TRAS EL CONSENSO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

LAS PREOCUPACIONES DEL PP Y LAS DEL PSOE
Tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para la reforma de la Constitución, ha sido muy notable el esfuerzo de los populares por reducir o anular la importancia de Rubalcaba en la operación, estrategia totalmente contraria a la que han seguido los socialistas. Sobre todo, ha correspondido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, esa tarea. Tras felicitarse del pacto alcanzado entre su partido y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución, que ha definido como "un buen acuerdo" que dota a la economía española de la confianza que necesita, garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales y también la austeridad, SSS quiso dejar claro que han sido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, los que han "cerrado" el acuerdo, y ha aclarado que "no ha habido ninguna reunión" del equipo negociador del PP con el candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a que fuentes socialistas habían anunciado el día anterior que el candidato socialista estaba al frente de la negociación de la reforma constitucional por parte del PSOE. Sáenz de Santamaría quiso agradecer expresamente a José Antonio Alonso "el ambiente y la lealtad" con la que ha "encabezado" las conversaciones por parte del Grupo Socialista que, según señaló, se han producido de manera "fluida y ágil". También agradeció la labor de los socialistas Francisco Fernández Marugán y Txiki Benegas. Para el PP, este pacto es bueno desde el punto de vista "económico", "porque contribuye a mejorar la confianza que tanto necesita reforzar la economía española", pero también lo es desde el punto de vista "social" ya que, según enfatizó la portavoz parlamentaria, "garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales, frente al descontrol en las cuentas públicas que siempre lleva a recortes sociales".Señaló que también es positivo políticamente porque "marca un consenso clave en una de las principales reformas estructurales que necesita la economía española".“La austeridad ya no es una opción sino una obligación”. La dirigente popular ha asegurado que la reforma constitucional no sólo no bloqueará las políticas sociales sino que “pone a salvo el Estado del bienestar” y “garantiza el mantenimiento de los servicios públicos”, porque facilitará que España obtenga “crédito y financiación” y dará “solvencia” a los Presupuestos. Y sobre el papel jugado en la negociación por Pérez Rubalcaba, a quien el PSOE atribuye la iniciativa de dejar fuera de la Constitución la cifra de déficit, la portavoz popular se limitó a señalar que ni ella ni nadie de la delegación del PP se ha reunido en estos días con el candidato socialista. Fuentes del PSOE habían explicado que Rubalcaba estuvo en contacto telefónico permanente con Alonso, que ha sido el interlocutor del PP. Sáenz de Santamaría subrayó que ésta es “la primera de las reformas estructurales que hay que hacer” en España, y apuntó otras: “Fiscal, laboral, de competitividad…”. Reformas cuyo contenido el PP aún no ha querido concretar en ningún foro. “Queremos formar parte del grupo de países a la vanguardia de la política económica europea”, ha dicho la portavoz. A su vez, Cristóbal Montoro, responsable de economía del PP, se ufanó de que “ningún país ha hecho esto en Europa”. El criterio esencial que PP y PSOE han acordado incluir en la Constitución obligará a las administraciones a “no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea”. Eso quiere decir, según Sáenz de Santamaría, que “los límites de déficit y deuda que vaya marcando la UE serán de obligado cumplimiento”. Y uno de esos límites, el de deuda, figura ya en el Tratado de la Unión con una cifra fija: 60% de deuda máxima sobre el PIB. “La deuda pública española tendrá que estar en el 60% en 2020”, ha afirmado (ahora roza el 75%). El déficit deberá ser del 0,4% como máximo en 2020, pero eso será establecido en una ley orgánica. SSS recordó que la vicepresidenta Elena Salgado “defendió” la cifra del 0,35% del PIB en un principio. “Nunca hemos hecho causa ni debate de las cifras, lo que nos importaba a nosotros era establecer el principio de estabilidad presupuestaria”, dijo la portavoz del PP. Sí ha matizado que, aunque la reforma tiene un horizonte de aplicación a partir de 2020, eso no quiere decir que, a partir de ese año, empiece a aplicarse, sino que desde ahora y hasta entonces tienen que ponerse en marcha “los mecanismos que marquen la senda de la disciplina presupuestaria”, parar estar “con el contador a cero” (déficit máximo del 0,4% y deuda del 60%) en 2020. También destaca el PP el esfuerzo que viene haciendo sumar a los nacionalistas catalanes a la reforma. Pero, si no se consigue, al PP no le preocupa especialmente que la reforma salga adelante con menos consenso del obtenido por la Constitución en 1978: “PP y PSOE representan al 90% de la ciudadanía en esta Cámara”, concluyó.
Por su parte, el PSOE, tras la insistencia de varios de sus diputados, ha convocado a los 169 miembros del grupo parlamentario en el Congreso a una reunión el próximo lunes día 29, a las ocho de la tarde, víspera del pleno en el que la Cámara baja debe tomar en consideración la reforma pactada por PP y PSOE del el artículo 135 de la Constitución sobre el límite de déficit público. La reunión semanal del grupo socialista estaba prevista para el 13 de septiembre, pero el descontento surgido en sus filas por la manera en la que conocieron la reforma que tienen que votar, ha movido a la dirección del grupo a adelantar el encuentro. La mayoría de los diputados del PSOE se enteró el mismo martes por la mañana, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo anunció desde el estrado, de que su partido iba a impulsar una reforma de la Constitución para fijar un límite al déficit público (y, por tanto, al gasto público), algo a lo que los socialistas siempre se habían negado. Diputados del PSOE habían pedido en los últimos días una reunión del grupo parlamentario para discutir una medida que consideran demasiado relevante como para votarla sin debate previo. La diputada por Sevilla y presidenta de la Comisión de Interior en el Congreso, Carmen Hermosín, tachó el jueves de “insólito” y “chocante” que la primera reforma constitucional en tres décadas —hubo otra en 1992, obligada por el Tribunal Constitucional para adaptarse al Tratado de Maastricht— se vaya a hacer “a velocidad exprés”. Ella apoyará la reforma porque, si el Gobierno la ha planteado, confió Hermosín, “sus razones tendrá”, pero no entiende la falta de debate. Por eso pidió una reunión de todo el grupo parlamentario, para que los diputados puedan expresar sus dudas. “He echado de menos una mayor explicación”, dijo Hermosín a Europa Press. “Ya que estamos en esto, al menos debatámoslo”, concluyó la diputada sevillana. Hermosín no es la única que pidió que se adelante unos días el plenario socialista para que puedan hablar antes del pleno en el que se decidirá la toma en consideración de la reforma constitucional. Las voces críticas del PSOE, que se habían alzado la víspera contra la propuesta de reforma, quedaron acalladas el jueves después de que Elena Valenciano, jefa de campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba, pidiera a esos descontentos “un poco de prudencia y paciencia”. “Que salgan discrepantes con esta cuestión es relativamente grave en la medida en que es comprensible que haya un debate sobre esto, y el PSOE es un partido que debate y además debate abiertamente. La gente tiene una cierta dificultad para comprenderla, incluso para compartirla, pero creo que cuando esté acordado lo compartirán”, dijo Valenciano a RNE. “Entiendo que haya muchos compañeros que tengan dificultades para verlo, que sea una decisión que les afecte, que les resulte difícil. Eso es normal”, afirmó, en “un partido que debate abiertamente” y que tiene “voces plurales, distintas personalidades”. Por su parte, el expresidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, declaró que no es “entusiasta” de la reforma, que en su opinión viene impuesta por Francia y Alemania. “La compra de bonos españoles por parte del BCE no ha sido gratis”, añadió Montilla.. En todo caso, en la actual situación de crisis “tiene más costes no hacer la reforma que hacerla”
Pero tiende a remitir la controversia…