Licencia para delinquir El debate de la norma por cuya virtud el ya ex Rey de España, Juan Carlos Primero, seguirá disponiendo y disfrutando de inviolabilidad, ha logrado el mérito de alejar a socialistas y PP, por vez primera, en toda esta tramitación que ya dura varias semanas, y que ha pretendido llevarse a cabo con la mayor celeridad y el menor ruido. Llegamos al punto de la inviolabilidad del Monarca han surgido, o resurgido, distintos problemas, entre ellos la abundancia de personas aforadas en nuestro país: Del orden de diez mil, según los cálculos. ¿Qué necesidad hay que tal cantidad de ciudadanos dispongan de fuero especial para ser juzgados en caso de ser sospechosos de delinquir, o hayan delinquido probadamente? Pues bien, ahora estamos por la tarea de que el ex rey sea el primero y más reconocido e nuestros aforados, y que su inviolabilidad como Rey siga estando vigente en su nueva condición de exmonarca. ¿Y por qué tantas prevenciones o precauciones? Existe la sospecha de que el Rey ha podido dejar “cuentas pendientes”, que en esta hora, algunos abogados aspiren a hacerle cumplir. O bien, como también sospechan algunos, que se preparen las circunstancias para que el ex rey pueda seguir haciendo negocios no santos ni dignos, del tipo de los que aprendió a hacer su yerno Urdangarín como discípulo aventajado. En ambos casos, es discutible la norma que se prepara: si es para los tiempos pasados, malo, pero si es para tiempos futuros, muchísimo peor. Y en ese punto es donde chocan los dos principales partidos parlamentarios, cuando los restantes se llevan las manos a la cabeza y rechazan, de plan, cualquier trato de excepción con el exmonarca. Bastante tuvo ya, con casi cuarenta años de inviolabilidad, o lo que es lo mismo, de no ser jurídicamente responsable de sus actos. Hasta el punto, según temen los expertos, de que una ley “excesivamente generosa”. O todas lo son, en estos sentidos, pudiera cooperar decididamente en el desprestigio de este rey concreto, e incluso de la monarquía en su conjunto y sus actuales beneficiarios. No es bueno, precisamente, que los primeros pasos de Felipe VI sean el blindaje de su padre, y mucho menos, cuando está seriamente en duda la utilidad del régimen y se debate la conveniencia de sustituirlo por una república más democrática y menos discriminatoria. O sea, que convendrá, y mucho, no propasarse en excepciones a la regla, en un momento de debilidad institucional. Por el contrario, no estaría demás que empezaran a recortarse, de manera drástica, los cientos y cientos de aforados actuales, que hacen de los españoles una sociedad con toda clase diferentes de ciudadanos: los aforados y los corrientes. Ya estuvo bien de tanta excepción, que conculca clarísimamente las normas democráticas, de una nación en la que, se supone, todos somos iguales ante la ley. Por cierto, que hablando de esa igualdad ante la ley, Montoro y su reforma fiscal que a todos los estudiosos parece bastante tramposilla, han encontrado otra nueva discriminación. Ya no estarán exentas de tributación las rentas derivadas de indemnizaciones por despido y jubilación. De esas especies hemos visto mucho en los últimos tiempos, sobre todo a la hora de beneficiar a los exdirectivos de las cajas de ahorros que se beneficiaron muy generosas pensiones “a título póstumo”, y cuando ya eran conocidas las cuentas nefastas de tales entes financieros. Por lo demás, la política trae consigo nuevas declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y posiblemente con un aspecto de la actualidad o de nuestra historia reciente más controvertida y polémica que las demás: Para Pablo Iglesias, el terrorismo etarra tiene, y ha tenido, base política. Eso explica que los sucesivos presidentes de Gobierno, Suárez, Felipe, Aznar y Zapatero, hayan llegado a sentarse con los mandos de ETA para tratar de resolver “el problema”. No hay duda de que el autor del término despectivo “casta política” acaba de hacer otra innovación que no le resultará gratuita… JOSÉ CAVERO