SE SUPERÓ EL ESCOLLO DEL PROTAGONISMO ENTRE LOS CANDIDATOS

RUBALCABA INCORPORÓ SU FÓRMULA AL ACUERDO CONTITUCIONAL
En la madrugada del viernes al sábado, el PSOE y el PP consiguieron cerrar el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones a partir de 2020. De manera que sigue el calendario de l tramitación previsto: el 30 de agosto será tomado en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados el texto de la reforma constitucional. El 2 de septiembre se votará la reforma constitucional y se remitirá lo aprobado al Senado. Y tras la votación en el Senado, se dispone de 15 días para que un 10% de senadores o diputados pida un referéndum. El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para modificar la Constitución con el fin de incluir en ella un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impide al Estado y las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea, no fija cifras sobre los límites del déficit en el texto constitucional. Las cifras tope de déficit se recogerán en otra ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012, y que precisará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas. El déficit no superará el 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado ni el 0,14% en cada comunidad autónoma. Asimismo, las entidades locales deberán presentar un equilibrio presupuestario. Los déficits estructural y la deuda podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo, para atender las circunstancias de la evolución de la economía, según el texto pactado. En su nueva redacción, el artículo 135 de la Constitución constará de cinco apartados frente a los dos anteriores a la reforma. La reforma establece, también, una cierta flexibilidad sobre la superación de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública: Se podrá superar “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. Tales situaciones deben ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso. El texto aprobado recoge, asimismo, una exposición de motivos en la que subraya que, treinta años después de la entrada de España en la Unión Europea, “en el marco de una creciente globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado social que proclama la Constitución”. El principio de acuerdo se alcanzaba una vez que ambos partidos aceptaron dejar fuera de la norma fundamental la cifra tope de déficit. El presidente Rodríguez Zapatero, había planteado en su propuesta inicial a Mariano Rajoy introducir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, y el líder del PP estaba de acuerdo. Pero, durante la negociación, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó que esa cifra se incluyera sólo en una ley orgánica posterior, y que en la Constitución figurase un principio “genérico” de estabilidad presupuestaria. El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, llevó esa propuesta a la mesa y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, la asumió. Ambas delegaciones han negociado contrarreloj la modificación constitucional desde el miércoles por la mañana, tras anunciarla por sorpresa Zapatero el martes en el Congreso. Los socialistas sostienen que, con la fórmula introducida en el último momento a iniciativa de Rubalcaba, se ha logrado la “máxima flexibilidad” para que el Gobierno correspondiente, en situaciones de crisis económica o de catástrofe, tenga margen de maniobra suficiente para gestionar libremente las políticas sociales. Asimismo, esta fórmula salvaguarda, según el PSOE, el objetivo que adelantó el presidente Zapatero en el debate del pasado martes: enviar a los mercados un “mensaje claro” de “austeridad y rigor”. Y, al complementar con una ley las cifras que ponen límite al déficit, permitirá que ese mensaje quede aún más claro. A su vez, fuentes del PP señalaron que el primer partido de la oposición no puso dificultades en la mesa de negociación a la propuesta de la delegación socialista de colocar fuera del texto constitucional, a través de una ley orgánica, la limitación concreta del déficit máximo. Aseguraron que fue Zapatero quien en un principio propuso establecer el 0,35% como tope de déficit, y que posteriormente el PSOE rectificó. Fuentes socialistas admitieron que la propuesta inicial del presidente a Rajoy —ambos estuvieron intercambiándose documentos antes de dejar la negociación en manos de sus portavoces parlamentarios— fue esa: un tope del 0,35% similar al que figura en la Constitución de Alemania, como también reconoció el miércoles la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Rubalcaba introdujo el jueves en la negociación la nueva fórmula, que otorga mayor flexibilidad al déficit, al no constitucionalizarlo y precisar la cifra en una ley orgánica. Paralelamente a la mesa de negociación de los portavoces del Congreso del PP y PSOE, el presidente del Gobierno y el líder del PP, también mantuvieron conversaciones telefónicas durante todo el día. El PP utilizó este dato para acusar a Rubalcaba de querer “retomar la iniciativa política para salvar su posición”, cuando eran Zapatero y Rajoy quienes negociaban. Dirigentes socialistas replicaron que existió un contacto permanente de Zapatero con Rubalcaba y de éste con la mesa negociadora, que encabezaba José Antonio Alonso por el PSOE, acompañado del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco. La crítica del PP incidía en lo sucedido el martes, cuando Rajoy acusó a Rubalcaba de haber rechazado expresamente la iniciativa de la modificación constitucional cuando el líder de la oposición la propuso hace un año. El exvicepresidente y hoy candidato se limitó a responder que Zapatero le había convencido de su necesidad la víspera del debate y que la había apoyado, tras asegurarle el presidente que contaba con el apoyo del PP. Y del mismo modo, tanto Zapatero como Rubalcaba y Rajoy mantuvieron contactos con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para sumar a este partido al pacto. Pero este adelantó ayer que no respaldará la presentación de la propuesta ante la Cámara, y no garantizó que finalmente vote a favor. Se trata de una reforma que ya cuenta con numerosas voces críticas, entre ellas, varios miembros del Partido Socialista. Tanto el 'lehendakari' Patxi López, como el ex ministro José Borrell y el diputado Antonio Gutiérrez, han mostrado públicamente su desacuerdo con la reforma 'exprés'.
Como es fácilmente apreciable, demás del fondo de la cuestión y su oportunidad, se ha tenido que superar otro escollo nada sencillo: el protagonismo entre los dos candidatos presidenciales, Rajoy y Rubalcaba…