla, acusada de blanqueo de dinero en la operación Malaya, cuenta entre sus méritos varias recalificaciones ventajosas de edificios históricos de la capital. Nadie sabe como conseguía las licencias. Es por eso que su comparecencia en la vista de la Operación Malaya es una de las más esperadas. De todos es sabido que del sumario del caso que ahora se juzga en la Ciudad de la Justicia de Málaga se excluyeron unas conversaciones con el alcalde de Madrid porque el juez las consideró “privadas”, pero se mantuvieron otras en las que ella menciona con familiaridad a un tal “Alberto” como intermediario para lograr que el histórico frontón Beti Jai se convirtiera en un hotel de lujo. En plena campaña electoral a la alcaldía de Madrid en mayo de 2007, el por entonces candidato socialista a la alcaldía de la capital, Miguel Sebastián, mostró en un debate televisivo la foto de Montserrat Corulla a Gallardón. En tan solo dos años y medio, la abogada amiga de Gallardón visitó las dependencias de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en cuarenta ocasiones. En el relato que mantuvo en el despacho del juez Torres el día de su interrogatorio dijo que desde que estaba de administradora de Condeor había adquirido para la sociedad el Palacio de Saldaña, el Palacio de Villagonzalo y en los Alcázares un hotel y un aparcamiento, y que todo se había financiado con préstamos, excepto el Palacio de Villagonzalo. Las obras también se pagaron con préstamos.
EL TRABAJO DE RAJOY.- Trabajo de despacho. Con estas palabras suelen aludir en la sede del PP a las tareas que realiza su presidente, Mariano Rajoy, cuando no participa en actos públicos de su partido, según se explica en La Vanguardia. ¿Qué quiere decir ese trabajo de despacho? Pues, sobre todo, reuniones lejos de los focos y los micrófonos, pero tan interesantes o más para el líder popular que las que tienen su reflejo en los medios de comunicación. Desde hace semanas, Rajoy ha plagado su agenda de reuniones con representantes de distintos sectores sociales de la sociedad civil española con el objetivo de escuchar de primera mano en sus problemas y tomar nota de las soluciones que proponen. Se compromete o no, pero con ello transmite a sus interlocutores su interés por lo que él mismo llama siempre “problemas reales de la sociedad”. Los asesores de Mariano Rajoy le han aconsejado que se someta a un menor desgaste en actos del partido, aunque todos coinciden en que el presidente del PP no les hará mucho caso. “En precampaña es difícil dosificar”, se justifican, más aún cuando existe la sensación de que un esfuerzo más puede ser vital para el resultado electoral que le lleve hasta la Moncloa. Pero aun así, sus asesores insisten en que Rajoy debería reducir esos actos políticos y ampliar esa otra agenda paralela con la sociedad civil. Al igual que hizo hace unos meses con los representantes de entidades bancarias, cajas y grandes empresas, Rajoy ya ha venido realizando encuentros en otros ámbitos. Se ha reunido con el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín; con el del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y con responsables de onegés. Especial atención han tenido para el líder del PP los responsables de la federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, o los de las organizaciones de profesionales de autónomos. Junto a un aumento de estas citas más o menos secretas con representantes de la sociedad civil, el equipo de Rajoy le receta prudencia. Prudencia en sus palabras y no asumir grandes compromisos que después no pueda llevar a la práctica. Basta con formular líneas de trabajo genéricas para que el electorado compruebe que otra gestión es posible en España. De ahí que ya en sus últimas intervenciones públicas, el presidente del PP haya modulado algunas de sus propuestas icono. Donde antes hablaba de reducción de impuestos, empezando por el del IRPF, ahora el discurso es otro. Habla de reforma fiscal “que deberá adecuarse a la situación en cada momento”. Rajoy recuerda que él es partidario de bajar el IRPF y en general de gravar menos a los contribuyentes pero la crisis es la crisis. Sí insiste en bajar el impuesto de sociedades y revisar los módulos para ayudar a los autónomos, pero ya no dice, como antes, en cuántos puntos. El equipo de Rajoy y él mismo prefieren una campaña aburrida a grandes titulares de los que después tenga que arrepentirse. La consigna es “no meterse en charcos”. No dar titulares más allá de las críticas al Gobierno y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque el lío de la sucesión en el PSOE ha obligado a ampliar miras: Alfredo Pérez Rubalcaba también es su objetivo. Por lo que pueda pasar.
EL PP VALENCIANO QUIERE UN CANDIDATO DISTINTO A CAMPS.- “Esto se va a llevar por delante a Francisco Camps y su Ejecutiva”. No es la opinión de un miembro del PSOE sobre el proceso judicial que amenaza al presidente de la Comunidad Valenciana, sino la de un dirigente del PP en esa región. Pese a la aparente unidad de los populares en torno a Camps, y la insistencia de Génova en declararlo oficiosamente candidato, cada vez son más las voces dentro del partido que reclaman un cabeza de cartel sin causas pendientes y sin relación con el caso Gürtel, según relata El Confidencial. Muchos integrantes de la Junta Directiva del PP valenciano, cuadros medios y militantes de base están hartos de que su formación y su comunidad solo aparezca en el ámbito nacional por cuestiones relacionadas con la corrupción. A las múltiples conexiones de la trama de Francisco Correa y El Bigotes se suma el eterno periplo judicial de Carlos Fabra o el alicantino caso Brugal. “La marca del PP gana de forma aplastante las elecciones y el PSOE aquí en Valencia no existe. ¿Qué necesidad hay de mantener a Camps y su equipo?” se pregunta un diputado popular. Esta idea se ha extendido también a empresarios levantinos que ven un riesgo en las sospechas que acompañan al Gobierno valenciano, así como en la parálisis política que, en plena crisis económica, ha provocado el llamado asunto de los trajes. En la calle Génova se sigue sin tomar una decisión, por más que todas las declaraciones públicas son de respaldo a Camps. “Dicen que no hay duda de que es el candidato, pero ya han designado oficialmente a Rudi, Cervera, Bouza, Pérez-Espinosa o Monago. Y desde luego nadie duda de Arenas o Cospedal. Pero han dejado la puerta abierta en Valencia”, señaló un dirigente. El presidente de la Generalitat valenciana es consciente de que sus apoyos se reducen, y no solo por la tradicional confrontación de familias del partido. “Camps evita convocar a la Junta Directiva Nacional, porque sabe que hay voces críticas. Solo se reúne con el Comité Ejecutivo, porque lo controla él”, criticaron fuentes del PP. El modo en que está dirigiendo el partido, como la puesta en marcha de la maquinaria electoral, prueban el estado de debilidad del líder valenciano. El pasado julio convirtió una celebración por sus siete años al frente del Consell en una improvisada Junta Directiva. En el Palau de la Música, fuera de los cauces ordinarios y con notables ausencias al tratarse de un homenaje a su persona, Camps sorprendió a los suyos anunciando oficialmente la composición del Comité Electoral. La semana pasada, en una nueva maniobra para controlar el partido y no dejar espacio a la contestación, ordenó que las agrupaciones de ciudades de más de 20.000 habitantes eligieran a su candidato municipal con tan solo 48 horas de margen. La previsible decisión del juez Flors de abrir juicio oral está acelerando las maniobras de Camps y su equipo directivo para blindar su candidatura y su control sobre el partido. Mañana, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad decide si acepta nuevas pruebas solicitadas por la defensa del presidente popular o si considera que se trata de una estratagema más para dilatar el proceso. Será una prueba de fuego para la presidenta de esta institución, Pilar de la Oliva, que sustituye a Juan Luis de la Rúa, supuestamente amigo de Camps. Si se cumplen las previsiones, y en marzo se conoce que el presidente valenciano debe sentarse en el banquillo ante un jurado popular, la carrera electoral quedaría gravemente alterada. Mariano Rajoy deberá elegir entonces entre sustituir a su candidato en Valencia o comprometer su reputación y la de su partido haciendo campaña junto a un procesado por cohecho. Por ello, las quinielas sobre los posibles relevos ya han comenzado. Rita Barberá es la preferida por todos los militantes, aunque ha dado muestras de querer seguir como alcaldesa. “Habrá que ver qué dice si se lo pide el partido, es normal que ahora se niegue”, indicó un diputado levantino del PP. “Esteban González Pons también quiere ser presidente, aunque sabe que si aguanta en Madrid puede aspirar a un Ministerio”, añadió esta fuente, quien apostó por Alberto Fabra como candidato de consenso. El alcalde de Castellón es también diputado autonómico y coordinador general del PP en la comunidad. “Es joven, prudente y ni campsistas ni ripollistas le vetarían”. Pero, por ahora, y pese al deseo de cambio extendido entre los populares valencianos, valen las recientes palabras de Rajoy: “Camps no es un corrupto. No voy a liquidar su carrera política”.
EL AJUSTE TOCA A SU FIN. FALTA RECUPERAR EL EMPLEO,.- Un documentado trabajo de Carlos Sánchez en El Confidencial llega a la conclusión de que el ajuste de la economía española toca a su fin. El PIB acabó creciendo en 2010, según el Banco de España, un 0,6% en términos interanuales, y, aunque en media del año todavía cayó un 0,1%, todos los indicadores apuntan en una dirección: el durísimo proceso de estabilización de la actividad económica está a punto de acabar. Aunque no del todo. El débil crecimiento es todavía insuficiente para crear puestos de trabajo, y eso explica que la tasa de paro -que es un indicador retrasado respecto de la actividad- seguirá en el entorno del 20% de la población activa durante algún tiempo. ¿Cuánto? El consenso de los 17 institutos de coyuntura del país estima que hasta 2012 no será posible rebajar esa tasa. O lo que es lo mismo, alrededor de 4,7 millones de trabajadores seguirán en paro durante los próximos trimestres. El FMI, la Comisión Europea y hasta el propio Gobierno avalan esta previsión. Zapatero (o el candidato que elija su partido) se presentará a las elecciones con una tasa de desempleo no inferior al 18-19%. Ahora bien, este estudio de BBVA sostiene que excluyendo el sector de la construcción, el resto del aparato productivo puede crear puestos de trabajo a partir de un crecimiento del PIB del 1%, objetivo no tan lejano en el tiempo si se tiene en cuenta que en estos momentos avanza un 0,6% en términos anuales. Este otro estudio, estima que sin el sector de la construcción la economía habría crecido un 1,5% en 2010. O un 0,8% sin inversión en vivienda. A la espera de que el mayor crecimiento se traslade al mercado de trabajo, la economía -la parte sana del tejido productivo que ha podido sobrevivir a la crisis- recupera el pulso, aunque todavía de forma tímida. Y lo hace, y aquí está la novedad respecto de otros periodos históricos, gracias a las exportaciones. Pero al contrario que en la recesión de los 90 o de los primeros años 80, la recuperación del sector exterior se produce sin devaluaciones, el instrumento de política económica que tradicionalmente han utilizado los gobiernos correspondientes para recuperar competitividad. Durante la Gran Recesión, sin embargo, el mecanismo de ajuste casi único ha sido el empleo, lo que explica las altas tasas de paro. Como es tradicional en la economía española después de una recesión (gracias a las devaluaciones), el sector exterior tira ahora de la economía, como reflejan estos informes oficiales, pero con un cambio cualitativo de indudable transcendencia. Al contrario que lo ocurrido durante los dos primeros años de la crisis, en los que la recuperación de la demanda externa vino de la mano del desplome de las importaciones, en estos momentos son las exportaciones las que están sosteniendo el crecimiento. Aunque todavía de forma insuficiente para compensar la caída de la demanda interna (consumo público, privado e inversiones). La debilidad de las importaciones se explica, lógicamente, por la anemia del consumo (tanto público como privado) y de las inversiones. La renta disponible de las familias está por lo suelos, el sector público está inmerso en un duro proceso de ajuste presupuestario y las empresas no invierten por falta de demanda y ausencia de crédito. Algo que, paradójicamente, está favoreciendo el crecimiento en términos macroeconómicos, aunque sin empleo. España, por lo tanto, se está aprovechando no sólo del incremento de las ventas a la Unión Europea, sino, sobre todo, a los países emergentes, con tasas de crecimiento verdaderamente notables. Las exportaciones a China crecen un 35,2%, las destinadas a Latinoamérica aumentan un 33,7%, mientras que las que están dirigidas al conjunto de Asia se incrementan un 29,8%. Incluso las destinadas a los países fuera de la UE avanzan un 27,2%. En todos los casos, por encima del 14,6% que crecen las exportaciones al área del euro, lo que explica el renacer (todavía timido), de la industria. Como sostiene el director del servicio de estudios de un importante banco privado, “a la fuerza ahorcan y las empresas españolas se han visto obligadas a buscar nuevos mercados”. Y de ahí que mientras la demanda nacional detrajo en el cuatro trimestre de 2010 siete décimas de crecimiento del PIB, la demanda externa contribuyó con 1,3 puntos porcentuales, tres décimas más que en el trimestre anterior. El saldo son esas seis décimas que crece la economía respecto al cuatro trimestre de 2009. El perfil de salida de la crisis cuenta, además, con una novedad verdaderamente relevante. Se produce en un contexto de restricción del gasto público, lo que aparentemente debería de haber deprimido más la actividad. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. La economía cayó en 2010 un 0,1%, menos que lo estimado a mediados de año por los analistas, que tras conocer las medidas de ajuste del Gobierno a mediados de año empeoraron en algunas décimas sus estimaciones de crecimiento. Ha ocurrido justamente lo contrario, dando la razón a quienes creían que la restricción del gasto público tendría efectos expansivos sobre la actividad. Básicamente porque el comportamiento de los agentes privados en dirección opuesta compensa el ajuste presupuestario. El servicio de estudios del BBVA publicó hace algunos meses un informe en el que sostenía que la contención salarial en la función pública tendría -paradójicamente- efectos positivos sobre los márgenes empresariales, lo que facilitaría la recuperación económica al favorecer los procesos de inversión, tanto en capital fijo como en plantillas. Son los llamados ‘efectos no keynesianos’ derivados de una política de ajuste fiscal. En concreto, algunos estudios estiman que una reducción del 1% en el peso de los salarios del sector público en el producto interior bruto representa un impacto en la ratio de inversión privada respecto del PIB de 0,48 puntos, en el corto plazo, y de 2,56 puntos acumulados en un periodo de cinco años. Algunos economistas consideran que a la luz de lo ocurrido en Irlanda o Dinamarca en los años 80, un plan de austeridad intenso como el planteado por el Gobierno “puede tener efectos positivos sobre la actividad”, en particular sobre los salarios en el sector privado. Aunque es evidente que el menor consumo público tiene consecuencias adversas sobre el crecimiento económico a corto plazo (de ahí que hasta el propio Zapatero anunciara en su día una revisión a la baja de “unas décimas” en el crecimiento del PIB), se considera que en términos macroeconómicos es más relevante el comportamiento del sector privado (85% del PIB), cuyos salarios tienden a imitar lo sucedido en el sector público. Las empresas tienen nuevos argumentos para justificar una mayor contención salarial. Y realmente eso es lo que está pasando. En 2010, los salarios subieron un 1,3%, un punto menos que en 2009, que fue el año más intenso en cuanto a deterioro de la actividad (el PIB cayó un 3,7%). La incipiente recuperación -ahora si que se observan los célebres ‘brotes verdes’ está avalada, además, por un hecho relevante. Como pone de relieve el último informe de coyuntura del Ministerio de Economía, los datos de diciembre reflejan que la financiación a los sectores no financieros residentes en España del mes de diciembre un aumento interanual del 0,8%, lo que supone cuatro décimas más que en noviembre. La financiación destinada a las empresas, por su parte, aumentó un 1% (cuatro décimas más que en noviembre) mientras que la dirigida a las familias lo hizo en un 0,4% (dos décimas más que en noviembre), con un mayor crecimiento de la destinada a vivienda, 0,8% en diciembre (desde el 0,4% de noviembre). Tasas todavía muy suaves pero que apuntan -ahora sí- en la dirección correcta. Otra cosa es saber cuánto tiempo pasará hasta que el paro vuelva a niveles del 10-12%. Desde luego, no antes de un lustro.
LA COMPRA DE VIVIENDA SIGUE VETADA A LOS JÓVENES.- La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse, según se explica en una información aparecida en La Vanguardia.. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra. Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En períodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio. Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad. El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda. Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios. Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.
ENGORDE DE CENSOS EN PUEBLOS DE ORENSE.- Como ocurrió en los meses previos a las elecciones municipales del 2007, la provincia de Ourense ha vuelto a convertirse en escenario de sospechosos engordes repentinos de censos electorales y padrones de habitantes a unos meses de los comicios locales del 22 de mayo, según ha denunciado este lunes La Voz de Galicia.. Mientras que hace cuatro años fueron al menos siete los concellos donde se produjo un incremento injustificado en el número de electores, en esta ocasión son dos los municipios también de Ourense que registran bien en el censo o en el padrón aumentos en una magnitud que no se produce en ningún otro lugar de Galicia y que, por ello, resultan inexplicables en una zona que no deja de perder población. Calvos de Randín, que ha visto caer su padrón de 1.258 vecinos en el 2001 a 1.065 en la actualidad, acaba de registrar en su censo electoral una subida del 8,69% entre enero y diciembre del 2010. En cada uno de los diez años anteriores el listado de electores de Calvos menguó entre 20 y 30 personas, e incluso bajó en 43 en el 2006. En cambio, afrontará los comicios de mayo con una subida de 80 personas dadas de alta en el último año, según la contabilidad estadística del INE. Con ese espectacular salto en su censo, Calvos de Randín es la localidad de Galicia que más ha visto crecer su listado de posibles votantes, seguida muy de lejos por Ames, que, pese a ser el mayor polo de expansión demográfica de la comunidad, registra un incremento en su censo de 5,6 puntos menos. Como en Calvos, en el municipio próximo de Oímbra, también al sur de Ourense, un inexplicable incremento de vecinos se registra en su caso en el padrón de habitantes, que ha crecido un 6,05% en el último año. Tras perder 93 vecinos entre el 2001 y el 2009, Oímbra presenta en su nuevo padrón un crecimiento en solo un año de 116 residentes, obteniendo además con ello el premio de ver aumentada en dos escaños su corporación al superar la barrera de los 2.000 residentes. Casi la mitad de los nuevos teóricos vecinos tienen nacionalidad portuguesa. Los partidos de la oposición de ambas localidades no dudan de que dichos incrementos censales obedezcan a una estrategia electoral de sus respectivos alcaldes, constatando además que las altas producidas en muy pocos casos tienen que ver con la llegada efectiva de nuevos vecinos. «Non temos ningunha nova empresa, nin vivendas e pasan anos enteiros sen que naza un neno, e en lugar de caer o padrón sube grazas a que nalgunhas casas alguén deu de alta ata dez persoas que nunca viviron alí, ou que nun barrio din que están empadroados noventa portugueses, cando en realidade non vive ningún», asegura Antón Alonso, concejal del BNG en Oímbra desde 1979. Alfonso Villarino, alcalde de Oímbra y perteneciente al PP, niega cualquier irregularidad y atribuye el ascenso poblacional a los servicios y comunicaciones del pueblo. «El padrón es imposible de manipular», dice, aunque reconoce que algunos de los nuevos habitantes viven en otras localidades pero tienen alguna relación con Oímbra. El regidor niega también que haya buscado incrementar el padrón para aumentar el número de concejales, que habían bajado en dos en el 2003 y que precisamente perdió el PP.
EL GASTO FRMACÉUTICO DE GALICIA.- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ante la decisión del gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la puesta en funcionamiento del catálogo de fármacos en Galicia, tiene que señalar:
1) El elevado gasto farmacéutico es el principal problema para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y su rebaja es por lo tanto imprescindible y urgente, sobre todo en un momento de crisis económica.
2) El catalogo de fármacos aprobado en Galicia recogía una antigua reivindicación de la FADSP: que el Sistema Sanitario Público solo financiara el medicamento que con igual principio activo sea el mas barato del mercado, porque sin alterar la calidad de la prescripción favorece el control del gasto-
3) Es evidente, no obstante, que es el Ministerio de Sanidad el que tiene la competencia exclusiva sobre la prestación farmacéutica y que por lo tanto es mas que probable que el recurso del gobierno sea formalmente razonable.
4) También que una medida de este tipo debería de haberse gestionado en el seno del Consejo Interterritorial y haberse aplicado para el conjunto del SNS.
5) Resulta también sorprendente que sea un gobierno del PP, partido que se caracteriza por sus alharacas y declaraciones sobre la “ruptura” de la unidad de España y sobre la necesidad de restringir las competencias de las CCAA, los que, a la primera ocasión hacen exactamente todo lo contrario de lo que predican.
6) Por otro lado conviene recordar que en Galicia el gobierno del PP esta embarcado en varios proyectos de construcción de hospitales por el modelo PFI(publico-privado) que tienen un sobrecoste de 5-6 veces y que llevan a la Comunidad Autónoma a una situación económica difícilmente sostenible
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario