MONTORO Y DE GUINDOS, MONTORO Y SORIA, FERNANDEZ CON OREJA...

¿Es éste un Gobierno cohesionado o demasiado discrepante?

¿El que tenemos es un Gobierno cohesionado y efectivo, o revela demasiado a menudo tensiones y discrepancias internas graves? Es una cuestión que se han planteado a menudo distinto analistas políticos, y sobre la que este domingo vuelve el diario La Vanguardia, a la luz de recientes actuaciones y actitudes ministeriales. El reportaje periodístico comienzo reproduciendo la frase de Rajoy: "Estoy muy contento con mi Gobierno. Está haciendo un trabajo enorme. Estoy orgulloso de cómo se ha comportado". Las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, son recientes, del 3 de agosto, cuando fue preguntado por la posibilidad de una inminente remodelación del Ejecutivo. Ese cambio de Gobierno, que corría como rumor por todas las redacciones, tenía una justificación: la necesidad de un vicepresidente económico que acabara con las tensiones entre los ministros de Economía y de Hacienda. Añade el trabajo de La Vanguardia que el enfrentamiento público que protagonizaron en los pasados días el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, no es el primero en el Gobierno. De Guindos y Montoro son “expertos” en el debate público, y hasta se les ha podido ver en el Congreso manteniendo una fuerte discusión de escaño a escaño. Enfrentamientos en un Ejecutivo que no está tan bien avenido como quiere hacer creer Rajoy. Según el reportaje, los choques que tienen como protagonistas a De Guindos, Montoro o Soria no son los únicos, y los que también se producen entre los ministros y el partido se han sucedido desde el primer día de Gobierno, aunque el punto álgido haya sido el que protagonizan estos días el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre, a cuenta de la concesión del tercer grado penitenciario al secuestrador de Ortega Lara. O el de Jorge Fernández Díaz con la opinión pública, a cuenta del caso Sánchez Gordillo y su presunta impunidad por el atraco a establecimientos comerciales. En Twitter se lee, a cuenta de estas historias: “el ministro de interior ya solo tiene una alternativa honorable: dimitir, y Rajoy otra, cesarlo. Vaya despropósito”… Recuerda también La Vanguardia que antes de estos últimos mencionados, los presidentes autonómicos del PP se enfrentaron al ministro de Hacienda por el déficit, aunque Rajoy consiguió acallar la discrepancia. Ahora, una nueva guerra está en ciernes. Al PP no le ha gustado nada la modificación que pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la ley del Aborto. No estaba así perfilada en el programa, le recuerdan. Y es materia que, a su vez, aborda El País este domingo.

Se señala que el enfrentamiento más evidente y permanente, entre los dos ministros económicos, Montoro y De Guindos, se produjo en el mismo momento en que Rajoy decidió separar las carteras de Economía y de Hacienda y no nombrar un vicepresidente económico. Rajoy tomó posesión el 20 de diciembre como presidente, y el primer enfrentamiento que se les conoce es del 27, en vísperas de aprobar el primer paquete de recortes que incluyó una subida del IRPF. Mientras De Guindos sí daba cifras del importante recorte, Montoro le desmentía y obligaba al ministro de Economía a desdecirse. Desde ese momento, han sido más las desavenencias que los acuerdos, y ello ha obligado al jefe del Ejecutivo a tomar partido. La mayoría de las veces lo ha hecho a favor de De Guindos, y eso también ha dolido. Sobre todo, cuando la decisión fue la nacionalización de Bankia, lo que defendía el ministro de Economía, y no aplicar el plan que había presentado Rodrigo Rato, y que apoyaba Montoro. En ese momento, el PP se puso del lado de Montoro y de Rato: "Son de los nuestros, decían, y no De Guindos". Hasta Aznar hizo saber su malestar, quizá por eso no es de extrañar que dos economistas colaboradores de la FAES, Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde, todavía esta semana hayan escrito un artículo en el Financial Times contra la política económica de De Guindos y Rajoy. Luego, la creación o no de los hispanobonos fue quizá una de las peleas en las que De Guindos y Montoro jugaron más sucio y utilizaron a la prensa para conseguir sus objetivos. El ministro de Economía era partidario de ellos, y convocó deprisa y corriendo una reunión con responsables de los medios de comunicación para anunciar la inmediata aprobación de los hispanobonos. Pocas horas después, el ministro responsable de su existencia, Cristóbal Montoro, desmentía en el Congreso que fuera a haberlos y anunciaba otra medida que suponía que la deuda no se mancomunara, y que aprobaría dos días después el Consejo de Ministros. Pero se fue retrasando y retrasando, por la pelea entre los ministros, aunque al final ganó, extrañamente, Montoro. Los dos ministros, a falta de vicepresidente, han encontrado en el jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del gobierno, Álvaro Nadal, la tabla de salvación en unos casos; la persona sobre la que presionar en otros, y a ese vicepresidente económico que no existe, la mayoría de las veces. Nadal, número dos de Montoro en el PP durante la etapa de la oposición, no siempre ha dado la razón a su exjefe y más de una vez se ha inclinado por De Guindos. Nadal acompaña siempre al presidente en sus viajes a Europa, participa en las negociaciones y es de los que tienen hilo directo con Alemania. Esa es la gran diferencia con Montoro, él no viaja a Europa, no tiene que llegar a acuerdos con los socios europeos. Según el trabajo de La Vanguardia, hay una enorme lista de los choques entre Montoro y De Guindos, con un ministro de Economía que ha ganado casi siempre y un ministro de Hacienda que se ha vengado siempre que ha podido, como hizo poniendo trabas al plan de De Guindos para facilitar la dación en pago para evitar el desahucio de viviendas. La subida del IVA también les enfrentó, hasta si debía ponerse cifra, en julio pasado, a los recortes, a lo que se negaba el titular de Hacienda.

Pero De Guindos no es el único que ha chocado con Montoro. El titular de Economía ha tenido encontronazos con el titular de Industria, José Manuel Soria, a cuenta de las tarifas eléctricas y de la subvención a la industria fotovoltaica, y con el responsable de Exteriores, José Manuel García Margallo, a cuenta de la Marca España. La reunión que mantuvo el ministro de Exteriores con los más importantes empresarios españoles, apenas una semana después de que lo hiciera De Guindos, sin que Margallo fuera invitado, no sentó nada bien en el palacio de Santa Cruz.
Tampoco pasó inadvertida a nadie la bronca que echó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al ministro Luis de Guindos, a quien ya le tenía ganas desde la nacionalización de Bankia. A Aguirre no le había gustado que el titular de Economía echara la culpa de la desviación del déficit a las autonomías y las llamara poco menos que manirrotas, cuando la presidenta madrileña lleva a gala lo saneadas que tiene las cuentas. De Guindos, otrora compañero en la FAES, tuvo que tragarse la bronca de una presidenta que no se corta un pelo y le cantó las cuarenta sin que le importara la presencia de las cámaras, mientras él ponía cara de circunstancias. Pero enfrentamiento público claro llegó este mes de agosto, y parece que de forma intencionada, con las desavenencias del equipo económico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, sabedor de la oposición del titular de Hacienda a aprobar su propuesta de reforma del sector eléctrico, decidió darla por hecha y contársela a la prensa. Y esa intervención provocó la respuesta de Montoro en una entrevista de prensa: "Han decidido airear esta idea en los medios, pero yo tengo la última palabra en la creación de impuestos, y no hay nada más que decir". Montoro se refería a las tasas especiales para las energías renovables que contenía la reforma de Soria.
Casi al mismo tiempo, el ministro del Interior, Jorge Fernández, y uno de sus antecesores en el cargo, el emblemático ministro del Interior del PP con Aznar, Jaime Mayor Oreja, se enfrentaban también a través de los medios de comunicación. La decisión del Gobierno de conceder el tercer grado penitenciario al etarra Uribetxeberria fue contestada por Mayor Oreja acusando al Gobierno de fortalecer a ETA y favorecer la estrategia de la banda terrorista. Una crítica a la que se sumó la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Fernández no se quedó callado, y en cuanto pudo respondió a su antecesor, y no para intentar zanjar la polémica, sino para rebatir cada una de las acusaciones. Contestó al exministro que lo único que hizo fue aplicar una ley que, mira por dónde, había aprobado Mayor Oreja durante su mandato, y que lo contrario hubiera sido prevaricar. Fernández, además, recordó a Mayor Oreja que él dio el tercer grado a 18 etarras.
El enfrentamiento en el PP por el anuncio de la reforma de la ley del aborto que ha hecho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es todavía soterrado. Apenas una declaración del portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reivindicando la ley del aborto del 85, es la única que se ha opuesto en público a la pretensión del ministro de no sólo acabar con la ley de plazos, sino también suprimir uno de los supuestos que contenía la ley del 85, el de malformación del feto. Pero ya hay diputados que no se esconden a la hora de afirmar que si el ministro al final lleva al Congreso esa reforma, no la votarán. El PP ha hecho llegar al Gobierno que el programa con el que se presentaron a las elecciones no decía nada de eso, y el compromiso de Rajoy pasaba por impedir que las menores de 16 años pudieran abortar sin el permiso de los padres. Recuerdan en el Partido Popular que lo que Mariano Rajoy decía en la campaña es que volvería a la ley del 85.
Precisamente, este domingo el diario El País en otro análisis deduce que las declaraciones públicas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han hecho pensar a muchos que prepara la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Por el contrario, añade, las declaraciones privadas de los responsables del ministerio que están ultimando el borrador auguran, sin embargo, una ley que podría estar entre las menos restrictivas de Europa. Las claves para resolver esta contradicción están escondidas en lo que se dice, y en lo que se calla. Lo primero que Gallardón ha dicho es que el feto volverá a tener derechos durante todo el embarazo, porque eso es, sostiene, lo que el Tribunal Constitucional dictó en 1985: que tanto la madre como el feto los tienen. “Son dos sujetos con derechos; si esos derechos entran en colisión, hay que determinar qué sucede. Pero lo que no se puede es eliminar el derecho de uno de los dos”, afirma el ministro. En la práctica, esto quiere decir que se acabó la ley de plazos actual, que rige en España desde 2010, y en la mayoría de países de la UE desde antes, y que crea un plazo (14 semanas) en el que la madre puede abortar sin alegar ningún motivo, simplemente porque es su derecho. Eso desaparecerá. Se volvería entonces a una ley de supuestos despenalizados, y para acogerse a ellos habría que alegar un motivo. Recuerda El País que la ley de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe González, tras pasar por el Constitucional, permitía abortar en tres supuestos: por violación, en las primeras 12 semanas; por malformación del feto, hasta la semana 22; y por riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (previo informe médico), en cualquier momento. Y que la ley de 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establece el derecho de la mujer a abortar libremente en las primeras 14 semanas; después permite abortar hasta la semana 22 por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”; a partir de entonces, solo si el feto sufre “enfermedad extremadamente grave o incurable” o anomalías “incompatibles con la vida”.

Añade el análisis de El País que lo segundo que ha dicho Ruiz-Gallardón es que las chicas de 16 y 17 años, que desde 2010 pueden abortar sin consentimiento paterno, volverán a necesitarlo (no lo necesitan, por cierto, para otras cosas, como operarse o renunciar a tratamiento médico, según la Ley de Autonomía del Paciente que aprobó el PP en 2002). Y lo tercero, y más polémico, que ha anunciado el ministro es que la malformación o minusvalía del feto ya no será considerado un supuesto para abortar, porque eso, afirma él, es discriminar a las personas discapacitadas. Hasta aquí, lo que Ruiz-Gallardón ha dicho en público. Luego está lo que él no ha dicho pero ha salido publicado, citando fuentes de Justicia, y nunca desmentido, en varios medios: que la ley que prepara el ministro podría reducir todos los supuestos de 1985 a uno solo, el daño psicológico a la madre; y que sería la madre la que tendría la última palabra para decidir si aborta (aunque después de hablar con médicos, ser informada de las alternativas y pasar un periodo de reflexión). Es decir, que, por ejemplo, aunque la malformación del feto desapareciera como supuesto legal, la mujer embarazada podría alegar que tener ese hijo le afecta psicológicamente, y someterse a un aborto. Esa fórmula permitiría a Ruiz-Gallardón conciliar en la ley los dos derechos que el PP aboga por defender: el del feto y el de la madre. La mujer no tendría un derecho puro, unilateral, legal, a interrumpir su embarazo, ni en las primeras 14 semanas ni en ningún momento; pero, en última instancia, la realidad es que su decisión primaría. Habría, sobre el papel, un conflicto reconocido de derechos, y de ahí la obligación de someterse al informe de los médicos, reflexionar sobre las alternativas, etcétera, pero resuelto en la práctica a favor de la madre. Si esa es realmente la ley que prepara Ruiz-Gallardón se trataría, en cierto sentido, de una norma más permisiva que la actual. Porque la ley de plazos en vigor establece el aborto como un derecho de la madre en las primeras 14 semanas, pero luego ya sólo permite interrumpir el embarazo por malformación del feto hasta la semana 22, y a partir de ahí ya no permite abortar (salvo por riesgo de muerte o enfermedad gravísima del feto). La nueva ley también tendría un plazo máximo, pero probablemente superior a 14 semanas (ya que muchos problemas fetales se detectan después), y la última palabra la tendría siempre la mujer. Sería casi como una ley de plazos pero con un plazo más amplio y, eso sí, con obstáculos teóricos, formales, a la libertad de la madre (la necesidad de someterse a la opinión, no vinculante, de los médicos). Con este modelo del único supuesto, sólo en un caso podría resultar la nueva ley más restrictiva que la actual: si el plazo máximo para abortar que se estableciese fuera tan corto, de 14 semanas o menos, que dejara a la mujer sin derechos durante gran parte del embarazo: porque entonces ya no habría ningún otro supuesto, ni el de daño fetal ni ninguno, al que acogerse. En España, el 90% de los abortos se produce en las primeras 12 semanas (con la ley de supuestos y con la de plazos), según datos oficiales del INE. Gallardón ha dicho que el anteproyecto de ley estará listo en septiembre. Después deberá someterse a la opinión del Consejo de Ministros y, sobre todo, a la del presidente Mariano Rajoy. Entonces se sabrá hacia dónde se inclina la ley: si restringe al máximo el derecho de las mujeres o abre una nueva vía con dos sujetos de derechos, la madre y el feto, y uno solo de decisión, la mujer. Hasta que eso se aclare, el proyecto de ley del aborto seguirá sumido en la polémica y la confusión…

Disensiones frecuentes, abiertas o larvadas, ante las que la propia Sáenz de Santamaría, aprendiz de Rajoy, prefiere observar y  callar…